El escrache

España: REPSOL, de ser de todos a ser de la mafia rusa

 

La privatización de Repsol la inició en 1989 el gobierno “socialista” de Felipe González y pasó en su totalidad a manos privadas en 1997 bajo el gobierno “popular” de Aznar.

Pascual Serrano | Para Kaos en la Red | 11-12-2008 |

 

Los dos partidos que mientras gobernaron compitieron para ver cuál privatizaba más empresas públicas españolas, ahora se echan las culpas mutuamente de la posibilidad de que el 30 % de Repsol pase a manos rusas y se cree un grave problema de pérdida de soberanía energética en España.

Mariano Rajoy, desde Almería, apela a “razones de seguridad estratégica nacional”. José Blanco, vicesecretario general de los socialistas dice que “lo inmoral es arrojar Repsol al mercado privatizando la empresa, como hizo el Gobierno de Aznar”.

La privatización de Repsol la inició en 1989 el gobierno “socialista” de Felipe González y pasó en su totalidad a manos privadas en 1997 bajo el gobierno “popular” de Aznar. Si el actual gobierno socialista hubiera considerado inadecuada la total privatización -tal y como critican ahora- ha tenido cinco años para recomprar parte de las acciones, tal y como ha hecho el gobierno venezolano con su telefonía y sus eléctricas, granjeándose las críticas de políticos y medios españoles.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se limita a señalar que quieren que Repsol sea independiente y española, sin percibir que eso es incompatible. Si la totalidad de las acciones están en manos privadas será independiente hasta de España. Por otro lado, ¿por qué unos empresarios españoles van a estar interesados en los intereses de nuestro país? Basta ver lo poco que están dudando en vender a los rusos y lo bien que está reaccionando la Bolsa.

Paradójicamente, la situación en la que estamos es que ese 30 % casi acaba en manos de Grazprom, es decir, del Estado ruso. No hubiera sido la primera vez que nuestros sectores estratégicos se liberalizaban y vendían en aras del libre mercado y acababan parcialmente en manos de otros estados, la liberalización de la telefonía permitió la entrada de la operadora Wanadoo, en cuyo accionariado estaba el Estado francés. Pero estemos tranquilos, para evitar que Repsol acabe controlada por el gobierno ruso están maniobrando para que sea de la mafia rusa, que es quien controla al potencial comprador, Lukoil, todos los medios han destacado el papel de los mafiosos Tariel Oniani y Zakahr Kalashov en el control de esa empresa. El último de ellos está preso en España y ha sido condenado al menos seis veces en Georgia y Rusia, la fiscalía suiza ya advirtió en marzo del pasado año que ese hombre “poseería una parte significativa” de Lukoil. Su vicepresidente, Dimitri Tarasov, también está reclamado por la justicia española.

No es el primer caso de connivencia entre PSOE y PP para dejar en manos de mafiosos empresas públicas españolas, ocurrió con Sintel, filial de Telefónica que Felipe González en sus últimos días de gobierno vendió a Mastec, propiedad de la familia del cubanoamericano Mas Canosa. José María Aznar terminó de formalizar la venta.

Por si alguien no lo había comprendido, las privatizaciones consisten en eso, en que lo que era de todos los españoles puede acabar, por ejemplo, en manos de unos mafiosos, mientras los grandes partidos que lo vendieron todo ahora aparentan discutir y preocuparse. Entretanto, en esas “repúblicas bananeras y populistas” de América Latina, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, sus empresas energéticas cada vez están siendo más públicas. Por eso les llaman dictaduras y lo de aquí, cuando nuestras empresas estratégicas se las puede quedar la mafia rusa, se denomina democracia.

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Desde Madrid, se manipula a la opinión de toda Latinoamérica

 

El País, el diario madrileño que encabeza campañas de difamación contra gobiernos progresistas, pertenece al Grupo Prisa, un cartel que extiende sus tentáculos desde Madrid a toda América Latina.

Jean Guy Allard | Para Kaos en la Red | 11-12-2008

El investigador chileno Ernesto Carmona.

 

Si no fuera otra manifestación de terrorismo mediático, sería bastante divertido ver al más prospero diario español dar lecciones de libertad de prensa a América Latina.

  El País, el rotativo madrileño que encabeza campañas de difamación contra gobiernos progresistas de este continente,  pertenece al Grupo  Prisa, un gigantesco cartel mediático que extiende sus tentáculos desde la capital de España a toda América Latina. 

  Dueño del más conocido de los diarios españoles, el Grupo Prisa se ha convertido en una multinacional de la comunicación que controla más de MIL emisoras en España, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Argentina y Chile, con cerca de 30 millones de oyentes.

  En Colombia, Prisa controla el potente grupo Radio Caracol como en México, posee a Radiópolis, con el 50% de Televisa. Mientras en los propios Estados Unidos cuenta con GLR Networks con unas 60 emisoras afiliadas. Prisa está ahora presente en 22 países con más de 10  000 trabajadores.

  Tan grande es la red controlada por los dueños de El País y tan rápido el desarrollo de este consorcio sin fronteras, que Ernesto Carmona, periodista e investigador chileno, confiesa que necesita refrescar  constantemente los datos que acumula sobre el tema.

¿Carmona, cuales son las últimas informaciones al respecto? 

  Es cierto que este Grupo crece con… Prisa. Acaba de anunciar que actualizará su plan estratégico y financiero, tarea encomendada al consejero delegado Juan Luis Cebrián, conocido antes como periodista, director de El País y una suerte de gurú internacional del “nuevo periodismo” que comenzaron a vender hace 32 años los empleados del ex franquista fundador del grupo, Jesús de Polanco, fallecido en 2007. La Comisión Ejecutiva del Grupo transnacional encargó a Cebrián un nuevo plan estratégico para el negocio audiovisual. 

  En mayo, Prisa asumió el control total (97,71%) de la gigantesca empresa hispana de TV Sogecable, donde mantenía un discreto 24,50%, comprando las acciones de Telefónica (23,83%), del grupo franco-estadounidense Vivendi Universal (15,63%) y de otros accionistas menores. El 13 de junio 2008 se propone adquirir el 2,29% que todavía le falta para completar el 100%. El presidente de Sogecable, Rodolfo Martín Villa, afirmó que “Sogecable va a ser el holding, el complejo de todas las actividades de Prisa en el mundo de la televisión, no sólo en España, sino también en el extranjero”. 

¿Y quién es Martín Villa?

  Un franquista de tomo y lomo, de 73 años, ingeniero industrial, natural de Santa María del Páramo de León, militante del PP, que fue presidente de Endesa España (EE) desde que el gobierno de José María Aznar la privatizó y transnacionalizó en 1997. EE se apoderó en Chile de Enersis, Endesa Chile, Chilectra, Río Maipú y Pehuenche. En Argentina tiene a Edesur y en Brasil, Cerj.  
  Bajo la dictadura de Francisco Franco, Martín Villa sirvió en el cuerpo de ingenieros de la Hacienda Pública y fue jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) de Madrid, reputada organización estudiantil fascista-falangista. Presidió el Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas; se desempeñó como delegado provincial de Sindicatos en Barcelona y director general de Industrias Textiles del Ministerio de Industria. En 1969 fue nombrado secretario general de la Organización Sindical; gobernador civil y jefe provincial del Movimiento -la organización política del franquismo- en Barcelona en 1974; ministro de Relaciones Sindicales en 1975 y procurador de las Cortes (parlamento) en cuatro legislaturas. 

  El primer gobierno post franquista de Adolfo Suárez lo nombró ministro de Interior en 1976. En 1977 fue nombrado “senador real” (del Rey) y ese mismo año fue confirmado como ministro del Interior por un nuevo gobierno, manteniéndose en el cargo hasta que fue sustituido por Antonio Ibáñez Freire el 6 de abril de 1979. En 1980, el último gabinete de Adolfo Suárez lo incluyó como Ministro de Estado para la Administración Territorial. Leopoldo Calvo Sotelo, sucesor de Suárez, lo designó Vicepresidente de Administración Territorial y, en su segundo gobierno, Vicepresidente para Asuntos Políticos. En 1979 resultó electo diputado de la Unión del Centro Democrático (UCD), el partido de Adolfo Suárez, por León. Se mantuvo como legislador hasta que fue nombrado secretario de Organización de UCD en 1982. En 1985 ingresó al Partido Demócrata Popular (PDP) que presidía Oscar Alzaga. Fue elegido Presidente del comité regional de Castilla y León. En 1987 retiró su candidatura a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para no competir con el incipiente José María Aznar.

  En 1988 fue designado en el Consejo de Administración de la Caja de Madrid pero fue forzado a retirarse en 1990 por incompatibilidades del Estatuto de los Diputados. No obstante, le fue reconocida su participación en el 16,66% de la empresa Cliner S.A., proveedora del Estado a la que ingresó en 1985. 

  En 1989 se mudó a la Alianza Popular (AP), días antes que el IX Congreso, el 20 de enero, le cambiara el nombre por Partido Popular. “Siempre he estado por la convergencia del centro derecha y por una vez se tiene evidencia de que hay alternativa”, dijo entonces. En las elecciones de 1989 fue elegido diputado PP por Madrid, cargo que mantuvo por una década, alternándolo con otros “servicios públicos”. Renunció como diputado el 11 de febrero de 1997, cuatro días después que José María Aznar lo nombrara presidente de Endesa. 

  Rodolfo Martín Villa tiene dos hijos con su esposa María del Pilar Medina Peña.

  Este es el perfil del nuevo amo de la división audiovisual de Prisa.

Hace años, El País gozó de tremendo prestigio, ¿no es cierto? 

  A fines de los años 70, los periodistas latinoamericanos buscaban como “palito de romero” un ejemplar del Manual de Estilo El Día, un texto gordo y caro que contenía sus postulados éticos, como jamás publicar noticias sobre boxeo, pero omitió ofrecer noticias sesgadas, mentir y, simultáneamente, otorgar premios de dudosa ecuanimidad. Tampoco advirtió ese manual que el diario sería un misionero permanente contra la Revolución Cubana, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega y cuanta individualidad encarne ideas progresistas. Ahora conduce el negocio Ignacio Polanco Moreno (54), hijo de Jesús de Polanco, fallecido a los 77 años. 

¿Polanco hijo mantiene la línea del padre hacía Cuba?   

  Polanco hijo y Cebrián, presidente y consiglieri, participaron en mayo en la entrega de los Premios Ortega y Gasset , descritos por El País como “un homenaje a los ciudadanos oprimidos y los periodistas que se juegan la vida en el ejercicio de su profesión”. Naturalmente, el diario “informó” que “la situación en Cuba no podía pasar inadvertida en una noche en la que se rindió homenaje al periodismo libre, valiente y comprometido”. Y fue galardonada la bloguera cubana Yoani Sánchez, representada por el escritor Ernesto Hernández Busto, quien recibió el premio del director general de El País, Jesús Ceberio. Según la presentadora Àngels Barceló, “el jurado valoró la perspicacia con que su blog, Generación, ha sorteado las limitaciones a la libertad de expresión que existen en Cuba”. Pero El País no explica cuáles son esas “limitaciones”, ni cómo Sánchez las “sortea”. La pregunta es ¿cómo puede existir en Cuba un blog crítico si allí no hay libertad de expresión? Acaso, ¿no sería más lógico premiar la libertad de expresión misma? Cuando la bloguera critica el bloqueo de EEUU, El País, Cebrián, Polanco y Cía. miran para otro lado. 

Se cuenta que ahí apareció la flor innata de la derecha española… 

  El Grupo Prisa-El País se identifica con el poder mundial imperial, las transnacionales hispanas y lo que antes se llamó franquismo, hoy Partido Popular (PP), y …también el “socialismo” español. Los invitados a la gala de Polanco y Cebrián fueron, entre otros, la vicepresidenta “socialista” María Teresa Fernández de la Vega y los ministros César Antonio Molina, Mercedes Cabrera, Magdalena Alvarez, Bibiana Aído y Cristina Garmendia. Del Partido Popular comparecieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la diputada Ana Pastor. El mundo empresarial estuvo representado por Luis del Rivero, vicepresidente de Sacyr Vallehermoso; Eugenio Galdón, presidente de o­no; José María Bergareche, ex consejero delegado de Vocento y Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Tampoco faltaron el juez Baltasar Garzón, el escritor Fernando Savater, el cantante Miguel Ríos, personajes del jet set madrileño y caras de la revista Hola.

¿Cuáles serán los próximos pasos de la expansión de Prisa?

  La estrategia de Cebrián, obviamente, consiste en que el grupo siga creciendo. Un primer paso sería la próxima fusión de las productoras Plural y NBP, en Portugal, nuevos proyectos en educación y una expansión de su monopólica presencia radial en el mercado hispano de Estados Unidos. La idea de Cebrián es fortalecer a escala planetaria las operaciones de Prisa en los sectores de información, entretenimiento, educación y cultura, en lenguas española y portuguesa, siguiendo el modelo de las mega corporaciones mediáticas de EEUU. 

 

Jean Guy Allard en Kaos en la Red

 

Colombia: Terrorismo de Estado

jueves 11 de diciembre de 2008

Florencia Beloso (especial para ARGENPRESS.info)

En el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Las violaciones más graves ya no son obra de paramilitares, sino de las fuerzas de seguridad del Estado y militares”

La revista Rebelión (en su versión digital) publicó por estos días una entrevista a Mauricio Valiente – coordinador de la misión internacional que sacó a la luz las “ejecuciones extrajudiciales” de civiles en Colombia -.

Uno de los datos más importantes que surgió de la investigación de Valiente fue el cambio en las maneras de violar los Derechos Humanos. “Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares sino que ahora, son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares” asegura el investigador.

Otro tema preocupante es la financiación de las recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros. “La gravedad, explica Valiente, reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales”.

Según Valiente, el Gobierno español debería exigir explicaciones al gobierno colombiano sobre el uso que Uribe hace del dinero enviado por España. Según la investigación, una parte del presupuesto del gobierno colombiano presentado como “inversión social” ha sido destinado a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas.

Mientras tanto, Uribe esta convencido de que las matanzas no son más que actos delictivos de “elementos aislados” del Ejército y responderían a focos de corrupción puntuales pero ante esta situación añade Valiente, “no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas”

El Estado Colombiano viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos porque una ejecución extrajudicial significa que el Estado esta privando arbitrariamente de la vida a las personas. Asimismo, Uribe viola la constitución política de su país en su artículo 11 que prohíbe expresamente la pena de muerte en el territorio nacional.

Según un informe de la Mesa de de Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinadora de Derechos Humanos Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), entre comienzos del año pasado y mediados de 2008 se registraron la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales de los últimos tiempos. La pregunta es ¿Hasta cuándo?.

Publicado por ARGENPRESS

 

Argentina: Ambientalistas reclaman a una universidad que cese sus acuerdos con la Minera Alumbrera

PRIMERA FUENTE

Asambleas ciudadanas ambientalistas de todo el país exhortaron en una Carta Abierta a la Universidad Nacional de San Martín (ubicada en el partido homónimo, provincia de Buenos Aires), a declinar toda vinculación entre sus actividades y las que pueda requerir la empresa Minera La Alumbrera. Las organizaciones sociales ratificaron mediante un comunicado público su enérgico rechazo hacia las actividades y programas institucionales promovidos desde la UNSAM, “que se orientan a facilitar los procesos de extracción minero-metalífera a cielo abierto, desarrollando servicios sociales en las comunidades afectadas por dichos emprendimientos, en nombre de una pretendida responsabilidad social empresarial”.Carta Abierta de la UAC a la Universidad Nacional de General San Martín

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Martín
Lic. Carlos Ruta

Por medio de la presente, los ciudadanos miembros de las asambleas abajo firmantes deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo hacia las actividades y programas institucionales promovidos desde la Universidad Pública que, en concurso con los objetivos económicos de las empresas, se orientan a facilitar los procesos de extracción minero-metalífera a cielo abierto, desarrollando servicios sociales en las comunidades afectadas por dichos emprendimientos, en nombre de una pretendida “responsabilidad social empresarial”.

Las asambleas ciudadanas repudiamos el convenio de mejoramiento educativo y capacitación docente que la Universidad Nacional de San Martín ha venido desarrollando con la empresa minera Bajo La Alumbrera en Andalgalá, Belén y Aconquija, provincia de Catamarca.

Asimismo, manifestamos nuestra condena moral por tratarse de una empresa denunciada ante la Justicia y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, se halla actualmente procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, de acuerdo con la prueba aportada a la causa por el funcionamiento de dicho emprendimiento (Expte. Nº 47.958 – “González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051″, Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28-05-2008).

No estamos en contra de la minería. Jamás lo estuvimos ni lo estaremos. Sabemos que hasta el teclado que sirvió de medio para redactar estas palabras, fue fabricado gracias a la actividad minera; entre otros tantos miles de productos. Sí nos oponemos terminantemente, a la explotación minero metalífera a cielo abierto mediante la utilización de sustancias tóxicas.

Esta modalidad de explotación afecta la salud, contamina nuestros bienes naturales, desvía las aguas disponibles para la vida humana y la producción de acuerdo con los requerimientos exorbitantes del proceso extractivo, trastoca compulsivamente los entornos naturales y el desarrollo de las actividades productivas locales, vulnera los estilos de vida y las identidades culturales en los territorios y comunidades donde se localizan y/o producen sus efectos los emprendimientos.

El modelo inversor configurado aparece totalmente desvinculado de las expectativas de desarrollo de las sociedades donde se emplazan las explotaciones y no incorpora, como parte del proceso decisorio, la consulta social previa a las comunidades involucradas.

Las asambleas ciudadanas venimos exigiendo el cese de este tipo de explotación minera, que sólo produce saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales, a los que consideramos bienes comunes. Como resultado de estas luchas, al día de hoy siete provincias argentinas han sancionado y promulgado nuevas leyes que prohíben la megaminería tóxica en sus jurisdicciones.

Consideramos que la Universidad Nacional de San Martín, en tanto Universidad Pública, debe defender el principio de la autonomía universitaria; una autonomía basada en la defensa de la libertad científica, cuyo fin es resguardarla de los espacios de poder, económico, político, religioso, entre otros.

Una concepción de la autonomía universitaria que sea indiferente a la intromisión de los diferentes poderes, o que, por ejemplo, no lleve a tomar recaudos con empresas y gerentes procesados penalmente, es sin duda una autonomía mal entendida, que revela una distorsión mayor del rol social de las Universidades Públicas.

En esta línea, las asambleas ciudadanas instamos a las universidades e instituciones del sistema científico y técnico a desarrollar un proceso de autorreflexión que de cuenta de la gran responsabilidad que le cabe al sector público en la promoción del bienestar de la sociedad vinculado a la profundización de los procesos democráticos y a la protección de los derechos de ciudadanía consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Por todo ello, las asambleas ciudadanas exhortamos a la Universidad Nacional de San Martín, a declinar toda vinculación entre sus actividades propias y las que pueda requerir la empresa Minera La Alumbrera en el marco de sus objetivos corporativos.

Publicado por ARGENPRESS

Argentina: Llegó la hora de saldar la deuda interna

jueves 11 de diciembre de 2008

Ha pasado un cuarto de siglo de vigencia de las instituciones en Argentina y los poderosos continúan enriqueciéndose a costa del pueblo trabajador. Es tiempo de construir una Nación que no solo contenga a los que más tienen, sino a todos ciudadanos.

“Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie … todos
juntos hemos recuperado nuestros derechos”.
(Raúl Alfonsín tras ganar las elecciones el 30 de Octubre de 1983).

Después de siete años y medio de una feroz dictadura, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumía la presidencia de la Nación, donde nuestra generación recién estaba llegando a los 20 años y escuchamos a lo largo de toda nuestra juventud: “Algo habrán hecho” para justificar la represión del Estado.

El gobierno de Alfonsín, en el nivel económico, se desarrolló en un contexto en el que el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) (1930-1976) ya había prácticamente desaparecido. La industria nacional se hallaba herida de muerte, con sectores enteros quebrados y prácticamente desaparecidos, producto de la doble acción de la especulación financiera y de la competencia de productos importados.

El “Plan Austral” (1985) y “Plan Primavera” (1987), funcionaron durante un breve periodo, mientras tanto se reducía la inflación y se obtenía durante ese corto tiempo la “confianza” de organismos y bancos internacionales.

El juicio a los ex comandantes, la política de Derechos Humanos y el problema militar propiamente dicho, en cuanto que el gobierno tuvo que enfrentar varios levantamientos militares, fueron el marco político por el que tuvo atravesar el presidente Alfonsín.

En al año 1985 comenzó el juicio a los ex integrantes de la juntas militares. Si bien el hecho marcó un precedente histórico para el país y para toda América Latina, pues en la mayoría de los casos en que hubo Golpes de Estado los crímenes siempre quedaron impunes, la impresión de algunos sectores fue que las penas eran insuficientes y muchos de los acusados de menor rango, habían quedados absueltos.

Lo cierto es que los tenientes generales y los ex Presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el brigadier General Orlando Ramón Agosti y los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos.

También fueron sentenciados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el brigadier general Basilio Lamí Dozo y el almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil).

Pero un acontecimiento iba a marcar los días del período alfonsinista: el 16 de abril de 1987, un grupo de militares que se conocerían luego como “los carapintadas”, guiados por el teniente coronel Aldo Rico, se amotinó en el edificio de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, con la excusa de resistir a una citación del mayor Ernesto Barreiro a presentarse ante la Justicia.

Los amotinados solicitaban el cese de lo que ellos llamaban “campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas” y un aumento en el presupuesto de sus respectivas armas entre otras cosas. Mientras tanto, en todo el país, la gente se concentraba en calles, plazas y municipios para expresar el repudio a la actitud de los “carapintadas” y su apoyo al gobierno constitucional.

Las Leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” fueron vistas por la sociedad como un inequívoco signo de debilidad del gobierno constitucional frente a las presiones ejercidas por el “partido militar”.

El año 1989 sería aún más adverso para el gobierno de Alfonsín. La falta de provisión eléctrica agudizó los problemas, además, el copamiento del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento “Todos por la Patria” y su recuperación (encargada a la policía y al Ejército) generó un saldo de 39 muertos y explicaciones turbias y oscuridad respecto de los móviles y conexiones de la acción ultraizquierdista (como la denominó el gobierno) y también sobre la forma en que fue resuelta la cuestión.

La hiperinflación, saqueos, violencia en las calles hizo que llegara en forma adelantada a recibir el bastón de mando presidencial quien había ganado en las urnas Carlos Saúl Menem, a pesar de todo, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno civil y elegido constitucionalmente era sucedido por otro de igual condición.

Así transitamos nuestros primeros años de Democracia. Muchos de nosotros, conseguíamos en esos años nuestro primer empleo formal y otros tantos encontramos en los espacios políticos-sindicales un lugar para luchar por nuestras convicciones, que ya se comenzaban a vaciar en las estructuras político-partidarias.

Estábamos ingresando a la década infame de los ‘90. La lectura de “Formación Política para la Democracia”, colección que leíamos en el pueblo, haber estudiado historia con Bustinza, leer la historia del radicalismo, encontrar similitudes en concepción filosófica y política al interpretar y entender al peronismo, nos fueron curtiendo y dando identidad de resistencia de lo que vendría.

Transitábamos con compañeros que habían sufrido la cárcel, la tortura, la persecución, el exilio, pero a quienes no pudieron vencer en sus ideales de justicia social.

Fuimos los trabajadores de Prensa y la Comunicación los que sufrimos en carne propia el primer embate a fondo de la política neoliberal. Privatizaron los canales de TV y radios del estado en todo el país, y en los medios en general, se ingresó en el proceso de renovación tecnológica que nos hizo resistir, primero los puestos de trabajo, y después dar la disputa a los medios oligopólicos de la información, que hoy gozan de buena salud, porque si bien estamos intentando llevar adelante una nueva ley de radiodifusión democrática -sigue vigente la de la dictadura militar-, aún no existe la voluntad política de llevarla adelante.

Aprendimos que la palabra “política” es la que nos hace tener razón de vivir, pese a muchos dirigentes hicieron lo posible para generar dudas y pérdida de confianza de una gran parte de la sociedad.

A 25 años de haber recuperado la democracia, que costó muerte o desaparición a 30 mil compañeros; de haber transitado de Raúl Alfonsín a Cristina Fernández de Kirchner en el poder presidencial, pasando por Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Adolfo Rodríguez Saa, Puerta, Duhalde y Néstor Kirchner, la deuda interna sigue en esperando.

No se construye una sociedad justa, con excluidos. No habrá justicia social, sin una real distribución de la riqueza. No podremos tener un presente y un futuro de porvenir, si nuestros niños y nuestros viejos, se nos mueren por causas evitables.

Como dijo Alfonsín apenas ganó las elecciones: “Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie…todos juntos hemos recuperado nuestros derechos”. Es ahora el cuando todos debemos hacer realidad nuestros derechos. El derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la educación.

En 25 años no hemos derrotado a los que más tienen, que siguen acumulando riquezas, en detrimento de la gran mayoría que es pobre o cada vez más pobre.

Con esta reflexión los que transitamos por esta hermosa militancia política- sindical, debemos recuperar los espacios para ejercer el disenso o coincidencias políticas. Retomar el sentido de clase trabajadora e innovadora, y diferenciarnos de los que no quieren cambiar, o de los que simulan cambiar para no modificar nada. Llegó la hora, es el tiempo.

El sueño de hoy es el de siempre. Tener una patria, una nación que nos cobije a todos, y no que sólo contenga a unos pocos. Es tiempo de saldar nuestra enorme deuda interna.

Imagen: Pobreza en Argentina. / Autor: PRENSA RED

Carlos Alberto Valduvino es Secretario Adjunto del Cispren.

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ARGENTINA – GOB. CIUDAD BS. AS.: John Berger y Jorge Lemus. El retorno del doctor Cureta

Pablo E. Chacón (especial para ARGENPRESS.info)

El pasado martes, en declaraciones radiales, el jefe de gabinete del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, verdadero ejecutor de las políticas que acaso imagina su superior formal, el empresario Mauricio Macri, ironizó no sólo sobre la probidad intelectual del repuesto director del Hospital Argerich, Donato Spaccavento, sino también sobre la probidad moral del juez Roberto Andrés Gallardo, quien dispuso dos medidas cautelares que habilitaron al sanitarista a retornar a su puesto de trabajo. Rodríguez Larreta, además, se permitió la humorada de jugar con el apellido del médico: lo llamó Sccapavento (imitando a los redactores de un gran diario argentino, o quizá al revés) y actuando de facto como el ministro de Salud que la ciudad no tiene.

Rodríguez Larreta, hijo ideológico de Domingo Felipe Cavallo, cuestionó la decisión del juez, al considerar insólito el fallo de la justicia porteña. “La verdad es que esto es insólito: no hay ninguna duda de que el jefe de Gobierno tiene atribuciones para nombrar directores de hospitales”, dijo, y agregó, desconociendo flagrantemente la división de poderes, que “un juez no puede meterse en la atribución del poder ejecutivo”. A Rodríguez Larreta más le convendría, antes que opinar sobre cualquier cosa, leer alguna vez las fotocopias de la Política de Aristóteles y de sus sucesores en materia de derecho civil, Locke, Rousseau y Montesquieu. La ignorancia no es propiedad privada de los periodistas.

La hipótesis que podría explicar la animadversión de quien fuera segundo de la radical Cecilia Felgueras en el Pami contra el galeno, quizá venga de antes, y casi podría decirse con cierta seguridad, que a raíz de las sospechas que Spaccavento sembró sobre la ansiedad compulsiva que gana a Rodríguez Larreta cuando escucha la palabra señalética, un instrumental que supuestamente modernizaría la orientación espacio-temporal al interior de los hospitales y las escuelas públicas, que el PRO intentará licitar para cubrir un área que ya está cubierta con carteles, por el estado y de manera gratuita.

El Guasón (como lo llaman sus amigotes), soltó una muy sonora carcajada, anunció la intervención del hospital y se despachó con una boutade antológica: que para cubrir los puestos de los treinta y tres hospitales porteños cuyos directores presentaron la renuncia cuando subió al estrado Macri, “se hizo una selección como no se había hecho en décadas en la ciudad, se siguieron todos los pasos correspondientes a un concurso público y participó un jurado de notables. De hecho tengo entendido que Sccapavento participó y perdió en la selección”, apostilló con tonada jocosa.

Altas carcajadas, tan altas las carcajadas que ocultaron el dato que la intervención al Argerich, redactada por algún asesor de Macri, carece de validez frente a los dos fallos judiciales emitidos por el juez Gallardo, que también prohibió la entrada a la dirección del nosocomio a Néstor Pérez Baliño, director general del área sanitaria número 1, a riesgo de perder su libertad, razón por la cual (la intervención, prohibida por la Justicia), jamás se publicó en el Boletín Oficial: como en el caso del programa peatones a la fuerza, el cine de Mataderos reconvertido en un CGP y la confiscación de adoquines, los muchachos del PRO tienen el mismo respeto por la ley que caracterizó, en los años locos, a los muchachos de la Democracia Social del Almirante Cero.

En un reportaje publicado por la revista Zoom, Spaccavento contó que también en su momento se avino a la normativa y presentó su renuncia, pero desmintió que haya existido un concurso: “todo resultó un sainete, una fantochada, un arreglo previsto, sin veedores y con un jurado elegido a dedo para que decidiera Lemus. No armaron todo eso para echarme a mí. Sin embargo, aprovecharon para sacarme del medio. Entre los que decidieron bajarme el pulgar, además del ministro, que había dicho que nunca echaría a un tipo de mi experiencia, existen funcionarios que siempre aprecié pero que por mantener un cargo público, se venden al mejor postor (…) La aceptación definitiva de mi renuncia ocurrió días después de que yo denunciara el estado desastroso, en términos de insumos, del Argerich y del resto de los hospitales porteños. Después de criticar la decisión de centralizar en la jefatura de gobierno la compra de esos insumos, que todavía no llegaron a ninguna institución”. El resto, destacó, se trata de “las habituales mentiras de Larreta”.

Lemus habla pero parece hablado: “En diciembre (cuando el PRO se hizo cargo del gobierno comunal), encontramos impagas deudas de agosto que tuvimos que pagar con el presupuesto 2008. Por esta deuda los hospitales habían quedado sin stock”. El ministro se olvidó de decir que precisamente desde ese mes, su partido cogobernaba la ciudad con los restos del llamado telermanismo.

Spaccavento, por su parte, se olvidó de decir que excepto a otros dos directores, a uno por enfermedad y a otro por edad de jubilación, al único de los treinta y uno restantes que le aceptaron la renuncia fue a él: no hubo cientos de abnegados médicos que quisieran esos puestos, como la logorrea hizo decir al jefe de gabinete, secundado en esta parada, sí, por el rostro humano del PRO, Gabriela Michetti, nuestra Fátima de cabotaje, que firmó la designación como interventor de Pérez Baliño, y a quien Gallardo ahora denunció penalmente -en ausencia de Macri.

Pero tanto esfuerzo para nada, para perder y pasar vergüenza. Pérez Baliño, autorizado por la firma de Michetti como interventor del Argerich por designio de Michetti el pasado lunes, inmediato al viernes previo, cuando Spaccavento, acompañado por el magistrado y una guardia policial, se apersonaron en las oficinas de la dirección del hospital, haciendo efectiva la medida cautelar dos veces dictada.

En ese contexto, Pérez Baliño recurrió a Rodríguez Larreta, que volvió a ungirlo, de palabra y patoteando, interventor, para volver a ser depuesto y despedido no sólo por la guardia policial que protege a Spaccavento, sino también por el propio Spaccavento, que irrumpió a las patadas por una puerta lateral en una reunión, llamada sin su consentimiento, del Consejo Técnico Administrativo (CATA), el cuerpo de jefes de departamento que depende de la dirección del hospital. El médico echó a Pérez Baliño del Argerich y se comunicó con Gallardo, que reforzó la guardia, prohibió el ingreso del advenedizo a los despachos del director y autorizó un sumario interno contra el grupo de disidentes.

El sainete seguirá unos días: la supuesta humildad de la vicejefa de gobierno no es más que una estrategia publicitaria que oculta su verdadero desprecio a discutir políticas de fondo, aunque quizá esa sea la mejor manera de posicionarse como candidata a diputada porteña en el 2009, volviendo al llano, escondiendo que perdió la interna que ganó, por robo, El Guasón.

Simultáneamente, en la Argentina se acaba de publicar una de las primeras crónicas (acompañada por las fotografías de Jean Mohr), del narrador británico John Berger. En Un hombre afortunado, se cuenta la historia de un médico rural, un médico imposibilitado de lucrar con la muerte. En la enfermedad se rompen muchas conexiones. La enfermedad separa y fomenta una forma distorsionada y fragmentada de la identidad. Lo que hace el médico, a través de su relación con el enfermo y de esa intimidad peculiar que se le permite, es compensar la ruptura de esas conexiones y reafirmar el contenido social de la identidad quebrantada del paciente. Cuando hablo de una relación fraternal, o más bien de la profunda pero tácita expectativa de fraternidad del paciente, no me refiero a que el médico puede o debe comportarse como un hermano real. Lo que se le exige es que reconozca a su paciente con la certeza de un hermano ideal. La función de la fraternidad es el reconocimiento.

Ese reconocimiento y esa fraternidad que desconocen Lemus, Rodríguez Larreta, Michetti, y por supuesto, el actual jefe de gobierno, el hombre de negocios Mauricio Macri.

Publicado por ARGENPRESS