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Canción del silencio – Leon Gieco

Para la vida – Leon Gieco

Pedofilia en la Iglesia Católica

Europa dice no a la jornada de 65 horas

La vida también es una sucesión de sesiones de prestidigitación de ilusionistas, mentalistas y magos.

Jaime Richart | Para Kaos en la Red | 18-12-2008 | www.kaosenlared.net/noticia/europa-dice-no-jornada-65-horas

Y los media, más o me­nos voluntariamente, les auxilian. Por ello, aquellos y estos a veces oscurecen ciertas cosas para iluminar asombrosamente otras sin pies ni cabeza. Y una de ellas es la deliberación habida en Europa sobre este malhadado asunto de la jornada de 65 horas, resuelto con el “no” para alivio de todos…

Hablaba de presdigitación, mentalismo e ilusionismo porque no me cabe duda de que la propuesta de la directiva de los Veintisiete que abría la puerta a la jornada la­boral de las 65 horas, tuvo que sa­lir de un cerebro maquiavélico.

Pues, ¡en qué cabeza cabe que la sociedad laboral -la sociedad de los que trabajan para otros, naturalmente- iba a consentir semejante disparate!

El despropósito -aunque haya sido abortado- pertenece, ya digo, al puro mentalismo. Alguien de entre los eternos esclavistas urdió la treta de la directiva sabiendo que nunca podría prosperar. Consistía la misma en amenazar a la sociedad trabajadora y tumbar luego la disposición para que luego ésta se sienta agradecida. Levantar el puño amenazando con una jornada de trabajo medieval después de haber logrado la clase trabajadora tras su explota­ción histórica la de 35 horas, y luego no descargarlo, tiene que ser necesariamente un gesto calcu­lado.

Maquiavelo puro. Uno de los consejos al Príncipe para ser extre­madamente eficaz era que, aun sin motivos, aplicase la mano dura con el pueblo para luego, benevolente, hacerle alguna concesión. Así el pueblo se sentiría muy agradecido. Lo saben bien los dic­tado­res oficiales:

No puede ser de otro modo. Una sociedad a medio desempleo, con un contigente de trabajadores que se ha duplicado en pocos años como consecuencia de la incorporación de la mujer y de la in­migración, lo que menos precisa es casi doblar en tiempo la jornada laboral. Lo que debe hacer la empresa es repar­tir el tiempo de tra­bajo entre dos o más trabajadores.

No os extrañen bromas de mal gusto como ésta de la anulada di­rectiva europea. Las triquiñuelas que se gastan los dueños políti­cos, económicos y comerciales de la sociedad capitalista pasan to­das por no dar ninguna puntada sin hilo, ni dejar nada al azar o al impre­visto.

Lo que debiera haber dispuesto la directiva europea para todos es otra cosa mucho más seria: la misma jornada, los mismos contratos blindados y la misma vida muelle que se regalan a sí mismos los empresarios, los directivos, los ejecutivos y los jefes…

Jaime Richart en Kaos en la Red

Argentina: Ganándose unos pesitos extras con la explotación sexual (I)

x Contrapunto

Informe especial sobre la prostitución en Tucumán (norte de Argentina). Policías son propietarios de la mayoría de los prostíbulos

En Tucumán, el negocio de la explotación sexual tiene como amos y señores a miembros de la fuerza policial. Se unen en relaciones comerciales a las perversas redes de prostitución que funcionan en todo el país e internacionalmente. La provincia está calificada como lugar de origen y tránsito del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Nada de esto sería posible sin la corrupción de sectores del poder.

En San Miguel de Tucumán existen 32 prostíbulos habilitados por la Municipalidad capitalina y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) bajo la fachada de bares. En algunos hay stripers, por lo cual son catalogados como bares con espectáculos. Según fuentes extraoficiales, la mayoría de los dueños de los prostíbulos son policías, algunos retirados y otros en actividad.

Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles declara que “en la actualidad no se aplica la ley 12.331 que prohíbe explícitamente el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Esta ley prevé multas en una primera oportunidad, y en caso de reincidencia las penas llegan a prisión”. Además, existen legislaciones como el artículo 126 del código penal de la Nación que condena a “quien con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución”.

Pero la realidad se presenta de otra manera. “Los prostíbulos en Argentina funcionan en todas partes, a pesar de que están prohibidos por leyes nacionales y por la Convención Contra la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena, que fue firmada y ratificada por nuestro país. Producto de las complicidades es muy difícil llegar a los grandes jefes de las redes de prostitución, a los funcionarios, a los empresarios y los comisarios que participan del negocio. Las leyes que se aplican son únicamente aquellas que sirven para reprimir a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, o para proteger de forma velada a los proxenetas” explicó Cecilia, de la agrupación feminista Las Lilith.

En nuestra ciudad los prostíbulos están concentrados principalmente en varias zonas. Por un lado, en “El Bajo”, que surgió como “zona roja”, dado que allí se hallaba la ex estación de trenes y más tarde la ex Terminal de ómnibus. Otro foco donde se agrupan muchos prostíbulos es en las calles Marco Avellaneda al 500, 600, Corrientes 1300 y Suipacha al 500. El marco legal con el que funcionan estos sitios es brindado por la Municipalidad y el IPLA. Sólo con una pregunta clara acerca de la habilitación de un establecimiento donde habrá “mujeres de alquiler”, se entregan con naturalidad todos los permisos necesarios. Según denuncian los vecinos de estos “bares”, esos lugares abren y venden bebidas alcohólicas después de las 4 AM. Así, el IPLA no sólo entrega con negligencia permisos, sino que tampoco hace los controles pertinentes.

Al ser policías dueños de los negocios, pueden conocer cuando se realizarán los allanamientos, los que les permite desmantelar gran parte de las pruebas de la verdadera actividad que realizan. Además, Garmendia indicó que “la prostitución es una fuente de ingreso para la “caja negra” de la policía, a través de coimas o favores”.

En los pocos allanamientos que se ejecutan en los prostíbulos se pone el foco en la búsqueda de menores de edad. Se identifica a las mujeres a través del DNI. “Hoy se reclama que se utilice, además, las huellas dactilares, porque es común en estos casos la falsificación de documentos” agregó el abogado. Las mujeres son llevadas a las comisarías donde se las interroga para saber si ejercen la prostitución por su voluntad. No se tiene el debido cuidado ante la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución: el peligro a la que pueden estar expuestas. “Además, no se toma en cuenta que hay un 90% de posibilidades que en esos allanamiento puede encontrase víctimas de trata, ya que en estos lugares es donde se materializa la explotación sexual” aclaró Garmendia.

En el mejor de los casos, los burdeles son cerrados por dos días. Y así se pone nuevamente en movimiento el negocio. Por supuesto que los clientes no son tocados, salen por la puerta del costado en los operativos policiales. El cliente-prostituyente (ver abajo) no está penalizado y no se habla de sus responsabilidades.

Respecto a la intervención de la Justicia, las denuncias pierden eficacia, debido a los pasos largos procesos judiciales. Estos pueden entorpecer la investigación o la posibilidad de encontrar a una mujer que fue declarada como desaparecida. Pero también hay casos donde los fallos convalidan tácitamente la explotación sexual. Este año, en un allanamiento a un prostíbulo de la calle José Colombres al 400 se “encontraron” 7 mujeres, un cliente y armas. Gambarte, dueño de este lugar, sólo fue procesado por la posesión de un arma que no estaba registrada.

Estado responsable y cómplice

Estos policías son la parte visible de un entramado de complicidades. “Los funcionarios políticos, los jueces, las fuerzas de seguridad, y empresarios son parte del negocio, aportando la documentación falsa para las mujeres, avisando cuando va a haber inspecciones o allanamientos, cambiando silencio por dinero o pases gratis con las chicas”, afirmaron desde Las Liliths.

El Estado y sus distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) no persiguen a los explotadores, ni respetan los derechos humanos de las víctimas. Tampoco crean programas ni leyes para la asistencia médica o contención psicológica de estas mujeres, ni brindan capacitación laboral, viviendas y creación de empleo para las violentadas. En definitiva, lo que hace el Estado es mantener todas las condiciones que llevan a miles de mujeres a encontrarse en situación de prostitución.

Cliente prostituyente

Es quien cierra el círculo de este negocio, porque es el que consume, genera la demanda, y a través de su dinero lo hace redituable. “Los clientes son hombres de todas las clases sociales de cualquier condición. Con poco o mucho dinero todos pueden gozar del privilegio que les otorga el patriarcado de poseer cuerpos de mujeres. Es responsabilidad del cliente la cada vez más reducida edad de la ‘mercancía’ que consumen”, comenta Silvia Olivera, integrante del Grupo Independiente de Mujeres Militantes (GIMM). El cliente paga para imponerse a la mujer, cierra un pacto implícito con el proxeneta, “por eso nosotras decimos que los clientes son prostituyentes, participes activos de la violencia que ejercen sobre las mujeres. Los actos que realizan a las mujeres atentan contra sus derechos humanos porque les producen serio daños físicos y psíquicos”, declara Olivera.

http://prensacontrapunto.com.ar

Argentina: 19 y 20 de diciembre: cuando pese a todo, mucho parecía posible

19/12/2008

x Prensa De Frente

Definitivamente, aquellas jornadas de fines de 2001 y principios de 2002 hirieron de muerte a las políticas neoliberales. El sistema político tuvo que reacomodarse

Las jornadas de diciembre de 2001 marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia argentina, poniendo de relieve luchas que retomaban y resignificaban tradiciones del pueblo trabajador. La participación de capas medias manifestando en la calle su hastío, y el alto consenso de los nuevos movimientos sociales pusieron al sistema político, garante del saqueo en crisis como nunca antes durante el actual período constitucional, en aquellos calurosos y agitados días.

La heterogénea composición de quienes protagonizaron las jornadas del 19 y el 20 marcó, por un lado, la fuerte crisis de representatividad y del sistema político-partidario argentino. Por otro demostró el rechazo de gran parte del pueblo a las consecuencias de las políticas neoliberales implementadas durante más de una década en Argentina. Indices galopantes de hambre e indigencia, desocupación de casi la mitad de la población activa y el quiebre bancario, que culminó con la imposibilidad de extraer dinero en efectivo de los bancos (el famoso “corralito”) confluyeron para generar un ánimo caldeado en vastos sectores de la población.

Desde el 13 de diciembre comenzaron a sucederse paros, piquetes de los movimientos de desocupados frente a los grandes hipermercados en el conurbano pidiendo alimentos, y luego, el retorno de los saqueos a negocios menores en distintos puntos del país, ya que el PJ ordenó a la policía cuidar a las grandes cadenas. El gobierno de Fernando De la Rúa se desgastaba al ritmo de la protesta generalizada. El 19 de diciembre, tras el dictado de estado de sitio miles de personas que habían votado a De la Rúa como presidente salieron con las cacerolas hacia el Congreso y la Plaza de Mayo para rechazar la medida, provocando la renuncia de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía responsable entre otras cosas de la estatización de la deuda externa privada; la convertibilidad y el corralito.

El 20 de diciembre, bajo la consigna “que se vayan todos”, miles de personas salieron a las calles. Los reclamos variaban, al igual que la composición de los participantes: sectores organizados, como los movimientos de trabajadores desocupados y partidos de izquierda impulsaron el repudio a bancos, empresas de servicios públicos privatizadas, edificios públicos y casas de funcionarios y políticos, al que se sumaban miles. La jornada de ese día culminó con la imagen de De la Rúa huyendo de Casa Rosada en helicóptero, dejando más de 30 muertos por la represión policial en todo el país a sus pies. Cada esquina sería promesa de pueblada durante varias noches.

Cinco presidentes desfilarían por el gobierno en una semana. El 23 de diciembre asumió Adolfo Rodríguez Saá, quien presionado por nuevos cacerolazos y manifestaciones masivas y sin el respaldo de figuras importantes del peronismo, en ese momento al liga de gobernadores, terminó debilitado y renunció el 30 de diciembre. Tras un breve paso de Ramón Puerta y Eduardo Camaño en la jefatura de Estado, el entonces senador Eduardo Duhalde, apoyado por los gobernadores del PJ, con su red clientelar forjada con las sobras en los ´90, asumió para terminar el mandato del ex presidente aliancista hasta diciembre de 2003.

Algunos los sectores movilizados espontáneamente en diciembre, impulsaron las asambleas populares, que comenzaron a generar actividades en los barrios, tomaron espacios desocupados para organizarse e incluso en Capital llegaron a coordinar durante varios meses con las demás asambleas en la Interbarrial de Parque Centenario. Las fábricas recuperadas, con Bruckman y Zanon en el lugar de la referencia, expresaron nuevas formas de organización del trabajo y del protagonismo de los trabajadores y trabajadoras con experiencias de democracia directa, autogestión y organización y solidaridad. También fue allí donde cobraron visibilidad los movimientos piqueteros, nacidos algunos a final de los ‘90, y principales protagonistas de las luchas durante esos años. En menor medida, algunas comisiones sindicales democráticas y combativas comanzaban a despuntar.

La efervescencia del estallido estuvo lejos de constituirse en un momento pre-revolucionario, vieja zanahoria que sectores de la izquierda volvieron a vislumbrar, pero dio oxígeno a renovadas formas de lucha. Los asambleístas acompañaban y aplaudían las movilizaciones de los desocupados mientras se cantaba por “piquete y cacerola” anudando las luchas. El caso de la fábrica textil Brukman, recuperada por sus trabajadoras desde fines de 2001, muestra un claro ejemplo donde asambleas, desocupados, sindicatos y personas sueltas, se encontraron para defender la toma de la fábrica. Incluso la acción directa, las movilizaciones y los cortes de rutas fueron tomándose como herramientas y métodos de lucha legítimos y propios del pueblo para enfrentarse al gobierno.

Las limitaciones del campo popular en su conjunto demostraron que no había entonces una alternativa de izquierda e independiente a la vista. Las asambleas barriales se fueron debilitando por limitaciones propias de su génesis y funcionamiento, los partidos de la izquierda tradicional profundizaron esas limitantes en la disputa por la conducción. La izquierda autónoma joven que había surgido al calor de los piquetes, fue sin embargo incapaz de presentar una alternativa de poder, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) dubitativa, desaprovechó detenida una oportunidad irrepetible que le tenía guardado un lugar de referencia.

A siete años del 19 y 20, las cacerolas han resignificado su signo, la clase media porteña dijo no a las retenciones a las ganancias extraordinarias de la soja. La victoria hace un año de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad es un indicador del recueste a la derecha de los sectores medios en uno de los territorios donde se multiplicaron las asambleas barriales en 2001 y 2002. El panorama, tras ocho años, muestra sin embargo experiencias que, aun pequeñas y atomizadas, golpeadas por los procesos de estos años pero que mantienen como criterios y formas de lucha las prácticas asamblearias, la acción directa y la solidaridad. El repliege de quienes se mantuvieron en funcionamiento fue hacia centros contraculturales, asambleas ambientales, espacios autogestinarios, medios de comunicacion alternativos, etc.

Definitivamente, aquellas calurosas jornadas de fines de 2001 y principios de 2002 hirieron de muerte a las políticas neoliberales. El sistema político tuvo que reacomodarse, buscando recomponer la legitimidad perdida de las instituciones y la reformulación del modelo económico de acumulación. La dolarización de la economía propuesta por Carlos Menem quedaría descartada de la escena y el gobierno de Duhalde, devaluación mediante, sentó las bases del modelo agrominero exportador, vigente al día de hoy.

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Más información en La Haine: La Gran Cama y la insurrección popular (La revolución por debajo de la cama)