Argentina – El carapintada de Bergoglio

Marcelo Alvarado

El carapintada de Bergoglio

11-11-2009 /  Con la bendición del Arzobispado, coordinó una procesión con la imagen que culminó en Malvinas. Su rol en el levantamiento militar, los años preso en Caseros y sus vínculos con Cecilia Pando. Procesismo y fe. De pupilo de Seineldín a custodio de la Virgen de Luján.

Por Franco Mizrahi

El mismo día que la Cámara de Senadores debatía la Ley de Radiodifusión y la Plaza Congreso recibía las columnas de militantes, una peregrinación se aprestaba a marchar en sentido contrario a la multitud. A las 15, en la intersección de Paraná y Avenida de Mayo, se concentraron familiares de los caídos en Malvinas, ex combatientes y militares retirados que marcharían hacia la catedral metropolitana. Una réplica de la Virgen de Luján, trasladada en un jeep militar, era la atracción principal. El broche de oro: la bendición de la imagen que realizaría el provicario general del Arzobispado, monseñor Eduardo García. Al día siguiente, esa misma réplica de la Virgen viajaría junto a los familiares de los caídos hacia el cementerio que se levantó en las Islas Malvinas. Para la mayoría de los asistentes era un acto emotivo, una reivindicación a la memoria de los que murieron en aquella guerra injusta y cruel. Pero no todos exhibían la misma sensibilidad. Había uno, en particular, que se mostraba más tenso que emocionado. Marchaba adelante de la muchedumbre, atento hasta al más mínimo detalle. Vestía un traje recto impecable y escondía su mirada tras los cristales oscuros de unos Ray Ban. Era Marcelo Claudio Alvarado, un ex carapintada que estuvo tres años detenido por participar en el levantamiento liderado por Mohamed Alí Seineldín, el 3 de diciembre de 1990. Y el hombre bendecido por el cardenal Jorge Bergoglio para que coordinara la gira de la imagen que ahora descansa en las islas del Atlántico Sur.

La historia y el presente de Alvarado evidencian la continuidad de los vínculos políticos entre un sector de la cúpula de la Iglesia, los militares que se alzaron en armas contra la democracia y los grupúsculos que reivindican los crímenes del Proceso.

El miércoles 5 de diciembre de 1990, dos días después del cuarto levantamiento carapintada que sacudió al país, el diario La Nación publicaba: “El Ministerio de Defensa dio a conocer un comunicado en el que se señala que durante los sucesos registrados anteayer murieron 6 integrantes del Ejército y dos de la Prefectura Naval Argentina. Un total de 19 militares resultaron heridos. (…) El comunicado agrega que están detenidos 266 miembros militares del grupo sedicioso y 47 de la Prefectura Naval. En la Policía Federal están detenidos 8 civiles y en la Dirección de Investigación Penal Administrativa de la Prefectura 10 más”.

El proceso de instrucción de los hechos que se desarrollaron en la zona portuaria, donde actuaron los Albatros, grupo comando de la Prefectura, y algunos de los civiles que participaron de la sublevación, recayó en la secretaría 16 del juzgado federal 6, a cargo entonces del doctor Miguel Pons. Alvarado era el segundo apellido en la lista de imputados. Su situación procesal quedó establecida el 14 de enero de 1991, después de 42 días de investigación. No había dudas: su rol durante aquel intento de golpe había sido activo y muy particular.

Según consta en el expediente, en “la puerta de acceso del edificio de Prefectura Buenos Aires (…) había apostadas dos ametralladoras MAG, con su correspondiente munición, encontrándose en la guardia varias personas armadas, vestidas con ropa de combate. Una de ellas, al identificarme, me franqueó el acceso al edificio –relata el juez–, impidiéndoselo a los señores Secretarios; esta persona luego fue identificada como Claudio Marcelo Alvarado”.

De acuerdo con una fuente privilegiada de aquel acontecimiento, Alvarado custodiaba el búnker del jefe de los Albatros, Raúl De Sagastizábal. Delgado, con su bigote característico, boina, municiones en bandolera, una pistola en la cintura y una ametralladora en sus brazos, les impidió la entrada a los dos secretarios del juez que iba a entrevistarse con De Sagastizábal. Cuando Pons le insistió para que dejara ingresar a sus hombres, el carapintada cargó su arma larga, amenazante. Sólo después de que el magistrado hablara con su superior, Alvarado autorizó a los secretarios. Ese cruce, cara a cara, selló el destino de este civil con ropa de combate.

El juez que instruyó la causa decidió en su resolución: “Convertir en prisión preventiva la detención que viene sufriendo Claudio Marcelo Alvarado (…) por considerarlo (…) coautor penalmente responsable de los delitos de rebelión agravada por haber sido cometida por personas con estado militar, asociación ilícita calificada, tentativa de homicidio reiterado –como mínimo 56 oportunidades–, privación ilegal de la libertad con el concurso de amenazas en 5 oportunidades, coacciones, interrupción de los medios de transporte, robo agravado por el uso de armas y en banda en 3 oportunidades una de ellas tentada y daño calificado todos ellos en concurso real (…)”.

El único soldado que combatió en Malvinas y, ya como civil, se alzó contra la democracia pasó tres años en prisión y terminó compartiendo pabellón con el líder de los carapintadas, Mohamed Alí Seineldín, en el penal de Caseros. Allí tejió una relación particular con el “Turco” y comenzó a acercarse cada vez más a la religión. Inducidos por su líder –que hizo un culto abierto y militante hacia la fe católica–, oraban todos los días y un cura los visitaba semanalmente.

Tres años después, el 7 de septiembre de 1993, cuando quedó en libertad, el joven carapintada ya era un devoto de Dios y la Virgen. Seineldín lo designó como su representante ante la jerarquía eclesiástica. Una carta de puño y letra del comandante, redactada desde la cárcel, reafirma esta relación. Alvarado, de maniobras tan finas como su bigote, siguió las indicaciones al pie de la letra. Y se fue haciendo un lugar en el Olimpo de los carapintadas.

La cruz y la espada. Los vínculos entre los militares y la cúpula eclesiástica existieron desde los orígenes de la Patria y, si bien pasaron por diferentes etapas, nunca se quebraron. Los carapintadas, fieles a la tradición, no fueron la excepción. El cura Luis Moisés Jardín, el obispo que decidió atentar contra la democracia con los insurgentes en el edificio de Prefectura, fue un ejemplo evidente. Sin embargo, para evitar el descrédito público, en su momento la Iglesia difundió una crítica al levantamiento. Pero los lazos entre un sector duro del Episcopado y los carapintadas se mantuvieron intactos. Alvarado es una prueba de eso.

No es producto del azar que un ex carapintada impulse dos misas en una semana en la catedral metropolitana, una otorgada por el cardenal Jorge Bergoglio y la segunda por el obispo auxiliar Eduardo García, con banda militar incluida. Y menos aún que se maneje en el interior del templo de Dios como si fuera su casa, ordenando todos los detalles de la misa y hasta hablando desde el altar.
La historia de esta relación se remonta a los años setenta, los años en los que el cardenal Juan Carlos Aramburu se convirtió en un hombre de peso en la Iglesia argentina. El mismo cardenal que dijo en 1982 que los desaparecidos “viven tranquilamente en Europa” y aplaudió los indultos a los militares, fue denunciado por el periodista Horacio Verbitsky como parte del engranaje represivo: “El grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada montó un campo de concentración transitorio en una isla del Tigre al que llevó a medio centenar de secuestrados para que no los descubriera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en 1979. Esa isla, que pertenecía a la curia de Buenos Aires, y donde comía sus asados domingueros el cardenal Juan Carlos Aramburu, fue vendida por el monseñor Emilio Grasselli al grupo de tareas de la ESMA”, describió Verbitsky.

Aramburu fue uno de los maestros de monseñor García, el mismo que ofició la misa en la que se bendijo la réplica de la Virgen de Luján que viajó a Malvinas, coordinada por Alvarado. Aramburu fue quien lo ordenó sacerdote el 18 de noviembre de 1983. El obispo auxiliar lo recordó de la siguiente manera en la homilía pronunciada en la ordenación episcopal, celebrada en la catedral metropolitana de Buenos Aires, el sábado 16 de agosto de 2003: “Gracias por la confianza que me dieron siempre mis pastores en este trabajo, el cardenal Aramburu, el cardenal Quarracino y hoy nuestro pastor, el cardenal Jorge (Bergoglio). Creyeron en mí más que yo mismo”.

García fue un buen alumno y eso le trajo sus réditos. El 21 de junio de 2003 el papa Juan Pablo II lo eligió obispo auxiliar de Buenos Aires y el 16 de agosto del mismo año Bergoglio lo ordenó obispo en la catedral de Buenos Aires. En cuanto a su vínculo con Alvarado, las primeras evidencias públicas de la relación se registraron dos años atrás. El 12 mayo de 2007, en una peregrinación desde la Vicaría de Belgrano hasta la parroquia San Isidro Labrador, el ex carapintada coordinó el traslado de la imagen de la Virgen de Luján en una cureña militar, y luego se ofició una misa celebrada por el provicario general del Arzobispado de Buenos Aires, monseñor García.

Por su fervorosa feligresía, Alvarado se ganó un apodo revelador. Fernando Préstamo, compañero suyo en la comisión de familiares de caídos en Malvinas, lo definió como “‘El eclesiástico’, el hombre que habla con Dios”. Con semejante consejero, Alvarado probó suerte en la política. En las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005 se presentó como candidato a legislador porteño por la lista del Movimiento por la Recuperación de la República (Morera), partido nacionalista ultracatólico presidido por Emilio Guillermo Nani, militar retirado, apologista del Proceso y socio de Cecilia Pando, quien también estuvo en la misa que dio monseñor García, el viernes 9. Pero las urnas, acaso con memoria, le denegaron esa posibilidad.

Con la cara lavada, y camuflado como ex combatiente de Malvinas, Alvarado busca una segunda oportunidad. Hasta ahora no le fue mal: su paseo con la réplica de la Virgen de Luján logró convocar a personalidades como Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, que participó de la procesión del viernes 9. Ese mismo día logró que diferentes agrupaciones, como las que se cruzó durante la marcha en apoyo a la Ley de Medios –por caso la Tupac Amaru de Milagro Sala–, aplaudieran el paso de la procesión. Seineldín, fallecido en septiembre, se hubiese mostrado orgulloso de su pupilo. Casi tanto como los obispos que ahora lo cobijan en la catedral.

VEINTITRÉS

Argentina – La conspiración es un sueño eterno ( Por Orlando Barone)

Yo no creo que haya un afán de acabar con el gobierno. No creo en esas especulaciones que sugieren un acoso de derecha y de izquierda tendientes a socavar a la presidenta, y a encarcelar a su marido en la antigua prisión de Ushuaia y sin calefacción ni una ventana por donde asomarse entre las rejas. No se me ocurre que haya fuerzas abocadas a provocar el colapso y el golpe, o una retirada en helicóptero.Tampoco se me ocurre que haya nostalgias de aquella matanza de diciembre y del corralito; ni que haya gente evocativa de bonos y patacones que crea que si el Indec les dice exactamente a cuánto compran el Malbec con roble en la góndola de Patio Bullrich sienten que recobran la honra ultrajada de la patria.

No creo en que Elisa Carrió mienta sagradamente cuando dice que hay que temer a Noviembre porque es una emboscada, ya que ella está en la Argentina para salvarla. Ni puedo pensar que los opositores están impacientes y dos años más no se aguantan. Cobos se contiene furtivamente en su mejor estilo.

Además están los grandes medios y sus mejores empleados periodistas apaciguando espíritus. Y dándole a los conflictos la temperatura prudente que merecen. Diarios y noticieros demuestran una comprensión democrática y una objetividad descriptiva. Sin ellos las audiencias serían influenciadas por un optimismo ingenuo. Los medios no exageran los crímenes, no exageran los pronósticos de crisis y no instigan a la gente decente a enfrentarse con los piqueteros y viceversa.Y es una suerte que los famosos de la televisión, atosigados de dinero y de fama, sean generosos con los ciudadanos que les proveen de esos bienes, y los exciten a reclamar por sus vidas amenazadas por la matanza masiva. Y por la aniquilación que asuela nuestras calles sin ley ni justicia.

Tampoco creo que los cardenales y obispos prefieran a otro tipo de gobierno, que se arrodille ante el Tedeum del 25 de Mayo, que haga recobrar el prestigio a los sacerdotes castrenses y que descarte para siempre esos pecados mortales de casar a los gays y a cualquiera que tenga un sexo desviado del sentido divino.

No desconfío de las cámaras empresarias de medios y de negocios audiovisuales concentrados porque están de acuerdo en que el gobierno reavive el papel de los sindicatos y las paritarias y el de las organizaciones sociales.

Y menos voy a sospechar de que los que profesan ese 2 % de la izquierda , y a quienes ya no les basta el brazo izquierdo sino que sienten que la izquierda es la ubicación de la Utopía extrema, sea tan –cómo decir- ilusa de desear que el Gobierno cese. La izquierda es inteligente: se inspira en Mao y en Trotsky, nada menos, y no va a ser tan otaria de creerse que en el derrumbe va a ser la beneficiaria. No se le va a ocurrir pensar que si ahora tácticamente acompaña a la derecha en el afán de destrucción en combo ideológico, después la derecha le va a dar el ministerio de trabajo y el de desarrollo social y la va a consultar a ver si los trabajadores de Kraft y del subte reciben el cincuenta por ciento y el doble aguinaldo y guartderías vip para los hijos. O si a los docentes los ubica en los niveles de los países nórdicos, y a la mitad de las reservas del banco Central la reparte entre el campesinado, el proletariado y los pueblos originarios. Y expulsa a las corporaciones expoliadoras, alentando la revolución permanente con la avanzada popular de las caceroleras de barrio Parque y la Mesa de Enlace.

No quisiera creer que la ansiedad destituyente está en marcha. Lo que está en marcha es la eterna tilinguería, la desmemoria y la hegemonía mediática. A la conspiración se le hace agua la boca pero no le llega el bocado. Afortunadamente hay una oposición sensata que acompaña.

Carta abierta leída por Orlando Barone el 13 de noviembre de 2009 en Radio del Plata.

Gob. de la Ciudad de Buenos Aires – UNA SERIA DENUNCIA SOBRE LA “DEFORMACION” DE LAS POLITICAS SOCIALES PORTEÑAS Y LA REPRESION DE LA UCEP A LOS SIN TECHO

ESTO SI QUE ES PRO…

“Lo único que interesa es ver limpia de pobres la ciudad”

Una psicóloga que trabajó en el BAP cuenta cómo se bloqueaba toda posibilidad de reinserción en serio y se ordenaba “limpiar” las calles. La posibilidad de usar información para reprimir.

Por Gustavo Veiga

Paula trabajó hasta fines de octubre como psicóloga en Buenos Aires Presente, un programa del gobierno porteño que declama como objetivo asistir y contener a las personas en situación de calle. Según esta profesional de 33 años, esas funciones se desvirtuaron. Al punto de que renunció cuando se persuadió de que sus tareas eran funcionales a la cuestionada Unidad de Control del Espacio Público. Un informe del CELS le da la razón: describe que la patota nocturna contaba con “información recabada por el BAP” para realizar sus operativos. Paula tiene miedo y por eso pide mantener su imagen y apellido en reserva, aunque se dispone a declarar en la causa iniciada por la diputada Liliana Parada ante el Juzgado en lo Criminal nº 12. El 6 de noviembre le envió una carta a la legisladora para comentarle “los padecimientos” que sufren los que duermen a la intemperie, bajo el asedio de una política que pretende expulsarlos de la ciudad. Su testimonio a Página/12 proporciona datos clave que deberá sopesar la Justicia.

–¿Cuándo y de qué manera se vinculó al BAP?

–Ingresé al programa en mayo de 2009. En ese momento estaban tomando trabajadores sociales, psicólogos y choferes. El objetivo era trabajar con la gente en situación de calle, con vulnerabilidad social, víctimas de desalojos, de catástrofes. Si bien éste es un programa de atención primaria, inmediata, la idea siempre era la reinserción social. Yo ingresé a través de la Facultad de Psicología de la UBA.

–¿En qué lugares se desempeñaba y qué funciones cumplía?

–En el Hogar Rawson, en Amancio Alcorta 1402, pabellón Olivera, segundo piso. Ahí está la base, que sigue funcionando. Hace unos meses redistribuyeron a todo el personal y yo fui al CGP 1, ya que al BAP lo dividieron por comunas. Los primeros días de trabajo fueron previos a la campaña política, así que quedé un poco desilusionada después de eso, porque nuestra tarea era hacer presencia institucional en la calle.

–¿Cómo transcurrían sus días en el BAP?

–Salíamos con las camionetas amarillas a puntos fijos como el Obelisco, microcentro o Congreso, para estacionar el móvil y dar vueltas caminando por ahí. Si encontrábamos a alguna persona en situación de calle, se le asignaba un recurso, siempre y cuando completara un informe social. Es decir, sus datos personales, y entonces lo invitábamos a un parador.

–¿Sólo lo hacían con personas en situación de calle?

–Sí. Pero cuando no había nadie, la premisa era caminar por la zona y que la camioneta estuviese parada en esos puntos específicos.

–¿Cuál es su percepción de este tipo de tareas que le mandaban a realizar?

–La primera sensación que tuvimos era que nos habían tomado para la campaña, para hacer promoción.

–¿Compartía esa conclusión con sus compañeros?

–Con todos.

–¿Por qué?

–Porque era un trabajo sin sentido el que estábamos haciendo. Si a usted lo dejan cinco horas en un lugar donde entrevistó a pocas personas y le piden que siga dando vueltas por la calle, no le veo justificativo.

–Cuando terminó la campaña electoral del 28 de junio, ¿cómo siguieron las tareas que le asignaban?

–Una vez pasadas las elecciones, comenzó realmente el trabajo. Mayo y junio estuve haciendo aquello, pero no todos los días. Alternábamos. Aunque básicamente era mostrarse en la calle. El BAP trabaja con llamados del 108, con pedidos políticos o lo que se implementó después, que fue la zonificación o hacer recorridos por zona si se veía a alguien en la calle. Ahí empezaron a llegarme comentarios sobre la existencia de la UCEP, que ya conocía, de parte de las personas que entrevistaba. Algunos tenían miedo o rechazo a ser entrevistados, porque representábamos al gobierno de la ciudad. Otros no. Nos hacían declaraciones de que habían sido golpeados, de que los amenazaban, que habían tenido que desplazarse de lugares, que los amenazaban si los volvían a encontrar.

–¿A quiénes acusaban por esos ataques?

–A un grupo de personas que bajaban de los camiones blancos por las noches, generalmente vestidos de negro, que les daban vuelta los colchones, les pegaban, les robaban la misma documentación que nosotros habíamos gestionado.

–¿Qué documentación?

–Los DNI, por ejemplo.

–¿El BAP se encarga de eso también?

–Sí, les iniciábamos el trámite de DNI, hacíamos una derivación para que quedaran eximidos del pago.

–¿Mencionaban si la Policía Federal participaba en los operativos?

–Sólo una vez tuvimos un cruce con la UCEP y la policía cuando estábamos por la calle Florida con un artesano. Se nos acercó a hablar y en ese momento estaba siendo bastante violentado verbalmente por la Federal y por la UCEP. Pero recuerdo sólo un caso.

–¿Qué hacía cuando una persona le contaba que la agredía la UCEP?

–Era muy difícil, porque yo me sentía representando a la misma política que la UCEP. En ese momento, con ese buzo amarillo, iba en nombre del Estado y del gobierno de la ciudad. Mi momento de quiebre fue ante el testimonio de un señor con el que veníamos trabajando, que me describió cómo lo habían puesto contra la pared y golpeado con un palo. Sus palabras fueron: “Después de la dictadura militar es lo más parecido que vi”.

–¿Dónde ocurrió ese episodio?

–En Combate de los Pozos y el pasaje Eduardo Jenner, debajo de la autopista. Ahí hay una placita. Así me iba dando cuenta, aunque no trabajé tanto –entre mayo y octubre– de que todo funcionaba como una misma organización de la política. Era como que el objetivo implícito del programa se iba haciendo cada vez más explícito. En el sentido de que la problemática ya no radicaba en la situación de calle de la gente, sino en la molestia que ocasionaba la gente en situación de calle.

–¿Con qué otro tipo de irregularidades se topó?

–Teníamos casi prohibido entregar frazadas.

–¿Cómo casi prohibido? ¿Y cuando había bajas temperaturas qué pasaba?

–En los operativos durante el frío había frazadas, pero la idea era que las personas fuesen al parador. Para el BAP, dar frazadas fomentaba que se quedara la gente en la calle. Entonces la entrega se acotaba. De hecho, en el último tiempo, una orden de la coordinación decía que no hubiese ninguna frazada en el CGP por si pasaba Macri.

–¿Qué indicaciones recibían en el BAP respecto de la UCEP?

–La orden que nosotros teníamos era que si en el mismo lugar estaba la UCEP, debíamos retirarnos. Un día llamaron de esa unidad a coordinación. Llovía y muchas personas estaban refugiadas en el edificio del Plata, que tiene un techo grande. Nos pidieron que fuéramos a trabajar con toda esa gente.

–¿Para que se fueran, pese a la lluvia?

–Sí, que se los echara.

–¿Cuántas personas relevaba por día?

–Depende, porque estaban los seguimientos, como llevar la gente al hospital o hacer alguna gestión. Diría que atendía tres, cuatro o cinco casos por día. Teníamos que pelear para eso. Poder realizar un seguimiento era casi como un premio. Nos decían: haga hoy el seguimiento, pero mañana tiene que hacer tres, cuatro o cinco puntos que pida la supervisión.

–¿A quién se reportaba?

–Fue cambiando con el tiempo. La tarea está dividida por turnos y el mío era de 13 a 20. Un supervisor nos pasaba los puntos para ir y debíamos darle respuestas. Nos manejábamos por handy, con él en la base, desde el pabellón del Rawson. Trabajar en serio con la gente es un esfuerzo que lleva tiempo. Esto se dificulta por todas las fallas institucionales que hay. A mí me llamó la atención que el programa, después de diez años de permanencia, no tenga ninguna prioridad para gestionar nada, ni un documento, un turno médico o la articulación con bolsas de trabajo.

–¿El BAP también intervenía en desalojos de viviendas?

–Hacíamos relevamientos por posibles desalojos en casas, algo bastante dificultoso porque nos llevaban sin ninguna información. Se trataba de informes sociales a las familias que allí vivían sin saber el porqué, ni para qué. Muchas veces eran relevamientos sistemáticos en las mismas direcciones. Cuestiones a las que nosotros nos negábamos porque era angustiante para la gente, era violentarla. Ibamos a casas donde todavía no habían llegado órdenes de desalojo. Es decir, nos pedían a nosotros la información sobre quiénes vivían, si había discapacitados, si había niños. No sé quién pediría esa información, como tampoco los informes socio-ambientales que tampoco sabíamos para qué.

–¿Sospecha que esos datos pudieron ser utilizados por la UCEP para realizar sus operativos violentos?

–Sí, aunque en realidad tengo muchas dudas. Con certeza no sé si nuestros informes se utilizaban para eso. No puedo decir específicamente si se le daba información a la UCEP. Pero sí que formé parte de una política de gobierno donde lo social no importa, en donde lo único que interesa es ver limpia de pobres la ciudad y si se van del otro lado del Riachuelo, mejor. Una política totalmente exclusiva, violenta. Es difícil de creer que estas prácticas se vean en democracia.

–De un informe que publicó este diario sobre 444 operativos de la UCEP se desprende que varios desalojos en la vía pública se realizaban por pedido de determinados funcionarios o políticos. ¿Conoce esa información?

–La política es como que se abocaba a eso. Si alguien veía a una persona en tal dirección, pedía “hay que ir a sacarla”. Y cuando respondíamos que no sacábamos a nadie, nos decían: “Hay que sacarla de ahí porque lo pidió tal persona”.

–¿Cómo quién?

–Rodríguez Larreta o la secretaria de la ministra de Desarrollo Social, por ejemplo. Desde la base nos decían: “Dejen lo que están haciendo, es urgente”. “No”, les contestábamos, “estamos con un caso”. “No importa”, nos respondían.

–¿Puede describir una situación puntual?

–Me llamó la atención cuando hicimos un relevamiento en Congreso con Pablo Díaz, el coordinador del BAP y con varios funcionarios más. En esos días iba a hacerse el programa de televisión La Liga con gente en situación de calle. Entonces, se ofrecieron en esa zona uno o dos días en el parador de Costanera, a cambio de entregar el subsidio habitacional. O sea, que salieran de la calle. Para mí fue por ese programa, porque durante una semana estuvimos en Plaza de Mayo y Congreso entrevistando a la misma gente, presionándola para que se alojara en el parador, diciéndole: si se van dos días les damos plata. Una cosa así.

–¿Está decidida a hacer la denuncia ante la Justicia?

–Justamente por esta angustia, por esta indignación y malestar que no se me va pese a que ya renuncié al programa. Porque se va a seguir trabajando igual con la Policía Metropolitana si no se denuncia.

PÁGINA 12

Del silencio …….

Ahí está el silencio.

y nos  habla,

cala hondo,

trasmite desde el corazón

y se vuelca por la mirada…

habla, siente, ama, abraza,

besa, llora, pide, gime….

De su lenguaje

mudo se cuelgan

el sentir del enamorado,

las demandas del bebé,

la impotencia del explotado,

la ansiedad del hambriento,

el dolor del enfermo,

el horror de la guerra…

Simples, puras, profundas

silenciosas miradas,

de exacta expresión,

y total fidelidad.

Nunca palabra alguna

Lo plasmaría igual.

mnb

EL DOLOR QUE ME CARCOME

Como arena suavemente acariciada

al vaivén de un tranquilo oleaje

sobrevive mi ser a tu recuerdo

sin hundirse en tristeza inconfesable.

Y aunque busque en mi mente distracciones

que me lleven al porque de mi existencia

la nostalgia por tus besos y tus manos

son más fuertes que el deseo de olvidarte.

Y mis pasos desconocen el regreso

permitiendo al orgullo que me enjaule

dejando los anhelos prisioneros

mutilando el empeño por buscarte.

Porque después de ti, prefiero caminar a solas

intentando evitar las frustraciones

y salir a flote de este indeseable infierno

que en tu ausencia sin remedio se me impone.

Pensaras que es muy frágil el intento

compara al dolor que me carcome

no lo niego, estarás en lo certero

pero te aseguro, que saldré triunfante

JENN

Mafias farmacéuticas – Ignacio Ramonet

1 Septiembre 2009

Le Monde Diplomatique

Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio,  sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.

¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.

Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años.  Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).

El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas ” Big Pharma ” -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).

Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las ” Big Pharma ” una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.

La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las ” Big Pharma “. Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a “revisar la doctrina sobre la propiedad industrial”, o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).

Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las ” Big Pharma “, a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.

Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.

Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, “La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad”, 5 de marzo de 2007 (www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, “Los culpables de la gripe porcina”, Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009. pharmaceuticals/inquiry/index.html

Cubadebate

¡Fuera crucifijos! – Dario Fo

08/11/09

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha causado un gran escándalo al  admitir la denuncia de una ciudadana italiana y declarar  la presencia de crucifijos en las aulas escolares como un atentado contra la libertad de los padres para educar a sus hijos con arreglo a sus convicciones, y contra la libertad de religión de los propios alumnos. Los católicos apostólicos romanos hacen grandes protestas de escándalo. No a los cristianos. Porque también hay cristianos que no son apostólicos romanos, y no consideran que el símbolo de la cruz sea su valor esencial. Y ni que decir tiene, el fallo del tribunal europeo dista de ser ofensivo para quienes son ateos y no tienen religión, como yo. Tampoco me parece ofensivo para quienes profesan otra religión.

Lo extraordinario de esta sentencia destinada a provocar no sólo escándalo, sino también debate y enfrentamiento, es que irrumpe en la pantalla plana de una realidad italiana que vive ―¿vivirá?― inveteradamente a la sombra del poder de la Iglesia romana. Visto así, la sentencia es una crítica profunda a su símbolo por excelencia, la cruz. Una simbología impuesta, colgada en todos los colegios, hospitales y oficinas como seña de identidad de nuestra cultura. Una omnívora cultura de estado. Y los católicos no renunciarán fácilmente a la idea de que son los gestores de la religión de estado.

Pero el tribunal europeo ha añadido, y no por acaso, que los alumnos de todas las edades pueden interpretar fácilmente la presencia de los crucifijos en las aulas como un evidente símbolo religioso, y que, por lo mismo, podría condicionarles: aunque es un estímulo para los niños ya católicos, puede ser un condicionamiento y un trastorno para los de otras religiones y para los ateos.

Estalla la ira del Vaticano, el gobierno de centroderecha acusa,  la oposición democrática balbucea («es una cuestión de cultura, de tradición»). Muy bien; abramos, pues, el libro negro de esa cultura y de esa tradición. El catolicismo de la Iglesia romana esconde, tras un crucifijo interpretado como redención, una cultura y una historia de violencias, atropellos y guerras. En nombre de la cruz se han cometido grandes fechorías, cruzadas, inquisiciones, el saqueo y las matanzas del Nuevo Mundo, la bendición de los imperios y de los hombres de la providencia. Sin olvidar que, hasta el siglo XIX, el catolicismo prohibió traducir la Biblia y los Evangelios a la lengua vulgar.

En nombre de ese «símbolo» se han cometido los crímenes más atroces. Y se siguen cometiendo con las prohibiciones contra el derecho de los hombres a administrar el conocimiento y la libertad individual y sexual. Si es «nuestra cultura», según declaran al alimón la intrépida ministra Gelmini y el «pontífice» Buttiglione, quien, encima, califica de «aberrante» la sentencia de Estrasburgo, ¿por qué no hablamos del lado oscuro de la cruz como simbología de poder? Pero es como si siguiéramos diciendo: el espacio de lo visible, de la iconografía cotidiana de la realidad, es mío, lo manejo yo y pongo en él los emblemas que yo quiero. Ahí está el error.

La Conferencia Episcopal se desgañita: la sentencia es «ideológica». Que nos hable de la violencia en la cultura histórica de la Iglesia romana apostólica, de las hogueras contra la razón herética que por sí sola hizo avanzar a la humanidad. Si lo que se quiere defender es su origen salvador para todos, entonces hay que aceptarlo y adaptarlo al presente, porque al principio no era más que un signo para identificar los lugares clandestinos de oración y culto; no un símbolo impuesto, que podría valer por un ritual de muerte, hostil a los demás, a las otras culturas, historias y religiones.

Ojalá la realidad que nos rodea, y por lo pronto, la realidad formativa de la escuela, vuelva a ser un espacio creativo, libre de religiones, incapaz de imponer a nadie las obligaciones opresivas dimanantes de los valores ajenos.

Dario Fo, escritor y dramaturgo revolucionario italiano, fue Premio Nóbel de literatura en 1998.

Traducción para www.sinpermiso.info: Leonor Març

Il Manifesto, 4 noviembre

PANAMÁ ANUNCIA QUE EE.UU. QUIERE CUATRO BASES “AERONAVALES”

A MÁS DE LAS SIETE CON LAS QUE YA CUENTA EN COLOMBIA

POR MARCO A. GANDÁSEGUI, H.

El gobierno panameño anunció que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”. La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que seguramente ya firmaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño. Según el internacionalista, Julio Yao, el anunció “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

Hace un mes, el presidente Ricardo Martinelli proclamó que le había cedido dos bases navales a EEUU, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos bases se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales” que Panamá le proporcionará a EEUU. Las cuatro bases aeronavales están en el Pacífico y en el Caribe.

La primera base “aeronaval” se ubicará en la Isla Chapera, en el Archipiélago de las Perlas, cerca de la Isla Contadora (ésta fue utilizada para concertar la paz en la región en la década de 1980). La segunda base se ubicará en Rambala, en la provincia de Bocas del Toro, área que se promovía para el turismo internacional. La tercera en Punta Coco, provincia de Veraguas y la cuarta – y última – en Bahía Piña, provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.

Según Yao, quien denunció el acuerdo en un discurso pronunciado en presencia del presidente Martinelli y su gabinete, “las bases puestas a la disposición de EEUU profundizan la militarización de un amplio espacio territorial… desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflictos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia. Bogotá publicará la próxima semana los acuerdos firmados con EEUU para poner a su disposición siete bases militares.

El vicepresidente y canciller de la República, Juan C. Varela, presente en el acto, perdió los estribos e intentó censurar al profesor Yao. Se lamentó, además, que Yao no hiciera referencia al tráfico de drogas por Panamá. El presidente Martinelli, en defensa de su política, sólo logró articular algo sobre los astronautas. Yao fue invitado como orador para rendirle homenaje a los Soldados de la Independencia por el Municipio de la ciudad de Panamá, cuyo papel en la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903 fue crucial.

El gobierno panameño podría parafrasear al general Freddy Padilla, ministro de Defensa encargado de Colombia cuando defendió el acuerdo de Bogotá con Washington: “No son bases norteamericanas, son colombianas… pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.

Según EEUU, las cuatro bases que pretende instalar en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo que puede interpretarse como quieran los funcionarios norteamericanos. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, si existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.

Según varios acuerdos, que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.

Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.

Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras Panamax han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.

En su discurso el internacionalista Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Los defensores de la militarización norteamericana de Panamá argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice”.
Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y EE.UU. podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal. Mal puede la Reserva Nunn garantizar la neutralidad si ella misma introduce condiciones (las bases) que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica. Este sería el caso de la Reserva Nunn, concluye Yao.

ALAI, noviembre 4 de 2009.

Fuente – Cronicón

Documento oficial de la Fuerza Aérea de EEUU revela las verdaderas intenciones detrás del Acuerdo Militar con Colombia

07-11-2009

Eva Golinger

Aporrea

Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Esta afirmación contradice las explicaciones del presidente Álvaro Uribe y el Departamento de Estado de EEUU sobre el acuerdo militar firmada el pasado 30 de octubre entre Washington y Colombia. Los gobiernos de Colombia y EEUU han mantenido públicamente que el acuerdo militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El presidente Uribe ha reiterado múltiples veces –incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina– que su acuerdo militar con Washington no afectará a sus vecinos. No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de EEUU confirma lo contrario e indica que las verdaderas intenciones y objetivos detrás del acuerdo son poder realizar operaciones militares a nivel regiomal para combatir la “amenaza constante…de los gobiernos anti-estadounidenses”.

El acuerdo militar entre Washington y Colombia autoriza el acceso y uso de siete instalaciones militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. Adicionalmente, el acuerdo permite “el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones” por todo el territorio colombiano, sin restricciones. Junto con la imunidad plena que este acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EEUU utilice cualquier instalación en el país, incluidos los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de la soberanía colombiana.

El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y habla de la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) de EEUU. “Estableciendo una Localidad de Coperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y establidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”

No es dificil imaginar qué gobiernos en Suramérica son considerados por Washington como “antiestadounidenses”. Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e incluso Ecuador, demuestran que son los países del ALBA que son percibidos por Washington como una “amenaza constante”. Clasificar un país “antiestadounidense” es considerarlo un enemigo de Estados Unidos. Bajo este contexto, es lógico pensar que EEUU reaccionaría frente a una región llena de “enemigos” con una agresión militar.

La lucha contra el narcotráfico es secundaria

Según el documento, “El acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con Estados Unidos. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico.” Aquí es evidente que la lucha contra el narcotráfico es un asunto secundario. Este hecho contradice las explicaciones de los gobiernos de Colombia y Washington que han intentado aparentar que el objetivo principal del acuerdo militar es combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea prioritiza a las operaciones militares continentales necesarias para combatir “amenazas constantes”, como los gobiernos “antiestadounidenses” en la región.

Palanquero es la mejor opción para el alcance continental

El documento de la Fuerza Aérea explica que “Palanquero es sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de la infrastructura dentro de Colombia. Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones…en la región…y su ubicación aislada ayudará…minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense. La intención es utilizar la infrastructura existente… mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense… Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos…”

Espionaje y guerra

Adicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar estadounidense en Palanquero, Colombia aumentará las capacidades de espionaje e inteligenica, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades para ejecutar una guerra en Suramérica. “El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia y está en el interés de las dos naciones… [La] presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita.”

El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar entre Washington y Colombia: están preparándose para una guerra en América Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia –su agencia de inteligencia y espionaje– y descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela. Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. Hace dos semanas, también se hallaron 10 cadáveres en el estado Táchira por la frontera con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían infiltrado en territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma parte de un plan de desestabilización contra Venezuela que busca crear un para-estado dentro del territorio venezolano y asi debilitar al gobierno del Presidente Chávez.

El acuerdo militar entre Washington y Colombia sólo aumentará esta tensión y violencia regional. Ahora, con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se hace evidente –sin duda ninguna– que Washington está buscando promover una guerra en Suramérica, utilizando a Colombia como base de operaciones. Frente a esta declaración de guerra, los pueblos de América Latina tienen que mostrar unidad y fuerza. La integración latinoamericana es la mejor defensa contra la agresión imperial.

*El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue redactado en mayo 2009 como parte de la justificación del presupuesto para 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad del Libro Blanco: La Estratégia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en Bariloche el 28 de agosto pasado. He puesto el documento y la traducción no-oficial de los segmentos sobre la base de Palanquero en la página web del Centro de Alerta para la Defensa de los pueblos, un espacio que estamos construyendo para asegurar que las denuncias e información estratégica esten disponibles para que los pueblos puedan defenderse con contundencia frente a la constante agresión imperial.

Documento original en inglés: http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/original_in_english_air_for.pdf

Traducción no oficial al español: http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/traduccion_del_documento_de.pdf

evagolinger@hotmail.com

Fuente: http://www.aporrea.org/tiburon/a89582.html

ALCA, las dificultades de enterrar a un muerto

12-11-2009

Alejandro Villamar

Alai-amlatina

Muchos recordamos la reunión de Mar del Plata, Argentina (noviembre 2005), como la gran derrota del proyecto imperial hemisférico del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), pero poco o nada se ha mencionado acerca de que la vieja agenda del ALCA continúa promoviéndose y recreándose en las reuniones gubernamentales, empresariales o “civiles” del ahora llamado “Proceso de la Cumbre de las Américas”, fomentado desde la OEA.En estos cuatro años pasados se han realizado varias reuniones ministeriales “de las Américas” sobre importantes temas como defensa, competitividad empresarial, seguridad pública, e incluso, casi como en los viejos tiempos, una Cumbre de las Américas. Sin embargo, probablemente ninguna de ellas ha tenido tanta continuidad y mandato oficial como la recién realizada V Reunión de Ministros de Agricultura (Jamaica, Octubre, 2009).

Una reunión ministerial en la que pervive, con ligeros cambios, la misma estrategia hemisférica orientada y asumida en los tiempos del régimen de G.Bush: el Plan AGRO 2003- 2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas. Un plan con directrices generales y nacionales y con una secretaría técnica que recae en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), asegurándole de esta manera continuidad a la orientación de la agenda neoliberal dominante de los agronegocios en el hemisferio.

Discursivamente, las reuniones bianuales de los ministros le dan actualidad al Plan y con ese fin se producen documentos orientadores e incluso propuestas semioficiales que prefigurarían los cambios o actualizaciones en las orientaciones del Plan que los ministros aprueban.

Antes de esta V reunión ministerial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el IICA prepararon un Resumen de Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2009, en el cual por primera vez se asentaba la necesidad de dar un giro y prestar atención a la agricultura familiar, a la inversión orientada socialmente, a articulaciones empresariales dirigidas a fortalecer mercados locales, nacionales y regionales. Un cambio importante frente al acento ministerial de años atrás, de acentuar retóricamente el enfoque en el mejoramiento del ingreso, pero por la vía de los agronegocios, de las exportaciones, de la introducción del paquete tecnológico controlado por las trasnacionales, lo que en la práctica devenía en excluir a la agricultura familiar, campesina e indígena, es decir, a la mayoría de los productores rurales.

En ese mismo sentido de cambio, oportunamente se expresaron organizaciones sociales e intelectuales comprometidos con la sustentabilidad socio-ecológica que demandaban a los ministros: “La pequeña agricultura debe volver a recuperar su importancia en las estrategias de desarrollo agropecuario… Los pequeños agricultores deben ser uno de los pilares para un nuevo desarrollo rural””… el encuentro ministerial de las Américas debe volver a poner a los pequeños agricultores en el centro de un nuevo estilo de desarrollo rural, que no puede ser meramente empresarial o comercial, ya que deberá nutrirse de muchas otras dimensiones.”(OXAFAM, IPDRS, CLAES, octubre de 2009): Las añejas y justas demandas de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sin embargo, en el Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas, (del 29 de octubre de 2009) no aparecen los cambios demandados por los asesores institucionales, ni mucho menos las demandas de las organizaciones sociales. Y aún peor, la reunión ministerial fue ocasión para elegir como nuevo director del IICA, a un distinguido e hiperactivo funcionario neoliberal mexicano que fungirá también como secretario técnico del Plan 2003-2015.

Un funcionario cuya trayectoria en México y en las negociaciones agrícolas internacionales ha dado muestras fehacientes de su fidelidad a los intereses corporativos del libre comercio, con evidente predilección por Monsanto y similares, y persistente opositor a las demandas campesinas e indígenas y ambientalistas. En el terreno internacional de negociaciones del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad se le recuerda como saboteador de la propuesta de hacer vinculante el principio de precaución y de avalar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales con organismos vivos modificados. Conducta públicamente denunciada por las organizaciones campesinas y ambientalistas, por los académicos miembros del Consejo Consultivo Nacional de Bioseguridad que terminaron renunciando masivamente en señal de protesta, e incluso provocó una queja pública del Senado de la República.

En México, también entre otras acciones, fue promotor de la caricatura de ley de bioseguridad, de cabildero para que las empresas biotecnológicas obtuvieran los permisos de siembra de maíz transgénico (amenazando al centro de origen de cultivo tan importante para la agricultura campesina-indígena, como lo ha demostrado la Campaña: Sin Maíz No hay País), de promotor de la iniciativa de Ley de Recursos Fitogenéticos, encaminada a facilitar la biopirateria de semillas, y del conocimiento tradicional (finalmente frustrada por la protesta indígena y social), y de defender a ultranza la ley de agrocombustibles, y el TLCAN (NAFTA).

Otra conducta, poco conocida, de éste funcionario neoliberal, pero que ahora desde IICA, será sin duda bastante perceptible, es que fue uno de los entusiastas apoyos e instrumentadores de la Iniciativa Biotecnológica de Norteamérica (NABI por sus siglas en inglés) estrategia sustancial de la agenda trasnacional biotecnológica, adoptada en la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), recién transformada en Caminos para la Prosperidad de las Américas, un disfraz más de la vieja agenda del ALCA.

Desde su nueva responsabilidad Víctor Villalobos, ex Coordinador de Asuntos Internacionales en la. Oficina del Secretario de Agricultura, México, podrá profundizar la línea de promover los intereses trasnacionales biotecnológicos, que un importante sector de IICA ha venido instrumentando desde el 2003, con el Programa Hemisférico de Biotecnología y Bioseguridad (PHBB) y del que por primera vez hace recuento (en español) en su informe “La contribución del IICA al desarrollo de la biotecnología y la bioseguridad”. (Informe de Gestión 2002-2008. pp 165-173) .

Con esos antecedentes fue elegido el nuevo director de IICA, y con ello se consolida y fortalece una de las facetas del IICA: funcionar como correa de transmisión de la dupla Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA)-Industria biotecnológica en el PLAN 2003-2015 de las Américas.

Así, las reuniones ministeriales siguen, el Plan 2003-2015 continua, la secretaría técnica del Plan queda abiertamente en manos de un cipayo de las trasnacionales. El cadáver del ALCA no terminamos de enterrarlo. Y no se sepulta completamente porque la agenda neoliberal sigue viva en no pocos funcionarios y tecnócratas de países latinoamericanos y del Caribe, y estos continúan inercial y activamente contraponiéndose a los esfuerzos de construcciones alternativas de países con gobiernos progresistas. Incluso, pareciera que aún en varios de esos gobiernos progresistas, actores político empresariales y académicos que se identifican con la política neoliberal actúan muy dinámicamente y siguen con la suficiente fuerza para continuar imponiendo el discurso desarrollista, el modelo de los agronegocios corporativos, y dándole aliento a un cadáver que no termina de ser sepultado.

¿Es hora de que la alianza de organizaciones campesinas, sociales, académicas y gobiernos progresistas del hemisferio terminen de incinerar al cadáver del ALCA-Agricultura?

Alejandro Villamar es Miembro del Secretariado de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)

Fuente: http://alainet.org/active/34335

Referencias:

Las Cumbres de las Américas. OEA, disponible en: http://www.summit-americas.org/vp/intro_summit_sp.pdf

PLAN AGRO 2003-2015 Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas. Jamaica 29 de octubre de 2009. http://www.iica.int/Esp/prensa/Documents/Acuerdo_Ministerial_Jamaica2009.pdf

Resumen de Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2009. CEPAL, FAO, IICA http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/37598/ISPAespa%C3%B1ol_web.pdf

La pequeña agricultura debe volver a recuperar su importancia en las estrategias de desarrollo agropecuario. Una urgencia para la V Cumbre Ministerial sobre Agricultura y Vida Rural en las Américas. OXAFAM, IPDRS, CLAES. La Paz y Montevideo, 23 de octubre del 2009 http://www.agropecuaria.org/agropecuaria/AgroFamiliaComunicadoOxfamIPDRSClaes09.pdf

Los pequeños agricultores deben ser uno de los pilares para un nuevo desarrollo rural. Eduardo Gudynas, Asier Hernando y Oscar Bazoberry Chali. 26 octubre 2009 http://www.alainet.org/active/33969

Currículum vitae, y propuesta de Victor Villalobos. http://candidatomexicoiica.com/blog/?p=9

IICA´s Hemisferic Biotechnology and Biosafety Programm http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0477i/B0477i.pdf

La contribución del IICA al desarrollo de la biotecnología y la bioseguridad. En Informe de Gestión 2002-2008. pp 165-173.

http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/web%20informe%20espa.pdf