Apertura de Sesiones Ordinarias 2015 – Magistral discurso de Cristina Fernàndez

01 de MAR. [Transmisión completa] Apertura de Sesiones Ordinarias 2015. Cristina Fernández.

Muertes gratuitas – Bernardo Kliksberg

Muertes gratuitas

Por Bernardo Kliksberg *
Diariamente perecen 18.000 niños, más de 6 millones por año por causas totalmente evitables. Son muertes gratuitas. Las tres causas principales son la desnutrición, que los coloca en extrema vulnerabilidad; la falta de agua potable, con la consiguiente ingestión de agua contaminada, y la ausencia de instalaciones sanitarias. Pasan hambre 842 millones de personas, en un mundo que produce alimentos que podrían abastecer a una población muy superior a la actual. Más de 700 millones no tienen acceso a agua potable y 1000 millones de personas hacen sus necesidades a cielo abierto.

Las tres causales se refuerzan mutuamente. Una reciente investigación en la India, que tiene más de un 40 por ciento de niños desnutridos, exploró un enigma. Algunas políticas sociales hicieron llegar alimentos a niños desnutridos. Cuando se los comparó con otros desnutridos que no los recibieron, se comprobó que todos estaban igual. Una razón central fue que el 50 por ciento de la población se ve obligada a hacer sus deposiciones a cielo abierto por la dramática carencia de instalaciones sanitarias. El nivel de contaminación produce infecciones bacterianas repetidas en los niños. Ellas dañan significativamente su aparato digestivo, que no puede metabolizar los alimentos.

Por otra parte, según Unicef, la ingestión repetida de agua contaminada lleva a que los niños con diarrea se debiliten y puedan contraer neumonía y otras enfermedades graves. Asimismo, puede producir un daño cognoscitivo permanente.

Una de las desigualdades más groseras es el acceso al agua. Según la ONU, una persona debe poder contar con un mínimo de 20 litros de agua diarios. Se estima que más de 1000 millones tienen menos de 5 litros diarios. En los países desarrollados se consumen 400 litros diarios per cápita.

La alimentación de los niños en los primeros 1000 días de vida es crucial para toda su existencia.

Si carecen de algunos de los micronutrientes necesarios, contraerán enfermedades agudas.

Amartya Sen realizó una constatación sorprendente (ver Amartya Sen/Bernardo Kliksberg, Primero la Gente). Encontró que reconstruyendo las series estadísticas sobre esperanza de vida en Inglaterra en el siglo XX, el período en que mejoraron fue la Segunda Guerra. El país tuvo que racionar alimentos y distribuirlos equitativamente. Ello mejoró el nivel nutricional promedio.

Alimentación, agua segura, instalaciones sanitarias, deberían ser derechos básicos totalmente garantizados para todos los habitantes del planeta. No lo son. Matan niños, silenciosamente. En mayor escala que ninguna guerra.

Atando cabos

Las grandes discusiones sobre las alternativas de modelos económicos y sociales están envueltas para la ciudadanía con frecuencia en una bruma. Están plagadas de mitos, falacias, coartadas, argumentos justificatorios, racionalizaciones que en definitiva impiden “atar cabos”, conectar efectos con causas y poder identificar lo que es más conveniente para el bienestar colectivo.

Uno de los temas donde se observa con mayor fuerza el esfuerzo sistemático para que la gente “no ate cabos” es el de las conexiones entre pobreza y desigualdad.

Se explica. Cómo justificar la actual explosión de desigualdades, que ha llevado a niveles escandalosos las brechas de ingresos, activos, acceso a educación y salud.

El 1 por ciento más rico ya domina más del 50 por ciento del producto bruto mundial. A su interior, una porción ínfima, 86 personas, tiene más que los 3500 millones personas de menores recursos del mundo.

Los muy ricos, según describen los informes de bancos suizos, cuando desean que su dentista los vea, adquieren sus servicios en exclusividad, y le mandan un avión esté donde esté. Un príncipe saudita se compró un Boeing para 300 pasajeros para su uso personal. En él instaló un trono, para que la servidumbre y los familiares que viajen con él le rindan homenaje permanente.

Hay una ofensiva de think tanks sobre la idea de que riqueza y pobreza no tienen vasos conectores.

Los que son muy ricos es por mérito propio. Los que quedaron abajo es un problema totalmente diferente. Se debe a sus características personales, su falta de iniciativa, su indolencia, o a las de su familia, que no hizo lo suficiente para darles educación.

Si la ciudadanía no ata cabos, las grandes disparidades quedan legitimidas. Entre otras, la brillante senadora Elizabeth Warren, nueva estrella intelectual del Partido Demócrata (la profesora de Harvard que preparó la ley de regulación financiera después de la crisis del 2008/9 y que ocupa la banca que perteneció a Edward Kennedy), insiste dirigiéndose a los más ricos sobre esas conexiones. Su argumentación es: a ustedes les ha ido muy bien, pero la inmensa mayoría tenemos mucho que ver con eso. Sus empresas existen y rinden grandes beneficios porque el pueblo americano construyó con sus impuestos los puentes, los caminos, la infraestructura, las escuelas donde se formaron sus operarios y muchas otras cosas. El Premio Nobel de Economía Robert Solow es muy directo. Dice que detrás de la disparada de las desigualdades están la destrucción del movimiento sindical que ha dejado a los trabajadores sin protección, el desmantelamiento de la legislación social y los sueldos muy bajos. Como lo demostró Thomas Piketty, desde 1970 la participación del capital en el producto crece y la de los asalariados baja sistemáticamente.

Sueldos bajos, precarización de los trabajos, outsourcing, situaciones monopólicas, elusión de impuestos a través de declarar las ganancias en paraísos fiscales, auge de la especulación financiera, son algunas de las bases del crecimiento casi exponencial de las fortunas del 1 por ciento.

La contracara son las grandes masas de trabajadores con ingresos que los colocan por debajo de la pobreza, los precios en ascenso de los bienes básicos, la fiscalidad regresiva, la incertidumbre laboral severa ante la flexibilización de los mercados laborales.

La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellan, alertó recientemente sobre las desigualdades y sus efectos corrosivos. Señaló que, mientras el financiamiento público para educación temprana no ha crecido desde la recesión, el costo de la educación superior siguió aumentando. Eso hará más difícil para los jóvenes pobres llegar a las universidades. También subrayó la caída en la formación de pymes.

No es que en el mundo hay pobreza y hay desigualdad. Una causa eje, no exclusiva pero muy central de la pobreza, es la desigualdad.

Costaría 0,25 centavos de dólar diario darle a un niño desnutrido una taza de micronutrientes con todos los que necesita. Con aproximadamente 540 millones de dólares se podría dar esos nutrientes a los 6 millones de niños que mueren anualmente por males de la pobreza. Esto significa una cuarta parte de lo que cada uno de los 300 más ricos ganaron en el 2013.

El papa Francisco puso los puntos sobre las íes sobre esas conexiones. Señaló (2/10/14): “En los Estados más ricos la globalización aumentó el abismo entre los grupos sociales creando más desigualdad y nueva pobreza”.

* Puede ampliarse en El Informe Kliksberg. El otro me importa (Encuentro), que termina de ser nominado por la Academia para el Premio Emmy Internacional (categoría Arte).

PÀGINA 12

EN ARGENTINA, WASHINGTON PROPICIA INTERVENCIÓN MILITAR Y LA OPOSICIÓN LO ACOMPAÑA POR HORACIO VERBITSKY

El Comando Sur de los Estados Unidos recomendó a la Junta Interamericana de Defensa, JID, que las Fuerzas Armadas del continente participen en un plan de seguridad del medio ambiente y seguridad energética y la Argentina se opuso. El contrapunto, que se produjo el martes pasado durante una reunión informal de la JID realizada en Washington, constituye un paso más en la escalada estadounidense por borronear los límites entre las funciones de defensa y de seguridad y continuará el miércoles durante la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. En la Argentina varios candidatos de partidos opositores, como Ricardo Alfonsín, Sergio Massa y Gabriela Michetti, propugnan la sanción de una ley de pena de muerte sin juicio previo para presuntos narcotraficantes, de cuya aplicación se encargarían las Fuerzas Armadas.

Dentro de su territorio, Estados Unidos mantiene la separación en los términos vigentes desde 1878 con la ley Posse Comitatus y en los últimos tiempos se ha inclinado por dotar a las fuerzas policiales de equipamiento bélico pesado que hasta ahora se consideraba de exclusivo uso castrense. En cambio, en América Latina propugna que las Fuerzas Armadas se aboquen a tareas de tipo policial, según la doctrina de las nuevas amenazas, que ya tiene más de una década de vigencia. El artículo 2 del Estatuto de la JID dice que el propósito del organismo es prestar a la OEA y a sus países miembros «asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa en el hemisferio», pero no menciona las cuestiones de seguridad. Lo mismo ocurre con el Plan Estratégico de la JID. Por eso, en la reunión del miércoles 16, Estados Unidos intentará redefinir el alcance de los términos «asuntos militares y de defensa» y los conceptos de Defensa y Seguridad. También es previsible que la cuestión reaparezca entre el 21 y el 25 de octubre, durante la Conferencia Inter-Americana de Logística, que financiada por empresas privadas, se realizará también en Washington.

UN PROGRAMA DE GOBIERNO

El programa de trabajo 2013-2014 de la JID, firmado por su director, el vicealmirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, constituye un capítulo de un programa de gobierno. Luego de temas militares y de defensa agrega que la JID se ocupará también «de disciplinas conexas relacionadas con el hemisferio». También se propone incentivar la presencia en distintas actividades de la JID de la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, dos vías para eludir la separación de funciones. Otro objetivo del plan de trabajo es constituir a la JID como «organismo de asesoría técnica permanente de la Conferencia de Ministros de Defensa y establecer relaciones de cooperación con los organismos hemisféricos, regionales y subregionales de defensa y seguridad». También se propone participar en la coordinación entre Fuerzas Armadas y de Seguridad «en el combate al narcotráfico» en Centroamérica y asistir a la Cuarta Conferencia de Ministros de Seguridad de las Américas. La JID incluso se propone instruir al Comité Interamericano contra el Terrorismo en la «protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo», armonizar su plan de trabajo con el de la Comisión de Seguridad Hemisférica y convertir al Colegio Interamericano de Defensa en una institución educativa de excelencia que ofrezca cursos de posgrado no sólo en defensa sino también en seguridad. A ese plan de trabajo de la Junta Interamericana de Defensa, la delegación de Estados Unidos agregó una recomendación propia: que la JID acepte la propuesta presentada por el Comando Sur y trabaje en conjunto con sus autoridades en «el desarrollo de un Plan de Cooperación Regional sobre el Medio Ambiente y la Seguridad Energética». La delegación argentina presentó una serie de objeciones a este plan:

– como parte del objetivo de ayuda humanitaria y auxilio en caso de desastres naturales, se invoca la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana y se propone un seguimiento de fenómenos que no se compadecen con el enunciado general, como las migraciones, el tráfico de personas y la delincuencia transnacional. Pero la Declaración de San Salvador se refiere a problemas de seguridad pública y no contempla temas de carácter militar o de defensa, los únicos que habilitan la actuación de la JID. Esa temática está excluida de las competencias de la JID, cuyo estatuto no la prevé.

– las nuevas amenazas contempladas en los enfoques multidimensionales no obligan a su neutralización por instrumentos militares. En la Argentina la respuesta sólo concierne a los ministerios de Seguridad y de Justicia.

– la propuesta coordinación de la JID con la Secretaría de Seguridad Multidimensional debe excluir el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de los estados, la lucha contra las drogas, las migraciones, la trata de personas y el terrorismo, que competen a otros organismos de la OEA, como la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Tampoco es admisible que la JID participe en foros, conferencias y organismos que tratan esos temas, que no forman parte de las facultades de la Junta Interamericana de Defensa.

– la JID tiene la misión de apoyar a la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia de Ministros de Defensa (que siempre está a cargo del país anfitrión) y de almacenar su memoria histórica, pero no está en aptitud para convertirse en su Secretaría Técnica Permanente, ya que la Conferencia es un foro de diálogo político entre los ministros y la JID un órgano de asesoramiento técnico-militar de la OEA.

– también se debe aclarar que esas funciones de apoyo sólo se desempeñarán a requerimiento de la Secretaría Pro Témpore.

– la Argentina tampoco acepta el propuesto «alineamiento de las estrategias de defensa y seguridad» que la JID debería apoyar.

– al referirse a los instrumentos que componen el Sistema Interamericano de Defensa, el plan de la JID le asigna funciones de cooperación con otros organismos interamericanos, cuando sólo fue autorizada a hacerlo en el proceso de revisión del Sistema, que impulsa la Argentina y del que la JID debería tomar nota.

– la JID se arroga como «tareas implícitas» tareas que exceden sus funciones y misión. Menciona entre ellas la solicitud a los estados de determinadas informaciones que no competen a la JID, como por ejemplo datos sobre tecnología e industrias.

– las conclusiones de la JID no mencionan el cumplimiento del mandato de la Conferencia de Ministros de Defensa y de la Asamblea General de la OEA, que dispusieron la revisión de todos los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa. Esto incluye en forma central a la propia JID.

El conflicto está definido en términos claros. Mientras la Argentina reclama que el sistema político, representado por los ministros de Defensa y la Asamblea General, conduzca la revisión de la Junta Interamericana, la JID, con sede en Wa-shington y financiamiento estadounidense, resiste la revisión de su rol y pretende avanzar con nuevas imposiciones sobre los órganos representativos de la voluntad popular.

Durante la reunión informal del miércoles pasado no sólo la Argentina impugnó la pretensión estadounidense de que el Comando Sur recomiende a la JID la forma de cooperar en la seguridad energética y del medio ambiente como nuevo tópico de relaciones entre las Fuerzas Armadas de la región, sobre los modelos que aplican las Naciones Unidas y la OTAN. Canadá sostuvo que la creación de un comando operacional requería mayor discusión y puso en duda que la JID tuviera capacidad para el tema. Estados Unidos negó que propusiera un rol operativo para la JID. Además de coincidir en estos puntos con Canadá, México recordó que cada país tiene organismos especializados en la seguridad energética y del medio ambiente, tema en que los militares tienen, en el mejor de los casos, competencia subsidiaria, y sugirió que los países que estén de acuerdo con la propuesta pueden realizarla en forma bilateral con el Comando Sur. Esta es la lógica que desde hace años encuadra los avances estadounidenses sobre la región: una propuesta general que la OEA no acepta y que se impone después en la relación bilateral con distintos países, empezando por los más débiles, ya sea ante las amenazas descriptas, o ante el Pentágono y su Comando Sur, verdadero artífice y efector de la política de su país hacia Sudamérica. La Argentina reiteró algunos planteos que había formulado en la reunión ordinaria de la JID del mes pasado. En esa ocasión, sostuvo que como otros países sudamericanos prioriza la cooperación en estas materias en el marco subregional de la UNASUR y que es inconveniente involucrar a la JID en temas ajenos a la defensa.

EL DERRIBO DE LAS FRONTERAS

La separación tajante entre Defensa Nacional y Seguridad Interior es uno de los acuerdos básicos de la democracia argentina y cristalizó en tres leyes y un decreto sancionados bajo cuatro diferentes gobiernos. La ley de defensa nacional fue promulgada en 1988 por el presidente Raúl Alfonsín, la de Seguridad Interior en 1992 por el presidente Carlos Menem, la de Inteligencia Nacional en 1991 por el presidente Fernando de la Rúa, y el decreto reglamentario de la ley de Defensa por el presidente Néstor Kirchner en 2006. El artículo 4 de la ley de Defensa estableció que «se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior». Pero pasaron 18 años hasta su reglamentación. Horacio Jaunarena, quien fue ministro de los ex presidentes Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y del ex senador a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde, confesó en un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi que nunca la reglamentó porque no estaba de acuerdo con el texto y el espíritu de la ley.

Los considerandos del decreto reglamentario que la ministra Nilda Garré firmó junto a Kirchner descartan en forma expresa la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa, «usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas». De lo contrario se pondría «en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales». Ya bajo la presidencia de CFK se presentaron tres proyectos en el Congreso desandando ese camino. El primero, de 2010, lleva la firma de Francisco De Narváez y otros diputados del Peornismo Opositor (Expediente de la Cámara de Diputados 6657-D-2010, Trámite parlamentario 130, 09/09/2010, Defensa Nacional contra amenazas aéreas). El segundo, de 2011, fue presentado por la diputada de PRO Gabriela Michetti, a quien acompañan el propio De Narváez y varios diputados de los partidos de ambos (Expediente de la Cámara de Diputados 1791-D-2011, Trámite parlamentario 0028, 13/04/2011, Creación del Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte). El tercero, de este año, pertenece al diputado radical Ricardo Alfonsín y a otros legisladores de su partido (Expediente 4817-D-2013, Trámite parlamentario 073, 18/06/2013, Ley de lucha integral contra el narcotráfico).

Todos ellos coinciden en encomendar a la Fuerza Aérea el derribo de aeronaves que no respondan a intimaciones transmitidas por radio, señales visuales y disparos de emergencia con munición trazadora (De Narváez); el derribo deberá ser autorizado por el presidente de la Nación o por la autoridad delegada por él en el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Alfonsín) y «en ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero» (Michetti). El proyecto de Michetti es el más explícito: han desaparecido las hipótesis de conflicto «en el subcontinente» (sic) y hoy los enemigos del estado «son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc.». Estas amenazas «son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional». A ellos se les sumó esta semana el candidato a diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, quien el viernes dijo que era urgente sancionar una ley que permitiera «voltear a los aviones de los narcos que entran al país». El oficialismo se opone en forma explícita a semejante reforma. De hecho, en el Operativo Fortín Norte, el Ejército no recibió del ministerio de Defensa normas de empeñamiento, sólo pautas de comportamiento, que excluyen la entrada en combate, y la semana pasada en Río Gallegos, el ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó que se limitaran a ocupar la parte del terreno de propiedad de la Armada que no había sido intrusada, sin siquiera portar armas de fuego. Los proyectos de Massa, Michetti, Alfonsín y De Narváez habilitarían a las Fuerzas Armadas a aplicar la pena de muerte, sin juicio previo, basada en la mera sospecha, incluso a quienes se estuvieran alejando del territorio nacional. Por suerte es dudoso que progresen en el Congreso, dada la cómoda mayoría del oficialismo.

Página/12, Buenos Aires, 13 de octubre de 2013.

Macri, basta de destrucción en la ciudad, agregar formaciones al subte para más frecuencia, construir escuelas y hospitales!

MACRI BAS

La Justicia ordenó suspender la tala de árboles por el Metrobus

La Justicia en lo Contencioso Administrativo resolvió suspender cualquier actividad que implique poda, trasplante o remoción de árboles afectados por las obras del Metrobus porteño.

El juez en lo contencioso administrativo Guillermo Schleiber ordenó hoy al gobierno porteño que suspenda la poda y remoción de árboles y la modificación del espacio parquizado de la avenida 9 de Julio por las obras del Metrobus y le dio dos días de plazo para que entregue informes.

El gobierno porteño tiene 48 horas para presentar toda la información sobre el proyecto de construcción del Metrobus

La medida hizo lugar a una presentación realizada por el ex legislador Facundo di Filippo, quien aseguró que el magistrado «dio curso a nuestro reclamo sobre el daño que esta obra le va a causar a la avenida más importante de la Argentina».

El juez, en su fallo, ordenó la suspensión «de toda actividad» que implique «la poda, trasplante, remoción o destrucción del arbolado público existente en la avenida 9 de julio afectada al Metrobus» y de la «supresión, reducción o limitación de los espacios parquizados».

Schleiber, al hacer lugar a la presentación, también dio un plazo de 48 horas al gobierno porteño para que le presente una evaluación técnica sobre el arbolado, las medidas para protegerlo, las especies históricas y notables existentes e información sobre el proyecto de construcción del Metrobus.

El fallo del juez fue difundido durante la marcha que se realizaba esta tarde en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo, donde se reclamaba la paralización de las obras que realiza el gobierno porteño, lo que generó la algarabía de los manifestantes.

El proyecto del Metrobus sobre la avenida 9 de julio pretende reducir los tiempos de viaje entre los barrios de Constitución y la zona de Retiro, a través de la construcción de carriles rápidos para el transporte público, pero esto implica la tala de árboles y la remoción de monumentos históricos existentes sobre esa avenida.

El proyecto también reduce la Plaza de la República, pero el gobierno de la ciudad asegura que los árboles que se van a talar o remover, serán retrasplantados en otros sectores de la ciudad o sobre la misma avenida.

La idea es que varias líneas de colectivos modifiquen su trazado y circulen por los carriles rápidos, pero legisladores porteños afirman no sólo que todavía no existe el permiso de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para modificar el recorrido, ya que son líneas interurbanas, sino que tampoco el proyecto pasó por la Legislatura para su tratamiento.

Además del amparo de Di Filippo, existe otro recurso judicial presentado hoy por la Red por el Patrimonio, Propamba y la legisladora María José Lubertino.

Este recurso pide la suspensión de las obras por «la destrucción simbólica, paisajística, urbana, arquitectónica y arqueológica a partir de una violación de derechos constitucionales, de la Constitución porteña, del Plan Urbano Ambiental y del Código de Planeamiento Urbano», explicó Nidia Marinaro, de Propamba.

Di Filippo destacó que si bien la respuesta del juez Schleiber «no indica que se deban detener las obras, al exigir que se detenga la poda de árboles y cualquier intervención sobre el espacio parquizado, significaría una detención de hecho ya que al gobierno porteño le quedan pocas cosas por modificar».

Precisó que la justificación presentada en el recurso judicial está basada en «las claras agresiones al sistema republicano que realizó el gobierno porteño con esta obra, porque la ley del Metrobus indica que cualquier nuevo trazado debería haber pasado primero por la Legislatura».

Di Filippo destacó, además, que «toda esta obra no tendría sentido si primero el gobierno de la ciudad no acuerda con la CNRT la modificación en el trazado de las líneas del trasporte público».

Para la legisladora María José Lubertino el fallo de Schleiber «es una decisión muy importante porque señala la razón del reclamo vecinal y obliga al gobierno porteño a por lo menos tener que dar explicaciones».

«Todo esto se podría haber evitado si Macri hubiera permitido que esta discusión se diera en la Legislatura como lo marca la ley», enfatizó Lubertino.

La legisladora consideró que «no tiene ni pies ni cabeza la depredación del espacio verde en una avenida tan icónica como la 9 de Julio» y añadió: «es mentira que este sea un Metrobus porque es en un medio de transporte contaminante».

El Metrobus es una obra de tres kilómetros que plantea la instalación de carriles exclusivos para colectivos sobre la avenida 9 de Julio desde la avenida San Juan hasta la calle Arroyo, donde está previsto que circulen diez líneas.

Para ello, el proyecto original prevé el implante de 550 árboles nuevos de especies autóctonas, retirar 28 y trasplantar 277, de los cuales 169 serán dentro de la traza y 108 llevados a parques y plazas cercanas.
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Telam

Al menos 20 países del mundo presentan unos niveles «alarmantes» de hambre (Dedicado a aquellos que sólo ven sus intereses)

Al menos 20 países del mundo presentan unos niveles «alarmantes» de hambre
por Kaos.

Al menos 20 países del mundo presentan unos niveles «alarmantes» de hambre
Al menos una veintena de países del mundo han alcanzado niveles de hambre «alarmantes» o «extremadamente alarmantes», según el último informe del Índice Global del Hambre (GHI), que añade que el uso «insostenible» de la tierra, del agua y de la energía están amenazando la seguridad alimentaria.

Agencias

El hambre está «inextricablemente relacionada con el aumento de las presiones sobre la tierra, el agua y las fuentes energéticas», según el informe. Las inversiones o acuerdos agrícolas internacionales están aumentando y la mayoría tienen lugar en regiones subsaharianas donde el arrendamiento del terreno es barato y los niveles de hambre elevados.

Dos de los tres países con unas cifras «extremadamente alarmantes» de hambre son Burundi y Eritrea, seguidos de Haití, según el informe del GHI, publicado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y las organizaciones Welthungerhilfe (alemana) y Concern Worldwide (irlandesa).

«Las grandes inversiones agrícolas extranjeras deberían contar con supervisión», ha afirmado el presidente de Welthungerhilfe, Barbel Dieckmann. «Se necesitan organizaciones locales para asegurar la transparencia y la participación de los pequeños agricultores, cuyo sustento se ha visto afectado por los acuerdos agrícolas», ha añadido.

Según el informe, la escasez de agua se ve agravada por el cambio climático, especialmente en zonas con graves problemas hídricos, en donde viven más de 2.000 millones de personas. Las inundaciones, las sequías y la degradación medioambiental amenazan la agricultura en gran parte del mundo.

El GHI muestra que el progreso para intentar reducir la proporción de personas que sufren hambre en el mundo se ha ralentizado «trágicamente». Según el Índice, el nivel de hambre a escala mundial sigue siendo «grave».

Asimismo, se centra particularmente en cómo garantizar la seguridad alimentaria con la escasez que existe de tierra, agua y energía. «La cruda realidad es que es necesario producir más comida con menos recursos, al tiempo que se eliminan las prácticas y políticas de despilfarro», dice el estudio.

«Para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de las personas pobres, tenemos que hacer más disponible y accesible una diversa gama de alimentos; identificar y atajar las prácticas y políticas de despilfarro y garantizar que las comunidades locales tengan un mayor control sobre el acceso a las fuentes productivas», según el informe.

En otras palabras, hay que «construir un mundo sostenible, donde se detenga la degradación del ecosistema y todas las personas tengan acceso a alimentos, agua limpia y energía y puedan utilizarlos para su propio beneficio», añade.

KAOSENLARED

La Matanza – Horacio Verbitsky

Imagen: DyN.

Clarín y La Nación montaron un escándalo sobre la referencia presidencial a la Universidad de La Matanza, con oportunas columnas de sus respectivas estrellas, Jorge Lanata y Beatriz Sarlo, pero informaron en forma parcial y/o distorsionada sobre qué había dicho y en respuesta a qué pregunta.

Un estudiante argentino preguntó en forma respetuosa sobre la inflación y el “cepo cambiario”. Cristina le contestó también en forma muy seria sobre la necesidad de asignar las divisas a fines útiles para el conjunto de la sociedad y no al atesoramiento de algunos sectores, como ocurrió en las crisis históricas que arruinaron a millones. También mencionó a los miles de argentinos que acudieron a Las Vegas para alentar a Maravilla Martínez y al propio autor de la pregunta:

–Estás acá, problemas de dólares no debés tener. ¿Vos sabés la cantidad de argentinos que ni siquiera podrán llegar a la Universidad de La Matanza, nunca? Vos tenés la suerte de estar estudiando en Harvard.

La segunda mención fue en respuesta a la pregunta de otro argentino que se consideró privilegiado por poder preguntar. CFK se detuvo en la “frasecita” que “no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que ‘soy uno de los pocos privilegiados`”. Recién entonces dijo:

–Chicos, estamos en Harvard, por favor, esas cosas son para La Matanza, no para Harvard.

No fue una de sus respuestas más precisas y es inevitable que se abra a interpretación, como es frecuente con el lenguaje hablado. Pero la única lectura que se impuso en los diarios accionistas de Papel Prensa fue que Cristina había menoscabado a la Universidad y a los estudiantes del más nutrido municipio del país. Nadie arriesgó ni siquiera como hipótesis que hubiera sido una continuación del razonamiento anterior, con un contraste implícito entre el supuesto privilegio de preguntar y el verdadero privilegio de estudiar en Harvard, que a mí me parece evidente, dada la cantidad de veces que en la Argentina CFK se ha referido con orgullo a ésa y otras universidades del conurbano, a las que acceden por primera vez hijos de familias obreras que nunca antes habían pisado un aula universitaria y a la fuerte inversión del gobierno nacional en esos felices vehículos del ascenso social. “Una descalificación propia de una señora gorda”, la desdeñó mi viejo compañero en la guerrilla peronista Ricardo Roa. Sarlo, cuya actividad principal es el análisis del discurso en la literatura y en los medios, interpretó que fue “una ironía barata y ambigua, que las preguntas no eran dignas de esa universidad, sino de La Matanza”. Lanata (quien siempre se presenta como fundador de Página/12, diario al que otros hemos hecho perdurar un cuarto de siglo, y nunca como fundador de Crítica, XXI o Data54) citó la frase “Estás acá, ¿no? ¿qué problema tenés con el dólar?” pero omitió la referencia inmediata a La Matanza que da sentido a lo anterior y lo posterior. Y renglón seguido mencionó a un estudiante sanjuanino “que terminó la conferencia con lágrimas en los ojos y temeroso de una eventual reacción presidencial”, porque Cristina le había preguntado de dónde era. Con esa introducción, pasó a referirse a cómo se construye el miedo: “El miedo a preguntar, a decir su nombre, a dar referencias personales planeaba por quienes cacerolearon en Nueva York y quienes preguntaron en Boston. ¿Miedo a qué? Como siempre sucede con el miedo, no pueden describirlo con precisión: la AFIP, la familia en Buenos Aires, miedo”.

Hablemos del miedo, entonces. Como si fueran poca cosa los insultos y deseos mortuorios que prevalecieron en la marcha del 13 de septiembre en la Capital Federal, esta semana se convocó a las cacerolas no a sonar en la plaza pública sino a la puerta del domicilio de Guillermo Moreno, con un afiche en el que aparece dentro de un ataúd y con un disparo en la frente. Clarín dedica una columna al presunto malestar judicial por la excusación de Norberto Oyarbide (porque también él padeció un escrache frente a su domicilio) y recién al final y sin subtítulo ni foto consigna la denuncia del Gobierno por la explícita instigación a matar a Moreno y a su madre, que formó parte de la convocatoria. Incluso, conjetura que el verdadero propósito del Ministerio de Justicia sería “investigar oficialmente en las redes sociales porque cree que las protestas sociales son convocadas por una organización y no son espontáneas”, cosa que a esta altura no es opinable. Otra nota se titula “Moreno insultó a los caceroleros y el Gobierno les hizo una querella”, en una reinterpretación poco sutil de los hechos, pasando por alto que los acusados no fueron quienes se manifestaron frente al domicilio del secretario, sino algunos de quienes convocaron a matarlo con el tétrico cartel. La Nación, cuya postura política e ideológica aún no ha sofocado por completo el oficio periodístico, consignó recién ayer que la denuncia fue contra una “organización mafiosa” de la que formarían parte treinta blogueros y no contra quienes golpearon las cacerolas en Constitución. Pero el viernes tituló “Alak cargó contra los caceroleros: ‘Hay personas que han matado ídolos para trascender’” y la foto que ilustró la nota fue la de “unos pocos caceroleros que se acercaron a la casa de Moreno” y no la del afiche criminal. También destacó la frase de Moreno sobre la anatomía de los caceroleros por sobre la amenaza contra su vida. Ninguno de esos medios consignó tampoco que del escrache frente al hotel de Nueva York participaron los hijos de dos socios del estudio Martínez de Hoz, Grondona & otros, que desde 2002 litigan en el Ciadi contra la Argentina en representación de empresas extranjeras. Ni le asignaron más que unas líneas a la presencia en Harvard para impulsar el cuestionario a Cristina de la Fuerza de Tareas Argentina (ése es su nombre real) creada por los fondos buitre, que pretenden cobrarle al país 100 dólares más intereses por cada título de deuda que compraron por monedas luego de la moratoria de 2002. También minimizaron el rol en la preparación de las preguntas del funcionario del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Maquieyra. Clarín sólo lo nombró para afirmar que partidarios del gobierno “lo demonizaron” en Facebook y Twitter y ninguno informó sobre su rol en la instalación de la carpa verde que las patronales agropecuarias plantaron frente al Congreso mientras se discutían las retenciones en 2008 y en la oposición a la recuperación del sistema provisional que el menemismo había entregado a los bancos. Nada de esto lo inhibe de preguntar y opinar, cosa que hizo con la misma libertad de la que gozan todos quienes detestan a este gobierno que otros valoramos. Pero agraviarse por las frontales respuestas de CFK y su decisión de defender con todos los argumentos posibles tanto las buenas como las malas políticas de su gobierno, mientras se ocultan estos datos y se trivializa la circulación de un afiche aún más sórdido que el histórico “Viva el Cáncer” (que celebró la muerte de Evita pero no invitó a causarla), es una burda incongruencia, propia de lo que Sebastián Etchemendy (politólogo de la Universidad de San Andrés, cuya idea de excelencia se inspira antes en Harvard que en el conurbano) caracterizó como el progresismo liberal y/o el institucionalismo vacío. Lo menos que puede decirse es que el nombre de La Matanza ha sido invocado en vano o en el debate equivocado.
Página 12

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Macri cedió gratis el Parque de la Ciudad para el festival Rock in Rio ( Y los subtes, las viviendas, los hospitales, las escuelas?)

19.07.2012 | Una empresa dispondrá de 160 mil metros cuadrados sin pagar un peso, durante cinco meses, en 2013, 2015 y 2017
Macri cedió gratis el Parque de la Ciudad para el festival Rock in Rio
Según el convenio al que accedió Tiempo Argentino, el gobierno porteño deberá hacerse cargo también de la adecuación de la infraestructura y de todos los servicios. Además, se encargará de costear la publicidad del evento.

Por:
Boyanovsky Bazán

El gobierno de Mauricio Macri cederá en forma totalmente gratuita el uso del Parque de la Ciudad, que pertenece al Estado porteño, a la empresa que realizará la versión local del festival Rock in Río 2013, y además, pondrá a disposición los recursos oficiales para adecuar las instalaciones del parque público y promover el exitoso evento multimillonario, que contrata artistas internacionales de primer nivel y convoca a cientos de miles de personas que pagan su entrada.
Así lo establece el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Dream Factory Comunicaçao e Eventos LTDA (organizadora de Rock in Rio), celebrado el 20 de abril pasado, al que accedió Tiempo Argentino. En su cláusula segunda, el texto especifica que “quedan definidas como las obligaciones a cargo y por cuenta del gobierno de la Ciudad para la realización del evento: poner a disposición de forma gratuita, un área mínima de 160 mil m2 en el Parque de la Ciudad, que se denominará, durante la realización de los eventos, ‘Ciudad del Rock–Buenos Aires’, (…) durante un período mínimo que se extenderá a 120 días antes de la realización del evento en sus tres ediciones y hasta 30 días después”. También “adecuar el área puesta a disposición a sus expensas, a través de la construcción y/o adecuación a la infraestructura necesaria para recibir las estructuras temporales, tales como el escenario principal y demás componentes arquitectónicos, además de cerrar y vallar el recinto teniendo acceso restrictivo y controlado por la organización del evento”.
El acuerdo fue firmado por los ministros de Cultura, Hernán Lombardi; de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera y el brasileño Roberto Medina, presidente Dream Factory, y obliga también a la Ciudad a “proveer de una red de servicios necesarios para atender las necesidades logísticas del evento” que se realizará en octubre del año próximo. El estado porteño deberá proveer de personal, transporte, seguridad, bomberos y médicos para el montaje del recital y todos los servicios necesarios para asistencia del público “a cuenta y cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. El estado porteño también se hará cargo de la publicidad del evento, con la cesión de cinco espacios privilegiados y la instalación de cinco guitarras “de 10 metros, con paneles electrónicos”.
El gobierno macrista fundamenta que “Rock in Rio se constituye notoriamente como el mayor festival de música del mundo” y que “promueve un relevante impacto directo e indirecto en los servicios relacionados con el turismo, hotelería y demás áreas de servicios adyacentes”. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura no había respondido la consulta de este diario.
El show, que prevé convocar a 100 mil espectadores, se instalaría en los sectores “Fantasía” y “Futuro”. Allí permanecen las estructuras de, al menos, 15 juegos inactivos. Entre ellos, la montaña rusa “Vertigorama”, la de mayor tamaño. La Asociación Argentina de Amigos de los Parques de Diversiones, un grupo de ingenieros, arquitectos y simples ciudadanos interesados en la conservación de este predio ubicado en el barrio de Villa Soldati, consideraron que la “adecuación” de esos sectores implicaría el vallado o desmonte de esas estructuras, lo cual implica una inversión millonaria, “más costosa que volver a poner los juegos en marcha”. El presidente de esa organización, Germán De Bernardi, estimó que sólo para desmantelar “Vertigorama” se requieren “no menos de dos millones de dólares”. De Bernardi puso en duda, también, la seguridad del eventual público en ese sector donde hay “pozos, cables o estructuras sin mantenimiento”.
La AAAPD había solicitado al gobierno información acerca del convenio. “Pedimos estudios de impacto ambiental y aclaraciones sobre qué se piensa hacer, ya que este es un bien del Estado y no se puede celebrar un contrato con un privado sin pasar por el acuerdo de la Legislatura”, observó De Bernardi. “Ellos tienen potestad para administrar los bienes públicos, no para disponer de ellos”, advirtió. La asociación estudia la posibilidad de presentar una acción legal.

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