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Argentina – Cinco meses sin una ley opositora

Más división que acuerdo

Publicado el 7 de Agosto de 2010

Por Alberto Dearriba Periodista.
En tren de sospechar libremente, uno puede suponer que, si a los que votan contra las corporaciones los estimula el gobierno, los que lo hacen a favor son beneficiados por los intereses más concentrados.

Tras cinco meses de sesiones ordinarias en el Congreso sin que el Grupo A consiga sancionar ley alguna, espadas de la oposición descubrieron con ayuda de los medios más concentrados que los integrantes de la Cámara Alta están en situación de remate y se venden al mejor postor. La primera piedra fue lanzada por el ex oficialista Felipe Solá, quien aseguró que el gobierno sale de shopping para torcer voluntades. Su humorada –que empaña al cuerpo en su conjunto sin precisar un caso concreto– es tan ofensiva como la que podrían haber proferido los legisladores oficialistas cuando el propio Solá votó contra la resolución 125 en la Cámara Baja, pese a integrar entonces la bancada oficialista.
En tren de sospechar libremente, uno puede suponer que si a los que votan contra las corporaciones los estimula el gobierno, los que lo hacen a favor son beneficiados por los intereses más concentrados. Salvo que exista un doble estándar para juzgar la moral de los legisladores: cuando votan a favor de proyectos oficialistas son corruptos y cuando lo hacen en contra, son paladines de la democracia.
Más de una docena de diputados que llegaron a sus bancas en las boletas del Frente para la Victoria votan sistemáticamente contra el gobierno en la Cámara Baja, sin que los medios echen sospechas sobre ellos. Un puñado de senadores arribados de la misma forma a la Cámara Alta apoyan los proyectos opositores. El vicepresidente de la Nación gozó durante más de un año de la categoría de principal opositor luego de aquella madrugada célebre que lo convirtió en un héroe republicano al votar contra el gobierno que todavía integra formalmente.
Pero ni Solá, ni Cobos, ni sus pares que se pasaron a la oposición son corruptos por haber votado en favor de los sojeros, sino que decidieron priorizaron sus vínculos con los intereses agroexportadores antes que continuar junto al gobierno.
No se trata aquí de ocultar ningún posible chanchullo en una casa que quedó manchada a partir de la sanción de la “Ley Banelco”, en la que la justicia detectó sobornos a los legisladores para que aprobaran una ley que flexibilizaba normas laborales, con lo cual se favorecía a las empresas. Pero no parece justo que la santafesina Roxana Latorre se convierta en la peor del colegio cuando decide no votar el proyecto opositor que impulsa el 82% móvil para las jubilaciones, porque considera que se tata de una movida demagógica. ¿A cuento de qué el senador Emilio Rached viene a contar ahora que el gobierno lo apretó cuando se votó la 125? Es poco creíble que el Senado sea una cloaca cuando la oposición no puede imponer su voluntad, y un faro institucional cuando sepulta un proyecto oficialista.
Sería más propio pensar que si bien el kirchnerismo perdió las elecciones de junio del año pasado al ver reducido su número de legisladores, las cuentas tampoco son tan favorables al conglomerado opositor, en el cual además andan a los codazos por las candidaturas presidenciales.
El heterogéneo Grupo A puede mantenerse unido cuando apunta con un proyecto a limar el poder del kirchnerismo, pero no logra coincidencias cuando debe decidir quién paga el pato de los proyectos que imagina. Están todos de acuerdo con aumentar las jubilaciones, pero sólo los diputados de centroizquierda proponen que la medida sea financiada con un aumento en los aportes patronales, que reponga el nivel que tenían antes que Domingo Cavallo los podara. Distribuir recursos es siempre popular. Cristina Fernández lo graficó al señalar que no sólo estaba de acuerdo con el 82%, sino con el 100%. Pero establecer cargas para solventar el beneficio pone de mal humor a quienes deben pagarlas. Impulsemos entonces lo que junta votos y no lo que provoca mal humor, parecen haber acordado los legisladores del centro a la derecha
Las contradicciones internas del Grupo A también aparecen claramente en el intento por rebajar las retenciones a las exportaciones de soja. La conductora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apoya férreamente la postura de la Sociedad Rural que propone mantener sólo las de la soja en un 25%. Carrió describió una parábola que la llevó desde posiciones de centroizquierda en sus comienzos, a defender a capa y espada una renta extraordinaria. Está claro el giro a la derecha de sus propuestas políticas. Pero nadie tiene derecho a echar la honra de la chaqueña a los perros por este cambio. Se trata de una opción acorde con sus reales convicciones, que evidentemente no eran aquellas de sus comienzos. Los socialistas en cambio parecen más consecuentes en este aspecto con sus planteos históricos, ya que coinciden con la Federación Agraria en segmentar las retenciones. Y también los radicales son congruentes con sus vaivenes históricos, ya que no consiguen unificar una postura en el bloque que cuenta con la mayor cantidad de agrodiputados de entidades distintas.
Peronistas de derecha, macristas, radicales y lilitos, son capaces de rendirse juntos como lo hicieron la semana pasada ante la corporación sojera en la Sociedad Rural, o esta semana en la comida con el titular del grupo mediático más concentrado. Pero no se ponen de acuerdo para sancionar una ley. Pueden encontrar una brecha ahora con el proyecto para modificar al Indec, que tal vez sea el primero que atraviese los gruesos muros del Congreso. Les resulta más fácil unirse cuando se trata de limar al gobierno, pero estallan cuando deben apostar a intereses económicos en pugna.
Ante estas dificultades, lanzaron una campaña de sospechas generalizadas sobre la Cámara Alta que los medios que expresan el poder amplificaron. Intentan encubrir la incapacidad política de la oposición, o la aritmética parlamentaria desfavorable, para señalar, en cambio, al dinero corruptor del gobierno como freno de sus aspiraciones. Desesperados por la imposibilidad de derrotar al oficialismo y así cumplir con el sector de la sociedad que siente un odio visceral hacia el kirchnerismo, escupen peligrosamente hacia arriba. Utilizan la estrategia de los directores técnicos de fútbol, que antes de los partidos siembran sospechas sobre la honra de los árbitros con el fin de condicionar sus fallos. Se suman a peligrosas posturas antipolíticas, que apuntan a explicar todo por la vía fácil del soborno, sin tener en cuenta la ideología, el alineamiento partidario y los intereses concretos de los jugadores. Carlos Reutemann no votó contra la 125 porque lo sobornaron, sino porque es un conservador convencido, con intereses personales que se ven perjudicados por las retenciones. Cobos vio la posibilidad de dejar de ser el tipo que tocaba sólo la campanita y se tiró políticamente a la pileta. A Solá no le pagó Monsanto, sino que responde al sector con el cual tejió buena parte de su carrera política durante el menemismo. Culpar de todo a la billetera gubernamental –confundiendo el juego habitual de la política con la coima que engrosa fortunas personales– no hace más que esconder las propias limitaciones y debilitar al sistema democrático en su conjunto.
Los legisladores opositores invirtieron cinco meses intentando denunciar sin éxito supuestas violaciones constitucionales, sin resultados concretos ni mejoras en las encuestas. Dijeron que usar reservas para pagar deuda desataría sobre la economía las siete plagas de Egipto. Pero se pagó prácticamente todo el Fondo de Desendeudamiento completo y la economía sigue creciendo.
A partir de septiembre –mientras continúan ingresando los dólares de la cosecha récord– se volcarán al consumo más de 1400 millones de pesos por mes, por efecto de los aumentos en las jubilaciones y en las asignaciones por hijo (universal, familiar y discapacitado). No es que los jubilados vayan a bailar en una pata por el incremento de casi el 17% que tendrán sus escasos haberes desde septiembre; ni que los padres de los chicos vayan a tirar manteca al techo por el nuevo nivel de las asignaciones. Tampoco cambiará substancialmente la vida de quienes perciben el salario mínimo que era de 1500 pesos y no podrá ser menor a 1740 desde este mes y de 1840 pesos desde enero. Pero queda en claro que fue el kirchnerismo el que sacó los haberes previsionales del congelamiento, puso a funcionar el Consejo del Salario Mínimo y convocó a las negociaciones colectivas que establecieron aumentos promedio del 25%. Frente a estas módicas mejoras, están las increíbles propuestas de alcanzar mañana mismo el anhelado objetivo del 82% móvil, sin contrapartida fiscal alguna. Lo plantean quienes congelaron, privatizaron y recortaron los haberes. Los que creyeron que la crisis se salvaba con más ajuste, en vez de apostar a un mercado interno más generoso. Los que creen que la inversión social es una dádiva propia del detestable populismo.    <

Tiempo Argentino

07/08/2010 - Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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