America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

AGUJEROS ETICOS – BERNARDO KLIKSBERG



Agujeros éticos

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Por Bernardo Kliksberg *
“La codicia desenfrenada” en acción

La economía mundial sigue sumida en la crisis. Uno de sus motores, la Euroárea, tendrá en 2013 una caída del Producto Bruto del 0,6 por ciento. No es de extrañar cuando las políticas neoliberales ortodoxas siguen siendo activamente impulsadas a pesar de sus fracasos, cuando siguen operando factores como la “especulación salvaje”, que produjo la aguda crisis de la economía americana en el 2008/2009, y hay nuevos desarrollos regresivos como el llamado “evitamiento” de impuestos por algunas de las mayores multinacionales.

Está casi indemne una cultura corporativa que Obama llamó “la codicia desenfrenada”.

Algunas muestras. La fiscalía del distrito sur de Nueva York está acusando criminalmente a uno de los mayores fondos financieros, SAC Capital, por haber permitido un fraude de “cientos de millones de dólares que habría sido generalizado a una escala sin precedentes en la industria de los fondos de alto riesgo”. Ocho operadores de alto rango del fondo usaron datos confidenciales, violando las leyes, para realizar operaciones en Bolsa obteniendo beneficios ilícitos.

Su dueño, integrante conspicuo del 1 por ciento más rico que acapara más del 45 por ciento del PBI mundial, compró el año pasado un cuadro por el que pagó 120 millones de dólares para adornar las paredes de su casa.

No es un caso aislado. Una encuesta a 250 operadores de alto nivel de decenas de compañías financieras (The New Yok Times, 16/7/13) plantea difíciles interrogantes. Se les preguntó si “se involucraría en el manejo ilegal de información confidencial si pudiera ganar 10 millones de dólares y no lo descubrieran”. El 24 por ciento contestó afirmativamente. La cifra es peor todavía en “las nuevas generaciones”. Entre los que tenían menos de 10 años de antigüedad, el 38 por ciento contestó que lo haría.

El 17 por ciento afirmó respecto de los jefes de las organizaciones que “esperaban que los líderes miraran para otro lado, si sospechaban que alguien con una alta performance estaba involucrado en el uso de información confidencial”. Un 15 por ciento opinaba que “dudaba de que si los líderes se enteraban de delitos cometidos por operadores de alto desempeño, los reportarían a las autoridades”.

Sobre las causas de esos gruesos vacíos éticos, el 26 por ciento “creía que los planes de compensación y las estructuras de bonos aplicados en sus empresas incentivaban a los empleados a comprometer los standards éticos, o violar la ley”.

Evadiendo impuestos

A la codicia sin límites se suma la política consistente de algunas de las grandes trasnacionales de “evitamiento de impuestos”, aprovechando al máximo las brechas legales en la globalización y montando para ello sofisticadas estrategias. Dados los altísimos niveles de concentración económica actual, los prejuicios para los Estados son de enorme magnitud. Se estima que menos de 1000 empresas tienen actualmente el 50 por ciento de las acciones de las Bolsas del mundo.

Las grandes empresas pagaban en EE.UU., en 1950, el 30 por ciento de los ingresos fiscales, actualmente sólo pagan el 9 por ciento de la recaudación fiscal.

Se menciona con frecuencia el caso de Starbucks que, con 700 locales en Gran Bretaña, tuvo un monto de ventas de 630 millones de dólares en 2012 y no pagó ningún impuesto. Entre las maniobras usuales está declarar las utilidades en paraísos fiscales y no en los lugares donde está su mayor actividad, utilizar precios de transferencia entre las subsidiarias que minimizen impuestos, cobrar elevados derechos de propiedad intelectual al interior de los conglomerados. Reuters encontró que el 75 por ciento de las principales empresas de tecnología de EE.UU. pagan sus impuestos en lugares de baja tributación, diferentes de donde venden sus productos (The Economist, 27/7/13).

Ante los graves impactos presupuestarios, los G-20 aprobaron en su reciente reunión (20/7/13) un plan de 15 principios fiscales nuevos para las grandes multinacionales.

El secretario general de la OECD, Angel Gurría, afirmó que “es una cuestión de justicia y juego limpio”.

También lo es el irrefrenable ascenso de la brecha entre los CEO y los demás. En EE.UU., a pesar de la crisis, en 2012, los 200 máximos ejecutivos de empresas con más de 1000 millones de dólares en ingresos subieron sus remuneraciones en un 16 por ciento respecto de 2011. Ganaron en promedio 15,1 millones de dólares por año. Los millones de trabajadores del fast food ganan 9 dólares por hora promedio, 18.000 dólares por año. Por primera vez acaban de realizar una huelga, exigiendo que les suban sus misérrimos salarios y poder formar sindicatos.

Hay otros caminos posibles

Mientras que las recetas ortodoxas y “la codicia desenfrenada” siguen haciendo estragos, en el sur se está mostrando que puede haber caminos diferentes. En países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y otros, el desempleo es la mitad del europeo y no ha crecido por las políticas anticíclicas. Las inversiones en educación y salud superan el 5 por ciento del producto bruto. En la Argentina se pasó de 6 vacunas por niño en 2003 a 16 vacunas en la actualidad. Las políticas de salud, la expansión del agua potable y de las cloacas llevaron a que la mortalidad infantil retrocediera de 25 por mil en 2001, a 13 por mil en el 2010. Inversiones de gran magnitud en obras públicas acompañaron políticas sociales agresivas y el fomento a las pymes. Desde 2003, en Argentina se construyeron 1745 escuelas y jardines y 744.000 viviendas.

Un puntal de los modelos de crecimiento con inclusión del sur es mejorar la equidad. Los aumentos del salario real, los grandes programas de transferencia como Asignación Universal o Bolsa Familia y los esfuerzos por achicar desigualdades llevaron a que desde 2002, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad se redujera en un 15 por ciento en la Argentina y en un 12 en Brasil. Las clases medias se ampliaron más que en ningún otro lugar del mundo, según la ONU, en Argentina, Brasil y Uruguay. Entre otros indicadores, en Argentina se duplicó el consumo de energía per cápita entre 2003 y 2013. En el centro del nuevo desarrollo se hallan vigorosas políticas públicas, con énfasis en lo social, y un Estado activo que pone límites a las culturas de “codicia desenfrenada”.

Falta mucho, hay desafíos de inclusión muy importantes pendientes, pero encuestas recientes testimonian la visión optimista predominante en los jóvenes del sur. Surge que son actores cada vez más participativos en la construcción de economías con rostro humano.

* Termina de aparecer, en Argentina y Perú, la nueva obra del autor, Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad. Una perspectiva internacional (Edición argentina, Ministerio de Educación, Unesco, edición peruana, Universidad Ricardo Palma).
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01/08/2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Deja un comentario

MAURICIO MACRI – LA JUSTICIA RECHAZO SU APELACION Y CONFIRMO QUE HAY QUE INVESTIGARLO POR EL DESALOJO VIOLENTO DE PERSONAS SIN TECHO


LA JUSTICIA RECHAZO SU APELACION Y CONFIRMO QUE HAY QUE INVESTIGARLO POR EL DESALOJO VIOLENTO DE PERSONAS SIN TECHO
Macri cosecha lo que sembró con la UCEP
La Cámara de Casación rechazó el recurso de sus abogados. Por lo tanto, el jefe de Gobierno debe ser investigado por “coacción agravada y abuso de autoridad”, por crear una fuerza de choque para el desalojo de indigentes de la vía pública.

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Por Eduardo Videla
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere despegarse de la causa en la que se investigan los ataques contra personas en situación de calle cometidos por la UCEP, pero no puede. Ayer la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja presentado por el jefe del PRO y confirmó que debe seguir imputado en la causa. En consecuencia, Macri debe ser investigado por los delitos de “coacción agravada y abuso de autoridad en diecisiete hechos cometidos por el organismo de penosa fama que él creó: la ex Unidad de Control del Espacio Público. El jefe de Gobierno ya está procesado por asociación ilícita en otra causa, por el espionaje ilegal a ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri está involucrado en la causa por haber firmado el decreto de creación del organismo, cuya misión era “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”. Para persuadir mejor a las personas en situación de calle, los agentes de la UCEP desarrollaban su actividad entre las 23 y las 6 de la madrugada, cuando la gente dormía. Entonces los desalojaban bajo amenazas y agresiones y luego tiraban sus pertenencias a un camión compactador. Pero no sólo firmó el decreto sino que habría solicitado alguno de los procedimientos, según documentación que obra en la causa.

Macri había sido sobreseído en diciembre de 2011 por la jueza a cargo de la causa, María Fontbona de Pombo, pero la Sala I de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento, en abril de 2012, por lo que el jefe de Gobierno volvió a ser investigado por su responsabilidad en los hechos denunciados.

Los abogados del jefe de Gobierno, Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez, fueron en queja ante la Cámara de Casación. El tribunal se expidió el 11 de julio, último día antes de la feria judicial, aunque la resolución se conoció ayer. En el fallo, la Sala II de la Cámara, presidida por Alejandro Slokar e integrada por Angela Ledesma y Mariano Borinsky, resolvió rechazar el recurso presentado por los defensores.

Los jueces resolvieron por unanimidad no hacer lugar a la demanda argumentando que “el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y los agravios del impugnante sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.

Los camaristas recuerdan que Macri había sido indagado en la causa por “haber dispuesto, con la colaboración del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, la conformación de una repartición pública cuyo objeto era desocupar los lugares públicos –calles, plazas, bajos de autopistas– de personas en situación de calle que pernoctaban allí, en numerosos casos mediante la utilización de prácticas contrarias a la ley, al dictar el 21 de octubre de 2008 el decreto 1232/08, cuyas previsiones resultan contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, a la Constitución nacional y a la Constitución de la Ciudad”. También le reprochan “no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo.”

El abogado Adrián Albor, patrocinante de dos de las víctimas, advirtió sobre el “llamativo” sobreseimiento que la jueza Fontbona de Pombo dictó en favor de Macri cuando ella estaba subrogando al juez a cargo de la causa, Roberto Murature, luego destituido. Albor fue el único que apeló esa medida –el fiscal no lo hizo– y la Cámara de Apelaciones le dio la razón, declarando nulo el sobreseimiento. “Eso implicó que quedaran en pie los diecisiete hechos denunciados y no solamente los dos que yo patrocinaba”, dijo a Página/12.

La decisión de los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch, en abril de 2012, fue unánime. Para ellos, el sobreseimiento se había adoptado sin que se hubieran hecho investigaciones suficientes. El propio Barbarosch recordó que entre las pruebas reunidas en la causa se encontraron planillas de la UCEP con pedidos de procedimientos y sus resultados, en uno de los cuales figuraba Macri –entre otros altos funcionarios porteños– como solicitante del operativo (ver aparte).

En tanto, los camaristas Rimondi y Bunge Campos opinaron que debía investigarse el accionar del jefe de Gobierno más allá de la firma del decreto de creación de la UCEP, el 1º de septiembre de 2008, ya que seis meses después, cuando ya la Defensoría del Pueblo porteña había emitido cuatro resoluciones denunciando los atropellos de esa fuerza de choque Macri ratificó el funcionamiento del organismo con un nuevo decreto, el 145/2009, firmado el 2 de marzo de ese año. Mediante esa norma se limitó a desplazar al jefe de la UCEP, Fabián Rodríguez Simón. Pero los desalojos violentos continuaron hasta 18 de noviembre de 2009, cuando Macri disolvió el organismo. Un mes antes, la Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría oficial le había reclamado a Macri esa medida.

Al prestar declaración indagatoria mediante un escrito, el jefe de Gobierno deslindó responsabilidades en su ministro Piccardo, de quien dependía la UCEP como organismo descentralizado. “Pero Macri no podía desconocer los hechos denunciados porque no ocurrieron un solo día”, cuestionó Albor. “Además, si Piccardo lo hubiera engañado, no lo hubiera puesto al frente de Subterráneos de Buenos Aires.” Otro que se recicló fue Jorge Polini, ex director de Ordenamiento del Espacio Público y jefe de la UCEP: recientemente fue designado asesor de Piccardo en Sbase.

El jefe de Gobierno no es el único imputado en la causa. Lo acompañan Piccardo y unos treinta agentes de la patota. Todos están con “falta de mérito”, lo que significa que siguen vinculados con la causa y deben ser investigados. La causa lleva más de un año y medio paralizada.

Las víctimas patrocinadas por Albor son Carla Baptista –una mujer que estaba embarazada y fue sometida a manoseos por parte de los integrantes del grupo de choque– y Graciela Cisneros. Ambas fueron desalojadas violentamente del espacio que ocupaban en la calle Pasco, debajo de la autopista 25 de Mayo, en octubre de 2009. Otro de los afectados es Angel Cánepa, a quien el 7 de octubre de 2008, entre 15 y 20 personas de la UCEP le patearon la casilla que había armado bajo la autopista y lo amenazaron con cortarle el cuello si no se iba en 48 horas.

Aunque en los papeles la UCEP fue disuelta en noviembre de 2009, diversas denuncias dieron cuenta del accionar de una fuerza residual después de esa fecha. En un allanamiento a oficinas del Edificio del Plata, el juez Roberto Andrés Gallardo halló indicios que daban cuenta de la continuidad de ese grupo de tareas en diciembre de ese mismo año. Lo hizo ante denuncias por el desalojo violento de una persona en situación de calle por personas que llevaban remeras de la UCEP formuladas por estudiantes y por cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Los tiempos cambiaron y también los procedimientos. “Ahora está la Policía Metropolitana, que todas las mañanas despierta a los indigentes que duermen en las plazoletas de la 9 de Julio”, dijo el abogado Albor. El 8 de julio último, una cuadrilla del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el apoyo de un camión compactador de la empresa Cliba, procedió a cercar con cintas el área ocupada por una persona indigente, en Saavedra 50, en el barrio de Balvanera, y después de despertar al ocupante arrojaron sus pertenencias en el compactador. En la escena –de la cual fue testigo este cronista– no había personal de Buenos Aires Presente, el servicio de asistencia a las personas sin techo.

01/08/2013 Posted by | General, Justicia, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Solidaridad, Uncategorized | , , , | Deja un comentario

LAS MULTIPLES CAUSAS EN LAS QUE ESTA INVOLUCRADO MAURICIO MACRI


LAS MULTIPLES CAUSAS EN LAS QUE ESTA INVOLUCRADO MAURICIO MACRI
A maltraer con la Justicia
El jefe de Gobierno porteño está procesado como integrante de una asociación ilícita por espionaje. También es investigado por haber revelado cuándo y dónde se iba a realizar un aborto no punible y por la represión en el Borda.

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Por Irina Hauser
Mauricio Macri tiene varias cuentas pendientes con la Justicia, en algunos casos más escandalosas de lo que públicamente ha quedado en evidencia a través de los medios de comunicación, cíclicamente con campañas electorales de fondo. El jefe de Gobierno porteño está procesado como integrante de una asociación ilícita que hacía espionaje telefónico desde el ámbito de su administración y de la Policía Metropolitana, y que tuvo entre las víctimas a su propio cuñado, Daniel Leonardo, así como al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein. Tuvo suerte hasta ahora, porque gracias a la burocracia judicial todavía su caso no entró en la etapa de juicio oral. Además del expediente por el accionar de la UCEP (ver aparte), también es investigado por haber revelado cuándo y dónde se iba a realizar un aborto no punible a una mujer violada y está implicado en el expediente sobre la represión en el Hospital Borda. Fue denunciado, a la vez, por incumplir 29 fallos sobre derechos sociales y económicos para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.

La historia de las escuchas estalló en octubre de 2009, justo cuando estaba en plena conformación la Policía Metropolitana, con Jorge “Fino” Palacios –el comisario de histórica confianza de Macri– a la cabeza. Todo empezó cuando Burstein recibió un llamado anónimo en su casa, que atendió su hija, a quien le dijeron: “A tu papá lo está escuchando el Fino Palacios”. Después de que Burstein hizo la denuncia, que le tocó al juez Norberto Oyarbide, quedó en evidencia una trama asombrosa: tanto él como otras personas tenían sus teléfonos pinchados con órdenes judiciales emitidas desde dos juzgados de Misiones que los vinculaban con causas penales hasta por homicidio con las que no tenían absolutamente nada que ver. Con esas órdenes la Secretaría de Inteligencia (SI) realizaba las escuchas. El patrón común, además de que los pedidos de pinchadura venían de Posadas, era un personaje: el ex policía y espía Ciro James, que retiraba las grabaciones de la ex SIDE y sistemáticamente, antes y/o después, se comunicaba con Palacios.

Dos de las víctimas de las escuchas tenían alguna relación con Macri: Burstein porque había sido un ferviente opositor a la designación de Palacios en la Policía Metropolitana debido a su papel en el encubrimiento del atentado a la AMIA, por lo que fue procesado; y por otro lado había sido intervenido con la misma mecánica el celular del cuñado del jefe de Gobierno, el parapsicólogo Daniel Leonardo, casado con Sandra Macri. El espía James y Palacios se conocían desde muchos años antes, de la Policía Federal. El joven quería ingresar a la Metropolitana. Pero desde el año anterior a su fundación, ya tenía un contrato como asesor legal del Ministerio de Educación porteño por 6 mil pesos, que se inició en 2008, por la misma época en que escuchaban las conversaciones de Leonardo. Sin embargo, no hay ningún trabajo suyo documentado en esa función de abogado, sólo escuchas telefónicas.

La investigación penal llegó a determinar que con la misma metodología y siempre con colaboración de policías y funcionarios judiciales misioneros habían sido escuchados el abogado Francisco Castex, el empresario televisivo Carlos Avila, su yerno Federico Infante (directivo de TyC Sports), dos ejecutivos de supermercados Coto y Jorge Navarro (hermano de Juan Navarro, del Exxel Group), entre otros. La Sala I de la Cámara Federal llegó a responsabilizar a Macri en una de sus resoluciones del “armado” de una “estructura de inteligencia subterránea” “prohibida por la ley”. El líder de PRO, decía el tribunal, se habría encargado de “asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”, además de que afirmaba que “sabía y participó” de las pinchaduras a Leonardo y Burstein.

Una vez que Oyarbide dio por terminada la investigación, a mediados del año pasado, quedaron en condiciones de ir a juicio Macri, James, Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, un secretario judicial, un grupo de policías misioneros y el ex juez José Luis Rey, destituido por estos hechos. El otro juez procesado, Horacio Gallardo, falleció en plena causa. El ministro de Justicia porteño quedó desvinculado del caso. Recientemente se sumó el número dos de Palacios, con quien compartía oficina en una consultora, Osvaldo Chamorro. La mayoría de las imputaciones son por asociación ilícita, violación de secretos y de la privacidad y falsedad ideológica.

La mayor demora en el trámite de la causa se debió a que el procesamiento de Macri estuvo bajo revisión de la Cámara de Casación Penal durante dos años, a pesar de que ese tribunal revisa procesamientos solo en casos excepcionales. En éste, se tomó todo este tiempo para dejarlo firme. Entretanto, Macri fue reelecto jefe de Gobierno. Este año la Cámara Federal rechazó todos los planteos de los imputados que quedaban pendientes, la fiscalía y las querellas pidieron llevar el caso a juicio oral. Hace algunos días el juzgado –en el que Oyarbide subrogaba y quedó a cargo de Sebastián Casanello– terminó de tramitar todas las impugnaciones de las partes contra esa elevación a juicio, que ahora sí se supone que será el próximo paso. Es difícil, de todos modos, imaginar a Macri y compañía en el banquillo hasta dentro de varios meses.

Mientras tanto, contra el jefe de Gobierno se abrieron y se cerraron causas. En marzo la Cámara del Crimen dispuso que se lo investigue por haber revelado el hospital público y la hora en que se practicaría en Capital un aborto no punible a una mujer que había sido violada y que era víctima de una red de trata, que quedó totalmente expuesta. El anuncio permitió que una organización llamada Pro Vida presentara un amparo para evitar la interrupción del embarazo, a lo que una jueza accedió. La Corte Suprema tuvo que intervenir rápidamente para autorizarlo. La denuncia penal, que apunta a Macri, a la ministra de Salud Graciela Reybaud, al ex director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, y la jueza Myriam Rustán de Estrada había sido archivada, pero el tribunal de alzada dispuso reabrirla. Una de las imputaciones es violación a la ley de datos personales. También incumplimiento de deberes.

Otras causas, como la de la campaña contra Daniel Filmus dos años atrás, que se basaba en una encuesta telefónica trucha con datos falsos sobre su padre, rozaron al jefe de Gobierno, que no quedó directamente implicado. Esa causa puntual, que afecta a Jaime Durán Barba, quedó empantanada desde que está en la justicia porteña.

El año pasado quedó cerrada una causa contra Macri por irregularidades en la licitación para la explotación del llamado mobiliario urbano. También fue archivada una pesquisa por supuestos sobreprecios en las bicisendas.

Pero este año, en abril, a raíz de la represión en el Hospital Borda que la Policía Metropolitana desplegó para desalojar el taller protegido 19, Macri volvió a ser denunciando. El violento operativo, sin orden judicial, pretendía facilitar la demolición del taller, a pesar de que estaba protegido por una medida cautelar. Por el accionar de cerca de 300 efectivos policiales sufrieron heridas severas cerca de medio centenar de personas. Tanto Macri como el ministro de Seguridad, Montenegro, el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, así como el jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, fueron alcanzados por varias denuncias penales por abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad. Los expedientes quedaron hace un tiempo concentrados en manos del juez Jorge López y el fiscal Eduardo Cubría.

A todo esto se suma que el gobierno porteño tiene como práctica sistemática, por la que Macri también tiene causas en trámite, la de incumplir sentencias judiciales especialmente en materia de salud, vivienda, educación y alimentación. En el área de salud son muchas las disposiciones judiciales ignoradas como las que disponen que el gobierno aporte equipamiento, infraestructura e insumos. Otras disposiciones judiciales reclaman respuesta al déficit habitacional y la culminación de obras en las villas 31 y 31 bis. La lista sigue, las investigaciones contra el líder de PRO aún tienen destino incierto.

01/08/2013 Posted by | General, Justicia, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , | 4 comentarios

20 CLAVES PARA ENTENDER EL ACUERDO YPF-CHEVRON.


b8acf2a8e4cbf6b64c4ae33922dc00ead10be51220 CLAVES PARA ENTENDER EL ACUERDO YPF-CHEVRON.

Este “tesoro energético” cubre una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y se extiende por cuatro provincias argentinas: Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa.
El acuerdo firmado entre la petrolera estatal nacional YPF y la norteamericana Chevron se sustenta en los siguientes beneficios y proyecciones para la exploración de un área clave en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales:

1) Otorga el derecho a exportar el 20% de la producción después de 5 años sin la tributación de derechos de exportación.

2) Esto implica un fuerte cambio respecto al régimen actual donde existen retenciones móviles desde el año 2007, las cuales fijan el precio percibido por el exportador en US$42 por barril exportado, modificado ese valor a partir de enero de 2013 en US$70 por barril.

3) Se busca aumentar la orientación al destino externo en el plazo de cinco años debido a la reducción de los saldos exportables actuales, como también otorgar una mayor disponibilidad de los recursos obtenidos por parte del concesionario.

4) Libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos, siempre que el proyecto aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos US$1.000 millones.

5) En los períodos en que la producción nacional no alcanzase a cubrir las necesidades de abastecimiento, los beneficiarios del régimen gozarán a partir del quinto año, del derecho a percepción del precio de exportación por la proporción susceptible de exportación definida en 20%.

6) El desarrollo total del área requerirá la perforación de más de 1.500 pozos adicionales para alcanzar, en 2017, una producción de 50.000 barriles de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural asociado por día.

7) El pacto implica un desembolso inicial de u$s1.240 millones por parte de la compañía norteamericana que permitirá el desarrollo de la primera fase en una zona de 20 km2.

En esa etapa se prevé perforar unos 100 pozos. Conjuntamente con lo ya desembolsado por YPF, este nuevo aporte suma una inversión total de US$1.500 millones en el piloto, donde ya hay 15 equipos de perforación y se extraen más de 10.000 barriles equivalentes de petróleo diarios.

9) Entrará en vigencia cuando sea refrendado por la provincia de Neuquén, donde se localiza gran parte del yacimiento, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

10) Chevron desembolsará los primeros US$300 millones una vez que las autoridades de Neuquén le otorguen la concesión de un área de 395 kilómetros cuadrados, donde está ubicada la zona en la que se desarrolla el piloto.

11) El reservorio tiene una superficie total de 30.000 km2, de los cuales la petrolera argentina controla 12.000 km2.

12) La zona a desarrollar podrá alcanzar una producción diaria que equivaldría a aproximadamente el 25 por ciento del crudo y el 10 por ciento del gas natural que actualmente produce YPF.

13) Por el lugar geográfico que ocupa la zona alcanzada por el acuerdo (395 km cuadrados) es apenas el 1,3 por ciento de la superficie total de Vaca Muerta (30 mil km cuadrados), de los cuales YPF tiene una participación equivalente al 40 por ciento (12 mil km cuadrados).

14) Es el primer emprendimiento exploratorio de gran magnitud que encara esta gestión de YPF, que nació en mayo de 2012 tras la expropiación de las acciones de Repsol.

15) Este “tesoro energético” cubre una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y se extiende por cuatro provincias argentinas: Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa.

16) En Vaca Muerta también están presentes las estadounidenses Apache, Exxon, Chevron y EOG, las canadienses Américas Petrogas, Azabache, Antrim Energy y Madalena Ventures, la local Gas y Petróleo de Neuquén, Pluspetrol y Tecpetrol, la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, la filial local de la brasileña Petrobras y Pan American Energy, de capitales británicos, argentinos y chinos.

17) Perforar un pozo, que debe llegar a profundidades de entre 2.500 y 3.000 metros para dar con esta formación originada en el jurásico superior, hace unos 130 millones de años, tiene actualmente un costo para YPF de 7,4 millones de dólares, pero el objetivo es reducirlo a 5,7 millones de dólares.

18) El desarrollo por parte de YPF de la producción de gas no convencional (“shale gas”) en Vaca Muerta es más incipiente: el primer pozo, el Orejano x2, se puso en marcha el año pasado y ya bombea gas al gasoducto del Pacífico, y la petrolera ya dio inicio a un plan para perforar otra veintena de pozos de “shale gas”.

19) De acuerdo con datos de YPF, Vaca Muerta, incluyendo sus áreas y las de otras petroleras, tendría un enorme potencial para la obtención de gas (117 trillones de pies cúbicos) y e importantes recursos de petróleo (40.000 millones de barriles), lo que significa multiplicar por diez las actuales reservas de Argentina.

20) Según estimaciones del sector, Vaca Muerta podría desarrollarse por completo en un período de diez años, pero con un esfuerzo inversor de 25.000 millones de dólares por año.

01/08/2013 Posted by | Ciencia y Tecnología, Economía, General, Industrias, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , | Deja un comentario