Por definición, los gerentes odian al Estado. Detestan la boiserie oscura, acartonada de los ministerios; los escritorios del primer peronismo, esos percheros de pie, aburridos y sin gracia, propios del Estado de Bienestar; el reloj de agujas grandes que los estatales escrutan con ansiedad. El Estado siempre fue su enemigo potencial. Recelan de él. Desconfían. Fue durante décadas su más fiel aliado, pero en los últimos 12 años demostró ser el único actor que podía ponerle un límite a la voracidad de las corporaciones.

Ahora, todo parece haber vuelto a la normalidad, esa racionalidad ajena a las “ideas foráneas al ser nacional” que gobernaron el país en los últimos años, aunque con una novedad: al gobierno deben gerenciarlo las corporaciones por sus propios medios. In situ.

No ya a través de serviles políticos, contratados al tanto por ciento, que llegaron al extremo de travestir identidades políticas populares. Ni siquiera mediante violentos militares, torpes en sus métodos, sino por ellos mismos. Los becados por Shell a estudiar en Australia, deben apolillarse detrás de un escritorio “por la patria”. Ese rasgo de estas dos semanas de gira mágica y misteriosa de la derecha constituye, sin embargo, un logro relativo. Tanta honestidad brutal del capital es una consecuencia de la década que fuimos felices. Quizás, el inmediato correlato a un formato de democracia inédito en nuestra cultura, signado por la puesta en valor de la política, el regreso de la juventud a ella, y la ponderación de la militancia. “No fue magia”, dejó escrito en el aire Cristina; es “pueblo o patrones”, advierte, desde la más tierna inocencia el último ingenuo que quedaba en el país.

La derecha prescinde, incluso, de la debida publicidad oficial de sus actos de gobierno. “Mau” comunica su gestión en el living de Susana Giménez, o mientras almuerza en la #Mesaza de Mirtha Legrand. Curioso método de gobierno tratándose de una criatura política que arribó a la Rosada prometiendo mejorar la calidad de las instituciones. Si ve la infantería en la puerta de su trabajo, considérese despedido.

Así, Macri reactualiza al siglo XXI la doctrina de la seguridad nacional. ¿O intervenir la AFSCA de hecho, con el vallado policial, sin siquiera haberlo “legalizado” en el Boletín Oficial, no es el símil de los años 2000 a levantar gente en la noche, en autos sin patente? El verdadero objetivo, no obstante, es otro: para “sincerar la economía” hay que enfriarla y devolver a sus “legítimos dueños” los cuantiosos ingresos transferidos a los sectores populares durante la década ganada. Ese brutal ingreso de las variables económicas por el ojo de la cerradura del ajuste, no entra sin represión como en la Riccheri, sin DNU, sin apagón mediático y, esencialmente, sin disciplinamiento del Partido Judicial, que no debe mostrar un solo desaliño. La grosera intervención a la autoridad en materia audiovisual fue la respuesta a la cautelar contra los decretazos en la Corte; la represión a los obreros de Cresta Roja, la contraofensiva a la marcha por la ley de medios.

Justicia en Comisión, democracia en condicional

Ya lo dijo Cristina en su discurso de despedida: el Partido Judicial reemplaza al Partido Militar de antaño. La nueva dictadura del capital ya no es por las botas, sino a través de los medios y los fallos judiciales.

En La Nación del domingo, el flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, dictó el manual de instrucciones para arribar al gobierno de los patrones. El título de la entrevista exime de mayores comentarios: “Vamos a sacar muchas medidas por decreto.”

Según Garavano, es imprescindible contrarrestar cuanto antes la “sanción insana de leyes sin consenso” aprobadas por el kirchnerismo. Según el ministro, “los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos” y resulta “muy ingenuo” detenerse a criticar los mecanismos. La Constitución, que fue escrita para establecer mecanismos, ¿sería incrédula, entonces? Si las leyes votadas en el Congreso son “insanas”, ¿pueden ser los decretazos la salud de la República?

Una delgada línea (tan roja como el estrecho círculo que delimita los nombres de quienes ejercen el poder real en la Argentina) une el desprecio de la derecha por cualquier límite democrático. Ya lo dijo el añejo Galtieri a Bernardo Neustadt: “Las urnas están bien guardadas”; ya le puso nota Héctor Magnetto a la mayor investidura constitucional: “¿Presidente? Cargo menor”; ya calificó Garavano los mecanismos previstos por la Carta Magna, a la sazón el mayor acuerdo entre los argentinos: “Una ingenuidad”.

Cristina, con el 54 % de los votos y una capacidad fortísima de movilización popular, nunca creyó que los mecanismos de la Constitución fueran una ingenuidad, tanto que los medios de producción siguen siendo privados. De haberlo creído, el Procurador General de la Nación sería Daniel Reposo y no Alejandra Gils Carbó.

El ministro, además, notifica que próximamente traspasará las escuchas judiciales de la Procuración a la Corte Suprema, porque “es un mecanismo de producción de una prueba muy sensible, que hoy queda en manos de una de las partes en el proceso”.

Miente: si Lorenzetti manejara las escuchas estaría transgrediendo la ley, al tiempo que frustraría la decisión de convertir en acusatorio al sistema penal, como ya ocurre en varias provincias y países de América Latina. Además, esas sensibles pruebas también quedarían en manos de una de las partes del proceso, porque el único imparcial aquí no es la Corte, sino el Ministerio Público Fiscal, llamado por la Constitución a ser un extra poder, ajeno a vaivenes políticos y judiciales.

El ministro no lo reconocerá, pero ese es el verdadero objetivo de quitar del medio a la primera Procuradora del pueblo. “Nunca hablé de decreto para que salga Gils Carbó”, dice Garavano mientras anuncia alegremente que intervendrá sus facultades.
Lo que viene: la Justicia convertida en un opaco y férreo apéndice del poder real, manejada por espías de notoria connivencia con la inteligencia norteamericana. “Vamos juntos”…