America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

El Partido Judicial entró en operaciones – Roberto Caballero


El Partido Judicial entró en operaciones

Luego de la marcha del 18F, se acelera el uso por goteo de causas judiciales para asediar al gobierno nacional y a sus funcionarios. La confesión de Laura Alonso y las comparaciones odiosas del diario La Nación.
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Si el kirchnerismo no hubiera mantenido las mayorías parlamentarias en octubre de 2013, el Parlamento Nacional estaría discutiendo hoy la manera de llevar a juicio político a Cristina Kirchner, como confesó el miércoles 18F la diputada del PRO, Laura Alonso: “Soy de las personas que creen que hay que poner en estudio el pedido de juicio político contra el canciller y hay que poner en estudio la posibilidad de un pedido de juicio político contra la presidenta”, dijo el día de la marcha de los paraguas, quizá envalentonada por la cantidad de gente convocada.

La apertura del proceso destituyente en el Congreso del que habló Alonso, referente local de Vital Voices Global Partnership, ONG financiada por la Fundación Paul Singer, titular del litigante contra Argentina NML Capital Limited en el juzgado de Thomas Griesa, tiene destino de fracaso en el recinto legislativo, pero adquiere trámite sumarísimo en la tapa de los diarios hegemónicos y en los tribunales del Partido Judicial amotinado contra el gobierno.

A nadie escapa que el turbulento escenario abierto con la denuncia de Alberto Nisman, se vio todavía más alterado tras la muerte dudosa del fiscal, el 18 de enero. Desde entonces, tanto Alonso como su socia Patricia Bullrich, trataron de involucrar al gobierno en el hecho, abonando la tesis de un crimen de Estado que, según la evidencia recogida hasta el momento, se aleja un poco más cada día.

“Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática”.
La irrupción en escena de una testigo, Natalia Fernández, que dijo en el diario del Grupo Clarín SA lo que después rectificó prolijamente en el expediente que instruye bajo múltiples presiones la fiscal Viviana Fein, no fue obra del azar.

El objetivo, precisamente, fue desautorizar la pesquisa de Fein, que aún hoy está convencida de que no intervinieron terceras personas en el departamento de Le Parc; y en lo posible arrastrar el expediente al fuero federal con otra carátula, que extienda en el tiempo la idea del asesinato y el desgaste institucional que provoca.

Pero el abogado de Fernández, Sebastián Smoler, tocó timbre cuando lo mandaron a espiar: es el apoderado, desde 2012, del partido “Unión por Todos”, el de Bullrich, socia del macrismo.

En su momento, Smoler fue el redactor de la acción de amparo que la propia Bullrich presentó contra el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para democratizar la justicia, punto de inicio de la rebelión judicial.

La mesera Fernández figura en el padrón con domicilio en Venezuela 628, en Monserrat, donde tiene sede un local del PRO
Smoler, el abogado de Bullrich y de la testigo que se desinfló (y se desinfló en serio, porque Clarín, luego de haber hecho una tapa con sus supuestas revelaciones, no publicó absolutamente nada el viernes 20, cuando se supo que ella las había rectificado, y recién lo hizo ayer en su página13), es el mismo que estampó su firma debajo de aquella presentación. Y el que, desde su Twitter, ataca seguido a la presidenta, a quien llamó “imbécil” cuando se torció el tobillo, “patética” en innumerables ocasiones y calificó de “persona con evidentes problemas psiquiátricos” cada vez que pudo.

Quizá no quiera decir nada. Tal vez, sí. Su representada, la mesera Fernández de fama fugaz en la tapa de Clarín y sus licencias no adecuadas a la ley, figura en el padrón electoral con un domicilio, Venezuela 628, que no es el suyo, el particular, sino que pertenece a un edificio, levantado justo en el cruce con la calle Perú, en el barrio de Monserrat, donde tiene su sede un local del PRO, regenteado por el senador Diego Santilli, del mismo partido que Alonso, la socia de Bullrich en la trama. ¿Causalidad o trampa del destino? Los hechos son fácticos, las interpretaciones son libres.

Bullrich y Alonso son las diputadas opositoras que venían coordinando con Nisman de manera promiscua (el cruce de llamados telefónicos ya admitido entre todos ellos es una extraña versión de la independencia de poderes de la que nadie parece tomar cuenta) la presentación en el Congreso donde se iba a utilizar el dictamen inconsistente del fiscal para lanzar la ofensiva final contra la presidenta. ¿Quizá buscando número para forzar su juicio político? La propia Alonso reconoció ante los medios, después de declarar ante la fiscal Fein: “Nos reunimos a principios del año pasado (2014). Hablamos sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y yo le dije: ‘No me des detalles de la denuncia porque no me quiero enterar.’ Le pregunté si luego de que él presentará la denuncia, yo debía pedirle el juicio político a la presidenta, y ‘Nisman me dijo que sí.'” Siempre según Alonso, Nisman estaba interesado por su rol institucional como vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político porque, como le dijo, “Cristina había ordenado todo.”

El cadáver de Nisman podrá haber sido investido de un halo heroico por la multitud antikirchnerista que se movilizó bajo la lluvia del miércoles pasado, pero en vida fue el fiscal que acudía a recibir órdenes de la Embajada de los Estados Unidos, se encontraba a coordinar acciones con Roger Noriega, el ex secretario de George Bush para la región, y proveía letra al fondo buitre de Singer en su pelea con el país para cobrar sus bonos basura.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal.
Todo esto está más acreditado que su denuncia por encubrimiento que, de tan floja en su probanza, no pudo siquiera ser suscripta en su totalidad por Gerardo Pollicita, el fiscal que tomó la posta y ahora rehuyó la invitación de tres comisiones parlamentarias para que explique dónde está el presunto delito que imputa a Cristina Kirchner. La excusación de Pollicita, de todos modos, tiene sentido: como la denuncia presupone que el Memorándum con Irán es parte constitutiva de la ilegalidad reprochada, ¿cómo les explica a los diputados y senadores que la presidenta es imputable y ellos, que lo votaron, no lo son?

Sorprende el pedido que Bullrich hizo para anular la citación de Pollicita. Sobre todo, sus argumentos: “Los jueces y fiscales deben ser libres de cualquier interferencia o apariencia de interferencia por parte de otros poderes.” Cuando ella lo citó a la comisión de Legislación Penal, ¿no interfería?

Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática.

La intención de desatar una crisis política con el dictamen, operatoria de la cual Nisman fue protagonista consciente según las charlas que mantenía con Bullrich y Alonso hasta horas antes de su muerte, es tan repudiable como el uso de su cadáver para golpear contra las instituciones de la democracia.

Los protagonistas de la maniobra están claros. Las relaciones entre sí son públicas. La finalidad, conocida ahora por boca de Alonso, era evidente: una presidenta acusada de encubrir el mayor atentado de la historia argentina era pasible de ser juzgada, si encima después se la señala como responsable del asesinato del fiscal que la acusaba, pierde las mayorías parlamentarias y, sin ellas, puede ser removida. Tanto ella como Bullrich trabajaron durante todo este mes para convertir el caso Nisman en una causal de destitución. El aval a la jugada del aparato de agitación y propaganda del Grupo Clarín SA vino por añadidura. Era obvio.

No les salió, es verdad, pero sí lograron generar el clima para una gran marcha que, en vez de ir a pedir “justicia” al Palacio de Tribunales, se plantó en la Plaza de Mayo con exigencias diversas hacia la Casa Rosada.

Encabezada por un grupo de oficiales de segunda jerarquía del Partido Judicial, en guerra solapada contra el gobierno, la movilización tuvo su primer efecto el viernes, cuando la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, confirmó el procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la causa Ciccone. El segundo en la línea de sucesión presidencial.

La legitimación callejera finalmente habilitó a los tres camaristas a ceder al pedido que Jorge Lanata les hizo el año pasado, cuando por Radio Mitre mandó a escrachar a sus hijos en la escuela si no avanzaban contra el vice.

Los mismos camaristas respaldaron al juez Claudio Bonadio por su actuación en la causa Hotesur. Se trata de la empresa familiar de la presidenta. El magistrado ya allanó la AFIP buscando las declaraciones juradas de Cristina y de sus hijos, entre ellas, la de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora; y la Inspección General de Justicia procurándose la carpeta societaria. En tribunales dicen que las indagatorias son inminentes. ¿Acaso es un reaseguro por si Daniel Rafecas, el juez que recibió la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento, decide archivarla? ¿O será para mantener un doble acoso sobre la jefa de Estado?

Durante la misma jornada, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria nada menos que a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, la abogada del Estado nacional, en el marco de un expediente que tiene como rehén a Mariano Recalde, referente de La Cámpora y titular de Aerolíneas Argentinas, acusado por el presunto delito de “administración fraudulenta”. También Rodríguez había llamado antes a indagatoria a José “Pepe” Sbattella, titular de la UIF por informar datos financieros que el Grupo Clarín SA no quería que se divulgaran.

Y el mismo día, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (más conocida como la cámara Miami, algunos de cuyos integrantes viajaban a congresos de la fundación CERTAL, de la que el fiscal Ricardo Sáenz es secretario general), confirmó el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín SA.

No había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material.
A esto se deben sumar el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, titular del Juzgado 9, que hace dos semanas le concedió al Grupo Clarín SA otra cautelar, por el mismo tema de la adecuación de oficio, en este caso a pedido de Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, bajo el argumento de que la adecuación del oligopolio, validada por la Corte Suprema en su fallo definitivo por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, constituye un riesgo para la libertad de expresión. Un contrasentido jurídico. ¿Cómo el funcionamiento de un oligopolio de la comunicación, que acalla voces por definición, va a ser la garantía de la libertad de expresión a preservar? Bueno, eso dice la cautelar.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal. Desde que el gobierno lanzó el paquete de siete leyes para democratizar el Poder Judicial, las distintas corrientes de la judicatura más conservadora se abroquelaron en un frente único cada vez más agresivo y temerario. Son los mismos que amenazan con activar 300 causas que tienen a medio centenar de funcionarios en la mira de sus procedimientos discrecionales. Lo dice Adrián Ventura, en su nota “La Justicia llevó al gobierno a un paso más hacia el abismo”, del viernes 20. ¿Cuáles fueron los factores que cambiaron el escenario? Según él, “son tres: las duras críticas de la presidenta sobre los jueces, el manoseo de los fiscales hecho por la procuradora y los cambios de operadores dentro de la SIDE, que le sacaron al gobierno eficacia en la Justicia”.

Quizá la palabra golpismo remita a otra cosa en la memoria de los argentinos. Pero desde los tiempos en que el Ejército era un “partido de gobierno” que se salteaba la más elemental voluntad popular para imponer dictaduras y mandar a la cárcel, al destierro o a la tumba a los militantes políticos, no había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material. Además, contando con el silencio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El discurso es el mismo: la República, la libertad, la justicia y el combate contra la corrupción. La defensa de valores tan sagrados siempre justifica en el imaginario la excepcionalidad o el salteo de las reglas. Por eso, aunque algunos quieran devanarse los sesos buscando una nueva palabra, destituyente sigue siendo la mejor calificación para definir el alzamiento del Partido Judicial contra el gobierno kirchnerista que se vive por estas horas. ¿Cómo no pensar que el intento fracasado en el Legislativo prosigue con esta revuelta tribunalicia?

En este contexto, la última operación de sentido que lanzó el diario La Nación mete miedo. Dos de sus columnistas, el mismo jueves 19, asociaron al kirchnerismo –mayoría política del país por voluntad popular, con dominio del Ejecutivo, robustez parlamentaria en ambas Cámaras y más del 60 por ciento de las gobernaciones provinciales–, con el MTP que copó el Regimiento de La Tablada en 1989.

La rusticidad analítica de un columnista puede llevarlo a comparar lo incomparable. Ocurre que, en este caso, los que compartían la misma alucinación eran dos y en la misma edición.

¿Por qué La Nación trató de vincular a los violentos atacantes de un cuartel con un movimiento democrático que llegó al poder por elecciones limpias? ¿En qué se basan los columnistas del diario para sostener que el kirchnerismo tomó por asalto el Estado y debe ser echado de cualquier forma?

El asalto a La Tablada dejó muertos, torturados y desaparecidos a manos del Ejército. Estos últimos, delitos que Alberto Nisman dejó impunes, cosa que se puede verificar en el archivo, obedeciendo las órdenes de los mismos sectores de Inteligencia que fueron desplazados de la SI en diciembre. Tal vez ahora no sea con artillería y fósforo, como ocurrió en 1989. ¿Quizá lo intenten usando expedientes y citaciones judiciales?

El problema lo tienen los que ven en el kirchnerismo al MTP y confunden un gobierno constitucional con un grupo armado a ser reducido por la fuerza. De miradas tan distorsionadas, al estilo fubista de Sabsay, sólo pueden surgir apreciaciones delirantes de la realidad.

Pero, no por eso, menos peligrosas.

Cuidemos a los jóvenes

Máximo Kirchner asomó con su discurso en Argentinos Juniors a la primera plana de la política. Coronó así el lento proceso de construcción de La Cámpora, una de las organizaciones kirchneristas, la de impronta más juvenil en todo el espacio del FPV. El estadio desbordaba cuando el hijo de dos presidentes constitucionales se hizo escuchar. Habló emocionado, no dijo nada violento, no hizo más que agradecer a su militancia y hasta se emocionó recordando a su padre. Fue demasiado para el país conservador. Máximo Kirchner traía una novedad irritante para la vieja política: después de Néstor y Cristina, otro Kirchner llenaba un estadio en la Capital Federal y le hablaba a toda la sociedad.

Desde entonces, el juez Claudio Bonadío, quien ya sonaba como candidato a procurador de un eventual gobierno massista, lo puso en la mira. Bonadío allanó la AFIP en busca de su declaración jurada por la causa Hotesur. Es un secreto a voces en Tribunales y sets televisivos opositores que el juez intentará citarlo a su juzgado en breve. Si así fuera, el proceso de demonización mediática de la juventud kirchnerista entrará en una nueva fase: la del ataque del Partido Judicial, que coseche lo que el oligopolio sembró con odio durante todos estos años. El problema no es el lavado, hay 4040 cuentas en Suiza, entre ellas, la de los dueños y accionistas de Cablevisión, que nadie busca. Tampoco los cargos: la causa Papel Prensa, donde se investigan delitos de lesa humanidad –los más graves que puedan cometerse– y la presunta participación de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en ellos, duerme el sueño eterno en un juzgado federal cuyo titular, Julián Ercolini, fue ubicado por el diario La Nación junto al palco el 18F, a metros de Vicente Massot, director del procesista La Nueva Provincia. La lista de la impunidad garantizada a los poderosos de verdad, los que trascienden todos los gobiernos, es interminable.

El problema es que la derecha no puede con su instinto: siempre devora a los jóvenes. Así, la democracia del futuro vive amenazada. Y la de ahora también.

INFONEWS

22/02/2015 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

¿Una aberración argentina? – Atilio Boron


¿Una aberración argentina?

A propósito de un editorial de The New York Times sobre los suicidios sospechosos de la Argentina, Atilio Boron recuerda célebres crímenes nunca esclarecidos de los Estados Unidos. Mario Rapoport, por su parte, describe diferentes casos históricos de enfrentamientos de gobiernos con el
Poder Judicial.

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Por Atilio A. Boron *
Se ha convertido un lugar común decir, a propósito de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “cosas como éstas sólo ocurren en la Argentina”. Una nota aparecida en la página de opinión de The New York Times del martes 10 de febrero abona la supuesta verdad contenida en esa afirmación que, como era de esperar, fue reproducida y agigantada hasta extremos indecibles por la prensa hegemónica y los intereses del bloque oligárquicoimperialista empeñado en acelerar, también en la Argentina, un “cambio de régimen” sin tener que atenerse a los plazos y nimiedades establecidas por la Constitución y la legislación electoral. Y decimos supuesta porque si hay algo que enseña la historia comparada contemporánea es que casos como el de Nisman: muertes sospechosas, imposibles de certificar si fueron suicidios o asesinatos, no son infrecuentes en las principales democracias del mundo. Casos que, casi invariablemente, se archivaron rápidamente señalando causas y culpables de menos que improbable verosimilitud.

En lugar de sermonear a los argentinos por el caso Nisman, The New York Times podría hacerle un servicio a su país si investigase seriamente el asesinato de John F. Kennedy o el de otros connotados personajes de la política norteamericana que murieron bajo asombrosas circunstancias, para decirlo con benevolencia. La forma en que se investigó y se cerró el caso de JFK con el Informe Warren que dictaminó que Lee H. Oswald actuó en solitario para matar a JFK y herir al gobernador Connally, y que Jacob Rubenstein (a) Jack Ruby, un conocido hampón y narcotraficante de Dallas, hizo lo mismo al matar a Oswald dos días después en la propia comisaría. Pocas cosas contribuyeron tanto al descrédito del sistema judicial de Estados Unidos como ese informe refrendado por la Corte Suprema de ese país. El NYT, que con tanto entusiasmo adhirió a la absurda teoría de que había armas de destrucción masiva en Irak, haría bien en tratar de develar las razones y consecuencias de una mentira que costó millones de vidas, heridos y gentes desplazadas; o de ilustrar a sus lectores qué ocurrió con Osama bin Laden, cuya supuesta muerte en mayo del 2011 quedó sellada en las profundidades del océano Indico mientras un espectro de sospechas corroe hasta el tuétano la credibilidad de la Justicia y el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que los macabros misterios –cada vez menos herméticos y más cuestionados– que rodean los sospechosos atentados del 11S.

La lista sería tan extensa que necesitaríamos una página simplemente para enumerar las principales muertes de altos funcionarios o personas muy allegadas al poder político en Estados Unidos. Tomemos el caso de dos ex directores de la CIA. William Colby lo fue entre 1973 y 1976, falleció en 1996 mientras hacía una solitaria excursión en canoa en un río cercano a su domicilio en Maryland. Colby duró poco en su cargo; no era muy bien visto por sus colegas en la Agencia porque sentía que algunos de sus “agentes operativos” (vulgo: killers) gozaban de demasiadas prerrogativas y desconfiaba de los verdaderos propósitos de algunas de sus operaciones secretas. Otro ex director de la CIA, William J. Casey, dirigió la agencia entre 1981 y el año de su muerte, 1987, sirviendo en tal calidad durante casi todo el período presidencial de Ronald Reagan. Casey, un fundamentalista católico, carecía de los escrúpulos que llevaron a su predecesor a sufrir un fatal accidente náutico. Pero tuvo mala suerte también él, porque falleció pocas horas antes de testificar en el Congreso sobre la criminal operación IránContra y también sobre la intervención de la CIA en el reclutamiento y organización de los mujaidines afganos bajo el liderazgo de Osama bin Laden. La versión oficial, apta sólo para ingenuos incurables, es que Casey padecía de un extraño tumor cerebral que de la noche a la mañana se agravó hasta privarlo del habla y, un par de días después, despacharlo al otro mundo. Otro caso interesante es el del senador republicano John Tower, que a mediados de los setenta presidió junto con el demócrata Frank Church un comité que examinó el papel de la CIA en el golpe de Estado de Chile de 1973. En el curso de la investigación se descubrió que la CIA estaba desarrollando una pistola altamente sofisticada que podía eliminar enemigos políticos inoculándoles bacterias o gérmenes letales mediante el disparo de un rayo ultracongelado que penetraba en el organismo de la víctima sin que ésta fuera consciente de ello. Tower murió en un accidente de un pequeño avión de línea regional. Otro desafortunado fue Vincent Foster, un amigo y consejero del presidente Clinton, que supuestamente se suicidó en 1993. La investigación estuvo plagada de irregularidades, incomprensibles en el caso de un sujeto tan cercano a la familia presidencial, nacido y criado en el mismo pueblo en Arkansas. Un informe señala que llamó al celular de Hillary Clinton unas pocas horas antes de su muerte. El caso se catalogó como suicidio y asunto concluido.

Como vemos, el NYT tiene una lista de temas bastante extensa para preocuparse, además del caso Nisman. Si cruzamos el Atlántico las cosas no mejoran. Uno de los incidentes más resonantes de los últimos tiempos es el del notable científico británico y autoridad reconocida en el tema de la guerra bacteriológica: David Christopher Kelly. Había sido inspector de la ONU en Irak en aquella búsqueda absurda de las supuestas armas de destrucción masiva y que todos sabían que no estaban allí. Kelly fue llamado a testimoniar ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico y se produjo un áspero debate en donde refutó inapelablemente la postura de los secuaces parlamentarios del primer ministro Tony Blair, íntimo aliado de las mentiras y crímenes de George W. Bush. Dos días después, y en medio de la conmoción que habían producido sus declaraciones, Kelly apareció muerto. La información oficial dijo que se había suicidado, y a diferencia de lo ocurrido hasta ahora con Nisman, la comisión parlamentaria dirigida por Lord Hutton resolvió, luego de una pericia más que superficial, archivar todos los elementos probatorios del caso (incluyendo la autopsia y las fotografías del cadáver) y resguardarlos como material clasificado por un plazo de 70 años. Este sí es un caso de “encubrimiento” que debería despertar las iras de tantos políticos argentinos que con total irresponsabilidad apelan a esa figura jurídica, aunque demuestran su incoherencia, o mala fe, cuando se cuidan de aplicarla a quienes conspiraron para encubrir “la pista siria” y la “conexión local”, también involucrados en el criminal atentado de la AMIA y, no olvidemos, de la Embajada de Israel, de la cual sorprende lo poco que se habla.

Podríamos seguir con este listado: mencionemos sólo otros dos en suelo europeo. El del papa Juan Pablo I, que entra en esa misma categoría de crímenes irresueltos, aunque un pesado manto de silencio impidió que se investigara tan exhaustivamente como ocurriera con JFK. Otro: Olof Palme, asesinado en las escalinatas de una calle céntrica de una ciudad segura y tranquila como Estocolmo, sin haberse jamás hallado al magnicida cuando en Suecia hasta el ratero más insignificante es aprehendido por las fuerzas policiales en menos que canta un gallo.

De lo anterior se desprende que el discurso que proclama una suerte de aberrante “excepcionalismo” argentino carece de fundamento. Por supuesto, esto no equivale a minimizar la gravedad de la muerte del ex fiscal o a cerrar los ojos ante la impericia con que actualmente se está investigando el caso Nisman; o no investigando la muerte de los 10 bomberos en el harto sospechoso incendio de Iron Mountain en Barracas, entre tantas otras causas que merecerían la minuciosa investigación de nuestros fiscales. Pero, por favor, terminemos con eso de que estas cosas sólo pueden ocurrir en la Argentina.

* Investigador Superior del Conicet y director del PLED.

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17/02/2015 Posted by | Historia, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , | Deja un comentario

El acuerdo – Luis Bruschtein


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16–02–2013 / Al igual que el atentado, las tramas de encubrimiento y complicidad en el caso AMIA nunca fueron develadas. Quizás en esos trasfondos haya más explicaciones a tanta incertidumbre sobre un hecho tan ominoso.

Un atentado tremendo, que implicó la adquisición y el acopio de gran cantidad de explosivo, más inteligencia, más infraestructura, lo que implica la participación de numerosas personas, y nadie sabe nada.

Y después, la trama del encubrimiento. El ocultamiento o la alteración de pruebas y la forma en que se desperdiciaron los primeros momentos posteriores al atentado también tienen sus propios significados. No fue un atentado más.

En el caso AMIA se conjugaron factores ocultos, que se sumaron a la lógica pura del terrorismo. Y si además faltaba algo, con el tiempo, la investigación del atentado quedó en el centro del conflicto más inflamable del planeta.

Con mucho respaldo político, la investigación del fiscal Alberto Nisman se introdujo en esa jungla llena de trampas e intereses, y obtuvo resultados que llevaron a una fuerte controversia del gobierno argentino con el de Irán.

Este proceso configuró una política que se fue desarrollando durante los gobiernos kirchneristas y durante varios años, casi desde el principio del gobierno de Néstor Kirchner.

Después de los desastres del menemismo, ni los integrantes de la Alianza ni el duhaldismo habían mostrado decisión o interés para meterse en ese embrollo.

Pero la investigación se estancó en 2007. El conflicto con Irán es por la investigación que respaldó este gobierno y no los anteriores.

Y lo que importa, en todo caso, no es el conflicto con Irán (que es una consecuencia), sino la investigación del atentado (que es la causa). Tras haber logrado un impulso inicial, la causa quedó bloqueada por varios años. El paso que faltaba era llegar a los sospechosos iraníes.

Es probable que el interrogatorio a los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA no vaya a dilucidar la trama que llevó al bombazo, y seguramente lo primero que harán los interrogados será declarar su inocencia.

También es lo que han hecho casi en su totalidad los represores argentinos cuando fueron juzgados.

Aun así, esos interrogatorios son tan necesarios para el trámite de la causa como los que se realizaron a los acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Otro conflicto se abrió –ahora con el gobierno derechista israelí–, cuando el gobierno argentino buscó la vía diplomática para desbloquear la causa y poder interrogar a los sospechosos del atentado.

El gobierno local quedó así ensanguchado entre el gobierno conservador integrista de Irán y el gobierno conservador integrista de Israel.

Irán dice que la voladura de la AMIA fue un autoatentado israelí, e Israel sólo quiere argumentos para su contienda con Irán, con el agravante de que todo el planeta asiste a una escalada cada vez más peligrosa, al borde de una conflagración militar.

La Argentina, que está más involucrada en procesos de integración pacífica con países que en décadas pasadas eran vistos como enemigos potenciales, no puede tener ningún interés en algún conflicto bélico aquí ni en ninguna otra parte.

En todo caso, su aporte tiene que ser por la paz. Entre la guerra y la paz, la paz no es el “lado” equivocado, como han dicho algunos. Seguramente hay una gran cantidad de iraníes y de israelíes a favor de la paz.

En este contexto, la causa judicial por los atentados en la AMIA, por un lado, y el debate geopolítico, por el otro, tienen que ser debates separados, aunque tengan tantos puntos de contacto. Y van por separado, porque el debate geopolítico debilita la causa judicial.

El objetivo es que se esclarezca el atentado y que sus responsables sean castigados por la Justicia.

Lo que quieran el gobierno iraní o el de Israel, y hasta incluso la posición que asuma en ese conflicto el gobierno argentino, va por otro carril.

Para desbloquear la causa se necesita interrogar a los sospechosos por el atentado, no por lo que piensan o por el país al que pertenecen sino por lo que están acusados de haber hecho.

Se busca a personas que cometieron un delito y no a personas que profesan determinada religión o son ciudadanos de determinado país. Si Irán quiere destruir a Israel, o viceversa, es una discusión importante, pero que no define la causa judicial por el atentado contra la AMIA.

Mantener la causa bloqueada, como sucedería sin el acuerdo con Irán para interrogar a estos sospechosos, la hubiera llevado a un limbo por tiempo indeterminado, una zona que derivaría finalmente en una condena genérica, básicamente política. Habría una condena a Irán que serviría para alimentar el conflicto, pero la causa moriría de inanición.

Se han dicho disparates como que este acuerdo proviene de una negociación impulsada hace más de dos años por Hugo Chávez, a través del presidente sirio, Hafez al Assad, con el gobierno argentino.

Es un escenario desaforado, típico de servicios de inteligencia de otras épocas.

Pero es cierto que la Cancillería argentina trató, que la causa judicial por el atentado a la AMIA no terminara en el centro de la disputa que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán.

Tras presentar año tras año duras acusaciones contra los iraníes en los foros internacionales, el llamado del gobierno argentino a buscar vías diplomáticas para destrabar la causa constituyó también un gesto para diferenciar sus planteos de los cruces por el conflicto global con Irán en una escalada con final tan previsible como desastroso.

El gobierno iraní está en una encrucijada de tensión máxima con las grandes potencias occidentales y muy aislado.

En ese marco sería equivocado considerar el acuerdo como una alegre e indolora concesión a los reclamos argentinos, porque Irán necesita descomprimir sus relaciones exteriores y la Argentina juega un rol importante en el proceso político latinoamericano.

La intención de relacionar a Hugo Chávez con este tema tiene las mismas connotaciones reaccionarias del viejo macartismo que usaba suposiciones y chismografías.

El eje es esencialmente judicial y no geopolítico. Desde la oposición al acuerdo con Irán se plantea que éste constituye un cambio de la estrategia de alianzas geopolíticas.

Para los que piensan así, antes de este acuerdo, la Argentina jugaba del lado que busca una salida violenta a los diferendos con Irán.

Y, de repente, con el acuerdo por los interrogatorios a los sospechosos del atentado contra la AMIA, el gobierno argentino se habría pasado del otro lado, o sea del bando iraní, junto con Chávez o Hafez al Assad.

De tan elemental, esa mirada resulta pueril. Primero porque la Argentina ha mantenido una posición muy clara con respecto a la paz, tanto en relación con conflictos que le afectan directamente, como Malvinas, como con otros más lejanos, como el de Medio Oriente.

La Argentina nunca jugó por la guerra contra Irán. Es una equivocación pensar que Néstor Kirchner confrontaba duramente a los iraníes en la ONU para agradar al gobierno de los Estados Unidos.

Conociendo su carácter es más probable que fuera al revés, que tratara de utilizar la situación internacional como forma de presión para lograr que el gobierno iraní arrojara algo de luz sobre la causa judicial.

La sugerencia de que el acuerdo con Irán proviene de un supuesto realineamiento internacional se pudo leer entre líneas en todos los discursos contrarios al acuerdo. Las dudas legítimas sobre los alcances que podría tener, aun en las peores circunstancias, fueron todas respondidas sin dejar ninguna duda.

En ese aspecto, el debate de seis horas en el Senado fue interesante por las preguntas y por las respuestas. El mismo Luis Moreno Ocampo dijo que se trataba de una “oportunidad con riesgos sobre los que habría que estar atentos”. Es un balance sensato. La insistencia en el rechazo altisonante sugería que la preocupación se centraba en ese supuesto cambio de estrategia.

Y a los que piensan que la Argentina cambió de bando, en realidad no les interesa tanto la causa judicial. No les interesó antes en la medida en que creían que la causa era una mera herramienta para usarla a favor de la guerra.

Y ahora están enojados porque si el eje se mantiene en lo judicial, la causa no puede ser usada por los que buscan la guerra. Es decir, no les interesa la causa judicial sino la forma en que ésta tendría que ser usada.

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16/02/2013 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , | Deja un comentario