America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

El presente visto desde el futuro – Roberto Caballero


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Con el fallo de la Corte por la Ley de Medios, todo el sistema político antikirchnerista quedó a la derecha. El cambio de época y la anacronía del país conservador.

Roberto Caballero

Relatar un cambio de época no es cosa sencilla. Desde el periodismo, la historia futura se escribe en tiempo presente. Un historiador tiene la oportunidad de juzgar las consecuencias de uno o varios hechos de modo reposado. El periodista, en cambio, debe actuar casi por instinto, separando lo anecdótico y lo trascendental de una noticia, mientras las cosas suceden sin respiro. Es difícil acertar en tiempos convulsionados.
Un cambio de época es la transformación radical de los paradigmas existentes. Hay un orden que entra en crisis, una manera de entender el mundo que es suplantada por otra y una realidad diferente a la conocida que comienza a vislumbrarse como sistema triunfante. El avance no es lineal, es oscilante. El sentido de lo que ocurre no es plano, tiene bajorrelieves. La velocidad no es continua, hay aceleraciones y frenadas bruscas. Pero algunos advierten por olfato, por lectura, por señales, que el proceso es indetenible.
Los lectores de este diario lo saben mejor que nadie. Tiempo Argentino acertó en apoyar desde el vamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Visualizó la importancia del Bicentenario. Destacó la soberanía nacional y popular como un valor recuperado. También se animó a investigar la trama oculta de la apropiación de Papel Prensa silenciada durante 27 años. ¿Por qué este diario pudo hacerlo y otros no? Porque al presente hay que verlo desde el futuro. Eso hicimos.
En la misma perspectiva, hay que decir que el demorado fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la LSCA es una verdadera bisagra en la historia nacional. Un grupo económico poderoso, que acumuló en los últimos 35 años fortunas siderales para sus accionistas, capturó mercado de manera abusiva, ganó influencia política y administró los bienes simbólicos de toda una época, finalmente debe acatar una ley de la democracia para abandonar la concentración ilegal y dividirse en seis unidades productivas diferentes. (A propósito, una reflexión extra: era tan grande su posición oligopólica, que hacen falta seis empresas al límite de las posibilidades que la ley permite en igualdad de condiciones a todos los grupos, para que pueda adecuarse al régimen antimonopólico previsto en la norma).
Pero la Corte también reivindicó el rol del Estado como garante del derecho democrático a la comunicación y la libertad de expresión, y como autoridad regulatoria del mercado para impedir la homogeneización cultural y la supresión de voces en el discurso público desde posiciones monopólicas. Es un dato muy fuerte, que elude el lugar común del autoritarismo empresarial y recupera la lógica del bien común para la vida institucional. El fallo ratifica definitivamente un rumbo (más democracia, nunca menos) y marca un quiebre político y cultural profundo: es la ruptura con la doctrina libremercadista que dominó la escena del poder en los primeros dos tercios del último periodo constitucional de gobierno, y nada menos que desde la perspectiva de los Derechos Humanos que nuestra Constitución Nacional consagra, pelea clave de la democratización social.
Conviene hacer un poco de historia: la nueva LSCA vino a remplazar un decreto ley firmado por Videla y Martínez de Hoz, referencias claras del terrorismo de Estado y la Doctrina de la Seguridad Nacional, empeorado por los sucesivos gobiernos que aplicaron políticas neoliberales en sincronía con la matriz socioeconómica impuesta a sangre y fuego por la dictadura que asoló el país desde 1976 a 1983, pero cuyo legado reorganizador se estiró conceptual y materialmente hasta el presente, porque beneficiaba a los mismos sectores dominantes, en un siglo y en el otro.
No es casual que el litigio que llegó a la Corte haya sido el del Grupo Clarín SA. Se trata del grupo comunicacional que naturalizó los valores propuestos por aquella dictadura y apoyó la profunda reingeniería que esta llevó delante de modo criminal y masivo, también en su periodo de democracia restringida y de baja intensidad posterior. Clarín no fue el diario que denunció las violaciones de los Derechos Humanos, en sus páginas no hay constancia de la masacre ni de los masacradores, su rol precisamente fue invisibilizar el horror del genocidio de toda una generación para volverlo discutible, algo abominable. No acompañó a la dictadura, no fue un cómplice tácito: integró la superestructura dominante de una época que se extendió hasta ahora. Videla no les regala Papel Prensa. Junto a La Nación, Clarín le exige al dictador que se la arrebate a la familia Graiver para garantizar el manejo del relato. El papel, en los ’70, era como internet hoy. Quien lo manejaba, administraba el flujo informativo. Decidía qué decir y qué callar. En un tiempo de muertes planificadas, los diarios decidieron construir el texto omisor de las acciones del Estado terrorista. O peor aún, en un segundo tiempo: el texto justificador que sostuvo la Teoría de los Dos Demonios. Papel Prensa, obtenido en los camastros de tortura y la picana, es la base fundacional del monopolio que le permitió a Clarín sacarle Radio Mitre a Alfonsín, Canal 13 a Menem y el desarrollo de su cable, a De la Rúa más licencias, la Ley de Bienes Culturales a Duhalde y a Kirchner la fusión de hecho de Cablevisión y Multicanal, aunque nunca fue convalidada. Clarín hizo negocios ejerciendo la tutela, cuando no la extorsión, sobre los tres poderes del Estado constitucional. Porque Clarín era, hasta el fallo de la Corte Suprema que convalidó la LSCA propuesta por el kirchnerismo, el poder acumulado por la Argentina antidemocrática para restringir los avances de la democracia sobre las herencias del proceso que reorganizó el país en función de su objetivo primordial: renta para pocos y miseria para muchos. Cuando Clarín decía que nadie les aguantaba tres tapas, en realidad estaban exhibiendo su poder de fuego para mantener a raya a la política que los molestaba a los dueños del poder y del dinero. A los gobiernos constitucionales les llevó 25 años sacarse el miedo y romper con la lógica asociativa perversa que les proponían Clarín y la Asociación Empresaria Argentina. Néstor y Cristina Kirchner dieron el paso iniciático, corrieron el límite de lo aceptado. El, cuando dijo que Clarín estaba nervioso porque desde la Casa Rosada no respondían a sus exigencias, algo inaudito para sus accionistas, tributarios del viejo esquema de poder. Ella, enviando el proyecto de LSCA al Congreso de la Nación y soportando no tres, sino 500 tapas en su contra, derrumbando un mito. Ambos, impulsando la lucha contra la impunidad que exigían las Madres, las Abuelas y los nietos recuperados.
El Poder Judicial demoró un lustro más en darse ánimo para avanzar. Pero lo hizo. Después del fallo, sus integrantes, que hace una semana eran la reserva última de la república, reciben hoy, de parte de Clarín y sus satélites, el mismo trato despiadado que el grupo prodigó en todos estos años a los políticos insumisos a sus planes de eternización. No le faltaba razón a Clarín cuando consideraba al Poder Judicial como un aliado, claro. La otra gran pata que custodió el legado dictatorial surgió de allí. Muchos de sus integrantes sostuvieron la pátina pseudo-jurídica donde se asentó la impunidad de los ejecutores del genocidio, hasta que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia derribaron esa protección. Muchos de sus integrantes también apoyaron la matriz neoliberal, la cristalización de una Argentina dual, convirtiendo el derecho empresario a hacer negocios en una especie de derecho natural y al mercado en un dogma en sí mismo, idea darwiniana si las hay. Por eso es tan importante el fallo de la Corte: porque retira al Poder Judicial de la órbita de los grupos concentrados, lo sustrae del influjo de los poderes fácticos y lo pone al servicio de una sociedad madura, que vive en una democracia con 30 años de vigencia ininterrumpida. Tal vez el frustrado proyecto para democratizar el Poder Judicial comenzó así, en vez de abajo hacia arriba como proponía el Ejecutivo, a la inversa, con esta sentencia cupular, que muy probablemente derrame sus efectos sobre el resto de la judicatura más conservadora. Es una chance, no una certeza. Sin embargo, todos somos testigos de que lo imprevisto sucedió. Esto es vivir un cambio de época.
Héctor Magnetto está en problemas. La estabilidad de su sistema de poder entró en crisis. Buena parte de la política y la propia Corte le perdieron el miedo. Sus socios no toleran lo que el lenguaje frio de las planillas contables les dice: el valor de las acciones del Grupo Clarín SA ayer era uno, hoy es su sexta parte. El dispositivo armado desde hace décadas para arrebatarles buenos negocios a los gobiernos mediante el lobby público y privado, hoy les hace hacer malos negocios a sus accionistas. Algo cambió. Lo siguieron en su última epopeya bélica: tratar de desbancar a Cristina Kirchner antes de que la Corte se pronunciara. Tuvo cuatro años, no pudo hacerlo. Se quedaron con la sexta parte de lo mucho que tenían. Seguirán siendo poderosos, pero en una escala que no le va a permitir hacer lo que hacía antes. Que sus accionistas hayan decidido usar la pequeña hendija que dejó David Martínez, su socio menor en Cablevisión, abierta en vísperas del 7D para adecuarse a la ley, es una derrota para Magnetto comparable a la rebelión que cualquier general sufre de sus coroneles, es como el amotinamiento en un barco donde el timón del capitán se pone en debate. Su estrategia de colisión frontal no dio resultado. El gobierno democrático no se tiró a la banquina como esperaba. Se preguntará, seguramente, en qué falló, dónde cometió el error. Una respuesta posible: la Revolución Industrial suplantó el trabajo manual por la mecanización, del mismo modo que la democracia vino a sepultar la arbitrariedad de los poderes fácticos en la sociedad moderna. El cambio de época es así. Produce ganadores y perdedores. Magnetto quedó abrazado a un orden anacrónico antidemocrático. Su mirada del mundo se oxidó.
El interrogante sigue latente. Se trata de una persona inteligente. Además, exitosa durante décadas. Los accionistas de Clarín le deben todo lo que llegaron a ser, hasta que sucedió lo de la Corte: el mayor conglomerado de medios de comunicación y derivados del país. Eso no lo hace un incapaz, más bien dice de él lo contrario. Su modelo de negocios, su método de injerencia en la vida política, su capacidad articuladora de mensajes que gobernaban el estado de ánimo de la sociedad, funcionó eficazmente mientras la herencia atemorizante de la dictadura cumplía con el rol disciplinador de las posibilidades democráticas. Ya no. ¿Por qué, entonces, no hizo un viraje antes del fallo de la Corte? ¿Por qué no cedió a los pedidos de Marcela Noble para que resigne la competencia a todo o nada contra el gobierno elegido por la voluntad popular? Ocurre que Magnetto tiene un inconveniente que la heredera del holding no tiene. Son dos palabras: Papel Prensa.
Para la causa judicial que investiga los delitos cometidos contra los Graiver, Magnetto no necesita un bufete de buenos abogados, que seguros los tiene y los puede pagar. Le hace falta, en realidad, toda la artillería mediática, toda la capacidad monopólica de unificación discursiva de su grupo, toda la fábrica de sentido trabajando en doble turno para poder herir al kirchnerismo, sus símbolos, sus referentes y las políticas de Derechos Humanos que impulsó en la última década. El fallo de la Corte, además, empeoró su dramática encrucijada personal: es una mala noticia advertir que la justicia se despabila de su antigua docilidad, justo ahora que la documentación secreta y reservada de la dictadura que empieza a hacerse pública aporta al expediente evidencia incontrastable de que el viejo “acuerdo entre privados” no existió. Magnetto quería Papel Prensa y la dictadura quería que Magnetto lo obtuviera. En el medio están las detenciones ilegales, las torturas y el terror que padecieron los Graiver. Es una situación muy delicada, desde el punto de vista procesal.
El juez federal Julián Ercolini tiene toda la documentación en su juzgado. Está el trabajo que hizo la Secretaría de Comercio Interior, “Papel Prensa, la verdad”; ahora se suman las actas reservadas y secretas de la Junta Militar cuyo hallazgo anunció el ministro Agustín Rossi y toda esta información administrativa es complementaria de la investigación periodística que Tiempo Argentino llevó adelante, descubriendo que el general Oscar Bartolomé Gallino se reunía con Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, directores de Clarín y La Nación, y luego confeccionaba los interrogatorios que padecía Lidia Papaleo de Graiver, ilegalmente detenida en un centro clandestino del Circuito Camps. Papel Prensa fue un botín, como tantas otras empresas que la dictadura arrebató a sus verdaderos dueños, en el marco de la represión ilegal y su objetivo de diseñar un país a la medida de sus ambiciones.
La saga de notas impresionantes que publicó este diario en 2010, con la firma de los periodistas Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, permite comprender la operatoria del Estado terrorista en alianza con los medios de comunicación oficialistas del genocidio. Leerlas es adentrarse en el futuro, una vez más.
Los documentos que Rossi hizo públicos vienen a probar judicialmente lo que ya se había denunciado periodísticamente: que la Junta Militar presionó primero y detuvo después a los integrantes de la familia Graiver para despojarlos de Papel Prensa y en simultáneo entregársela a Clarín y La Nación. Pero no fueron simples beneficiarios: en el pedido de indagatoria a Magnetto y Mitre que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo hace tres años, se les asigna un rol protagónico en el desapoderamiento. Las nuevas evidencias también le dan la razón a Eduardo Luis Duhalde, el ya fallecido secretario que presentó la histórica denuncia.
Hay más en los documentos que ahora se conocen y están bajo estudio de Graciana Peñafort, directora de Jurídicos del Ministerio de Defensa, además coautora de la LSCA e implacable defensora de la norma en las audiencias ante la Corte. La dictadura genocida tenía un plan que se extendía hasta 1998. Hablaba en ellos de una “nueva república”. Allí aparece el sustento doctrinario del terrorismo de Estado: el golpe fue para cambiar la matriz productiva, licuar la soberanía cultural, desnacionalizar la economía y acoplar a nuestro país a un nuevo orden internacional, uno donde el capitalismo de rapiña era el triunfante y definitivo vencedor en la historia de la humanidad. Está escrito en los documentos, no es una especulación. No se trata ya de la interpretación de los intelectuales que acompañaron el movimiento de Derechos Humanos, que denunciaron el plan siniestro casi en soledad. Era el proyecto de los Videla, de los Martínez de Hoz, de los Magnetto, de los Noble y de los Mitre, entre otros apellidos asociados al “proceso de reorganización nacional” que propuso y llevó a cabo un baño de sangre como pretendida solución final al país que deseaban, que nació en los ’70 pero se terminó de configurar en los ‘’90

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Casi tres décadas más tarde, la Argentina es otra. El jefe de la Fuerza Aérea le avisa al ministro de Defensa sobre la existencia de estos papeles secretos, olvidados en una vieja oficina, entre trastos y muebles en desuso. La Corte no acata la voluntad expresa e impresa de Clarín para defender su oligopolio. Los socios minoritarios de la empresa se rebelan al CEO belicoso. La democracia sale de su extensa fase posibilista y se fortalece con un horizonte de profundización.
Esto también es el cambio de época. Solo había que animarse a verlo desde el futuro. «

La derecha no sabe leer

Hizo falta que la Corte Suprema se corriera con el fallo de la Ley de Medios un centímetro al centro de lo permitido por el statu quo para que todo el sistema político quedara a la derecha del kirchnerismo. Las cosas que se leen, teñidas de una malicia y un macartismo perimido, no se pueden creer. Ahora resulta que la ley que combatieron durante todo este tiempo es buena, y que los malos son los que quieran aplicarla. Primera conclusión: la derecha no sabe leer. De las casi 400 páginas del fallo, solo tres párrafos en la fundamentación del voto de Enrique Petracchi permiten sostener el embate que iniciaron contra la AFSCA y su titular, Martín Sabbatella; el resto, es una argumentación eficaz en sostener la autoridad regulatoria del Estado en el mercado audiovisual. Pero, así y todo, leen mal. El propio Petracchi advierte en su voto que su opinión sobre la independencia de la autoridad de aplicación no es vinculante, porque no forma parte del litigio de fondo. En síntesis, la oposición trabaja sobre algo que no existió en el expediente y es más clarinista que Clarín SA, porque el grupo de Héctor Magnetto decidió refunfuñando adecuarse a la ley que hay y no a la que fantasean sus satélites desorientados. El caso de Gerardo Milman, del FAP, es grave. Dice en público que la ley es inaplicable por inservible al mismo tiempo que acepta un cargo creado por la misma ley, ahora que se queda sin su diputación. Si fuera serio en sus alaridos republicanos, debería renunciar y no quedarse a cobrar un sueldo de un organismo creado por una ley en la que no creyó ni cree ni va a creer. ¿Desde qué convicción reciente traiciona a sus convicciones previas? Por lo demás, el macartismo desplegado por Sergio Massa, Clarín y Jorge Fontevecchia merece un párrafo aparte. Criticar a Sabbatella por su paso adolescente en el PC es hablar no tanto del kirchnerista Sabbatella sino del infantilismo ideológico de sus actuales atacantes. La identidad comunista tuvo en un siglo, 90 años de vida clandestina y persecución criminal, en muchos casos con un alto grado de consecuencia política militante, más allá de los resultados. El PC no siempre acertó en sus lineamientos, es cierto, pero en una democracia nadie es menos por su linaje ideológico original. Importan los hechos del presente. Ese tipo de críticas hay que dejárselas a Pando, los nietos de Camps y la resaca de la dictadura. De ese lado, y de ningún otro, se ponen solitos los que hablan de Sabbatella como si fuera Satanás. Se quedaron en 1989. Creyeron en Fukuyama. Se equivocaron. Eso duele. Si alguna vez sostuvieron que la historia acababa, no pueden venir ahora a querer ser protagonistas gramáticos de la historia que prosiguió pese a sus pronósticos funestos. Son el pasado, se la tienen que bancar. Son la derecha, aunque les duela, estéticamente e ideológicamente hablando.
TIEMPO ARGENTINO

10/11/2013 Posted by | General, Historia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Clarín pierde en la Corte, Por Eduardo Anguita


16-05-2010 /

Eduardo Anguita

El próximo miércoles los ministros de la Corte Suprema, por segunda vez, se verán cara a cara con el Grupo Clarín. Parece el anuncio de un match deportivo pero es mucho más que eso. Sólo una vez, desde que la empresa conducida por Héctor Magnetto estalló en ira por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el máximo tribunal de Justicia argentino tuvo que resolver algún tema que lesionara sus intereses. Fue cuando tuvo que tratar el concurso preventivo de  Cablevisión y la Corte desestimó el recurso extraordinario en su contra, por lo que la fusión con Multicanal quedó firme. La Corte, más allá de ese antecedente, se involucró fuertemente en temas ambientales –Riachuelo–, provisionales –Badaro–, en dos oportunidades sobre temas sindicales y participa de lleno en la conformación de los tribunales sobre los juicios de lesa humanidad.
Este próximo miércoles 19, en la semana del Bicentenario, los siete miembros del tribunal empezarán el análisis de la medida cautelar de la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal que fue ratificada por la Cámara Federal de esa provincia. Sin hacer futurología, es posible decir que no habrá una resolución ni ese miércoles ni en los días siguientes. Es difícil arriesgar cuántas semanas demorará el fallo, pero sí es completamente previsible en qué dirección irá. Con cuatro votos a favor de la apelación del Poder Ejecutivo (poner en absoluta vigencia la ley 26.522), el monopolio liderado por Magnetto sufrirá un duro golpe. El problema no termina ahí: es muy difícil que el aval a esa medida cautelar que dejó en un limbo jurídico en materia de medios tenga algún voto a favor. Es más fácil que haya un seis a uno o siete a cero que un cuatro a tres.
La gran pregunta es si esta presunción con pretensiones de presagio se basa en las simpatías o antipatías de los ministros de la Corte hacia el Grupo Clarín. La respuesta es muy simple: de ningún modo. En los pasillos que transitan los supremos se escucha que la jueza Pura de Arrabal “hizo un mamarracho jurídico”. Más de un jurista cree que ella misma dio motivos para que su decisión la lleve a un jury de enjuiciamiento por desconocimiento flagrante de Derecho. Si eventualmente una cosa así sucediera no debería ser considerada como una cruzada anti-Magnetto sino como parte de las reglas del juego: las decisiones de los magistrados deben atender los límites jurisdiccionales. Esto es, no salir de los márgenes que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia establecen.
Y aquí vale la pena detenerse en los cuatro motivos que dejan a la medida de Pura de Arrabal ajena a sus facultades.
El primero es la audacia de suspender la vigencia de una ley desde Mendoza cuando el lugar donde se promulgó fue la Ciudad de Buenos Aires. Ese solo motivo hubiera sido suficiente para que ella se declarara incompetente. De hecho, lo primero que hizo esa jueza fue declararse incompetente, y fue la Cámara Federal mendocina, compuesta por jueces con claras vinculaciones procesistas, quien le ordenó expedirse y considerarse competente.
El segundo es que la medida cautelar se funda en cuestiones del tratamiento parlamentario: que el despacho para el tratamiento no fue firmado en el recinto de la Cámara y que no se esperaron los siete días reglamentarios para su tratamiento. Cabe recordar que en el video de la transmisión televisiva se puede ver a los diputados firmando el dictamen. De hecho, al final, un diputado opositor se queja de que lo están haciendo cuando la discusión no ha concluido.
En relación con los siete días, de acuerdo con los reglamentos de Diputados, esa disposición corre para las sesiones ordinarias, pero esa ley se trató en una sesión de las llamadas especiales, para las cuales no se exigen los siete días. Curiosamente, si se tomara en cuenta la cautelar de la Justicia Federal de Mendoza, sería nula la Ley del Tratado de Paz y Amistad entre la República Argentina y la República de Chile sobre el Canal de Beagle de 1984 y deberíamos estar en guerra.
Sin embargo, pese a esas chicanas, hubo quórum y la ley se trató y se votó. En consecuencia, la jueza hizo intromisión en un asunto propio de otro poder constitucional.
El tercero es que no hay jurisprudencia en materia de fallos sobre medios de comunicación para suponer la supuesta inconstitucionalidad de la ley judicializada.
El cuarto, y no menos importante, es que la Argentina no cuenta con un Tribunal Constitucional –como sí tienen muchos países, especialmente europeos– que cuente con reconocimiento institucional como para interpelar la constitucionalidad de una ley. De modo que, para la Corte, significa un llamado de atención que una jueza federal, a través de una cautelar, despliegue el mismo poder que tendría un organismo de esa jerarquía. Con un agravante: podría haber tantos tribunales constitucionales como juzgados federales hay en la Argentina. Y con un atenuante: no necesitan fundamentar su fallo, ya que hasta ahora Pura de Arrabal ni siquiera falló sobre el recurso de amparo.

Ganar tiempo. Los abogados del monopolio saben lo endeble que resultan los argumentos planteados. Son inconsistentes jurídicamente y muy eficaces en términos de la estrategia del CEO de Clarín. ¿Por qué? Porque Magnetto tiene un calendario en la mano y quiere ganar tiempo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece un período de un año. La fecha de inicio es el momento de la reglamentación del llamado proceso de desinversión y no a partir de su vigencia legal (que fue el año pasado). Lo que impide la cautelar que tratará la Corte es que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar la ley y empiecen a correr los plazos para que los grupos de medios que tienen posiciones dominantes se desprendan de las señales o licencias que quedan vedadas ante el nuevo escenario de democratización de la palabra. Esto es, cada día que pasa con la ley congelada, Magnetto lo siente como una protección al monopolio. Si Julio Cobos resulta su candidato presidencial –como todo indica–, intentará movilizar sus fuerzas para denunciar como “censura” o “intromisión en la libertad de expresión” la aplicación de la ley en los términos establecidos. Y, cualquiera lo sabe, la prensa en tiempos electorales es como el agua al carnaval. Es decir, si la campaña electoral se oficializara el 12 de agosto (60 días antes de una fecha posible de comicios nacionales), el Grupo Clarín se aferraría con uñas y dientes a que “TN no desaparezca mientras la dictadura K quiera eternizarse en el poder”.
Es, quizás, algo más perverso que eso. Ellos saben que tendrían un poderío considerable para las próximas elecciones. Lo que quieren es, primero, frenar el análisis de las licencias que el Grupo Clarín logró en estos años, para que no quede nada escrito sobre su acumulación desorbitante y, segundo, impedir que la aplicación de la Ley 26.552 habilite nuevas voces que puedan quebrar el discurso único de los medios de Clarín.  En ese sentido la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, en un fallo salomónico, confirmó el fallo del Juez Edmundo Carbone que había ordenado como medida cutelar la suspensión de la aplicación del articulo 161 que establece el plazo de 1 año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación. Pero el mismo tribunal revocó la suspensión del otro articulo (el 41) que había dispuesto Carbone y que se refiere a la transferencia de licencias. Como evidencia de esto, los directivos de Clarín pidieron que se ampliase la cautelar para impedir la continuación de los censos para la normalización de las llamadas emisoras clandestinas.
De ese modo, y con el apoyo en coro de un grupo de comunicadores del establishment, quedaría al descubierto una campaña electoral pergeñada por un hombre que jamás habla –Magnetto– más unos profesionales de la palabra –bien remunerada– y un grupo disperso de políticos que darán la cara por una campaña sin hacer explícitos sus proyectos y propuestas sino que sólo cerrarán filas con el principal grupo de comunicación monopólica de medios. Una curiosa interpretación, muy argentina, de The Truman Show.

MIRADAS AL SUR

17/05/2010 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , | Deja un comentario