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Argentina – El ataque al modelo


Realmente da verguenza esta oposición golpista… políticos de pacotilla, ineptos que nunca supieron hacer nada por el país y lo llevaron a una crisis brutal, pobreza extrema, desocupación, fábricas fantasmas, ollas populares y ahora para colmo se erigen en empleados  de esa elite que siempre recurrieron a los GOLPES DE ESTADO, para seguir robando al pueblo..como en la epoca de la PATAGONIA REBELDE., son los mismos que junto con la cúpula de la Iglesia hablan de la pobreza..pero es la pobreza que ellos mismos generaron luego de 50 años de gobiernos entreguistas y antipatrias…y disminuída hoy por el gobierno actual..NO SE PUEDE EN 7 AÑOS RECUPERAR TODO LO DESTRUIDO DURANTE TRES GENERACIONES… ESPERO QUE EL PUEBLO SEPA RECONOCERLOS Y NUNCA MAS LOS LLEVEN A GOBERNAR…

Marianike


Por Sebastián Premici

La oposición quiere eliminar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y, con ellas, las retenciones agropecuarias, entre otras normas. Piensa aplicar una interpretación extrema de la ley en el debate parlamentario. Hay muchos millones de dólares en juego

La foto era por demás elocuente. En una gran mesa dispuesta a lo largo del escenario, los referentes de la oposición nucleados en el famoso Grupo A se alistaron para ofrecer al público y a las cámaras su argumentación en contra de las retenciones y las tan mentadas facultades delegas. Allí estaban Federico Pinedo (PRO), al lado de Elisa Carrió (CC), Felipe Solá (Peronismo Federal), la correntina Josefina Meabe (Partido Liberal-Alianza Frente de Todos) y Ricardo Buryaile (UCR), hombre de Confederaciones Rurales en el Congreso. El objetivo de tal reunión era rendir examen ante la Sociedad Rural y los productores ahí concentrados. El mensaje fue casi apocalíptico: a partir del 24 de agosto caerían todas las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para dictar normas sobre el Código Aduanero, los impuestos internos, la ampliación del presupuesto, la financiación de obras, la ley de abastecimiento y la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos, sumado a los plexos normativos que regulan tales servicios. El sustento teórico de esta postura de máxima fue pergeñado por el abogado y constitucionalista Daniel Sabsay, referente en temas jurídicos de la CC. Como dato sobresaliente, la argumentación fue hilvanada por el periodista de La Nación Joaquín Morales Solá, sentado en la mesa como un opositor más. Además de incitar a la eliminación de las retenciones, el periodista se hizo eco de un conjunto de denuncias -sin pruebas- sobre corrupción en el Senado, como parte de una clara operación política mediática
El próximo 24 de agosto caducarán las facultades delegadas de aproximadamente 1.900 leyes. De ese total, el Poder Ejecutivo considera relevantes para su gestión diaria 365, mientras que la oposición sólo aceptaría, como mucho, treinta normas, a las cuáles pretende hacer modificaciones. Las leyes que están bajo estudio son de dos tipos: las delegadas en el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, ejercidas por la Presidenta y por el jefe de Gabinete, y otras, que son subdelegadas. Éstas son aplicadas por diferentes organismos públicos, como la AFIP, la Oncca, el Ministerio de Economía, etcétera. La distinción no es menor, ya que es parte del complejo entramado jurídico y político que enfrentará, a partir de la próxima semana, al oficialismo con el Grupo A. Por un lado, está la gestión diaria del Estado y, por el otro, la pulseada política en torno a las retenciones.
Fue una semana de posturas extremas, como las que se vivieron durante los momentos más álgidos del conflicto con los sectores agropecuarios. Sabsay no tuvo reparos al decir que si los legisladores no retoman el control de las facultades delegadas, estarían incumpliendo el artículo 29 de la Constitución Nacional, es decir, que les cabría una pena por “traidores a la patria”. Obviamente, una postura extrema que no les movió un pelo a los legisladores presentes. “Si la correcta interpretación constitucional significa que se quedan sin normas, el problema no es nuestro, la responsabilidad la tiene el Gobierno”, vaticinó el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Las palabras del senador describieron el actual estado de situación del Congreso. La oposición necesita torcerle el brazo al oficialismo, sea como fuere. A más de un año de haber ganado las elecciones, todavía no consiguieron capitalizar aquellos resultados. Un dato a tener en cuenta es que, ante cada iniciativa opositora, sus referentes advierten sobre la posibilidad de un veto presidencial, a modo de reprimenda. Hasta el momento, no hubo un sólo veto.

EL PRECIADO BOTÍN
El principal botín de la oposición es la eliminación de las retenciones. Si bien es lógico realizar un análisis de las 1.900 leyes que delegan facultades -la mayoría tiene su objeto cumplido o ha caducado-, la oposición tomó nota de este tema recién en 2008. “Lamentablemente, algunos descubrieron la presunta anomalía constitucional recién cuando se dictaron las Resoluciones 125/08 y 141/08 del Ministerio de Economía. Resulta inadmisible cuestionar la constitucionalidad de una ley –como el Código Aduanero- que tiene vigencia de décadas”, señaló el constitucionalista  Bernardo Licht, en su informe técnico a la Comisión Bicameral encargada de estudiar las facultades delegadas.
“Tenemos que dejar en claro que el manejo del Código Aduanero es una facultad del Ejecutivo. El Congreso no puede constituirse en una Aduana paralela ni estar abocada a todas las normas de esa ley. Hay que llegar a un acuerdo sobre este tema”, dijo a Debate una alta fuente del Frente para la Victoria.
El Ejecutivo prevé recaudar por Derechos de Exportación, entre todos los productos que se venden al exterior, once mil millones de dólares, según el Presupuesto 2010. De ese total, el trigo representa doscientos millones, el girasol trescientos millones, y la soja dos mil millones de dólares. La oposición pretende eliminar las retenciones de los dos primeros cultivos y reducir las alícuotas para la oleaginosa. La incongruencia de esta iniciativa reside en el hecho de que la oposición propone la reducción de la “caja” del Tesoro Nacional mientras que, al mismo tiempo, avanza sobre proyectos que pretenden aumentar una mayor erogación fiscal, como el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas, una iniciativa que demandaría, por lo menos, 22 mil millones de pesos (5.600 millones de dólares).
“Si se bajaran diez puntos a la soja, el Estado dejaría de percibir 2.200 millones de dólares y 1.500 millones irían a parar a sólo dos mil grandes productores, fomentando la concentración. Por eso, nuestra propuesta deja las retenciones para los grandes en niveles similares e introduce la segmentación. De ese modo, se favorecería al noventa por ciento de los productores y el Estado seguiría recaudando el ochenta por ciento de lo que le ingresa ahora”, explicó Pablo Orsolini, diputado de la UCR y representante de la Federación Agraria. Obviamente, Orsolini como Ulises Forte, el otro representante de la Federación Agraria en el Congreso, no estuvieron invitados a la gran mesa de debate en la Sociedad Rural ni a la reunión posterior que se hizo en el despacho de Oscar Aguad (UCR).
La oposición también quiere -o quiso- avanzar sobre otros proyectos con repercusión fiscal. La coparticipación del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (diez mil millones de pesos); la distribución de los ATN, que piensan utilizarse para refinanciar las deudas provinciales con el Estado nacional (9.600 millones); recuperar para las provincias el quince por ciento de la coparticipación que se destina a la Anses (14.400 millones); limitar la posibilidad de reasignar partidas y del excedente presupuestario estimado en unos cuarenta mil millones de pesos para este año. Como dijo Rodríguez Saá, “no es responsabilidad de la oposición hacerse cargo de las consecuencias”.

EL DEBATE EXTREMO
No sólo Sabsay es el artífice intelectual al decir que a partir del 24 de agosto, de no existir un proyecto que dijere lo contrario, caerían todas las leyes que delegan facultades. La oposición, en su conjunto, firmó un dictamen en la Comisión Bicameral con el siguiente texto: “A partir de esa fecha, carecerán de toda vigencia las normas preexistentes a la reforma constitucional de 1994 que conceden facultades legislativas, así como también aquellas normas dictadas sobre la base de tales autorizaciones y que no se refieran a materias determinadas de administración o emergencia pública”. De seguir la lógica opositora, no sólo caerían las leyes que delegan facultades sino también las normas -leyes, decretos, resoluciones, decisiones administrativas- dictadas sobre la  base de dichas delegaciones.
Aquí es donde entran a jugar las dos bibliotecas de los abogados. “Lo que puede caer es la facultad para delegar y nunca lo ya actuado. Tenemos la convicción de que es así. De todas maneras, la intérprete final será la Justicia”, retrucó Luis Cigogna (FpV). Incluso, el diputado Buryaile señaló que, por más que cayeran las facultades delegadas, “el Estado seguirá recaudando”. Por ese motivo, quieren impulsar al mismo tiempo un proyecto de ley para eliminar las retenciones. Sin embargo, el núcleo más duro de la oposición, liderado por Carrió, intentará hacer valer la segunda interpretación, que cae todo.
Un escenario posible, que ya es analizado por el oficialismo, es que la oposición decida someter a votación, en el pleno del recinto, la manera “correcta” de interpretar el vencimiento de las facultades delegadas. “Sería un disparate que hicieran eso. Deberemos tener bien fundamentada nuestra posición, ya que no podemos confiar en el número ni en la racionalidad de la oposición”, reconoció a esta revista una alta fuente de la conducción del bloque K.
La estrategia de la oposición es forzar la interpretación extrema de que, a partir del 24 de agosto, caerán todas las leyes con facultades delegadas y las normas dictadas en función de estas delegaciones. Si embargo, lo único que le interesa discutir son las retenciones. Por más que fuera correcto estudiar y analizar las leyes en cuestión para determinar que se adecuen a las delegaciones permitidas por la Constitución Nacional -como hizo la Bicameral-, los riesgos son importantes. Están en juego leyes tributarias, mineras, de la administración nacional, servicios públicos, de trabajo, de salud, educación, seguridad social y seguridad, entre otras. Si la oposición lograra avanzar con su apuesta de máxima, ¿por qué sólo sería responsabilidad del Gobierno que el Estado se quede sin normas, tal como sostuvo Rodríguez Saá?

DEBATE

31/07/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario