America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

EN ARGENTINA, WASHINGTON PROPICIA INTERVENCIÓN MILITAR Y LA OPOSICIÓN LO ACOMPAÑA POR HORACIO VERBITSKY


Nota3


El Comando Sur de los Estados Unidos recomendó a la Junta Interamericana de Defensa, JID, que las Fuerzas Armadas del continente participen en un plan de seguridad del medio ambiente y seguridad energética y la Argentina se opuso. El contrapunto, que se produjo el martes pasado durante una reunión informal de la JID realizada en Washington, constituye un paso más en la escalada estadounidense por borronear los límites entre las funciones de defensa y de seguridad y continuará el miércoles durante la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. En la Argentina varios candidatos de partidos opositores, como Ricardo Alfonsín, Sergio Massa y Gabriela Michetti, propugnan la sanción de una ley de pena de muerte sin juicio previo para presuntos narcotraficantes, de cuya aplicación se encargarían las Fuerzas Armadas.

Dentro de su territorio, Estados Unidos mantiene la separación en los términos vigentes desde 1878 con la ley Posse Comitatus y en los últimos tiempos se ha inclinado por dotar a las fuerzas policiales de equipamiento bélico pesado que hasta ahora se consideraba de exclusivo uso castrense. En cambio, en América Latina propugna que las Fuerzas Armadas se aboquen a tareas de tipo policial, según la doctrina de las nuevas amenazas, que ya tiene más de una década de vigencia. El artículo 2 del Estatuto de la JID dice que el propósito del organismo es prestar a la OEA y a sus países miembros “asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa en el hemisferio”, pero no menciona las cuestiones de seguridad. Lo mismo ocurre con el Plan Estratégico de la JID. Por eso, en la reunión del miércoles 16, Estados Unidos intentará redefinir el alcance de los términos “asuntos militares y de defensa” y los conceptos de Defensa y Seguridad. También es previsible que la cuestión reaparezca entre el 21 y el 25 de octubre, durante la Conferencia Inter-Americana de Logística, que financiada por empresas privadas, se realizará también en Washington.

UN PROGRAMA DE GOBIERNO

El programa de trabajo 2013-2014 de la JID, firmado por su director, el vicealmirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, constituye un capítulo de un programa de gobierno. Luego de temas militares y de defensa agrega que la JID se ocupará también “de disciplinas conexas relacionadas con el hemisferio”. También se propone incentivar la presencia en distintas actividades de la JID de la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, dos vías para eludir la separación de funciones. Otro objetivo del plan de trabajo es constituir a la JID como “organismo de asesoría técnica permanente de la Conferencia de Ministros de Defensa y establecer relaciones de cooperación con los organismos hemisféricos, regionales y subregionales de defensa y seguridad”. También se propone participar en la coordinación entre Fuerzas Armadas y de Seguridad “en el combate al narcotráfico” en Centroamérica y asistir a la Cuarta Conferencia de Ministros de Seguridad de las Américas. La JID incluso se propone instruir al Comité Interamericano contra el Terrorismo en la “protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, armonizar su plan de trabajo con el de la Comisión de Seguridad Hemisférica y convertir al Colegio Interamericano de Defensa en una institución educativa de excelencia que ofrezca cursos de posgrado no sólo en defensa sino también en seguridad. A ese plan de trabajo de la Junta Interamericana de Defensa, la delegación de Estados Unidos agregó una recomendación propia: que la JID acepte la propuesta presentada por el Comando Sur y trabaje en conjunto con sus autoridades en “el desarrollo de un Plan de Cooperación Regional sobre el Medio Ambiente y la Seguridad Energética”. La delegación argentina presentó una serie de objeciones a este plan:

– como parte del objetivo de ayuda humanitaria y auxilio en caso de desastres naturales, se invoca la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana y se propone un seguimiento de fenómenos que no se compadecen con el enunciado general, como las migraciones, el tráfico de personas y la delincuencia transnacional. Pero la Declaración de San Salvador se refiere a problemas de seguridad pública y no contempla temas de carácter militar o de defensa, los únicos que habilitan la actuación de la JID. Esa temática está excluida de las competencias de la JID, cuyo estatuto no la prevé.

– las nuevas amenazas contempladas en los enfoques multidimensionales no obligan a su neutralización por instrumentos militares. En la Argentina la respuesta sólo concierne a los ministerios de Seguridad y de Justicia.

– la propuesta coordinación de la JID con la Secretaría de Seguridad Multidimensional debe excluir el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de los estados, la lucha contra las drogas, las migraciones, la trata de personas y el terrorismo, que competen a otros organismos de la OEA, como la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Tampoco es admisible que la JID participe en foros, conferencias y organismos que tratan esos temas, que no forman parte de las facultades de la Junta Interamericana de Defensa.

– la JID tiene la misión de apoyar a la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia de Ministros de Defensa (que siempre está a cargo del país anfitrión) y de almacenar su memoria histórica, pero no está en aptitud para convertirse en su Secretaría Técnica Permanente, ya que la Conferencia es un foro de diálogo político entre los ministros y la JID un órgano de asesoramiento técnico-militar de la OEA.

– también se debe aclarar que esas funciones de apoyo sólo se desempeñarán a requerimiento de la Secretaría Pro Témpore.

– la Argentina tampoco acepta el propuesto “alineamiento de las estrategias de defensa y seguridad” que la JID debería apoyar.

– al referirse a los instrumentos que componen el Sistema Interamericano de Defensa, el plan de la JID le asigna funciones de cooperación con otros organismos interamericanos, cuando sólo fue autorizada a hacerlo en el proceso de revisión del Sistema, que impulsa la Argentina y del que la JID debería tomar nota.

– la JID se arroga como “tareas implícitas” tareas que exceden sus funciones y misión. Menciona entre ellas la solicitud a los estados de determinadas informaciones que no competen a la JID, como por ejemplo datos sobre tecnología e industrias.

– las conclusiones de la JID no mencionan el cumplimiento del mandato de la Conferencia de Ministros de Defensa y de la Asamblea General de la OEA, que dispusieron la revisión de todos los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa. Esto incluye en forma central a la propia JID.

El conflicto está definido en términos claros. Mientras la Argentina reclama que el sistema político, representado por los ministros de Defensa y la Asamblea General, conduzca la revisión de la Junta Interamericana, la JID, con sede en Wa-shington y financiamiento estadounidense, resiste la revisión de su rol y pretende avanzar con nuevas imposiciones sobre los órganos representativos de la voluntad popular.

Durante la reunión informal del miércoles pasado no sólo la Argentina impugnó la pretensión estadounidense de que el Comando Sur recomiende a la JID la forma de cooperar en la seguridad energética y del medio ambiente como nuevo tópico de relaciones entre las Fuerzas Armadas de la región, sobre los modelos que aplican las Naciones Unidas y la OTAN. Canadá sostuvo que la creación de un comando operacional requería mayor discusión y puso en duda que la JID tuviera capacidad para el tema. Estados Unidos negó que propusiera un rol operativo para la JID. Además de coincidir en estos puntos con Canadá, México recordó que cada país tiene organismos especializados en la seguridad energética y del medio ambiente, tema en que los militares tienen, en el mejor de los casos, competencia subsidiaria, y sugirió que los países que estén de acuerdo con la propuesta pueden realizarla en forma bilateral con el Comando Sur. Esta es la lógica que desde hace años encuadra los avances estadounidenses sobre la región: una propuesta general que la OEA no acepta y que se impone después en la relación bilateral con distintos países, empezando por los más débiles, ya sea ante las amenazas descriptas, o ante el Pentágono y su Comando Sur, verdadero artífice y efector de la política de su país hacia Sudamérica. La Argentina reiteró algunos planteos que había formulado en la reunión ordinaria de la JID del mes pasado. En esa ocasión, sostuvo que como otros países sudamericanos prioriza la cooperación en estas materias en el marco subregional de la UNASUR y que es inconveniente involucrar a la JID en temas ajenos a la defensa.

EL DERRIBO DE LAS FRONTERAS

La separación tajante entre Defensa Nacional y Seguridad Interior es uno de los acuerdos básicos de la democracia argentina y cristalizó en tres leyes y un decreto sancionados bajo cuatro diferentes gobiernos. La ley de defensa nacional fue promulgada en 1988 por el presidente Raúl Alfonsín, la de Seguridad Interior en 1992 por el presidente Carlos Menem, la de Inteligencia Nacional en 1991 por el presidente Fernando de la Rúa, y el decreto reglamentario de la ley de Defensa por el presidente Néstor Kirchner en 2006. El artículo 4 de la ley de Defensa estableció que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior”. Pero pasaron 18 años hasta su reglamentación. Horacio Jaunarena, quien fue ministro de los ex presidentes Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y del ex senador a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde, confesó en un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi que nunca la reglamentó porque no estaba de acuerdo con el texto y el espíritu de la ley.

Los considerandos del decreto reglamentario que la ministra Nilda Garré firmó junto a Kirchner descartan en forma expresa la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa, “usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas”. De lo contrario se pondría “en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”. Ya bajo la presidencia de CFK se presentaron tres proyectos en el Congreso desandando ese camino. El primero, de 2010, lleva la firma de Francisco De Narváez y otros diputados del Peornismo Opositor (Expediente de la Cámara de Diputados 6657-D-2010, Trámite parlamentario 130, 09/09/2010, Defensa Nacional contra amenazas aéreas). El segundo, de 2011, fue presentado por la diputada de PRO Gabriela Michetti, a quien acompañan el propio De Narváez y varios diputados de los partidos de ambos (Expediente de la Cámara de Diputados 1791-D-2011, Trámite parlamentario 0028, 13/04/2011, Creación del Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte). El tercero, de este año, pertenece al diputado radical Ricardo Alfonsín y a otros legisladores de su partido (Expediente 4817-D-2013, Trámite parlamentario 073, 18/06/2013, Ley de lucha integral contra el narcotráfico).

Todos ellos coinciden en encomendar a la Fuerza Aérea el derribo de aeronaves que no respondan a intimaciones transmitidas por radio, señales visuales y disparos de emergencia con munición trazadora (De Narváez); el derribo deberá ser autorizado por el presidente de la Nación o por la autoridad delegada por él en el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Alfonsín) y “en ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero” (Michetti). El proyecto de Michetti es el más explícito: han desaparecido las hipótesis de conflicto “en el subcontinente” (sic) y hoy los enemigos del estado “son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc.”. Estas amenazas “son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional”. A ellos se les sumó esta semana el candidato a diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, quien el viernes dijo que era urgente sancionar una ley que permitiera “voltear a los aviones de los narcos que entran al país”. El oficialismo se opone en forma explícita a semejante reforma. De hecho, en el Operativo Fortín Norte, el Ejército no recibió del ministerio de Defensa normas de empeñamiento, sólo pautas de comportamiento, que excluyen la entrada en combate, y la semana pasada en Río Gallegos, el ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó que se limitaran a ocupar la parte del terreno de propiedad de la Armada que no había sido intrusada, sin siquiera portar armas de fuego. Los proyectos de Massa, Michetti, Alfonsín y De Narváez habilitarían a las Fuerzas Armadas a aplicar la pena de muerte, sin juicio previo, basada en la mera sospecha, incluso a quienes se estuvieran alejando del territorio nacional. Por suerte es dudoso que progresen en el Congreso, dada la cómoda mayoría del oficialismo.

Página/12, Buenos Aires, 13 de octubre de 2013.

01/11/2013 Posted by | General, Medio Ambiente, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , | Deja un comentario

El tóxico de Uribe – Atilio Boróm


Atilio Borón

Página 12

¿Qué pretende Uribe con su frenética gira por América Sudamérica? Nada menos que vender una iniciativa tóxica, para utilizar el lenguaje impuesto por la crisis capitalista: justificar la escalada de la ofensiva militar del imperio con el propósito de revertir los cambios que en los últimos años alteraron la fisonomía sociopolítica de la región. Ante esta desconcertante realidad la táctica de la Casa Blanca ha sido abandonar la retórica belicista de Bush y ensayar un discurso igualitarista y respetuoso de la soberanía de los países del área, pero desplegando nuevas bases militares, manteniendo a la Cuarta Flota y fortaleciendo sin pausa al Comando Sur.

En este sentido Barack Obama, a quien los perpetuamente desorientados “progres” europeos y latinoamericanos continúan confundiendo con Malcom X, está siguiendo al pie de la letra los consejos de Theodore Roosevelt, el padre de la gran expansión imperialista norteamericana en el Caribe y Centroamérica, cuando dijera “speak softly and carry a big stick”, es decir, “habla bajito pero lleva un gran garrote”. Roosevelt fue un maestro consumado en aplicar esa máxima a la hora de construir el Canal de Panamá y lograr, con la infame Enmienda Platt, la práctica anexión de Cuba a los Estados Unidos. Con su política de remilitarización forzada de la política exterior hacia América Latina y el Caribe Obama se interna por el camino trazado por su predecesor.

La justificación que Uribe esgrime en apoyo de su decisión de conceder a las fuerzas armadas de Estados Unidos siete bases militares es que de esa manera se amplía la cooperación con el país del Norte para librar un eficaz combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Excusa insostenible a la luz de la experiencia: según una agencia especializada de las Naciones Unidas los dos países donde más creció la producción y exportación de amapola y coca son Afganistán y Colombia, ambos bajo una suerte de ocupación militar norteamericana. Y si algo enseña la historia del último medio siglo de Colombia es la incapacidad para resolver el desafío planteado por las FARC por la vía militar.

Pese a ello el general Freddy Padilla de León ­–quien gusta decir que morir en combate “es un honor sublime”- anunció días pasados en Bogotá que las siete bases estarían localizadas en Larandia y en Apiay (ambas en el Oriente colombiano); en Tolemaida y en Palanquero (en el centro de Colombia); en Malambo (sobre el Atlántico, en la costa norte); en Cartagena, sobre el Caribe colombiano y la séptima en un lugar aún no determinado de la costa del Pacífico. El Congreso de Estados Unidos ya aprobó la suma de 46 millones de dólares para instalar su personal y sus equipos bélicos y de monitoreo en estas nuevas bases con el objeto de reemplazar las instalaciones que tenía en Manta. En la actualidad ya hay en Colombia 800 hombres de las fuerzas armadas de Estados Unidos y 600 “contratistas civiles” (en realidad, mercenarios) pero los analistas coinciden en señalar que la también Correa y Evo Morales quedan en la mira del imperio si se tiene en cuenta que Alan García en Perú arde en deseos de ofrecer “una prueba de amor” al ocupante de la Casa Blanca otorgándole facilidades para sus tropas.

En Paraguay, Estados Unidos se aseguró el control de la estratégica base de Mariscal Estigarribia –situada a menos de cien kilómetros de la frontera con Bolivia- y que cuenta con una de las pistas de aviación más extensas y resistentes de Sudamérica, apta para recibir los gigantescos aviones de transporte de tanques, aviones y armamento pesado de todo tipo que utiliza el Pentágono. También en ese país dispone de una enorme base en Pedro Juan Caballero, ¡localizada a 200 metros de la frontera con Brasil!, pero según Washington pertenece a la DEA y tiene como finalidad luchar contra el narcotráfico. La amenaza que representa esta expansión sin precedentes del poder militar norteamericano en Sudamérica no pasó desapercibida para Brasil, que sabe de las ambiciones que Estados Unidos guarda en relación a la Amazonía, región que “puertas adentro” los estrategas imperiales consideran como un territorio vacío, de libre acceso, y que será ocupado por quien tecnológicamente tenga la capacidad de hacerlo.

Ante estas amenazas los países sudamericanos tienen que reaccionar con mucha firmeza, exigiéndole a Estados Unidos archivar sus planes belicistas en Colombia, desmilitarizar América Latina y el Caribe y desactivar la Cuarta Flota. La retórica “dialoguista” de Obama es incongruente con la existencia de semejantes amenazas, y si quiere lograr un mínimo de credibilidad internacional debería ya mismo dar instrucciones para dar marcha atrás con estas iniciativas. Por su parte, los gobiernos de la región nucleados en la Unasur y el Consejo Sudamericano de Defensa deberían hacer oídos sordos ante las falacias de Uribe y pasar del plano de la retórica y la indignación moral al más concreto de la política, impulsando algunos gestos bien efectivos: por ejemplo, ordenando el inmediato retiro de las misiones militares y los uniformados estacionados en nuestros países mientras no se reviertan aquellas políticas. De ese modo el mensaje de rechazo y repudio al “militarismo pentagonista” -como precozmente lo bautizara un gran latinoamericano, Juan Bosch- llegaría claro y potente a los oídos de sus destinatarios en Washington. Las súplicas y exhortaciones, en cambio, no harían sino exacerbar las ambiciones cifra real es mucho más elevada que la oficialmente reconocida.

No hace falta ser un experto militar para comprobar que con la entrega de estas bases Venezuela queda completamente rodeada, sometida al acoso permanente de las tropas del imperio estacionadas en Colombia, amén de las nativas y los “paramilitares”. A ello habría que agregar el apoyo que aportan en esta ofensiva en contra de la Revolución Bolivariana las bases norteamericanas en Aruba, Curazao y Guantánamo; la de Palmerolas, en Honduras; y la Cuarta Flota que dispone de suficientes recursos para patrullar efectivamente todo el litoral venezolano. Pero no sólo Chávez está amenazado: del imperialismo.

Rebelión

07/08/2009 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario