America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Retroceso y medio – Luis Bruschtein


Retroceso y medio

 Por Luis Bruschtein

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Se puede gobernar legalmente pero sin legitimidad. La diferencia es importante. Gobernar con decretos puede ser legal pero deslegitima las medidas que se toman y desacredita al Parlamento que aparece como un organismo decorativo menor. Si en esa línea, el Poder Judicial asume un rol de complicidad con el desprecio al Congreso, la calidad democrática se resiente aún más. Por supuesto que no se puede comparar con una dictadura. La diferencia es más que importante porque en este caso se trata de un presidente elegido y no de un general impuesto, pero para funcionar como presidente hay que respetar las leyes. Mauricio Macri, que ganó el gobierno por apenas dos puntos de diferencia, ya lleva un récord de decretos que incluyen desde la designación de magistrados a la Corte Suprema hasta la modificación de las condiciones que deben reunir aspirantes a determinadas funciones. Y además arremetió contra todos los funcionarios cuyos cargos fueron concebidos a contraturno de los Ejecutivos para evitar abusos, como en la Afsca y Aftic, en RTA o en el Banco Central y en la Procuraduría.

Si para estar en la Oficina Anticorrupción hay que ser abogado, es poco elegante modificar ese reglamento a imagen y semejanza del personaje candidateado. Es al revés, el personaje tiene que reunir las condiciones que requiere el cargo. Tiene sentido que el reglamento se pueda cambiar por decreto en función de un argumento razonable para el mejor desempeño de ese cargo, pero resulta monárquico que se lo haga solamente para poder designar a un candidato en especial y en el momento previo a designarlo, ya sea Laura Alonso o a cualquier otro en ese cargo.

El Presidente no es el patroncito. No es sólo la forma, que ya de por sí es calidad democrática. En todos estos casos van juntos el fondo y la forma. Hay otros dos decretos por los cuales organismos que fueron creados para que funcionen de la manera más independiente de los cambios políticos, perdieron de hecho esa condición. La ley que creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic) y Radio y Televisión Argentina S.E. estipulaba numerosas medidas para garantizar pluralidad e independencia, una de las cuales establece que sus autoridades se renuevan a contraturno del Ejecutivo. Los directorios están integrados por representantes de las provincias, de la oposición y de la actividad profesional y el titular es propuesto por el Ejecutivo cuando le toca la renovación. Los dos primeros organismos fueron englobados por un Ministerio de Comunicaciones cuyo titular, Oscar Aguad, ya dijo que tienen que subordinarse a los lineamientos de ese Ministerio, intervino por decreto a los organismos y puso al frente de ellos a un militante del PRO y a su yerno. RTA quedó dentro del Sistema de Medios Públicos que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete, después de forzar la renuncia de su titular Tristán Bauer con acusaciones denigrantes.

Estos organismos fueron creados por la ley de medios, una de las más debatidas en la historia, con audiencias públicas en la Corte Suprema, y en el Congreso, asambleas en Universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y barriales. Nunca antes una ley se discutió en forma tan amplia y masiva. Y lo mismo ocurrió cuando fue aprobada por el Congreso, por la Corte y por los organismos internacionales de la OEA y la ONU. Los ahora integrantes de la Alianza Cambiemos (radicales, macristas y Carrió) se retiraron del recinto en el momento de la votación porque la perdían por mucha diferencia. Los diputados del Frente Para la Victoria habían conseguido el respaldo de las demás fuerzas, desde el socialismo hasta partidos provinciales, después de una larga negociación que implicó concesiones y la introducción de cambios sugeridos por los otros bloques.

En todo el proceso de adecuación, el único multimedia que planteó problemas fue el Grupo Clarín que, para evitar su desmonopolización, trabó la ley con la complicidad de parte del Poder Judicial, pese a que había sido declarada constitucional por la Corte por el voto de seis de sus miembros. El único en contra fue Carlos Fayt, visiblemente parcializado en contra del gobierno.

El argumento para los decretos del gobierno macrista que subordinan a estos organismos de regulación de los medios audiovisuales privados y públicos es que la ley de medios fue utilizada como una herramienta de persecución. Si el único planteo pendiente es del Grupo Clarín, se deduce que la única víctima fue esta corporación a la que ellos entonces están defendiendo. El Grupo Clarín es una de las empresas más grandes de este país, con gran influencia en partidos políticos, asociaciones empresarias locales e internacionales, y en el Poder Judicial.

Los decretos y medidas contra la ley de medios, la forma violenta y descalificadora con que lo han hecho, el despliegue policial y las acciones propias de patoteros para sacar a Martín Sabbatella de la Afsca muestran resentimiento y revanchismo. Pensar que la ley de medios fue sólo una herramienta para perjudicar a una corporación mediática porque era crítica del gobierno kirchnerista es pensar que la posición dominante de Clarín en la generación de contenidos, en la circulación de la información y en la manipulación de la opinión pública no es nociva para una sociedad democrática. Nadie, oficialista, opositor o megaempresario oportunista, puede tener el derecho a manejar semejante poder de manipulación. Lo que están planteando el macrismo y el radicalismo es que la sociedad debe resignarse a ver la realidad sólo como quiera el grupo mediático dominante. No dan opciones democráticas para la información, aunque escudan esta ofensiva autoritaria con un barniz de democratismo vacío.

Hace menos de veinte días que asumió Mauricio Macri y en ese lapso el portal de Página/12 sufrió un ataque informático masivo que lo bloqueó por varios días; ya se anunció que serán levantados programas como 6,7,8 al que nadie podrá negarle audiencia. Es el más emblemático y el más irritativo para el actual oficialismo. Pero también se anunció el levantamiento de los programas de Dady Brieva en radio y televisión. Y de la misma manera se anunció que no habrá más Duro de domar ni Televisión registrada, TVR, y nadie podrá decir que es porque no tienen público. Igual que la salida de Roberto Navarro de C5N, que había sobrepasado a TN en el rating. En ninguno de ellos se aplica el argumento de que no tenían audiencia. El único argumento es el político. Los canales o las radios no quieren tener estos programas porque es evidente que temen la censura ideológica de la pauta oficial y la privada, que ahora se orientan con los mismos parámetros. Es claro que la pluralidad que a duras penas existía en el sistema de medios públicos y privados se está reduciendo a la mínima expresión porque la limitación de la pauta la sufrirán todos los medios críticos al gobierno macrista. Es un gobierno que se llena la boca con la libertad de expresión pero cuyo accionar está reduciendo el mundo de los contenidos simbólicos y de la comunicación a una sola mirada ultradominante.

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26/12/2015 Posted by | General, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina – GRUPO A: FRAGILIDAD POLÍTICA Y AUSENCIA DE LIDERAZGO




La oposición se endurece
y a la vez se dispersa

Por Edgardo Mocca

Dos rasgos centrales definen a la   oposición en estos días: la disposición a jugar al todo o nada en el Congreso y la tendencia a la dispersión.
Carentes de liderazgo y proyecto propio, los líderes opositores parecen dispuestos a asumir el diagnóstico y la estrategia que formulan los editorialistas de los principales medios. Han lanzado una nueva ofensiva parlamentaria dirigida a refutar la imagen de blandura y vacilación que periódicamente les adjuntan sus impacientes consejeros comunicativos. Las claves de esta ofensiva son totalmente evidentes: la sobreoferta de medidas de alta popularidad (el 82 por ciento móvil, insólita bandera de combate de la derecha argentina) combinada con la desfinanciación del Estado, vía reforma del impuesto al cheque y la reducción de las retenciones a las exportaciones.
Es la segunda etapa del operativo iniciado a principios de este año y rápidamente frustrado, que estaba orientado a bloquear el uso de reservas para el pago de compromisos externos y a imponer una presidencia del Banco Central enfrentada con el programa económico del Gobierno. Las razones de la relativamente rápida frustración de aquel impulso radican, con toda evidencia, en la fragilidad política de sus gestores atravesados por la división y la mutua desconfianza. Si esta interpretación se llevara a fondo, las causas de la anemia opositora podrían ser rastreadas en su profunda heteronomía, en el hecho, también muy visible, de que sus guiones se escriben desde fuera de sus propios espacios.
Entonces, hay que ocultar esa evidencia. Es necesario encontrar otras causas que no amenacen esa relación mutuamente funcional entre la estrategia de los medios concentrados y ciertas carreras políticas. La voz de orden es, entonces, más energía, más combatividad contra el Gobierno. Y, en estos días, se suma un nuevo caballito de batalla: si la ofensiva fracasa en el Senado -donde la relación de fuerza es estrecha y cambiante- la razón habrá que buscarla en la capacidad del Gobierno para sobornar adversarios.
En el violento e irresponsable operativo se sitúa en la misma bolsa a los intercambios particularistas, es decir las ventajas laterales que pueda obtener una provincia a cambio del apoyo a una iniciativa del oficialismo nacional, la invitación a sumarse a una delegación internacional para algún senador díscolo y la simple y llana coima. Los dos primeros recursos son discutibles pero enteramente legales; el tercero es un delito que tiene antecedentes bastantes cercanos, lo que aconsejaría un grado mayor de responsabilidad en su denuncia.

En última instancia, el éxito mayor al que aspira el Grupo A en esta etapa no es el de la aprobación de sus iniciativas, sino el alboroto que desaten las discusiones -mejor si hay alguna denuncia escandalosa en el medio- y la posibilidad de forzar el veto presidencial a medidas popularmente atractivas. Ni ese modesto objetivo está asegurado, según lo muestran las duras discusiones entre los referentes opositores alrededor del nivel y la distribución de las retenciones a las exportaciones agrarias. En el debate no parece estar en juego un plan estratégico en relación a los ingresos del Estado, sino el modo más eficaz para dañar al Gobierno.
Mientras se desarrolla el intento de acorralamiento parlamentario al oficialismo, la oposición se deshilacha. La escena principal transcurre en torno de las desventuras del jefe de gobierno porteño. El pedido de juicio político a sí mismo, idea publicitaria tan sorpresiva como disparatada, no resiste el choque con la realidad política. El macrismo no logra sumar a la jugada a nadie ajeno a su propia tropa y los rumores de deserciones internas empiezan a presagiar un negro final para el oficialismo de la Ciudad. Muy probablemente el espectáculo, intenso pero veloz, de un juicio político fracasado por falta de la mayoría de los dos tercios sea reemplazado por el trabajo lento y tortuoso de una comisión investigadora que hará desfilar a muchas personas y acumulará datos y argumentos muy fuertes no sobre la comisión de un delito (para eso a Mauricio Macri lo espera un juicio oral), sino sobre el desempeño del alcalde en sus funciones. Habrá que ver cómo se las arregla Jaime Durán Barba para convertir ese calvario en una promisoria tribuna electoral.
Pero el tema Macri desborda los límites de la política porteña. Su desgracia ha terminado por evidenciar la fragilidad de la alianza entre el Peronismo Federal y la centroderecha, con el agravante del enorme signo de interrogación que abre respecto de las perspectivas de quien era su precandidato más competitivo. Si nos atenemos a las declaraciones de estos días, las de Eduardo Duhalde por ejemplo, no será Macri el candidato de los peronistas disidentes en 2011, lo que abre el espacio para una dura disputa interior entre aspirantes que hoy “miden” bastante por debajo del jefe porteño. Mientras tanto, Duhalde vuelve a agitar el Pacto de la Moncloa argentino, un gran acuerdo de gobernabilidad entre “todas” las fuerzas políticas, una generalidad que, claro está, excluye al kirchnerismo. Puede descontarse la impaciencia popular por conocer en detalle ese singular documento que produce el milagro de unir en la defensa de un proyecto de país a personas y corrientes que diariamente intercambian todo tipo de chicanas mutuas.

En el campamento del Acuerdo Cívico y Social los aires no son más armoniosos. Detrás de anécdotas patéticas como la del ataque de Carrió a Alfonsín por compartir un acto de gobierno en su propio pueblo, puede verse la naturaleza de las tensiones. Carrió no tiene su lugar en el Acuerdo. En principio, la diputada no tiene lugar en ningún espacio que no pueda manejar a su arbitrio y que no desemboque, directa o indirectamente, en su candidatura presidencial. El modo de salida aparentemente elegido es el que tiende simultáneamente a dañar la credibilidad del espacio panradical y a mantenerse en el monopolio indisputado de la rabia antikirchnerista. La muy probable candidatura de Carrió para el año próximo será, seguramente, una referencia extrema en la sonoridad y espectacularidad de sus acciones, aunque, en las condiciones que parecen insinuarse, su atractivo electoral tenderá a menguarse radicalmente.
La oposición se muestra más combativa y audaz en las circunstancias de mayor debilidad política propia desde el 28 de junio del año último. Las ilusiones de un rápido debilitamiento terminal del Gobierno se han disipado. Las posibilidades de triunfo electoral opositor parecerían asociarse a un mayor ejercicio de la prudencia, capaz de sintonizar con un clima social que claramente no es el de los días de la discusión de la Resolución 125. Pero esa apuesta tiene un costo principal: la ruptura del vínculo estratégico con las empresas mediáticas que tienen otros intereses y otros tiempos políticos.

DEBATE

31/07/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina – El Terciador y los Tesoros Ajenos


Entregador, junto a sus compinches Domingo Felipe Cavallo, Eduardo Luis Duhalde, Guido Di Tella, Roberto Dromi Guadagni y otros, del patrimonio nacional; propiciador de la superexplotación de los trabajadores, de la desocupación forzada, de la destrucción del aparato productivo, de la miseria y la marginación de millones, de la sujeción sin cortapisas a los EE.UU. durante la década del 90, el ex presidente Carlos Menem, ahora “senador de la República”, ha apostado junto a elementos de la oposición por una probable hondurización del país, hoy morigerada por la visita reciente de Hillary Clinton.

Por:     Jorge Luis Ubertalli

Entregador, junto a sus compinches Domingo Felipe Cavallo, Eduardo Luis Duhalde, Guido Di Tella, Roberto Dromi, Guaragna y otros, del patrimonio nacional; propiciador de la superexplotación de los trabajadores, de la desocupación forzada, de la destrucción del aparato productivo, de la miseria y la marginación de millones, de la sujeción sin cortapisas a los EE.UU. durante la década del 90, el ex presidente Carlos Menem, ahora “senador de la República”, ha apostado junto a elementos de la oposición por una probable hondurización del país, hoy morigerada por la visita reciente de Hillary Clinton. La “carrera política” de este ahora “terciador” entre el oficialismo y la oposición local, jalonada de traiciones y entregas, superó, con la entrega del subsuelo nacional, una de sus mas olorosas materias.

Tesoros ajenos

Corría 1993 cuando el entonces ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, en el marco del denominado Acuerdo Federal Minero y sus complementos ratificatorios que marcaron la entrega del subsuelo argentino a las multinacionales, se reunió en Denver, Colorado, EE.UU. con los hurgadores de tesoros ajenos. Acompañado por 7 gobernadores de provincias mineras, y esbozando un Plan coincidente con el saqueo patrimonial de la nación, inició el camino sin retorno de la violación subterránea. Un año antes, con la complicidad del Congreso, la Justicia y otras respetables instituciones, se había adjudicado la explotación de oro en Catamarca a la multinacional Musto Int. (IMZ), componente de la empresa Minera Alumbrera, cuyo capital correspondía en un 50% a la australiana MIM Holding. En el mismo 1993, las también australianas North Ltd. y Algom Ltd. se quedaron con el paquete accionario de Musto Inc. y comenzó entonces el ultraje de las entrañas catamarqueñas, que sigue hasta ahora, arrastrando una secuela de envenenados, muertos, enfermos, trabajadores superexplotados, destrucción de bienes comunitarios y rebeliones populares. Asimismo, desde ese año 1993, 42 empresas multinacionales- entre ellas las australianas Meridian Gold, Placer Dome, BHP y CRA, la inglesa RTZ, la canadiense Barrick Gold y la FMC de EE.UU. – participaron de un coto de caza subterráneo de 16 millones de hectáreas “cubiertas por derechos de exploración entre cateos y áreas de reservas provinciales”. De todos los emprendimientos mineros, Bajo La Alumbrera (oro y cobre), en Catamarca; Cerro Vanguardia (oro) en Santa Cruz, Pachón (cobre y molibdeno) en San Juan y ahora Agua Rica ( oro, cobre y molibdeno) en Catamarca, son la punta del iceberg en cuanto a los jugosos negocios del ramo. Facilidades impositivas, seguridad jurídica por largos años, descuento en el impuesto a las ganancias en inversiones de exploración, regalías ínfimas, libre importación de maquinarias, restitución del IVA, amplios descuentos sobre cargas sociales, permisividad en cuanto a destrucción de vías camineras y leyes ambientales truchas que consagran la impunidad, son algunas de las prerrogativas de las que gozan desde el período menemista y hasta hoy los saqueadores de tesoros ajenos, ratificadas tiempo después por la modificación de la Ley de Minería llevada a cabo durante el período del ex presidente De La Rua con la participación de, entre otras, las empresas mineras australianas MIM/North/Rio Algom, quienes invirtieron 1.000 millones de dólares en el proyecto a “cielo abierto” de La Alumbrera. Según consignó quien esto escribe en el 2003, lo mas sustancioso del negocio consistió en liquidar en el país, al igual que las empresas petroleras, sólo el 30% de lo producido, repatriándose el resto, que en su momento regresaría en “préstamos” para reciclar deuda externa, en forma de petrodólares o minerodólares.

Avivados

Cuando en 1997 entró en Catamarca en escena La Alumbrera, las condiciones para que florecieran los pingües negocios del ramo ya estaban “globalizadas”. Varios bancos centrales europeos, entre ellos la Banca Suiza, había enviado ese año al mercado en forma de ventas, préstamos y operaciones de cobertura grandes cantidades de oro, lo que hizo fluctuar a la baja el precio de este metal precioso. En ese mismo momento, el precio del cobre también fluctuó a la baja, lo que hizo lugar a la ley del embudo capitalista- centralización del capital- consiguiente con la debacle de medianas y aún grandes empresas mineras, que fueron absorbidas o se plegaron a las más grandes, como sucedió aquí con las tres australianas que se fusionaron en La Alumbrera. Con gran “visión de futuro” y como no podía ser de otra manera, las multinacionales mineras apostaron luego al presidenciable mas reaccionario y guerrerista de los EE.UU., George W. Bush, sabiendo que con la reactivación del complejo militar industrial se elevarían, por la depreciación del dólar producto de emisiones desenfrenadas para paliar los gastos del complejo bélico, y por el mayor consumo de cobre relacionado con su uso militar, los precios del oro y de este último metal, paralelo al aumento de los precios de todos los metales vinculados con la industria bélica. Así hicieron su agosto mundial los buceadores de tesoros ajenos. Tanta bonanza provocó que aquí, en solo un año- 2002/03- 100.000 kilómetros cuadrados de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán fueran estudiados geológicamente por empresas japonesas y otras a fin de iniciar emprendimientos privados vinculados con el quehacer minero. Solo en Catamarca se afincaron a fines de los 90 e inicios del siglo XXI, 42 empresas, que hicieron y hacen estragos ambientales y de infraestructura, además de superexplotar a innumerables trabajadores, en los departamentos de Belén, Andalgalá, Tinogasta, Recreo y Santa María, entre otros.

Filomineros y rebeliones

El 2 de diciembre del 2009, el presidente de la multinacional canadiense Barrick Gold, Aaron Regent, declaró al diario Wall Street Journal lapidariamente: “Somos optimistas por el precio del oro”. Y no es para menos. La debacle financiera/monetaria mundial capitalista, fundamentalmente en EE.UU., entre otras variables, conlleva al aumento del precio del metal precioso, y el corolario de ello es que las acciones de Barrick aumentaron 8% ese año en relación con las subas. A fines de septiembre, sólo este consorcio anunció inversiones de 2.600 millones de dólares, producto de sus ganancias, para adquirir otras empresas y emprender nuevas aventuras doradas en el mundo.

Entretanto, como botón de muestra del jolgorio que continúa, el gobernador de la provincia patagónica de Chubut, Eduardo Das Neves, prosigue con su cruzada filominera, iniciada en esa provincia con la Meridian Gold, empresa que pretendía a inicios del 2000 y aún pretende contaminar la zona de Esquel y adyacencias a través de la extracción del metal dorado a “cielo abierto”. Desde ese momento los Vecinos Autoconvocados de Esquel han resistido la instalación de esta mina y aún siguen su lucha para evitar que, con leguleyerías propias de los que detentan el poder económico, esta logre su cometido.

Por otra parte, en Andalgalá, ubicada en los Valles Calchaquíes de Catamarca, una reciente pueblada llevada a cabo el último 15 de febrero derivó en una feroz represión, con un saldo de heridos y 50 detenidos, por parte de uniformados y sicarios al servicio de Agua Rica, emprendimiento minero tutelado desde el 2007 por la multinacional Yamana Gold Inc, que contiene a las empresas Yamana Gold, Meridian Gold y Northern Orion, fusionadas. Según los vecinos andalgaleños, este emprendimiento, que será tres veces mas grande y contaminante que La Alumbrera y producirá 12.5 millones de tn. de oro/cobre, 357.750 tn. de concentrado de molibdeno, y plata y remio como subproductos, sólo dejará en Catamarca el 1% de sus dividendos, además de muerte, contaminación y hasta el posible desmantelamiento de la ciudad de Andalgalá, que se halla sobre la zona prevista para las operaciones de la mina. Defendiendo su región y su vida, y al igual que los de Esquel, San Juan y otras zonas del país, los andalgaleños siguen luchando, y han logrado que el Juez de Minas de esa provincia, Raúl Cerda, resuelva hasta nuevo aviso interrumpir la actividad de la empresa Agua Rica.

Sin embargo, las influencias de estos grupos económicos extractivos son poderosas, y cuentan con el apoyo y las impunidades otorgadas en su momento por el ahora senador y “terciador” Carlos Menem y sus secuaces antiguos y actuales de distinto signo político que, abierta o secretamente, fuera y aún dentro del oficialismo, aspiran a hondurizar el país cuando convenga a sus intereses.

TELESUR

09/03/2010 Posted by | General, Medio Ambiente, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios

CONGRESO Y DNU


Repaso histórico

Desde indultos hasta el corralito, nunca antes el Congreso rechazó un DNU

03-03-2010 /  Se impulsaron por esa vía medidas cuestionadas como el Plan Austral, los cambios en la Ley de ART y el megacanje, pero la oposición no los objetó.
Ni el Plan Austral o el Megacanje fueron rechazados.

Por Luis Autalan

Des­de pro­gra­mas eco­nó­mi­cos que cam­bia­ron el sig­no de la mo­ne­da co­mo el Plan Aus­tral has­ta el in­dul­to a los ge­no­ci­das pro­ce­sa­dos de la úl­ti­ma dic­ta­du­ra. Des­de el in­cre­men­to de la edad ju­bi­la­to­ria has­ta cam­bios en la Ley de ART que ce­rra­ron a los tra­ba­ja­do­res el pa­so a los re­cla­mos ju­di­cia­les. Des­de pro­gra­mas de en­deu­da­mien­to­, pa­san­do por can­jes y me­ga­can­jes has­ta el co­rra­li­to y el co­rra­lón. To­das esas y mu­chas otras me­di­das im­ple­men­ta­das “en fa­vor del pue­blo ar­gen­ti­no” fue­ron adop­ta­das por pre­si­den­tes de la de­mo­cra­cia por la vía del de­cre­to de ne­ce­si­dad y ur­gen­cia (DNU) y nun­ca ob­je­ta­das por el Par­la­men­to.

Los DNU han si­do una am­plia vía de le­gi­ti­mi­dad pa­ra as­pec­tos con­tro­ver­ti­dos, por de­cir­lo de al­gún mo­do, en la his­to­ria ar­gen­ti­na. Y aquí al­gu­nas mues­tras, en la ges­tión pre­si­den­cial de Car­los Me­nem: el aho­rro for­zo­so de los pla­zos fi­jos, la ac­tua­li­za­ción de la ju­bi­la­ción mí­ni­ma, la des­re­gu­la­ción de las obras so­cia­les, la fle­xi­bi­li­dad la­bo­ral (com­bo que in­clu­yó el 21,5% de de­so­cu­pa­ción que ge­ne­ró esa de­ci­sión).
 
Ba­jo la pre­si­den­cia de De la Rúa se tra­ta­ron te­mas co­mo la con­mu­ta­ción de pe­nas de los pre­sos del al­za­mien­to de La Ta­bla­da; un plan de in­fraes­truc­tu­ra; se am­plió la edad de ju­bi­la­ción de 60 a 65 años; se mo­di­fi­có la Ley de Ac­ci­den­tes y Ries­gos de Tra­ba­jo, im­pi­dien­do la vía ju­di­cial pa­ra re­cla­mar una ma­yor in­dem­ni­za­ción por los ac­ci­den­tes la­bo­ra­les, be­ne­fi­cian­do a las em­pre­sas en de­tri­men­to de los tra­ba­ja­do­res; se apro­bó la com­pra de equi­nos pa­ra que los mis­mos fue­ran ob­se­quios di­plo­má­ti­cos y otras mie­les. So­bre los DNU se dis­cu­te hoy con una ener­gía cua­si fut­bo­lís­ti­ca, pe­ro so­bre la can­cha la dis­pu­ta no en­cuen­tra ad­ver­sa­rios si­no ene­mi­gos.

El mi­nis­tro de Eco­no­mía, Ama­do Bou­dou, de­fen­dió la crea­ción del Fon­do de De­sen­deu­da­mien­to Ar­gen­ti­no que la pre­si­den­ta Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner anun­ció el lu­nes, jun­ta­men­te con la de­ro­ga­ción del DNU que ins­ti­tuía el Fon­do del Bi­cen­te­na­rio (Fo­Bic). “Los mer­ca­dos reac­cio­na­ron bien y la po­lí­ti­ca, no, por­que los mer­ca­dos en­tien­den de es­te te­ma y la po­lí­ti­ca, no”, di­jo el mi­nis­tro an­te el es­ce­na­rio que se plan­teó ho­ras des­pués de que la Pre­si­den­ta sor­pren­die­ra con su de­ci­sión.

“No en­tien­den que la ad­mi­nis­tra­ción de un país es un te­ma se­rio, que hay que di­se­ñar me­di­das e im­ple­men­tar­las con efi­cien­cia, por­que las me­di­das no hay que im­ple­men­tar­las el día an­te­rior co­mo uno no se pue­de po­ner el cin­tu­rón de se­gu­ri­dad jus­to an­tes de cho­car”, di­jo Bou­dou.

Y co­mo sue­le su­ce­der, si és­ta es la his­to­ria re­cien­te, eso quie­re de­cir que hay otra his­to­ria, la cual po­de­mos re­pa­sar: el even­tual re­cha­zo al Fon­do del Bi­cen­te­na­rio de­ter­mi­na­ba una si­tua­ción iné­di­ta. Se­ría és­ta la pri­me­ra oca­sión en la que el Con­gre­so no ha­bi­li­ta­ría la san­ción de un DNU al Po­der Eje­cu­ti­vo, san­cio­nes que siem­pre tu­vie­ron el aval de la Cor­te Su­pre­ma de Jus­ti­cia de la Na­ción, la cual res­pe­tó la con­va­li­da­ción del Par­la­men­to pa­ra los DNU. El mar­co de dis­cu­sión es am­plio, con pos­tu­ras a fa­vor y en con­tra de tal pro­ce­der. Y fren­te a ello las es­ta­dís­ti­cas ofre­cen da­tos con­cre­tos, mien­tras que los co­rri­llos, los fue­ra de gra­ba­ción y las mi­ra­das ba­jo el agua po­lí­ti­ca plan­tean un país ca­si bi­za­rro si se tra­ta de con­tem­plar con sen­ti­do co­mún que el bien co­mún tam­bién es ge­ne­ral y tal me­ta ha­ce a de­ci­sio­nes que mu­chas ve­ces su­pe­ran ban­ca­das, ideo­lo­gías o egos.

Un ejem­plo es­tá al al­can­ce de la ma­no: el re­cla­mo del Go­bier­no por la ex­plo­ta­ción pe­tro­le­ra en Mal­vi­nas –no­ti­cia que fue an­ti­ci­po de es­te dia­rio– ce­rró fi­las en­tre el ofi­cia­lis­mo y sus ad­ver­sa­rios. En­ton­ces pa­se­mos a los da­tos que ilus­tran es­te ar­tí­cu­lo so­bre la ba­se de in­for­ma­ción brin­da­da por el Gru­po de Es­tu­dios de Eco­no­mía Na­cio­nal y Po­pu­lar (GEE­NaP). De 1853 a 1983 se im­ple­men­ta­ron 15 DNU. De 1983 a 1989, 10. En­tre 1989 y 1999 el má­xi­mo his­tó­ri­co de 545. En­tre 1999 y el 2001 se ru­bri­ca­ron 73. En­tre el 2002 y el 2003 se fir­ma­ron 158, con una ta­sa de 9,3 DNU por mes. Del 2003 al 2007 se emi­tie­ron 270 de­cre­tos, mien­tras que ba­jo la pre­si­den­cia de Cris­ti­na Fer­nán­dez tan só­lo se ru­bri­ca­ron 10 DNU en vein­ti­séis me­ses: 0,38 por mes.

En la con­sul­ta rea­li­za­da a di­ver­sas fuen­tes, so­bre­sa­lió un de­no­mi­na­dor co­mún: se apre­cian erro­res en cuan­to a la for­ma de­ci­di­da pa­ra lle­var ade­lan­te el Fon­do del Bi­cen­te­na­rio des­de la in­ge­nie­ría po­lí­ti­ca del Eje­cu­ti­vo na­cio­nal, co­mo tam­bién en la sen­da de ana­li­zar con­tex­tos que no son ino­cuos al ca­so de los DNU. Y aquí una mues­tra: jor­na­das atrás un ope­ra­dor po­lí­ti­co de la opo­si­ción brin­do una in­fi­den­cia off the re­cord. Fue su lec­tu­ra es­tra­té­gi­ca, pe­ro ilus­tra­ti­va del es­ce­na­rio ac­tual: “Por es­tas ho­ras, tan­to Cris­ti­na co­mo Nés­tor Kirch­ner po­drían in­ven­tar la va­cu­na má­gi­ca con­tra la gri­pe A, y en­ton­ces nues­tro ob­je­ti­vo se­ría de­nun­ciar que hu­bo un os­cu­ro acuer­do con los la­bo­ra­to­rios…”, sem­blan­teó nues­tro in­ter­lo­cu­tor y lue­go ter­mi­nó su po­ci­llo de ca­fé.

En ese te­rre­no, pa­la­da­res po­lí­ti­cos apar­te, es­tá en jue­go no una dis­cu­sión de so­bre­me­sa, ni si­quie­ra la ma­yo­ría en el Con­gre­so, si Juan Ri­quel­me va al Mun­dial: hay mi­les de mi­llo­nes de dó­la­res en re­ser­vas pe­ro sin des­ti­no fi­nal de­ci­di­do.

Otra hue­lla, a con­si­de­ra­ción del se­na­dor Ge­rar­do Mo­ra­les, por es­tas ho­ras “el pue­blo Ar­gen­ti­no le di­jo a los Kirch­ner: ¡Pa­ren, has­ta acá lle­ga­ron!” así lo de­cla­ró a TN el jue­ves por la no­che y la ase­ve­ra­ción es re­ba­ti­ble, por­que en el mis­mo te­rre­no de las in­ter­pre­ta­cio­nes, vá­li­das por ejer­ci­cio de­mo­crá­ti­co, no se co­no­ce la fe­cha en la que se rea­li­zó ple­bis­ci­to al­gu­no y la reac­ción po­si­ti­va de los mer­ca­dos en la vís­pe­ra an­te la nue­va es­tra­te­gia (léa­se del Fon­do de De­sen­deu­da­mien­to Ar­gen­ti­no) no de­ja de­ma­sia­das du­das.

 http://www.elargentino.com/nota-80279-Nunca-antes-el-Congreso-rechazo-un-DNU.html

06/03/2010 Posted by | General, Historia | , , , | 1 comentario

Himno Nacionel en Plaza Congreso Ley de Medios


12/10/2009 Posted by | General, Sociedad y Cultura | , , , | Deja un comentario

Argentina: Escándalos


08-08-09


Por J. M. Pasquini Durán

Para quienes aspiran a organizar un régimen parlamentario en lugar del presidencialismo vigente, los trámites en el Congreso demoran mucho más de lo que esperaban. Esta semana ni siquiera lograron anular el aumento de las tarifas de gas, que los aparatos del Estado explicaron mal y publicitaron peor, en el contexto de una opinión pública irritada. En los próximos días tendría que llegar la definición sobre las casi dos mil facultades delegadas, además de sobre los “superpoderes” y, si se cancelan, la Mesa de Enlace campestre espera librarse de las retenciones a la exportación. Será el momento que espera Hugo Biolcati, cacique de la Sociedad Rural, para proclamar sus propios superpoderes.

Mientras tanto, con sus muchachos se dedica a lisonjear a diputados y senadores, exhortándolos a derrotar al kirchnerismo y sus aliados. “Los vencimos en la calle y en las urnas, ahora también en el Congreso”, se ufanan mientras se pavonean frente a las cámaras de televisión. Varios de sus interlocutores, representantes elegidos en las urnas, han comenzado a vacilar debido a que los rurales se fueron de boca, sin guardar ni las formas, y dejaron en claro para los buenos entendedores que la política debería estar subordinada a las corporaciones empresarias.

Más aún: en la visión de los estancieros los llamados “golpes benévolos” sólo pretenden derrocar al Ejecutivo, conservando a los otros dos poderes, siempre que acepten al gobierno de facto, como en Honduras. Aun si fuera cierto que sus bancas, sueldos y privilegios quedaran a salvo, los miembros del Poder Legislativo y también los del Judicial, a partir de la Corte Suprema, tienen la responsabilidad social de defender el sistema democrático contra las acechanzas de grupos privilegiados que pretenden empinarse sobre todos los demás en nombre de una supuesta representación exclusiva de “la Patria”. No hay normas punitivas, excepto las sanciones que prevé la Constitución, para quienes eludan esa responsabilidad, pero tarde o temprano los alcanzará la historia.

En el recinto de Diputados ya asoman algunas reacciones que intentan marcar la diferencia. Por lo pronto, una primera quincena de legisladores de centroizquierda, salvando sus diferencias interpartidarias, se congregaron para fijar una posición y una agenda propias, sin necesidad de embanderarse con el oficialismo o los sojeros, tal como sucedió el año pasado. Es de esperar que las dos Cámaras se atrincheren en la responsabilidad social de sus mandatos, que los obliga a defender la práctica democrática de todos y el derecho del Poder Ejecutivo a cumplir hasta el último día de su mandato. Todos los que lamentaron la muerte de Raúl Alfonsín deberían recordar que su presidencia fue vencida por las conspiraciones económicas, militares, eclesiásticas y políticas, todas enhebradas con la hiperinflación y con la impaciencia de muchos ciudadanos, que poco y nada hicieron para rescatarlo, incluidos los que lloraron después, cuando habían pasado veinte años desde su caída.

La complicidad implícita con el neogolpismo es parte de la actitud de los que prefieren sólo protestar en lugar de hacer algo para de que el Gobierno realice sus promesas y atienda las demandas populares. A pesar de que muchos manifestantes están disgustados con los Kirchner, la presencia en las calles recuerda a todo el que piensa otra cosa que ante una caída imprevista, los mismos que hoy protestan saldrían a defender a los que la derecha quiere tumbar. Cada gobernante, a su vez, debe advertir los cambios de clima a su alrededor para reaccionar en consecuencia. En su reaparición pública, después de la noche del 28 de junio, poco más de un mes de silencio, Néstor Kirchner habló para los intendentes de la tercera sección bonaerense y en su discurso asomaron algunas puntas de ese cambio de actitud, aunque aparecían forzadas en el tono general del mensaje, como el que sale con paraguas pero sin creer que lloverá. No se puede seguir hablando de los méritos de la casa, que los tiene sin dudas, después que se desmoronó una porción y que una parte de los inquilinos se alejó en estampida.

Esta es una coyuntura de particular inquietud en toda Sudamérica. La catástrofe internacional obligó a todos a ensimismarse, para contener los daños y reparar las heridas, pero hace ya demasiado tiempo que esa unión, un organismo vivo y alerta a todos los cambios y peligros, está aletargada o contenida, salvo alguna estridencia nacida en Caracas. Tanto es así que los avatares de Honduras quedaron en manos de la burocracia diplomática de la OEA, la que por suerte está pasando un buen momento, ya que pese a las evidencias sobre la reaparición del golpismo en América latina el asunto fue desviado por las preocupaciones domésticas. Aquí mismo la presidenta Cristina fue la primera en movilizarse en defensa de los valores y métodos de la democracia y recibió a cambio ácidas críticas de compatriotas por hacer lo que se debe.

La presencia de tropas norteamericanas en siete bases colombianas obligó al presidente Uribe a ofrecer explicaciones a sus colegas sudamericanos y a recibir señales de disconformidad de casi todos, pero es posible que en otro momento las reacciones hubieran sido corales, colectivas. Es cierto que Estados Unidos tiene un presidente distinto a todos los de su historia, pero eso no significa que los intereses imperiales hayan atenuado su intensidad. También la crisis lo obligó a mirar más hacia adentro, pero volverá a fijar su atención cualquier día en esta zona, su famoso “patio trasero”. ¿Está la Unión Sudamericana, como parecía el año pasado, en condiciones de resistir cualquier presión aunando voluntades? La respuesta, por ahora, tiene más intrigas que certezas.

En el mundo todavía son motivo de reflexión y polémica los parámetros que va dejando la crisis financiera nacida en Wall Street, ya que más de un analista profetizó, desde el ojo del huracán, que nacería un mundo nuevo, con categorías y reglas distintas a las del pasado. Esta parecía una buena oportunidad para dar de baja a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fundar otras entidades para controlar el crédito internacional. Nada de eso sucedió y hoy ya es moneda corriente entre los expertos nacionales, incluido el ministro Boudou, que la discusión gira alrededor de las condiciones para volver al Fondo porque al parecer ya no hay dudas que para tener crédito internacional se necesita avivar el diálogo bilateral con el FMI.

El vértigo de los cambios no permite fijar nada en ningún sitio. Todo se mueve y cambia en meses, a veces en semanas, y sólo una mente alerta puede seguir el caleidoscopio de la realidad internacional como para reaccionar a tiempo. Esta es una de las razones por las que el presidencialismo volvió a contar con la atención aún de los países más parlamentarios, puesto que el vértigo impone un órgano ejecutivo, de reflejos rápidos y decisiones apuradas, mientras el Congreso demanda tiempo para elaborar sus decisiones. Como nunca antes, el trabajo en equipo, aunque la camiseta no sea la misma, es una obligación necesaria, lo que significa que el interés nacional, “la Patria”, está por encima de cualquier apetito sectorial. En todo el planeta hay un solo discurso de coincidencia: la lucha contra la pobreza, como el mayor flagelo de la humanidad.

Ayer en San Cayetano, delante de miles de fieles que esperaban su turno para acudir ante la imagen santificada, el cardenal Bergoglio se colgó de la atención conseguida por Benedicto XVI a propósito de la colecta Más por Menos. Es que las evidencias ponen en vilo todas las conciencias y, tal vez por eso, palabras repetidas del Papa sobre el escándalo de la pobreza hayan sacudido los reflejos del gobierno nacional, de la máxima autoridad local de la Iglesia y hasta Néstor Kirchner, poco afecto a las ceremonias clericales, se apresuró en su primera salida a dejar en claro que coincidía en plenitud con el jefe del Vaticano. Otro tanto hizo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por encargo seguro de la presidenta Cristina. Todos tienen razón: la pobreza es un escándalo. Si se piensa en el dinero volcado a pocas corporaciones para sacarlas del reciente apuro, y se compara esa suma con la que se necesitaría para calmar el hambre y la sed de los millones de desamparados, el escándalo se vuelve agravio a la condición humana.

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08/08/2009 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 1 comentario