America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Retroceso y medio – Luis Bruschtein


Retroceso y medio

 Por Luis Bruschtein

Mauricio-Macri-Buenas-Aires-Argentina_LNCIMA20151123_0061_5

Se puede gobernar legalmente pero sin legitimidad. La diferencia es importante. Gobernar con decretos puede ser legal pero deslegitima las medidas que se toman y desacredita al Parlamento que aparece como un organismo decorativo menor. Si en esa línea, el Poder Judicial asume un rol de complicidad con el desprecio al Congreso, la calidad democrática se resiente aún más. Por supuesto que no se puede comparar con una dictadura. La diferencia es más que importante porque en este caso se trata de un presidente elegido y no de un general impuesto, pero para funcionar como presidente hay que respetar las leyes. Mauricio Macri, que ganó el gobierno por apenas dos puntos de diferencia, ya lleva un récord de decretos que incluyen desde la designación de magistrados a la Corte Suprema hasta la modificación de las condiciones que deben reunir aspirantes a determinadas funciones. Y además arremetió contra todos los funcionarios cuyos cargos fueron concebidos a contraturno de los Ejecutivos para evitar abusos, como en la Afsca y Aftic, en RTA o en el Banco Central y en la Procuraduría.

Si para estar en la Oficina Anticorrupción hay que ser abogado, es poco elegante modificar ese reglamento a imagen y semejanza del personaje candidateado. Es al revés, el personaje tiene que reunir las condiciones que requiere el cargo. Tiene sentido que el reglamento se pueda cambiar por decreto en función de un argumento razonable para el mejor desempeño de ese cargo, pero resulta monárquico que se lo haga solamente para poder designar a un candidato en especial y en el momento previo a designarlo, ya sea Laura Alonso o a cualquier otro en ese cargo.

El Presidente no es el patroncito. No es sólo la forma, que ya de por sí es calidad democrática. En todos estos casos van juntos el fondo y la forma. Hay otros dos decretos por los cuales organismos que fueron creados para que funcionen de la manera más independiente de los cambios políticos, perdieron de hecho esa condición. La ley que creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic) y Radio y Televisión Argentina S.E. estipulaba numerosas medidas para garantizar pluralidad e independencia, una de las cuales establece que sus autoridades se renuevan a contraturno del Ejecutivo. Los directorios están integrados por representantes de las provincias, de la oposición y de la actividad profesional y el titular es propuesto por el Ejecutivo cuando le toca la renovación. Los dos primeros organismos fueron englobados por un Ministerio de Comunicaciones cuyo titular, Oscar Aguad, ya dijo que tienen que subordinarse a los lineamientos de ese Ministerio, intervino por decreto a los organismos y puso al frente de ellos a un militante del PRO y a su yerno. RTA quedó dentro del Sistema de Medios Públicos que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete, después de forzar la renuncia de su titular Tristán Bauer con acusaciones denigrantes.

Estos organismos fueron creados por la ley de medios, una de las más debatidas en la historia, con audiencias públicas en la Corte Suprema, y en el Congreso, asambleas en Universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y barriales. Nunca antes una ley se discutió en forma tan amplia y masiva. Y lo mismo ocurrió cuando fue aprobada por el Congreso, por la Corte y por los organismos internacionales de la OEA y la ONU. Los ahora integrantes de la Alianza Cambiemos (radicales, macristas y Carrió) se retiraron del recinto en el momento de la votación porque la perdían por mucha diferencia. Los diputados del Frente Para la Victoria habían conseguido el respaldo de las demás fuerzas, desde el socialismo hasta partidos provinciales, después de una larga negociación que implicó concesiones y la introducción de cambios sugeridos por los otros bloques.

En todo el proceso de adecuación, el único multimedia que planteó problemas fue el Grupo Clarín que, para evitar su desmonopolización, trabó la ley con la complicidad de parte del Poder Judicial, pese a que había sido declarada constitucional por la Corte por el voto de seis de sus miembros. El único en contra fue Carlos Fayt, visiblemente parcializado en contra del gobierno.

El argumento para los decretos del gobierno macrista que subordinan a estos organismos de regulación de los medios audiovisuales privados y públicos es que la ley de medios fue utilizada como una herramienta de persecución. Si el único planteo pendiente es del Grupo Clarín, se deduce que la única víctima fue esta corporación a la que ellos entonces están defendiendo. El Grupo Clarín es una de las empresas más grandes de este país, con gran influencia en partidos políticos, asociaciones empresarias locales e internacionales, y en el Poder Judicial.

Los decretos y medidas contra la ley de medios, la forma violenta y descalificadora con que lo han hecho, el despliegue policial y las acciones propias de patoteros para sacar a Martín Sabbatella de la Afsca muestran resentimiento y revanchismo. Pensar que la ley de medios fue sólo una herramienta para perjudicar a una corporación mediática porque era crítica del gobierno kirchnerista es pensar que la posición dominante de Clarín en la generación de contenidos, en la circulación de la información y en la manipulación de la opinión pública no es nociva para una sociedad democrática. Nadie, oficialista, opositor o megaempresario oportunista, puede tener el derecho a manejar semejante poder de manipulación. Lo que están planteando el macrismo y el radicalismo es que la sociedad debe resignarse a ver la realidad sólo como quiera el grupo mediático dominante. No dan opciones democráticas para la información, aunque escudan esta ofensiva autoritaria con un barniz de democratismo vacío.

Hace menos de veinte días que asumió Mauricio Macri y en ese lapso el portal de Página/12 sufrió un ataque informático masivo que lo bloqueó por varios días; ya se anunció que serán levantados programas como 6,7,8 al que nadie podrá negarle audiencia. Es el más emblemático y el más irritativo para el actual oficialismo. Pero también se anunció el levantamiento de los programas de Dady Brieva en radio y televisión. Y de la misma manera se anunció que no habrá más Duro de domar ni Televisión registrada, TVR, y nadie podrá decir que es porque no tienen público. Igual que la salida de Roberto Navarro de C5N, que había sobrepasado a TN en el rating. En ninguno de ellos se aplica el argumento de que no tenían audiencia. El único argumento es el político. Los canales o las radios no quieren tener estos programas porque es evidente que temen la censura ideológica de la pauta oficial y la privada, que ahora se orientan con los mismos parámetros. Es claro que la pluralidad que a duras penas existía en el sistema de medios públicos y privados se está reduciendo a la mínima expresión porque la limitación de la pauta la sufrirán todos los medios críticos al gobierno macrista. Es un gobierno que se llena la boca con la libertad de expresión pero cuyo accionar está reduciendo el mundo de los contenidos simbólicos y de la comunicación a una sola mirada ultradominante.

Pàgina 12

 

26/12/2015 Posted by | General, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Una presidenta entre dos poderes judiciales. Fondos buitre y constitucionalidad de la Ley de Medios.


_Cristina

28–08–2013 /
Una presidenta entre dos poderes judiciales. Fondos buitre y constitucionalidad de la Ley de Medios.

Por Roberto Caballero

Una presidenta constitucional en ejercicio, elegida democráticamente por el voto popular, es desafiada por dos poderes judiciales, el de Estados Unidos y el de su propio país, para forzarla a tomar decisiones que no quiere ni puede tomar.

Es decir, estos dos poderes intervienen directa o indirectamente en la gobernabilidad del país, pero gracias a la supremacía comunicacional de los medios concentrados, el tema transita el debate público de modo intrascendente.

Lo terrible, lo irremediable, lo que es abordado como un complejo asunto de Estado, es que la empresa chilena LAN debe desalojar un hangar del Aeroparque y hace pucheros.

Vamos de vuelta.

La justicia neoyorquina le exige al gobierno argentino que pague a los fondos buitre barriendo con las consecuencias positivas de un canje de deuda exitoso que reactivó la economía, la producción, el empleo, el salario, las jubilaciones y además generó divisas para cumplir con los bonistas, y no pasa nada. O no pasa mucho.

O, de última, se dice que es una complicación que el kirchnerismo cosecha por ineptitud o testarudez, o por ambas cosas. Eso es todo lo que pasa, según los editorialistas antikirchneristas.

Veamos lo otro. La justicia local le dice al gobierno que las leyes que impulsa y son votadas por mayoría en el Congreso están viciadas de inconstitucionalidad –basta ver la licuación de la reforma que intentó el Ejecutivo–, entrometiéndose en asuntos de legislación como si el Palacio de Tribunales fuera el de Versalles, y no pasa nada.

O no pasa mucho. O, de última, se señala que es lo que el kirchnerismo recoge por ser satánicamente autoritario en su ADN. Eso es todo lo que pasa, según los opinadores del establishment.

Nadie se pregunta, sin embargo, dos cuestiones centrales, que parecen sepultadas por las toneladas de antikirchnerismo bovino que desparrama la prensa dominante.

¿Dónde queda la soberanía nacional? ¿En Times Square?
¿Y la soberanía popular? ¿En Talcahuano y Lavalle?

El gobierno tendrá aciertos y errores. Cada uno puede elegir qué lado de la balanza hace pesar más en su evaluación.

Pero las decisiones que permitieron una década de reconstrucción las tomó en Buenos Aires y no en Washington; y todas y cada una de ellas fueron validadas por el voto popular en elecciones libres y democráticas. Cristina Kirchner encarna entonces la soberanía nacional y popular, guste más o guste menos lo que hace o dice.

Esta idea de que todo lo que hace el kirchnerismo está pésimo y cualquier crítica se ajusta a una verdad incontrastable para poder lapidarlo, es una mala idea que no sólo conspira contra el oficialismo: lo hace contra todo el sistema institucional.

El que hay, el que pudo recomponerse después de 2001. Tiene un tufillo electoral que trata de manera liviana cuestiones bien trascendentes.

Vamos otra vez. En un fallo de claro corte político, un tribunal de justicia de los Estados Unidos acaba de descargar sobre los argentinos, los kirchneristas y los no kirchneristas, un estigma aborrecible: somos “deudores recalcitrantes” después de haber pagado religiosamente miles de millones de dólares de deuda externa durante diez años, con el esfuerzo que sabemos, al 93% de los acreedores que confiaron en la reactivación del país.

Puso en un pie de igualdad a esos acreedores y a los “fondos buitre” que litigan contra la Argentina y exigen que se les pague el valor nominal de los bonos que compraron a precio de remate.

¿Alguien se preguntó qué sucedería si el fallo de la Cámara fuera avalado por la Corte Suprema de los Estados Unidos?

El 93% que aceptó una quita del 75% del valor de sus bonos, volverían a reclamarlo. Y Argentina quebraría su economía una vez más. No por culpa del kirchnerismo: sería una decisión tomada bien lejos de la Casa Rosada.

Por eso no se entiende qué critican los opositores como Martín Redrado, Alfonso Prat-Gay y Carlos Melconian que antes del 2003 apoyaron a Domingo Cavallo en su política de superendeudamiento, antesala del default que todavía pagamos. ¿Qué cátedra quieren dar ahora? ¿Desde qué púlpito? ¿A qué costo social?

¿No comprenden, acaso, que si se llevan puesto al gobierno con la ayuda de la justicia estadounidense y los fondos buitre se llevan también puesta la economía nacional?

También se puede ganar elecciones sin dañar al país. ¿O no es la idea?

Preocupa también el antikirchnerismo latente de algunos de los jueces de la Corte Suprema nacional. Sus últimos acuerdos corrieron el límite de convivencia esperable y atendible entre los poderes.

Esta Corte que ayudó a integrar Néstor Kirchner, dejando en el pasado a la Corte adicta del menemismo, no puede ceder al pavoneo opositor en esta encrucijada histórica.

Con un frente externo complicado, no es de lo más aconsejable que algunos supremos jueguen a ver quién llega más lejos en una pulseada institucional.

Esa es una factura que tarde o temprano todos vamos a tener que pagar, porque acá no hay ganadores y los perdedores se cuentan de a millones.

El máximo tribunal del país también debe tener oídos para aquellos poderes democráticos, aunque estén presididos por opciones políticas que no son de su agrado; y no sólo para la Sociedad Rural y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Hoy, a las 10 de la mañana, cuando se inicie la audiencia pública convocada para tratar la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se habrán cumplido casi cuatro años de dilaciones judiciales que, en los hechos, se transformaron en una política de sostenimiento de los grupos concentrados de la comunicación, específicamente, del más agresivo a la hora de mantener su posición dominante en el mercado, el Grupo Clarín SA.

Todo este debate estuvo atravesado por los argumentos envenenados del litigante que, precisamente, comanda el armado de la agenda pública de medios en nuestro país desde una formidable y cuestionada capacidad de instalación.

El daño producido a la autoridad del Estado democrático por vía de la justicia cautelar fue y es inconmensurable.

Ha sido una mochila pesadísima de trasladar para los funcionarios y personas con intervención en la esfera de la opinión pública que vieron a lo largo de todos estos años cómo su honra era arrojada a los perros para neutralizar su eficacia e influencia, ahogando o etiquetando las voces disidentes del relato único que impuso Héctor Magnetto.

Los supremos deben saber que ese poder dañino que el Grupo Clarín SA desparramó sobre todos los que osaron desafiarlo, va a volverse recargado si se decide la inconstitucionalidad de los artículos antimonopólicos de la Ley de Medios de la Democracia.

Y no pueden ignorar que más temprano que tarde ese mismo poder que durante cuatro años de demoras judiciales ayudaron a incrementar va a dejar de acariciar sus trayectorias inmaculadas y va a desatar un proceso fulminante de desacreditación cuando ya no necesite de sus fallos amigables.

En 30 años de democracia, hubo 73 proyectos de ley para democratizar la comunicación. Todos fracasaron, menos este. De los autores de los proyectos anteriores quedó poco y nada en el tintero, la mayoría de ellos fueron eyectados de la actividad política, enviados al ostracismo por la trituradora de los medios concentrados.

Es un listado histórico del que la Corte no puede deslindarse. La sociedad no espera un fallo político, kirchnerista o antikirchnerista, espera que los supremos, después de tres décadas de ejercicio democrático, refuercen la idea de que la igualdad ante la ley no es puro grupo.

Esto ocurre en un contexto. No son días fáciles. El frente externo se complica. El interno, se enrarece. Los profetas de fin de ciclo se ceban. Son capaces de darle la razón a la justicia de New York o al Grupo Clarín SA con tal de complicar las políticas de gobierno.

Pero Cristina Kirchner no está sola, porque no llegó sola hasta acá. Hay millones de personas que no quieren perder lo ganado y, mucho menos, la realidad de precipicio que ofrece la Argentina del pasado revestida de novedad.

Los millones silenciosos son los dueños de la soberanía amenazada. Habrá que escuchar qué dicen cuando se pronuncien.

Infonews

29/08/2013 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , | Deja un comentario

Ley de medios – No puede ser cualquiera, por Mario Wainfeld


La Corte Suprema revocó la medida cautelar pedida por el diputado Enrique Thomas que fuera concedida por jueces de primera y segunda instancia de Mendoza, incompetentes en cualquier acepción de la palabra. La decisión se adoptó con llamativa celeridad y en forma unánime, aunque los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi eligieron hacerlo valiéndose de fundamentos propios. La presteza y el consenso forman parte del mensaje político de la sentencia: los supremos rechazan el uso chanta de la vía judicial y el abuso de las medidas cautelares. Es más, les fijan límites precisos, muy distantes de la mala praxis imperante en variados juzgados.

Thomas, tras perder la votación en la Cámara, acudió a jueces amigos, cercanos a su domicilio y a los intereses corporativos que vicariamente defiende. Se presentó en el doble carácter de diputado y ciudadano (no invocó su condición de empresario, por fortuna) fundando en eso su “legitimación procesal”, esto es, su interés propio para demandar en el caso.

Hete aquí que el bodeguero-legislador no tiene interés propio alguno en la causa, salvo que se llame así a quedar bien con los grandes grupos multimedios, en especial el Vila-Manzano que asuela la provincia del sol y del buen vino. Los jueces mendocinos, buenos muchachos al fin, acogieron su pretensión, que era pura desmesura: suspender la vigencia de la totalidad de la ley.

Se cerró así un círculo vicioso contra la división de poderes. Perdidoso en el recinto, un legislador se decreta campeón moral y busca en la Justicia lo que no consiguió en el Congreso.

– – –

El sistema de control de constitucionalidad argentino es de difícil comprensión para profanos, seguramente porque es rebuscado. De cualquier manera, está vigente. El control no está a cargo de un tribunal especializado, una “Corte Constitucional”, sino conferido a todos los jueces, en forma “difusa”. Cualquier juez puede sancionar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso específico. La vastedad del sistema, que podría suscitar una exorbitancia del Poder Judicial, reconoce límites. El primero es que la sentencia solo vale para el expediente en que se dictó, que debe ser impulsado por quien es damnificado por la supuesta inconstitucionalidad. Reglas de oro redondean el límite a los magistrados: la inconstitucionalidad debe dosificarse con prudencia, no debe imponerse en caso de duda y la restricción establecida debe ser razonable. Nadie tarifa qué es “razonable”, pero los tribunales deben usar la herramienta con tino y medida. Los “considerandos” (fundamentos) de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni lo resumen de modo menos coloquial, pero no menos drástico, que este cronista: “ningún juez tiene en la Argentina la capacidad de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (contra todos) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión (…) menos aún puede hacerse cautelarmente”. El fallo de la Cámara mendocina, fulmina la Corte, “altera gravemente el control constitucional de las leyes”.

En suma, cualquier norma, en todo o en parte, puede ser tachada de inconstitucional ante cualquier tribunal. Eso no equivale a decir que cualquier ciudadano (con o sin derecho) pueda reclamarla con éxito ante cualquier tribunal (competente o no) y que éste pueda extrapolar sus facultades dándoles cualquier magnitud que trascienda los límites del caso. Todo eso se amañó en el vergonzoso expediente Thomas.

– – –

Petracchi redactó un voto personal para hacer dos agregados a la doctrina de sus pares. Uno es subrayar el principio consecuencialista, desdeñado por tantos magistrados, que tienen “la medida cautelar fácil”. Citando añeja jurisprudencia del tribunal, Su Señoría explicó que “no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente se derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma”. Por sus frutos lo conoceréis… una sentencia de proyecciones brutales es una mala sentencia.

– – –

El otro punto que enfatizó Petracchi es que toda ley es justiciable, sin renegar del resto de su razonamiento. Al unísono, toda la Corte abomina de la “judicialización de la política”. Plasma su recelo, sin nombrarlo, en su sentencia de ayer. También lo expresaron Lorenzetti y Zaffaroni, en declaraciones periodísticas. ¿En qué consiste, entonces, la indebida judicialización? En llevar al Foro lo que debe dirimirse en otros estamentos del Estado. La Corte no se priva de subrayar que Thomas perdió la votación que cuestiona ante los estrados judiciales.

La proliferación de demandas irresponsables preocupa al Tribunal, que ya había emitido una señal cuando rechazó, también de modo expeditivo, un reclamo de la provincia de San Luis contra el Fondo del Bicentenario. “Las provincias tienen diputados y senadores, ellos deben defender sus derechos donde corresponde”, comentó informalmente uno de los cortesanos, según informó este diario, meses atrás.

– – –

La suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“ley de medios”, en adelante) subsiste porque fue establecida en otros expedientes, consecuencia de la hipocondría jurídica de legisladores y grupos empresarios. Esta precisión debe completarse con otra: la Corte estipuló ayer una restricción para las medidas cautelares. Fijó que no es legal que puedan suspender toda la ley en todo el territorio nacional. Así lo apuntaron dos juristas bloggers (Gustavo Arballo y Roberto Gargarella) en recomendables posts escritos al toque.

Ninguna sentencia se propaga a otro juicio, pero la suerte de muchos trámites similares al de Thomas está echada. Así será, por ejemplo, con el iniciado por la diputada peronista disidente salteña Beatriz Daher, adivinen en qué provincia. Es, en sustancia, igual al de Thomas, tiene sentencia favorable en primera instancia, está en Cámara. Si Daher tuviera decoro institucional y deseara evitar un dispendio de actividad a los tribunales, debería desistir su reclamo. Pero el decoro institucional es infrecuente en la corporación política… ni qué decir en el peronismo disidente y, por añadidura, en los pagos del ex gobernador Juan Carlos Romero.

Dicho sea de paso, la Corte estuvo piadosa con el demandante Thomas. Le tiró por la cabeza (a él y a los camaristas de Mendoza) las primeras bolillas de derecho constitucional y procesal, le refregó jurisprudencia y doctrina añosas, pero no sancionó su malicia. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, pleitear con consciente mala fe es un ejemplo y las normas facultan a los sentenciantes a sancionar a quienes incurran en esas tropelías. Si no fue esta vez, podría ser para otros diputados que insistan en reclamos temerarios, tras la diáfana advertencia de ayer.

– – –

La ley de medios seguirá siendo un ítem central de la agenda, aunque se han obturado ciertas vías berretas. Subsistirán para el análisis de la Corte, que (como cuadra) nada dijo sobre esas causas, reclamos de los interesados directos, referidos a puntos más acotados de la norma. San Luis llevó una pretensión a la Corte, el Grupo Clarín tiene rolando otras. Las corporaciones suponen que su punto más fuerte es el cuestionamiento al plazo de desinversión. Aseguran que es exiguo y los fuerza a una venta por precio vil. Dado que de medidas cautelares se trata, es muy improbable y heterodoxo que se abra a prueba la argumentación. Así que, quien sentencie, deberá hacerlo a ojímetro y tomando distancia para no dejarse seducir por la sencillez del razonamiento. ¿Por qué sería corto el lapso fijado? ¿Qué determina que un término más extenso posibilite un mejor precio? ¿Por qué habrían de malvenderse, en un mercado competitivo, excitado y vivaz, bienes de alta cotización? El cronista no cree que las respuestas a esos interrogantes sean sencillas aunque puedan parecerlo en un vistazo distraído.

La Corte encarriló la cuestión, despejó su horizonte de demandas torpes y dejó todo el resto por hacerse. Entre tanto, vale la pena una observación: los opositores a la ley de medios no hacen ni ademán de reformarla por vía legislativa pese a haber mejorado su posición relativa en el Congreso. Nadie se atreve a volver atrás en la materia, que tiene antecedentes oprobiosos. Algunos espontáneos, como Thomas o Daher, quisieron ser operadores jurídicos de las corporaciones, su movida fue desbaratada.

Corridos de la escena los vasallos, tomarán la rienda de la puja jurídica los señores, los poderes fácticos.

mwainfeld@pagina12.com.ar

16/06/2010 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , | Deja un comentario

Argentina – “La aplicación de la ley de medios va a costar sangre, sudor y lágrimas” – Federico Luppi


16-05-2010

El actor plantea su defensa de la Ley de Servicios Audiovisuales y las peleas que vienen.

Foto: Sur

Por Carla Czudnowsky
Periodista

Federico Luppi está de vuelta. Recién acaba de rodar No retorno, una coproducción  con España, y está de regreso en las tablas porteñas haciendo Por tu padre (Multiteatro, Corrientes 1283).
Durante tres horas charlamos rodeados de un embriagador aroma a ajos que salía de la cocina, donde Susi –su mujer– saltaba acelgas.  Mientras este galán de hombre me convidaba de su excelsa y amplia colección de tés.
Luppi tiene ese discurso demoledor, esos argumentos contundentes. Sabe lo que dice y dice lo que siente. Nada ata su discurso, lo sabe y se jacta de eso. Habla lindo. Habla de todo. La crisis política, los medios y la grave situación que atraviesa España. Se reconoce inseguro, dependiente de las mujeres y padre culposo. Hoy, más plantado que nunca,  se sabe “más grande”. ¿Qué cosas, entonces, podrían asustar al más grande de los grandes?
–El martes terminaste de rodar una película en coproducción con España.
–Sí. El libro se llama No retorno. Trata el caso de los muertos por accidentes en carretera y el de esas personas  que, en general, dejan al muerto tirado ahí y se las toman. El libro lo hizo Ana Cohen, hermana del director, Miguel Cohen. Es estupendo, a pesar de platear un tema tan doloroso. Tanta gente que ha perdido familiares y todas las culpas de los familiares de las víctimas sintiendo “yo no estuve”, las secuelas perversas y pecaminosas de los testigos falsos. Es un libro sin sensiblerías que no establece juicios. Plantea los comportamientos humanos donde lo mediático insiste en buscar sangre y buscar siempre a un culpable.
–¿Y a vos, desde lo personal qué te despierta?
–Yo viví un hecho muy lamentable. Un hijo de mi hermano murió así. Salía de una discoteca, cuando viene un muchacho en un coche con su noviecita y lo mata … Al día siguiente, la familia del chico que atropelló a mi sobrino había hecho cosas como cambiar la titularidad de la propiedad que tenían a su nombre. Estos eventos te confrontan con lo que llamaríamos la inentendible y profunda mezquindad del ser … yo me pregunto: ¿a mí, qué me pasaría si voy por la carretera y mato a una persona? ¿No la levanto?
–¿Qué cosas pasan en una familia cuando muere un ser querido?
–Primero es la aceptación. Se hace imposible la comprensión de una conversión de la ley natural. ¿Cómo un hijo va a morir antes que yo?… Es brutal… La pérdida es muy dolorosa. Es terrible lo que se instala en un segundo.
–En la obra Por tu padre, que protagonizás junto a Adrián Navarro, interpretás dos papeles. Uno de ellos es el de un padre. ¿Cómo es?
–Ese padre tiene una gran virtud  que es aceptar profunda y sensatamente sus límites. Es extensamente desprejuiciado. Cuando el hijo le plantea muy duramente el tema de que dejó que su mujer (o sea “la madre”) lo engañara, él dice (la obra en realidad) que esa mujer adora ser bien cogida. Y si él la ama y ella lo adora, por qué se lo vamos a negar. El tema del perdón y de la convivencia son maravillosos desde el punto de vista de los límites que te obliga a correr. Hace poco leía que hay que tener cuidado con el tema de ser tolerante. La tolerancia es un espécimen conceptual absolutamente capitalista, no tiene nada de generoso.
–También hacés el papel del amante de la madre. ¿Qué cosas le pasan al personaje de Adrián Navarro?
–Es un trabajo interesante. El hijo es un chico con muchos agujeros emocionales. Fue “el tercero excluido” en la relación familiar. Separado también, como el padre. Se encontró con una mujer muy parecida a su madre, sexualmente muy activa y lo sufre. Navarro es muy preciso como actor. Brillante.
–En la obra se plantea también el rol del padre y las culpas. ¿Es posible una paternidad sin culpa?
–Es imposible.
–Tenés dos hijos: Marcela y Gustavo. ¿Qué cosas te reprochás vos como padre y qué cosas te han reprochado ellos?
–He sido muchas veces un padre afectuoso, proveedor, pero he sido muy ausente también. No he sido un contenedor en el sentido amplio del término, me hubiese gustado haber visto su nacimiento más de cerca, haber seguido más su crecimiento año a año.
–¿Creés que haber sido padre a los 23 años y el hecho de ser artista te han hecho un padre más libre?
–A lo mejor les he dado una libertad excesiva y me lo reprocho. Un día, hace muchos años me acuerdo que Marcela se iba a pasar un día en carpa con un amiguito. Yo la había autorizado y la madre estaba como loca. Me decía: “¿pero no ves? ¡Se van a coger, se van a coger! Y yo le respondía: “no sé… ¿qué querés que haga?. ¿Cuándo tendría que ir? ¿A los 78 años? ¿A los 23?” (risas). Creo que fui muy permisivo o les quise brindar demasiada libertad, pero el dictamen final es de los chicos.
–Tanto en la película que terminaste de rodar como en el teatro, las casualidades o las causalidades hacen que también interpretes a un padre.
–Es que ya estoy en una edad en que sólo me ofrecen papeles de padre (risas). Me acuerdo la primera vez que tomé conciencia de esto fue cuando me mandaron el guión de Matar al abuelito. Yo no era tan grande como para  hacer de abuelo, aunque tuviera el pelo canoso. Me ofendí mucho al principio y hasta le hice una cita al director para ir a decirle de todo. Pero camino a la reunión me cayó la ficha … y le terminé saliendo con otra cosa. Es difícil ese costado de este oficio donde están en juego dos cosas impresionantes como son la autoestima y la inseguridad. Uno quizá lo niega socialmente. Pero la propia génesis del oficio tiene que ver con el egocentrismo. Soy el centro de aquellos que me miran. Vivo de que me miren.
–¿Ahí te diste cuenta de que estabas creciendo?
–No es fácil acostumbrarse a que un día te digan “¿abuelo o señor quiere sentarse?”. Yo siempre tuve la costumbre de ceder asientos vacíos, y un día en Madrid,  en un sitio muy lleno una chica me dijo: “Señor siéntese”. Está bien que ocurra eso. Es una forma también de ir aceptando el paso del tiempo.
–¿Qué cosas te dan miedo?
–Hoy… la inseguridad, en el sentido cotidiano de la vida. Me preocupa la cuestión de la disminución física. Quisiera atravesarla sin demasiado oprobio.
–¿Pero te preocupa por miedo a no poder generar o la disminución física en sí misma?
–Yo viví una experiencia notoria. Cuando llegue a España tenía 67/68 años y me di cuenta de que comenzaban los límites a cosas tan sencillas como una hipoteca, un préstamo, un registro de conducir o una prepaga. Y, no obstante, en la vida social me exigen el mismo caudal de cumplimiento como si tuviera 32 años. A mí el sistema me exige que cumpla copiosamente con todos lo elementos que tiene que ver con la capacidad de generar recursos. Para eso tengo que cuidar la salud como una llama olímpica. Además, el tema de lo de la autonomía del actor es un engaña pichanga conceptual. Es real en tanto y en cuanto el cuerpo aguante. Me gustaría no tener caídas en “el infierno de la imposibilidad” o volverme un idiota (hace como que se babea)… que son cosas que las he visto.
–¡Ah!, lo que te preocupa es tu dignidad…
–Sí, más un poco de eso. Si se quema la casa que no se vea el humo (risas).
–Sigamos hablando de miedos… siempre te reconociste abiertamente como un tipo de izquierda. ¿Te daba miedo eso durante la dictadura?
–Sí. Yo tenía cuarenta y pico y estaba afuera, trabajando en España. Mi miedo aceleró mi vuelta. Era el ’77 ó ’78. Ya estaba muy claro el plan. Masacre y economía iban juntas.
–¿Cómo fue en esos años ’70 ser un tipo de izquierda reconocido?
–Muy duro. No tenía ninguna posibilidad de irme. Mis hijos eran muy pequeñitos. Yo estaba prohibido. No tenía la posibilidad de hacer ni siquiera publicidad. Cuando surgió la posibilidad de irme a España a hacer teatro por un año con la obra El Gran Deschave, lo hice. Dejé todo armado aquí para que mis hijos tuvieran una solvencia económica.
–¿Pero militabas o pertenecías a algún grupo?
–He sido siempre muy francotirador. Sin importame demasiado la etiqueta. Ya sea trosko, bolche, radical, de derecha. No tengo afiliación política que me impida la libertad de moverme para decir lo que siento.
–¿Sentís que fuiste encasillado en una especie de sillón K?
–Es la Comunidad de la Etiqueta.
–Y a vos las etiquetas te incomodan…
–Totalmente. Siempre la etiqueta te apunta para desacreditar. No se ensalza la virtud de lo elegido. Uno de los miedos que me asalta cuando veo a esta gente en la política es esta evidente intención de hacer negocios cueste lo que cueste. Es justamente, no ya la notoriedad de los intereses o la pequeñez de sus proyectos, sino la pequeñez moral de que hacen gala. Me acuerdo hace unos meses cuando deciden que el mejor periodista del año es Morales Solá y el peor es Orlando Barone. Todo ya es tan evidente y absurdo, de  gente que se autocalifica como independiente. Aquellas personas que hace años parecía que decían cosas interesantes, y como estábamos saliendo de la dictadura parecía que era algo parecido a la verdad, hoy han adquirido un determinado status afectivo, sentimental, intelectual, pero son muy mediocres. Y eso me da miedo. Es la vieja anécdota del mono con navaja.
–¿Creés que es posible un periodismo independiente?
–El tema es que van presos de una mentira que han elaborado para sentirse tranquilos. Basta ver que hay una cuestión de imagen y sonido que te determina la visión de una persona ante un discurso que es una muy estrecha calidad intelectual. Francamente torpe, como el caso del discurso de Luis Majul en el Martín Fierro. Un individuo que saca la lanza de la persecución y la libertad de prensa y que llama a ese libro horrible que escribe “Periodismo de investigación”. Lo digo yo como un tipo que tiene que comerse esa mercadería que ellos elaboran. No es posible que esta estupenda mediocridad le sirva a los medios. Cuando llegue el momento en que los medios tengan que apañársela con un mundo más complejo, contradictorio y conflictivo, porque va a aumentar la tecnología, los medios de comunicación… ¿Qué van a hacer con la gente mediocre? ¿Qué van a hacer con un tipo que durante 22 años se ha entrenado en mentir mañana tarde y noche?
–¿No creés que tal vez ellos piensan sinceramente eso? ¿O creés que mienten?
–No sé si tiene demasiada importancia. Para ser bíblicos: “Por sus obras los conocerás”. ¿No? Suponte que digan que la papaya es color fucsia cuando es verde y amarilla. El hecho de que sean o no conscientes de eso no determina que están mintiendo sobre la papaya. La intención primaria no la conozco. No conozco cuando dicen datos inciertos no investigados o constatados. Les da lo mismo. Sacan conclusiones genéricas y vagas. Tienen que ver con lo concreto en relación con el mundo social. No es una cuestión de ideologías, de ser K o no ser K, que digan lo que quieran. Este “mirtalegranismo” de la gente, los Bonelli, los Morales Solá… en un mundo donde la gente ha perdido parientes, la vida para desalojar a los dictadores de América latina… No tienen vergüenza. Me indigno porque digo por qué nosotros los vamos a votar mañana y no vemos esas cosas… Esta sempiterna caída en la compra de mercadería de mierda. ¿Por qué?
–¿Qué te parece el hecho de que no se esté aplicando la ley de medios?
–Es coherente con los esfuerzos notables del establishment mediático. Creo que dadas las fuerzas en juego van a echar toda la carne al asador para que no se aplique. Hay bolsones de jueces que son de extrema derecha, aliados al mundo genocida o emparentados con intereses espurios que hoy la Justicia no cuenta. Cuando vemos la visita a la Corte Suprema de (Héctor) Magnetto, el capitán del mundo corporativo… Yo que (Ricardo) Lorenzetti no lo hubiera recibido. Independientemente de lo que conversen, esa visita es una marca en la Justicia. ¿Para qué van? Creo que la aplicación de esta ley va a costar sangre sudor y lágrimas.
–¿Fuiste a la marcha en apoyo a la ley de medios?
–Sí, claro que sí. Vi a la gente llegando por las calles, con las consignas, las agrupaciones, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo… Por un momento tuve la sensación y esperanza de decir que no nos pueden ganar. Forma parte de los sueños que tiene el país. Tengo una profunda ilusión con lo que puede pasar aunque con bastante poca esperanza.
–Ya pasamos por todas tus pasiones, hijos, vida, política. ¿Qué te enseñó la vida a esta altura?
–Tus preguntas son muy agudas…
–Ja ja. Es que ayer tuve terapia (risas).
–Lo que yo aprendí es que los problemas en la vida de una persona o una nación, si uno no los enfrenta con valentía y profundidad, aparecen 15 ó 35 años más tarde azotando con sus más nefastas consecuencias. Un ejemplo concreto es la Transición española. En 40 años no fue preso ningún corrupto, procesado, torturador, ni un general miserable del franquismo. Y hoy, ese franquismo sin enfrentar ni condenar aparece revivido enjuiciando al juez Baltazar Garzón. Los dos oponentes o querellantes en esa causa son organizaciones de derecha. Y yo lo digo con profundo pesar. Felipe Gonzáles fue el Raúl Alfonsín de la transición. Retardó 35 años el crecimiento de España.
–Hablando de España, ¿cómo vivís la crisis que padecen?
–Con enorme tristeza y pena. Presiento un final duro para (José Luis Rodríguez) Zapatero. Es la confirmación de una crueldad anunciada. Otra vez van a pagar los mismos. Los maestros, los empleados: el pueblo. Mientras los bancos auxiliados por el Estado siguen haciendo ganancias con los intereses. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos que el FMI y el Banco Mundial no son sinónimo de salvataje, sino de opresión y muerte? Lo lamento sinceramente por Zapatero. Tiene que lidiar con una manada de lobos como el Partido Popular, que apoya el ajuste aún cuando dicen que no y le echan la culpa a Zapatero. La angustia de la gente pugna por aferrarse a lo seguro y no a la libertad.
Susi entra en escena. El rostro preocupado de Federico desaparece. Se desdibuja su ceño fruncido. Susi, su enamoradísima mujer, le avisa que tiene que partir pero que le dejó la comida preparada. El la mira irse con devoción. La charla había terminado. Me acompaña a la puerta, me saluda afectuosamente, pero antes de despedirme me  confiesa: “La vida cotidiana sin mujer es como estar en una isla sin balsa”.

Miradas del Sur

18/05/2010 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Clarín pierde en la Corte, Por Eduardo Anguita


16-05-2010 /

Eduardo Anguita

El próximo miércoles los ministros de la Corte Suprema, por segunda vez, se verán cara a cara con el Grupo Clarín. Parece el anuncio de un match deportivo pero es mucho más que eso. Sólo una vez, desde que la empresa conducida por Héctor Magnetto estalló en ira por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el máximo tribunal de Justicia argentino tuvo que resolver algún tema que lesionara sus intereses. Fue cuando tuvo que tratar el concurso preventivo de  Cablevisión y la Corte desestimó el recurso extraordinario en su contra, por lo que la fusión con Multicanal quedó firme. La Corte, más allá de ese antecedente, se involucró fuertemente en temas ambientales –Riachuelo–, provisionales –Badaro–, en dos oportunidades sobre temas sindicales y participa de lleno en la conformación de los tribunales sobre los juicios de lesa humanidad.
Este próximo miércoles 19, en la semana del Bicentenario, los siete miembros del tribunal empezarán el análisis de la medida cautelar de la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal que fue ratificada por la Cámara Federal de esa provincia. Sin hacer futurología, es posible decir que no habrá una resolución ni ese miércoles ni en los días siguientes. Es difícil arriesgar cuántas semanas demorará el fallo, pero sí es completamente previsible en qué dirección irá. Con cuatro votos a favor de la apelación del Poder Ejecutivo (poner en absoluta vigencia la ley 26.522), el monopolio liderado por Magnetto sufrirá un duro golpe. El problema no termina ahí: es muy difícil que el aval a esa medida cautelar que dejó en un limbo jurídico en materia de medios tenga algún voto a favor. Es más fácil que haya un seis a uno o siete a cero que un cuatro a tres.
La gran pregunta es si esta presunción con pretensiones de presagio se basa en las simpatías o antipatías de los ministros de la Corte hacia el Grupo Clarín. La respuesta es muy simple: de ningún modo. En los pasillos que transitan los supremos se escucha que la jueza Pura de Arrabal “hizo un mamarracho jurídico”. Más de un jurista cree que ella misma dio motivos para que su decisión la lleve a un jury de enjuiciamiento por desconocimiento flagrante de Derecho. Si eventualmente una cosa así sucediera no debería ser considerada como una cruzada anti-Magnetto sino como parte de las reglas del juego: las decisiones de los magistrados deben atender los límites jurisdiccionales. Esto es, no salir de los márgenes que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia establecen.
Y aquí vale la pena detenerse en los cuatro motivos que dejan a la medida de Pura de Arrabal ajena a sus facultades.
El primero es la audacia de suspender la vigencia de una ley desde Mendoza cuando el lugar donde se promulgó fue la Ciudad de Buenos Aires. Ese solo motivo hubiera sido suficiente para que ella se declarara incompetente. De hecho, lo primero que hizo esa jueza fue declararse incompetente, y fue la Cámara Federal mendocina, compuesta por jueces con claras vinculaciones procesistas, quien le ordenó expedirse y considerarse competente.
El segundo es que la medida cautelar se funda en cuestiones del tratamiento parlamentario: que el despacho para el tratamiento no fue firmado en el recinto de la Cámara y que no se esperaron los siete días reglamentarios para su tratamiento. Cabe recordar que en el video de la transmisión televisiva se puede ver a los diputados firmando el dictamen. De hecho, al final, un diputado opositor se queja de que lo están haciendo cuando la discusión no ha concluido.
En relación con los siete días, de acuerdo con los reglamentos de Diputados, esa disposición corre para las sesiones ordinarias, pero esa ley se trató en una sesión de las llamadas especiales, para las cuales no se exigen los siete días. Curiosamente, si se tomara en cuenta la cautelar de la Justicia Federal de Mendoza, sería nula la Ley del Tratado de Paz y Amistad entre la República Argentina y la República de Chile sobre el Canal de Beagle de 1984 y deberíamos estar en guerra.
Sin embargo, pese a esas chicanas, hubo quórum y la ley se trató y se votó. En consecuencia, la jueza hizo intromisión en un asunto propio de otro poder constitucional.
El tercero es que no hay jurisprudencia en materia de fallos sobre medios de comunicación para suponer la supuesta inconstitucionalidad de la ley judicializada.
El cuarto, y no menos importante, es que la Argentina no cuenta con un Tribunal Constitucional –como sí tienen muchos países, especialmente europeos– que cuente con reconocimiento institucional como para interpelar la constitucionalidad de una ley. De modo que, para la Corte, significa un llamado de atención que una jueza federal, a través de una cautelar, despliegue el mismo poder que tendría un organismo de esa jerarquía. Con un agravante: podría haber tantos tribunales constitucionales como juzgados federales hay en la Argentina. Y con un atenuante: no necesitan fundamentar su fallo, ya que hasta ahora Pura de Arrabal ni siquiera falló sobre el recurso de amparo.

Ganar tiempo. Los abogados del monopolio saben lo endeble que resultan los argumentos planteados. Son inconsistentes jurídicamente y muy eficaces en términos de la estrategia del CEO de Clarín. ¿Por qué? Porque Magnetto tiene un calendario en la mano y quiere ganar tiempo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece un período de un año. La fecha de inicio es el momento de la reglamentación del llamado proceso de desinversión y no a partir de su vigencia legal (que fue el año pasado). Lo que impide la cautelar que tratará la Corte es que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar la ley y empiecen a correr los plazos para que los grupos de medios que tienen posiciones dominantes se desprendan de las señales o licencias que quedan vedadas ante el nuevo escenario de democratización de la palabra. Esto es, cada día que pasa con la ley congelada, Magnetto lo siente como una protección al monopolio. Si Julio Cobos resulta su candidato presidencial –como todo indica–, intentará movilizar sus fuerzas para denunciar como “censura” o “intromisión en la libertad de expresión” la aplicación de la ley en los términos establecidos. Y, cualquiera lo sabe, la prensa en tiempos electorales es como el agua al carnaval. Es decir, si la campaña electoral se oficializara el 12 de agosto (60 días antes de una fecha posible de comicios nacionales), el Grupo Clarín se aferraría con uñas y dientes a que “TN no desaparezca mientras la dictadura K quiera eternizarse en el poder”.
Es, quizás, algo más perverso que eso. Ellos saben que tendrían un poderío considerable para las próximas elecciones. Lo que quieren es, primero, frenar el análisis de las licencias que el Grupo Clarín logró en estos años, para que no quede nada escrito sobre su acumulación desorbitante y, segundo, impedir que la aplicación de la Ley 26.552 habilite nuevas voces que puedan quebrar el discurso único de los medios de Clarín.  En ese sentido la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, en un fallo salomónico, confirmó el fallo del Juez Edmundo Carbone que había ordenado como medida cutelar la suspensión de la aplicación del articulo 161 que establece el plazo de 1 año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación. Pero el mismo tribunal revocó la suspensión del otro articulo (el 41) que había dispuesto Carbone y que se refiere a la transferencia de licencias. Como evidencia de esto, los directivos de Clarín pidieron que se ampliase la cautelar para impedir la continuación de los censos para la normalización de las llamadas emisoras clandestinas.
De ese modo, y con el apoyo en coro de un grupo de comunicadores del establishment, quedaría al descubierto una campaña electoral pergeñada por un hombre que jamás habla –Magnetto– más unos profesionales de la palabra –bien remunerada– y un grupo disperso de políticos que darán la cara por una campaña sin hacer explícitos sus proyectos y propuestas sino que sólo cerrarán filas con el principal grupo de comunicación monopólica de medios. Una curiosa interpretación, muy argentina, de The Truman Show.

MIRADAS AL SUR

17/05/2010 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina – Raúl Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema, habla de la tenencia, derechos individuales, el Consejo y el fallo del ADN.


“Lo fundamental es la lucha contra el paco”

Con gran claridad, explica la sutil diferencia que hace la figura constitucional de “las acciones privadas”, que distingue entre lo que se hace “en casa” de lo que “se hace en una plaza y con un cartel”. Y también explica por qué algunos se preocupan sinceramente mientras que otros buscan “criminalizar para distraer”.

Por Irina Hauser

Tener el Corriere della Sera en el medio de su escritorio, fumar cigarrillos largos, tomar mate con su equipo e ir a trabajar cada tanto con buzo y pantalones cargo son algunos de los hábitos que Raúl Zaffaroni cultivó en los cinco años que lleva en el entorno señorial de la Corte Suprema. “No, no me voy a postular para jefe de gobierno porteño”, es un chiste que anticipa últimamente en cuanto le ponen un grabador delante. “No quisiera tener funciones ejecutivas, porque en Argentina cuando uno termina esas funciones lo procesan, es algo casi folklórico”, sigue con la broma ya avanzada la entrevista con Página/12. Para hablar sobre la tenencia de droga para consumo personal se pone más serio. A diez días de la fecha que puso el Alto Tribunal para pronunciarse sobre el tema, el juez supremo anticipa los ejes del fallo y denuncia la existencia de “maniobras distractivas” que “criminalizan al consumidor de drogas” para quitar la atención de “la cosa fundamental que tenemos que afrontar, que es la lucha contra el tráfico de paco”. También da su diagnóstico sobre las fallas en el Consejo de la Magistratura y explica por qué le parece problemática la presencia de políticos en el organismo.

Vida privada

–En estos días en la Corte se escuchó mucho la frase “no vamos a despenalizar” (la tenencia de droga). ¿Qué van a hacer entonces?

–Despenalizar es suprimir un tipo penal y eso sólo puede hacerlo el Poder Legislativo. Lo que se está haciendo (en la Corte) es una interpretación constitucional de la ley diciendo que la tenencia para consumo personal puede ser tipificada sólo cuando haya un peligro concreto para terceros. Si yo voy por la calle dándome un nariguetazo con un cartel que dice “I love coca” estoy afectando un bien jurídico ajeno, pero si lo hago en mi casa, no. Es una vieja interpretación correcta del artículo 19 (que habla de las acciones privadas de los hombres) de nuestra Constitución que está mucho más allá del problema de la droga. José Manuel Estrada decía que era el eje del constitucionalismo argentino. El Derecho en la Argentina no está al servicio del Estado sino de la persona. No se puede poner el Derecho al servicio de cualquier mito sino que debe respetar el ámbito de autodeterminación moral. Pasaron 150 años desde que Carrara escribió que el matrimonio es muy sagrado, pero yo por más que esté casado no puedo sacar la cama a la calle. En mi casa puedo hacer lo que quiera. Es una cuestión de privacidad.

–Más allá de la sutileza semántica, ¿no es lo mismo que propiciar la despenalización?

–Y… yo creo que sería bueno que el Legislativo precise el alcance de la prohibición en términos constitucionales. Yo en mi función me limito a decir que en el ámbito de la moral privada no hay que meterse.

–¿Por qué cambiaron el expediente en que basarán el fallo? El anterior aludía a dos jóvenes sorprendidos con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo. El nuevo implica a gente fumando marihuana en una casa.

–Hay un problema, que explica por qué esta sentencia se viene demorando tanto, que es que la última ley de drogas redujo la pena a una pena corta. En consecuencia, casi todas las causas que nos llegan están prescriptas, como la que íbamos a resolver (conocida como Villacampa). Realmente no hay nadie preso por mera tenencia y yo diría que casi no hay condenas.

–Entonces, ¿cuál es la necesidad de pronunciarse sobre el tema?

–La necesidad de pronunciarse es otra: como están las cosas, se habilita una intervención policial en el ámbito privado. El ámbito formal del derecho nos impone penas, pero además se está autorizando al Ejecutivo, a la policía, a meterse en un ámbito de moral privada de las personas. El hecho de interrogar a una persona, allanarle el domicilio, secuestrarle un tóxico es en el ámbito privado.

–Pero el ámbito privado, ¿es exclusivamente una casa? ¿Fumar marihuana en una plaza y sin molestar a nadie no es una acción privada?

–Las acciones privadas transcurren en un lugar en que no las haga públicas. Es una cuestión de interpretación. Depende de las circunstancias. Si yo estoy en una plaza fumando un porro a las tres de la mañana y no hay nadie, es una acción privada. Si lo hago en medio de una multitud con un cartel, no. Habrá que ver en cada caso si hay un riesgo de imitación o de promoción. En el que vamos a resolver no hay dudas de que se trata del ámbito privado.

–Hay grupos conservadores que buscan instalar la idea de que legalizar el consumo personal de droga es promoverlo.

–Acá hay una decisión que hay que tomar y no se puede actuar como el avestruz en este momento. Hay una maniobra de distracción que es centrar todo sobre el consumidor y distraernos de la cosa fundamental que tenemos que afrontar, que es la lucha contra el tráfico de paco. No podemos perder el tiempo en tonterías. Llegó la hora de la verdad: hay un tóxico terrorífico que está incidiendo sobre las capas más pobres de la población, que es destructivo y mata. Al lado de gente que piensa de buena fe que esto va a traer consecuencias terroríficas, hay otra que quiere seguir distrayendo la atención. De todos modos, esas supuestas consecuencias no existieron nunca: estamos hablando del mismo criterio sobre tenencia que tuvo la Corte Suprema desde 1984 hasta 1990 y no pasó nada. En la medida en que se siga criminalizando o haciendo que se criminaliza, lo que se hace es distraer esfuerzos para combatir el tráfico.

–¿Nadie hace nada al respecto?

–Se están haciendo cosas, pero quizá las estamos haciendo en forma sectorial. Se necesita un director de orquesta.

–¿Quién debería tomar las riendas, el Gobierno?

–Sí, alguien con poder de ejecución. Yo no lo tengo. Igual he hablado con los jueces federales y con los fiscales. Algunos se han puesto en campaña con esto, pero no es lo suficiente. Se necesita centralizar. Yo creo que en combatir el tráfico de paco podemos tener éxito porque no nos estamos enfrentando a un cartel. No es un gran negocio. Es un tráfico pequeño que tiene el inconveniente de que las bocas de expendio son muchas. Pero con una buena inteligencia se puede. No es lo mismo una toxicodependencia corriente que la que genera el paco. Yo convengo que todo tóxico es negativo, pero una cosa es que mate en diez o quince años y otra es que te mate en uno.

–¿Qué intereses se juegan detrás de las maniobras distractivas que menciona?

–No tengo idea, pero me parece evidente que es una tontería. En toda la región la tenencia no está penada. Si yo voy por la calle o tengo en mi casa cinco porros y me detienen como imputado, yo tengo derecho a decir lo que quiera en la indagatoria, o negarme a declarar. Que me encontré el cigarrillo en la calle, o me lo dejaron en el umbral de la puerta. Si no me imputan y me citan como testigo, tengo obligación de decir la verdad, si no incurro en un falso testimonio. Me parece tan absurdo penalizar algo que nunca llega a sentencia, sin contar la ridiculez de la ley que somete la sentencia a que si el sujeto es dependiente tiene que hacer un tratamiento, y si no se cura lo penan. Esto es un derecho que no es racional. Si alguien está enfermo hay que tratarlo. No porque no se pueda curar hay que penarlo. ¿Voy a penar a un tipo que toma vino? Bueno, que tome menos. Tampoco se puede penar a un tipo que se fuma un cigarro de marihuana por semana.

–¿El fallo va a hacer referencia a otras drogas?

–No hay diferencia entre tóxicos, siempre que la cantidad sea razonable para el consumo y, por ende, no sea una exageración que crea peligro de distribución. Se habla de la marihuana por ser el más corriente, pero puede ser cualquier otro, eso no cambia la cuestión de la privacidad del consumo.

–¿Qué consecuencias han traído todos estos años de criminalización de la tenencia?

–Lo que sucede es que el tóxicodependiente, que es una minoría entre los consumidores, como con el alcohol, tiene una personalidad obsesivo-compulsiva y lo importante para sacarlo del tóxico es que deje de autopercibirse en función del tóxico. Toda intervención penal es estigmatizante, dificulta relaciones laborales, quiebra relaciones sociales. En lugar de favorecer un cambio de autopercepción, lo fija en la que tiene. En síntesis: la clave es decirle al dependiente “vos no sos un drogadicto” y no insistirle en “vos sos un drogadicto”.

Un juez que da consejos

–¿Qué falla con el Consejo de la Magistratura?

–Yo veo un problema de ingeniería institucional. Las dificultades del Consejo son más bien estructurales. La reforma del ‘94 no dejó clara la delimitación de funciones entre el Consejo y la Corte, entre administración y gobierno. Crear un reglamento de Justicia es un acto de gobierno, comprar una bombita de luz es un acto de administración. Del océano que queda entre medio no está nada claro. En segundo lugar, el Consejo nunca llegó a constituirse como cuerpo, con vocación de poder. Cada uno va ahí representando a su agencia, los jueces, los políticos, los abogados, pero no se siente parte de un cuerpo.

–¿La composición no es un problema?

–Sobre la constitucionalidad de la composición me reservo la opinión. Pero hay un factor, desde el punto de vista de la ingeniería institucional que distorsiona al Consejo, que es la presencia de legisladores. Es cierto que allí tienen que participar los representantes de los cuerpos electos popularmente. Pero una cosa son representantes y otra cosa son los mismos legisladores.

–¿Cuál es el problema de la presencia de legisladores?

–Primero, que el día de todos nosotros tiene veinticuatro horas, y no se puede estar haciendo política y administrando el Poder Judicial a la vez. El Consejo requiere dedicación casi exclusiva, es un problema práctico. Y veo otra dificultad: lo que es bueno en el Poder Legislativo, no es bueno en el Consejo de la Magistratura. La característica de un buen legislador es saber negociar. Tiene que ir a la comisión, charlar, juntarse con el otro a tomar café, yo te voto esto vos me votás aquello. Es sano en tanto no haya intereses corruptos de por medio. Así es la negociación política. En el Consejo, ¿qué vas a intercambiar? ¿Un corrupto por un secretario? No hay espacio de negociación así. Personalmente defiendo la existencia de partidos políticos fuertes y por ende con una disciplina de bloque. En el ámbito legislativo eso es lo deseable. Pero que alguien con disciplina de bloque venga y se siente en el Consejo de la Magistratura no me parece deseable.

–¿Por qué?

–Porque tiene que cumplir órdenes, lo cual está bien en el Legislativo, pero no para elegir o sancionar a un juez. En el Consejo italiano, por ejemplo, lo que hay son representantes de los legisladores.

–¿Eso es garantía?

–Mandan a los juristas del partido a que se sienten en el Consejo. Eso unifica bastante el lenguaje y favorece otro el nivel de diálogo.

–En Italia el presidente del Consejo es el presidente de la República.

–Sí. El presidente de la República es una garantía, es jefe de Estado, no es jefe de gobierno. Eso le da una jerarquía al Consejo, pero es un sistema parlamentario. De todas formas, salvo (Francesco) Cosiga que armó un revuelo tremendo, muy excepcionalmente va a las reuniones del Consejo. Prescindiendo de nombres o personas, en una reforma constitucional aquí quizá habría que pensar en poner a alguien.

–¿Usted es de los que piensan que el titular de la Corte Suprema tendría que volver a presidir el Consejo, como antes de 2006?

–Sería bueno que haya un puente, si no es un semillero de pleitos permanente. Que el presidente del Consejo sea el de la Corte o alguno de los otros jueces que la integran.

–Para esto haría falta una nueva reforma de la ley.

–Y sí, haría falta una nueva reforma.

–¿Qué otro defecto le ve a la reforma de hace tres años que achicó el Consejo?

–No estoy pensando en un tema de porcentaje de integración. Hay que atender a estas cosas más funcionales. En realidad, es un organismo que hay que ponerlo en funcionamiento, no ha logrado constituirse como cuerpo. Es cierto que quedó un engendro porque la Constitución no precisa cómo se integra, yo lo dije incluso como diputado constituyente y critiqué la oscuridad que dejaba en la delimitación con la Corte, pero en ese momento no se pudo tocar nada. Después de quince años tenemos los problemas. Lo único que logré bajar fue una categoría (prevista para integrar el organismo): el proyecto original hablaba de incluir personalidades distinguidas. Yo dije que el padrón era muy grande porque los porteños desde que nacemos somos todos personalidades distinguidas.

–¿Las demoras en la selección de jueces o la disputa para sancionarlos también las atribuye a cuestiones de ingeniería?

–Sí, a problemas funcionales. Quizá la composición tenga algo que ver, pero lo que prima es la falta de un lenguaje común. No sólo se juegan intereses sectoriales sino que no hay una práctica o una cultura común que permita discutir en el mismo lenguaje.

–Pero los intereses sectoriales son los que vienen marcando el debate. Los jueces quieren más bancas, los abogados también, y los políticos defienden su mayoría.

–Está planteado así, y de esa manera estamos equivocados. Acá la cuestión es que hay un órgano constitucional y deberíamos ver cómo hacemos para que funcione. Hay que hacer unos ajustecitos, pero un representante más para uno u otro no va a resolver el problema de fondo. En Italia también hay codazos entre poderes, pero el Consejo de la Magistratura tiene un espíritu de cuerpo del demonio.

–¿La Corte va a fallar sobre la constitucionalidad de la composición?

–Los casos que tenemos se los mandamos al procurador para que dictamine. No hay urgencia en entrar en el tema. Cuando vuelvan los expedientes de la Procuración veremos. También vamos a ver qué hacen los políticos.

–Eventualmente un fallo podría colaborar con ideas como las que usted propone.

–No lo creo, son ideas que tienen que tomar los políticos. Uno se las tira.

–Esta Corte firmó varias resoluciones tendientes a señalar políticas de Estado o empujando a que el Congreso haga determinadas reformas.

–Un fallo de la Corte a lo sumo podrá decir si el número es o no equilibrado, o si tal sector tiene que tener más representantes. Pero hasta ahí llega. Yo estoy hablando a ver si alguien me pone la oreja en otro poder. Hay otros países que tuvieron Consejo de la Magistratura y por un exceso del Poder Ejecutivo lo hicieron casi desaparecer, como Francia. En España metieron la pezuña los políticos.

–Bueno, hace poco la diputada Diana Conti, harta de las críticas, llegó a sugerir volver al sistema anterior, cuando no había Consejo y los jueces se elegían a dedo.

–No podemos borrar una institución que está en la Constitución, para eso hay que reformarla. Si reformamos la Constitución, para mí tenemos que ir a un sistema parlamentario.

–Hace un tiempo usted dijo que en cuanto pudiera firmar ciertos fallos importantes, como el de drogas, se iría de la Corte. ¿Ya definió cuándo se va?

–No, no tengo fecha. Algún día me iré, pero no tengo decidido cuándo.

Página 12

16/08/2009 Posted by | General, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , | 1 comentario