America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Contra el nuevo saqueo de la Argentina – Hernan Brienza


Contra el nuevo saqueo de la Argentina
La pendular historia de la deuda argentina y las presiones para llevar al país a una nueva crisis.
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Nota de Tiempo Argentino

Con el paso del tiempo, las cuestiones verdaderamente importantes van tomando su real proporción. Hace poco menos de un año, en la primera entrevista que ofreció la presidenta de la Nación en el ciclo Desde otro lugar, emitido por la TV Pública, Cristina Fernández de Kirchner fue tajante: “Se intenta disciplinar (a los países) no solamente a través de la deuda, sino a través de cómo se quiere administrar el comercio internacional… La deuda externa fue el mayor nido de corrupción desde Bernardino Rivadavia a la década del ’90. Cuando se produjo el golpe de 1976 la deuda argentina era de 6000 millones de dólares, con indicadores económicos muy buenos. Éramos un país industrial y de una economía con una sola moneda… El negocio del mundo financiero internacional es que vos te sigas endeudando, que al banco le pagues más intereses. A partir de la transformación de bancos comerciales en bancos de inversión: el circuito del dinero deja de pasar por la producción para reproducirse, y comienza el negocio de los derivados financieros.”

Hoy, estas palabras, tras el escandaloso comportamiento de la “Injusticia” estadounidense, con el inefable juez de primera instancia Thomas “Buzzard” Griesa, toman una actualidad patente. Sin dudas, la verdadera corrupción en la Argentina es el multimillonario robo de la deuda externa, no sólo por el saqueo que se produce del Estado, sino también de las riquezas y el ahorro de todos los argentinos.

Piense por un momento con qué fortaleza épica negociaría un Mauricio Macri como presidente si hoy dice “hay que ir a sentarse con Griesa y pagar lo que él diga”.
Y no hay que evitar ser ingenuos o malintencionados: no se trata de una cuestión meramente judicial ni de la decisión trastornada de un juez de primera instancia de Estados Unidos, son las cuevas más implacables del orden financiero internacional los que hacen el trabajo sucio para que después recojan los frutos otros sectores económicos.

Con una sola variable, la de la deuda externa, se puede comprender la historia argentina y hacer una división –obviamente esquemática y binaria pero que es útil para mapear política e ideológicamente estos más de 200 años que nos preceden– entre presidencias nacionales y populares y las liberal-conservadoras.

Y la primera conclusión que se podrá establecer es la siguiente: estos últimos –desde Bernardino Rivadavia hasta Fernando de la Rúa endeudaron desvergonzadamente al Estado con organismos financieros de distintas formas–; los primeros, en cambio –desde Manuel Dorrego a Kirchner– comprendieron que no hay posibilidad de llevar adelante un proyecto económico autónomo y sustentable si ese Estado no se libera de las ataduras financieras, verdaderos cepos para el crecimiento de una Nación, impuestas por la toma de deudas realizadas en formas absolutamente irresponsables, cuando no criminales para el futuro de las mayorías argentinas.

Lo interesante de la historia es que detrás de Rivadavia llegaron primero Manuel Dorrego y luego Juan Manuel de Rosas. El primero intentó tomar deuda pública en pesos mediante colectas semiforzosas a los estancieros bonaerenses para cancelar la deuda externa, y el segundo, un poco más radical, decidió directamente desconocer la deuda con la Baring Brothers y no pagarla durante décadas.

El modelo agroexportador –el proceso que comienza con Mitre y concluye con la Década Infame– también es un modelo tomador de deuda permanente y por necesidades estructurales como lo fue el menemismo.

Los desbalances comerciales con Gran Bretaña, producto de las diferencias en los términos de intercambio (exportación de materias primas-importación de productos con valor agregado) y la toma de deudas para saldar esos desequilibrios fueron las principales causas –como bien explica Mario Rapoport en su Historia social, económica y política de la Argentina– de la crisis de 1890, por ejemplo, con síntomas muy similares a los de la crisis de 2001.

El siglo XX también se divide entre desendeudadores como Juan Domingo Perón, quien en 1948 canceló el último pago de deuda estableciendo su celebrada Independencia Económica en la provincia de Tucumán, y los endeudadores, como la dictadura de Pedro Aramburu, que en 1957 logró que Argentina ingresara al circuito de los organismos multilaterales de créditos y tomara la primera deuda con el inefable Fondo Monetario Internacional.

La historia que sigue es bastante conocida: la dictadura militar de Martínez de Hoz –quizás él sea el verdadero cerebro de la dictadura– aumentó la deuda de 7600 millones de dólares a 45 mil millones de dólares, con el agregado de la nacionalización de la deuda privada que realizó el miserable vendepatria –el término apropiado no es reproducible en un diario– de Domingo Cavallo.

Armas, corrupción y negocios privados de las principales empresas fueron los rubros que todos los argentinos debimos pagar con nuestros bolsillos gracias la acción de la dictadura militar.

No es casual entonces que bajo la dirección de Cavallo durante el menemismo y el delarruismo, la deuda externa trepara de 65 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares en apenas una década. Sorprendente.

Y todo para subsidiar las empresas que vaciaban al país aprovechando el retraso cambiario del uno a uno, entre ellas, muchísimas trasnacionales que se llevaban millones de dólares a sus casas matrices. ¿Cómo se logró esto? Sencillo. En la primera etapa, bajo el terrorismo de Estado, la segunda, bajo el terrorismo económico que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín.

Vale la pena recordar qué obtuvo el terrorismo económico a principios de los años noventa. Entre la hiperinflación y las políticas de endeudamiento y sumisión absoluta al FMI, lograron un negocio millonario no sólo para los comisionistas argentinos e internacionales de las constantes renegociaciones sino, sobre todo, poner de rodillas al Estado nacional y por lo tanto a todos los argentinos. ¿Para qué? Fácil. Para quedarse con todas las empresas del Estado. De esa manera los argentinos regalamos a precio vil Entel, Segba, ferrocarriles, Obras Sanitarias, las cajas de jubilación, YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera.

¿De verdad alguien cree que el inefable Griesa toma la decisión que toma porque no le gustó la palabra “extorsión”? Solamente, los muy ignorantes o los muy malintencionados que van en el negocio pueden pensarlo –o algún estúpido periodista que le escribe cartitas genuflexas y sobadoras al juez norteamericano–. Se trata, claro, de acorralar a la Argentina.

¿Por qué es necesario poner al Estado argentino nuevamente de rodillas? Para que negocie, desde un lugar de debilidad como en los años noventa, el tesoro de Vaca Muerta, la fabulosa riqueza minera y la siempre eficiente producción de cereales.

Y como si esto fuera poco para extraer o sustraer las reservas del Banco Central –en el 2002 rondaban los 6000 millones y hoy los 30 mil millones– y sobre todo la capacidad de producción y de consumo que hoy tenemos los argentinos.

¿Le suena muy paranoico? Sepa que 100 mil millones de dólares no es una caja despreciable para ninguna potencia del mundo. Y se sabe, los países desarrollados siempre hacen pagar sus crisis a los países que intentan desarrollarse.

Un párrafo aparte se merece la clase política argentina. ¿Se imagina usted qué podrían hacer con este tema un Sergio Massa, por ejemplo, que fue corriendo siendo jefe de Gabinete a “buchonearle” al embajador de Estados Unidos lo que hacía su propio gobierno?

Piense por un momento con qué fortaleza épica negociaría un Mauricio Macri como presidente si hoy dice “hay que ir a sentarse con Griesa y pagar lo que él diga”. O Jorge Remes Lenicov, que ahora habla de las bondades de la justicia norteamericana olvidándose de la devaluación y la pesificación asimétrica que realizó a favor de las empresas de capital concentrado y monopólicas como Clarín, por ejemplo, robándoles sus ahorros a la mayoría de los argentinos.

¿Se imagina al dubitativo Hermes Binner llevando adelante la negociación? ¿Y Elisa Carrió consultando a las voces que dice escuchar en su cabeza? Ante este panorama, la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner toma su verdadera dimensión.

Por último, el gobierno, sus funcionarios, sus legisladores, sus cuadros, sus militantes tienen un deber irrenunciable: deben salir a explicar a la población con absoluta franqueza la situación económica y política. Argentina y los argentinos no nos merecemos –creo, porque escuchando a algunos comunicadores, políticos y ciudadanos de a pie me hacen dudar– un nuevo saqueo.

Nos costó mucho esfuerzo salir del 2001. Y muchos no queremos volver a no tener Patria.
INFONEWS

29/06/2014 Posted by | Economía, General, Historia, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios

La inflación, el miedo y la política por Ricardo Forster



Pensar críticamente la cuestión no menor de la inflación es intentar ir más allá de un fenómeno económico; es tratar de desarticular un viejo recurso del poder concentrado en el interior de nuestras sociedades de mercado, recurso que busca invisibilizar las causas reales del aumento de precios para transferirlas hacia el orden político. Una manera artera de proyectar la amenaza de lo indiscernible, una suerte de regreso de los dioses dormidos que se lanzan, ávidos de sangre, sobre los ciudadanos-consumidores que, horrorizados ante lo que no comprenden, suelen volverse carne de cañón de distintas propuestas autoritarias y antidemocráticas. 

La querella alrededor de la inflación jamás es neutral ni inocente, encierra, dentro de sí, el conflicto que suele atravesar a la sociedad y que siempre tiene que ver con la distribución de los ingresos y de la renta. Hay una “política” que el poder concentrado, que las grandes corporaciones (y la mediática es una de sus principales piezas), utilizan para debilitar los procesos democráticos en especial cuando estos, como el que vivimos los argentinos desde mayo de 2003, apuntan hacia el corazón del litigio por la igualdad. Los precios, sus aumentos, son como descargas de artillería contra los intereses populares. La recreación de la memoria del miedo, herramienta utilizada a destajo por el capitalismo neoliberal, encuentra en la subordinación de la política a la economía una de sus estrategias preferidas, en particular cuando los fenómenos económicos se convierten, por el arte de magias negras, en fenómenos que se escapan a los simples mortales para mutar en fuerzas descomunales que, como huracanes arrasadores, amenazan con llevarse los últimos restos de lucidez que le quedan a la sociedad.

Néstor Kirchner logró algo decisivo: invertir la inercia del poder omnisciente de las corporaciones para reinaugurar un tiempo democrático atravesado por las políticas de la reparación y la equidad. Contra esa decisión histórica es contra la que se alzan las fuerzas reaccionarias, la oposición y el establishment económico. Es ahora a Cristina Fernández a quien le toca, en el interior de una coyuntura potenciada por la reconstrucción de antiguas memorias de la equidad y por la marca excepcional dejada por el nombre de Kirchner, despejar, en la conciencia del pueblo, la trama que se oculta detrás de esta “guerra de precios”.

Nuestro país tiene un raro privilegio: haber sido uno de los contados casos de la historia del siglo XX que atravesó la terrible experiencia de la hiperinflación, una experiencia que suele dejar marcas imborrables en el cuerpo social y en lo más profundo del inconsciente colectivo. El recuerdo, siempre paradigmático, de la devastación económica alemana como escalón previo al triunfo del nazismo, nos ofrece una clara muestra de las potenciales consecuencias de vivir un período hiperinflacionario.

Todo se subvierte cuando estalla la economía y los precios entran en una carrera loca hacia el abismo; pero lo que realmente se quiebra no es el orden económico (en general a esos períodos de crisis galopante suelen suceder reacomodamientos en la concentración del capital), sino la trama de la convivencialidad entrelazada con ese otro núcleo insustituible de las sociedades modernas que es la política democrática. El frenesí alucinante de un mercado enajenado se traduce, de inmediato, en el debilitamiento de los lenguajes de la representación y en la pérdida de la legitimidad política allí donde lo que suele emerger es un reclamo de orden y saneamiento autoritario de una sociedad que parece desquiciada por fuerzas que se vuelven, para el común de los mortales, indescifrables, jeroglíficos incomprensibles que amenazan con devorar la vida cotidiana hasta convertirla en una guerra de todos contra todos.

Los procesos de inflación galopante son vividos, por las sociedades, como brutales interrupciones semejantes a catástrofes naturales, aunque con una distancia no menor: a diferencia de esas catástrofes que provienen de la naturaleza, la que genera el desquicio de la economía y amenaza el bolsillo de los ciudadanos es el producto, así se dice desde las usinas mediáticas, de acciones identificables, de políticas y de políticos que son denunciados, muchas veces por los mismos causantes de la inflación a través de un ardid narrativo, como gestores del mal, como los responsables que deben ser removidos del poder para que vuelva la calma y la normalidad. Lo que casi nunca es denunciado como causante de la inflación es el poder económico que suele actuar desde la opacidad y la astucia que lo caracteriza allí donde logra invisibilizar su responsabilidad directa. La terrible experiencia del gobierno de Alfonsín está allí para recordarnos lo que puede hacer el establishment económico para desestabilizar y finalmente destituir a las autoridades democráticas. No hay espectáculo más nauseabundo que ver de qué modo los grandes causantes del aumento desorbitado de precios se muestran ante la opinión pública como simples víctimas de algo que ellos suelen desencadenar para apuntalar sus propios intereses corporativos y garantizar, de ese modo, su absoluto predominio en la disputa por la renta.

Extraño fenómeno psicológico por el cual una crisis económica tiene como una de sus principales consecuencias no la denuncia y el rencor contra los que hegemonizan el poder del capital, los que fijan los precios y se transforman en los beneficiarios de la especulación, sino que el odio suele volcarse hacia la política, en especial cuando esta se despliega como parte de la experiencia democrática (o hacia sectores vulnerables como los extranjeros o las minorías). La desesperación por la caída al vacío se traduce en rechazo de la política y de los políticos para dejar paso, muchas veces, al frenético reclamo de mano dura y orden capaces, según este imaginario, de sanear el desquicio económico producido por la malversación del sistema de partidos. La experiencia de la Alemania de Weimar y su bancarrota están allí como señal ominosa de las respuestas que suele dar el “sentido común” de los ciudadanos ante situaciones de aguda crisis inflacionaria (allí el chivo expiatorio, junto al sistema de partidos propio del orden democrático, serían los judíos). Lo primero que se debilita es la democracia y la idea de lo político como escenario para el procesamiento de los conflictos. Por eso, la inflación siempre se cruza con la política; su núcleo no responde a tecnicismos que sólo pueden descifrar los especialistas, sino que atraviesa la puja decisiva (como la que hoy estamos viviendo) por el modelo de sociedad.

En las últimas tres décadas, la Argentina ha sufrido algunas heridas devastadoras que dejaron sus marcas profundas en el cuerpo social y cultural; nuestro presente, de un modo u otro, todavía sigue atravesado por esas heridas. La primera y más brutal fue, sin dudas, la infligida por la dictadura militar inaugurada en marzo de 1976. El terror de Estado se desplegó con una intensidad inédita en la historia nacional dejando no sólo un saldo de miles de muertos y desaparecidos sino también marcando a fuego, desde la lógica del horror, la vida de nuestra sociedad (las diversas formas de violencia que todavía insisten entre nosotros están aquí como muestra de una persistencia nunca saldada del todo y vuelve imprescindible la profundización, que viene desarrollándose desde 2003, de una genuina política de la memoria asentada en la justicia). La segunda herida, de otras características, fue la producida por la fallida aventura malvinense, una aventura llevada adelante por una dictadura exhausta pero apoyada por una vastísima parte de nuestra sociedad que, una vez consumada la derrota y desplegada la crónica de la vergüenza, buscó, como otras veces, despegarse de sus propias responsabilidades y complicidades para proyectar fuera de sí el mal del engaño, la improvisación y la impunidad que caracterizó la invasión de las islas un 2 de abril de 1982. Bañarse en las aguas puras de la inocencia ha sido una constante de muchos sectores de la sociedad que suelen eludir, rápidamente, sus responsabilidades efectivas.

La tercera herida es la que parece regresar hoy a través de la alarma inflacionaria multiplicada por el aparato mediático y convertida, por ese discurso del engaño, en el centro pecaminoso de un proceso al que se pretende horadar y deslegitimar en lo que tiene de virtuoso; es aquella que se produjo hacia el final del gobierno de Alfonsín y que llevó a nuestro país a contemplar los bordes del abismo hiperinflacionario. De esa experiencia traumática, desoladora y subvertidora del tejido social, emergió el menemismo, la convertibilidad y todas sus consecuencias. Ninguna sociedad sale indemne de una experiencia de esa naturaleza que la deja en estado de absoluta disponibilidad, sin recursos propios, inerte ante el ejercicio de alternativas brutales en su supuesta terapéutica (allí está aquella frase anticipatoria del futuro ministro de la convertibilidad: “Cuanto peor mejor”, dejemos que la hiperinflación se devore toda posibilidad de resistencia social hasta el punto de romper cualquier memoria reivindicatoria de derechos e igualdades tan cara a la historia social argentina). Los efectos de la hiperinflación no se agotan ni desaparecen cuando se sale de ella; todo lo contrario: permanecen en lo más recóndito de las prácticas culturales, se vuelven núcleos que habitan zonas de nuestro inconsciente listos a derramarse sobre nuestra cotidianidad ante cualquier coyuntura en la que los precios comienzan a moverse.

Lo sabe cierta prensa que representa los intereses de la derecha vernácula: el fantasma de la inflación tiene consecuencias políticas directas, su regreso pone en vilo no sólo a los actores sociales y económicos, sino que debilita al poder político, lo somete, de nuevo, al miedo que emerge de ese fantasma profundamente arraigado en los lenguajes del imaginario de época. Junto con el espectro que regresa lo que también se expresa con fuerza es la sospecha, nunca acallada del todo en amplios sectores de nuestra sociedad, de la política y de los políticos como fuente de todos los males y en especial esos que llevan hacia el infierno en el que los precios se desbocan y la vida de todos los días parece entrar en una espiral indetenible que amenaza con arrojarnos al más profundo de los abismos.

Es contra ese discurso de la catástrofe contra el que se deben desplegar las acciones de un gobierno, el que hoy encabeza Cristina, el primero en décadas, que no sólo reabrió el litigio por la igualdad a favor de los débiles y de los incontables, sino que también se plantó con firmeza y decisión ante el eterno chantaje de las corporaciones económicas. En la politización de la economía sigue estando la clave, como lo vio Kirchner, de la profundización de un proyecto más igualitario.

Veintitres

07/12/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios

Cómo combatir la inflación sin “ajustar” ni “enfriar” la economía – Aldo Ferrer


16-04-2010 /


Aldo Ferrer

En el debate actual sobre la inflación y el pago de la deuda, predominan dos enfoques alternativos. Por un lado, ajustar y enfriar la economía. Para tales fines, sería necesario reducir la demanda agregada mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa de interés y apreciar el peso para sustituir producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se liberarían recursos del Presupuesto para pagar deuda sin uso de reservas del Banco Central. Por el otro lado, el enfoque alternativo propone pagar deuda con reservas y sostener un crecimiento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema precios, con vistas a impulsar la demanda, la producción y el empleo.

Esta alternativa del problema actual de la inflación y la deuda se plantea como si subsistieran las circunstancias del pasado. Vale decir, una economía sometida a las restricciones externa y fiscal, a una deuda agobiante que excede su capacidad de pago y a de­sórdenes macroeconómicos e institucionales que, en el límite, culminaban en la hiperinflación.

Nos pasó durante más de la mitad del siglo pasado, cuando registramos el récord mundial de inflación, con varias híper incluidas. Sin embargo, como hemos visto en las tres últimas notas en este mismo espacio, en los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía argentina. Desde la salida de la crisis del 2001/2002, en el transcurso de esta primera década del siglo XXI, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial, el cual registra saldos positivos anuales superiores a los u$s15.000 millones.

A su vez, la cuenta corriente del balance de pagos registra ocho años consecutivos positivos, hecho inédito en la historia económica del país. En el 2009 alcanzó al 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante en el 2010. A su vez, al mismo tiempo, entre el 2003 y la actualidad la relación deuda externa pública y privada/PBI bajó de 160 a 40 por ciento. Desde el momento en que se logro salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también aquí se produjo un cambio radical.

La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria nacional aumentó en 10 puntos del PBI para ubicarse cerca del 30% del producto, proporción razonable en una economía del ingreso medio argentino. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde la salida de la crisis del 2001/2002 demuestra, en efecto, que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado.

En el pasado, el país tuvo, entre 1930 y 1983, una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. En la experiencia reciente, aún los temas más polémicos (por ejemplo, la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales, el uso de las reservas del Banco Central), se procesan conforme las reglas constitucionales y la división de poderes propio de una sociedad democrática. Ahora, la restricción institucional es también un problema de otros tiempos.

En resumen, en la nueva economía argentina ni la inflación ni la deuda son actualmente lo que fueron en el pasado. Por lo tanto, enfriar y ajustar, por una parte, o crecer sin atender el problema precios, por la otra, no son las alternativas reales que confrontamos actualmente. Corresponde, entonces, reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber, las causas actuales del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

Sobre la primera, cabe observar que no estamos en presencia de ninguna de las causas clásicas de inflación, a saber: exceso de demanda o presiones de costos. La economía viene operando a niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada, está aún distante el pleno empleo de la mano de obra y no hay restricciones de abastecimientos importados por insuficiencia de divisas. Por lo tanto, no hay inflación por exceso de demanda respecto de los recursos disponibles. Por otra parte, ninguno de los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas de servicios públicos) está fuertemente desalineado y, por lo tanto, no es previsible un alza brusca en ninguno de ellos. Por lo tanto, tampoco hay amenazas severas de inflación de costos. ¿Cómo se explica entonces que el nivel general de precios esté aumentando en torno del 20% anual, un nivel inconveniente y perturbador?

La respuesta es que estamos en presencia de un caso de inflación inercial. Es decir, los precios aumentan a un cierto ritmo porque los actores económicos y sociales incorporan una hipótesis de aumento de precios que se retroalimenta en ajustes continuos de precios y salarios, a pesar de la ausencia de inflación de demanda y de costos y de la existencia de equilibrios macroeconómicos razonablemente sólidos. La inflación inercial se sostiene en las expectativas y en un clima político tenso, en el cual se incluyen visiones catastróficas de la realidad y el futuro, incluida la explosión inflacionaria. En este escenario, por razones estacionales o circunstancias propias, algunos alimentos crecen más que el promedio, fenómeno que sucede también en economías con niveles generales de precios estables.

La inflación inercial no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía lo que se logra es frenar el crecimiento, aumentar el desempleo, el malestar social y la inseguridad. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema precios o suponiendo que los aumentos provienen, esencialmente, de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados. Cuando éstas existen tienen que ser reprimidas por el Estado, pero, en todo caso, la pregunta es por qué ahora esas maniobras son inflacionarias y en otros momentos no lo son. La respuesta es que ahora prevalece la inflación inercial . No hay ninguna medida aislada que resuelva el problema.

La respuesta radica en un programa de estabilidad y crecimiento fundado en la solidez de los equilibrios macroeconómicos y la política de ingresos para concertar, entre los actores económicos y sociales, privados y públicos, metas de precios y salarios, que tiendan a reducir la hipótesis inflacionaria implícita en el comportamiento de esos actores. En un momento como el actual, sería particularmente útil contar con un consejo económico y social, en cuyo seno el Gobierno concertara con los actores privados, del trabajo y la empresa, una estrategia de crecimiento con equidad y estabilidad razonable de precios.

El éxito de esa estrategia depende de la solidez de la macroeconomía y de continuar reduciendo los niveles de deuda. Para tales fines son centrales las otras dos cuestiones mencionadas. Es decir, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

Respecto de la deuda, conviene recordar que con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año con reservas u otros recursos tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante pero que no involucra la capacidad de pago. De todos modos, el pago con reservas es un recurso circunstancial. En el mediano y largo plazo, son los recursos genuinos de la actividad corriente de la economía los que proporcionan los medios de pago.

Sobre la solvencia fiscal, conviene recordar que, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público. La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel fundamental en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo.

No es preciso “enfriar” ni “ajustar” la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos, para frenar el aumento de precios. Si es preciso acomodar el crecimiento de gasto público a la de la recaudación lo cual permitiría recuperar, a breve plazo, el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado para llevar la actual tasa de inflación a niveles tolerables y posibles, en torno del 10% anual.

En relación con la política cambiaria, reducir la tasa actual de aumento de precios facilita mantener un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED) indispensable para el crecimiento de la producción y el empleo. Como lo demuestra nuestra experiencia y la de las economías en desarrollo más exitosas, el TCED es también necesario para la formación de una economía integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento e integrada al mundo.

Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance de los medios del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía argentina una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.

* Director editorial de Buenos Aires Económico

16/04/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Solidaridad, Uncategorized | , , , , | 3 comentarios