America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Los miércoles, catarsis – Horacio Verbitsky


LOS MIERCOLES CATARSIS –

La marcha del miércoles 18 repetirá algunos episodios históricos de las últimas siete décadas, representativos de un clivaje profundo de la sociedad argentina, de ninguna manera exclusivo de estos tiempos. Que todas las fuerzas de la oposición, política, económica, cultural, profesional, interna e internacional se manifiesten en las calles con absoluta libertad es una forma de sinceramiento de profundo valor catártico, un clímax del que habrá que prever el descenso.

Por Horacio Verbitsky
Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.

Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo. La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o desesperada por comprar dólares.

Un gigantesco oximoron

La convocatoria de esta semana no es menos policroma y escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity. Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las fuerzas de oposición para construir tal alternativa.

Fiscales y jueces

Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad, justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas. Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.

Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172 del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto, participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina. Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.

Pàgina 12

15/02/2015 Posted by | General, Historia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Salud, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios

UN EXTRAORDINARIO DEBATE EN LA CORTE SOBRE LA LEY AUDIOVISUAL – El destape por Horacio Verbitsky


El destape
El extraordinario debate sobre la ley audiovisual convocado por la Corte Suprema muestra un rasgo de madurez de la democracia argentina, que en diciembre cumplirá 30 años. Fue un paso gigantesco hacia la transparencia y expuso con nitidez el contraste entre la defensa de un interés económico y los derechos de la sociedad. Aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte sigue siendo uno de los grandes activos de este período.

96128_foto_61057

Por Horacio Verbitsky
Durante dos mañanas y con un cronograma de precisión escandinava, que sólo contempló un cuarto intermedio de quince minutos, la Corte Suprema de Justicia escuchó todos los argumentos posibles a favor y en contra de la plena vigencia de la ley audiovisual. Lo sucedido constituye un paso gigantesco hacia la transparencia en el debate público sobre cuestiones de interés general. La apreciable diferencia en el desempeño de los equipos de abogados y especialistas presentados por el Grupo Clarín y por el Estado Nacional, y de los respectivos amigos del tribunal que apoyaron las posiciones de cada uno, conspira contra las pretensiones del multimedios, que hizo girar su posición sobre la menor rentabilidad que obtendría si cumpliera con la ley, pero no atinó a fundamentar de qué modo esto afectaría su libertad de expresión. La más afamada de sus defensoras no vaciló en decir que sólo el Grupo Clarín podía hacer periodismo de investigación crítico del gobierno, por la escala monumental de sus negocios. Frente a esta visión mercantilista, justificada en una posición liberal conservadora sobre la autonomía de la empresa que no admite límite alguno, la representación del interés público opuso una concepción estructural más propia de este siglo, que incluyó el derecho de todos a expresarse, el de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas, y la obligación del Estado de intervenir para asegurarlo. Una contradicción difícil de salvar apareció en la descoordinada defensa del Grupo Clarín. Por un lado sostuvo que la concentración que ha conseguido en los 68 años de vida que cumplió el primer día de la audiencia no excede del 40 por ciento del mercado audiovisual. Por otro, insistió en que si se atuviera al tope del 35 por ciento fijado por la ley desaparecería la única voz crítica que existe en el país. Ni intentó explicar por qué la diferencia entre democracia y dictadura dependería del control de ese 5 por ciento del mercado. Se ahorró una ridiculez adicional, aunque no parecería que haya satisfecho así la curiosidad de la Corte. Mientras circulan inevitables y contradictorias versiones acerca de cuándo y cómo votarán los jueces supremos, la argumentación vertida a lo largo de siete horas en las que pocas cosas quedaron sin decirse no sólo contribuye a ilustrar a los magistrados sino también al resto de la sociedad, destinataria de la ley cuya aplicación fue frenada por medidas cautelares interpuestas en distintos lugares por el mayor grupo de medios del país. La razonabilidad de ese techo del 35 por ciento se hizo evidente para todos.

Un equipo

Un aspecto llamativo de la audiencia fue el desnivel entre los equipos enfrentados. Es probable que esto no se deba sólo a la calidad de los profesionales de cada uno, sino a la mejor preparación para la audiencia y a la índole de los valores que cada uno expresaba. El miércoles, la Corte escuchó a los amicus curiae y no hizo preguntas. Con las partes actuó a la inversa: el grueso de la audiencia se dedicó a la presentación de preguntas pertinentes e incómodas que el conjunto de los jueces había preparado sin previo aviso para las partes, que recién al final tuvieron diez minutos para una declaración de cierre. El presidente Ricardo Lorenzetti ejerció en forma impecable su autoridad. Confeccionó un cuestionario incisivo hurgando en los puntos débiles de cada uno. Supo repreguntar, interrumpió a quienes se iban por las ramas de la retórica y siempre manejó la situación con seguridad. Cuando uno de los abogados de Clarín insistía en la rentabilidad económica como fundamento de la libertad de expresión, Lorenzetti le explicó que la pregunta versaba sobre la sustentabilidad, en las condiciones actuales del mercado y en caso de aplicarse la ley, y su relación con la libertad de expresión protegida por la Constitución. Esa pregunta crucial quedó sin respuesta clara. La firmeza del juez era proporcional a las vacilaciones de la parte. Una raíz del problema fue que el Grupo Clarín presentó a tres oradores sin establecer un orden de jerarquía entre ellos. Su integrante más notorio, por el llameante pelo rojo, es el abogado junior del estudio Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino, de 44 años, nacido en Chivilcoy, igual que el CEO del Grupo, Héctor Magnetto. Muy amigo de Pablo Casey, a quien en Chivilcoy llaman El Cachila, hijo de Alicia Magnetto, la hermana Chita, ambos ingresaron juntos al estudio Sáenz Valiente. Cassino desarrolló así una relación propia con el tío del Cachila Casey: ha sido abogado personal de Magnetto en diversas causas y llegó a integrar como suplente el directorio del Grupo. El terceto se completó con los conocidos constitucionalistas Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. Pero como el tribunal conoce bien el derecho aplicable, se interesó por conocer cómo relacionan las partes los hechos de la causa con aquellos principios generales. En consecuencia, la voz cantante fue la de Cassino, especialista en defensa de la competencia y concentración económica, pero no muy fascinante expositor, quien durante toda la audiencia mostró un marcado rictus hepático. Las esporádicas intervenciones de Gelli eran más pertinentes, pero también ella recaló en un discurso político, sobre la distribución de publicidad oficial y un supuesto cepo publicitario privado que darían ventajas a los competidores de su cliente y terminó sugiriendo que el Estado subsidiara otras voces para que pudieran subsistir en el impenetrable coto de caza del gigante. Por la misma razón, fue casi nula la actividad en el equipo contrario del constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien Lorenzetti interrumpió antes de que terminara de carretear porque no se ceñía a la pregunta formulada. Carrió, quien también es penalista, mostró su conocimiento de los tratados y decisiones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de los fallos de la Corte argentina sobre libertad de expresión, pero fue perdiendo relevancia ante cada pregunta. Cassino machacó sobre el monotema del Grupo Clarín, que es su rentabilidad. Llegó a decir que el Grupo no podría subsistir en un entorno competitivo. En el cierre de la parte estatal le respondió Martín Sabbatella: si esto fuera así, el resto de los prestadores que presentaron sus propuestas de adecuación a la ley tendrían vocación suicida. Más sólida en apoyo del Grupo había sido el miércoles la intervención como amicus curiae de Eduardo Oteiza, profesor de la Universidad de Palermo que en 2010 sucedió como presidente de la Asociación por los Derechos Civiles a Carrió, cuya defensa de los hijos de la directora de Clarín provocó una crisis interna por la que debió dejar el liderazgo de esa ONG que había fundado. Oteiza expuso sobre la regulación del cable en los Estados Unidos como representante de las Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con precisiones que luego refutó muy bien el directivo del CELS Damián Loreti, quien descalifficó la aplicación automática a la Argentina de fallos de tribunales estadounidenses dado el distinto entorno. Allí no se justifican los topes que fija la ley argentina por la sobreoferta de alternativas en un mercado con múltiples actores: empresas satelitales y telefónicas, televisión digital terrestre, que brindan quinientas opciones al público. También intervinieron por Clarín dos funcionarios de Defensa de la Competencia con los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, el discípulo de Carlos Nino Gabriel Bouzat y el economista Carlos Winograd. Durante el seminario que este año organizó en Manhattan la Universidad de Columbia, Winograd alegó a favor de Clarín, presentado como “experto independiente”, pese a que había asesorado en la fusión de Cablevisión y Multicanal. Acaso porque desde hace años enseña y pasa buena parte del año en Francia e Inglaterra, fue el más sincero expositor del Grupo. Brindó así sólidos argumentos a favor de la posición oficial. Según Winograd, la pericia contable estableció que de contraerse la oferta del Grupo, Clarín no podría afrontar el pago de su deuda externa. Es la misma discusión que se planteó a la salida de la convertibilidad con las prestadoras de servicios públicos a las que no se les permitió aumentar tarifas. En la mayoría de los casos se demostró que su endeudamiento no fue invertido en la prestación del servicio concesionado, sino para financiar fuga de divisas mientras incumplían con planes de inversión. Para Winograd, el modelo de economía de escala y producción masiva que practica su contratante sólo puede subsistir agrediendo a los competidores. Esta tendencia al monopolio, que según varias exposiciones de la parte contraria y algunos amicus (Miguel Rodríguez Villafañe por las cooperativas, la excelente expositora Cynthia Ottaviano como Defensora del Público) se concretó con prácticas predatorias, fue una de las razones para la sanción de la ley. Ante una pregunta, los desconcertados lawyers del Grupo Clarín “se pelean por no responder”, twiteó desde La Pampa el joven constitucionalista Gustavo Arballo, quien vio la audiencia por Internet, otra saludable innovación de la Corte, mientras los medios del Grupo la cubrieron de modo incompleto y selectivo. Vistos los resultados, es incomprensible que el Grupo Clarín haya dejado en el banco de los suplentes a María de los Milagros Páez, experta en comunicaciones del estudio Sáenz Valiente, quien estaba registrada para exponer y a quien Lorenzetti no hubiera podido vapulear. Otro que debería devolver la plata que cobró es el semiólogo Eliseo Verón, quien está más para jugar a las bochas en el pueblito italiano de Monte Cerignone, donde compró una parroquia vacía frente al convento de Umberto Eco. En el otro extremo, el joven Lucas Grossman, profesor de San Andrés, intentó descalificar el informe de 2004 de la Relatoría para la Libertad de expresión, afirmando que había sido redactado por un pasante. Ignoró así que ese trabajo (que postuló la necesidad de regular los medios, porque la excesiva concentración que tiende al oligopolio o el monopolio amenaza en forma indirecta la libertad de expresión) fue realizado bajo la supervisión del ex Relator Eduardo Bertoni, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA, con lo cual pasó a ser una de las fuentes obligatorias de derecho argentino reconocidas por la Corte Suprema en el reciente fallo Carranza.

Vamos las chicas

El equipo estatal fue encabezado por Graciana Peñafort, una joven abogada de 36 años, la persona más joven que subió al estrado. Junto con la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la Procuradora del Tesoro Angelina Abbona y las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay, ejemplifica el rol sobresaliente que en el actual gobierno han asumido las mujeres. Graciana fue una de las redactoras de la ley y desde el ex Comfer y la Afsca intervino en todos los expedientes iniciados en su aplicación. En 2011, cuando Gabriel Mariotto dejó el cargo con la misión de imponer la autoridad regulatoria sobre el gobernador bonaerense Daniel Scioli, Peñafort fue desplazada de la Afsca por la conducción bicéfala que lo sucedió. Acompañó un tiempo a Mariotto en la Legislatura, hasta que recaló como directora de jurídicos del ministro de Defensa Agustín Rossi. El efecto de su inesperada irrupción fue espectacular, en pocos minutos nació una estrella. Abbona tuvo la inteligencia de conferirle la jefatura del equipo, pasando por alto aquellos enojosos episodios, que hirvieron en las redes sociales a medida que Graciana ocupaba el centro de la escena con una contundencia única. Sin un solo papel, respondió con exactitud a cada pregunta, con citas precisas de la ley actual y de la anterior, y decidió sobre la marcha quién respondería cada cosa. Además fue concisa y mostró una gran capacidad para construir cada frase con economía y claridad, las mismas características que el día anterior mostró Víctor Abramovich, amicus curiae por la Universidad de Lanús. La secundó, como mejor pudo, el hombre de confianza de Martín Sabbatella en Morón y la Afsca, Daniel Larrache; con buena comprensión de lo que se discutía y dónde estaba, el economista Horacio Amílcar Seillant, y con algunos pincelazos otro buen conocedor de la ley, Pablo Wisnia. Graciana sólo se alejó de la perfección ante las pregunta siete y diez. La primera, sobre el riesgo de que la desinversión afectara las fuentes de trabajo. Respondió que los sindicatos participaron en la elaboración de la ley, que estableció una protección específica con respeto por las incumbencias profesionales. No sabía, porque ya la habían ido, que además la Afsca y el sindicato de televisión firmaron en noviembre de 2012 un convenio protocolizado por el Ministerio de Trabajo que garantiza las fuentes de trabajo y las condiciones convencionales como requisito para aceptar las transferencias, supervisado por una comisión mixta que integran los trabajadores. La segunda, cuando le recordaron que el Estado dijo que las licencias eran un privilegio otorgado en forma temporal bajo estrictas condiciones, y que no puede generar un derecho adquirido, y le preguntaron si eso implicaba que podía quitar las licencias ya otorgadas y las nuevas sin derecho alguno. Esa no es una afirmación de la ley, sino de un escrito anterior en la defensa del Estado. Peñafort respondió que el derecho del licenciatario sería el de defensa en el procedimiento administrativo. El subprocurador Horacio Diez reveló el trasfondo al agregar que en el caso del Grupo Clarín podría haber una responsabilidad del Estado al ordenar la adecuación al tope de licencias establecido por la ley, pero que eso debería dirimirse en otro juicio. Ya lo había dicho la Corte el año pasado: la cuestión es patrimonial, no de libertad de expresión. Del mismo modo, ninguna falencia del Estado en la implementación de las demás disposiciones de la ley puede argumentarse a favor del Grupo Clarín.

Amigos son los amigos

También rayaron alto algunos amicus favorables a la vigencia de la ley. En respuesta a la visión tradicional de la Asociación de Propietarios Adepa (que quiso presentarse como independiente pero sólo fue admitida como amiga de parte), para la cual toda regulación afecta la libertad de expresión, Abramovich precisó que los privilegiados por la estructura social siempre impugnan las acciones afirmativas que intentan revertir patrones estructurales de exclusión social, invocando la igualdad de trato formal para no perder sus beneficios. En el caso de los medios, resisten las normas que procuran limitar la concentración “desde la trinchera de la libertad de expresión concebida con una mirada liberal-conservadora”. Para esta visión, se trata de una cuestión de autonomía personal que impone límites al Estado, como una coraza protectora. La visión opuesta reconoce los límites al Estado, como la prohibición de censura, pero concibe a la libertad de expresión como un derecho colectivo, afectado por estructuras sociales desiguales y excluyentes. En este enfoque estructural, el Estado tiene el deber de intervenir para transformar esas condiciones estructurales y favorecer el debate público, aun si para eso interfiere con la autonomía de algunos. El fallo de la Cámara y las posiciones del Grupo Clarín objetan la regulación como una restricción indebida, sin advertir que también constituyen obligaciones jurídicas del Estado, de raíz constitucional y basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pone el acento en las obligaciones positivas del Estado de garantía y de protección estatal frente a actores no estatales, agregó Abramovich. Esto se enlaza con el principio de igualdad de los artículos 42 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que incorporan la idea de igualdad estructural y los deberes de protección estatal. La Cámara invierte la carga de la prueba y deja a cargo del Estado probar la razonabilidad de una restricción de la libertad de expresión, en pos de garantizar una ampliación de los espacios de participación para el resto. La pregunta sobre la razonabilidad debería ser en qué medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable. Basta mirar al resto del mercado para obtener la respuesta. Abramovich concluyó con una cita del profesor estadounidense Owen Fiss, que explicita dos versiones contrapuestas de la libertad de expresión, aún dentro del liberalismo político: “El Estado puede ser opresor pero también puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa sobre varias premisas. Una de ellas se refiere al impacto de las concentraciones privadas de poder sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas”.
PÀGINA12

01/09/2013 Posted by | General, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , | Deja un comentario

Camionazos por Horacio Verbitsky


Camionazos

Con métodos gremiales para dirimir un conflicto político, Moyano pone a prueba su capacidad de daño contra la presidente cuya reelección reclamó hace apenas un año como garante de un modelo económico que recuperó “la dignidad de los trabajadores”. Las deserciones que lo aíslan, el calidoscopio sindical y las alianzas contra natura. Scioli intenta aprovechar la fisura para sus propios fines, luego del anuncio de su candidatura presidencial. Los medios y el poder político.

Por Horacio Verbitsky

Luego de meses de amenazas, Hugo Moyano comenzó los paros de camioneros, con el propósito de desabastecer de billetes los cajeros automáticos. Si se atiende a la jactancia con la que hace ya algunos años Moyano se refirió a su poder, la escalada proseguirá con la acumulación de basura en las calles y/o la falta de combustible en los surtidores, las góndolas raleadas en los supermercados, los kioscos de diarios y revistas con ejemplares atrasados, la distribución postal paralizada, los cereales desbordando los silos y los puertos inactivos. Al fundamentar el plan de lucha, su hijo y adjunto, Pablo Moyano, se refirió a la propuesta insatisfactoria de la patronal camionera en la mesa de discusión paritaria, es decir una motivación de raíz laboral. Si así fuera, el conflicto tramitaría por los carriles normales, con intervención del Ministerio de Trabajo en un tira y afloje natural entre las partes, que se zanjaría con alguna cifra intermedia entre el 30 por ciento de aumento que reclaman los conductores y el 18 por ciento que ofrecen los empresarios, tal como ha ocurrido en los años anteriores y como siguió pasando este año en los gremios que ya cerraron la negociación. Es tan obvio que el gobierno prefiere una contención salarial como que no hay topes inamovibles establecidos y cada acuerdo depende de las respectivas relaciones de fuerza y las condiciones de cada sector. Pero el desafío de los Moyano tiene menos que ver con los regateos salariales que con la lucha por el poder, en una primera instancia, sindical, pero en el fondo, político. Por eso, también reclaman que los patrones absorban el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores de mayores ingresos, es decir una cuestión de política pública, cuya resolución depende del Estado. Es difícil que los propietarios accedan, sobre todo desde la advertencia que CFK les hizo en un discurso, sobre el posible corte a los subsidios que reciben si los utilizan en forma dispendiosa. Esta bandera y el proyecto de participación en las ganancias segmentan la representación de Moyano, ya que convocan a la delgada franja superior de la heterogénea fuerza de trabajo. Más de un tercio de los asalariados aún tiene empleos informales y entre los privados formales el tercio que menos gana accede apenas al diez por ciento de la masa salarial. En esa base de la pirámide inyecta recursos el gobierno, porque sabe que se vuelca al consumo y sostiene la demanda agregada en un momento de grave crisis internacional. Moyano, en cambio, aboga por mayores ingresos para la cúspide. De todos modos, una vez cerradas las principales paritarias y definida la sucesión en la CGT, el gobierno deberá incrementar las asignaciones familiares y el mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, para que el fastidio que Moyano expresa no se extienda a sectores asalariados más significativos. El Congreso de la CGT es el primer objetivo de Moyano, quien quiere que propios y ajenos constaten que puede forzar al gobierno a una capitulación. Es la misma línea que siguió en su apuesta por mechar candidatos sindicales en las listas del Frente para la Victoria. Pero hasta ahora, con excepción de algunas escaramuzas, sólo había recurrido a las concentraciones masivas, en avenidas y estadios. Nada de eso le dio resultado, y ante cada nuevo incremento de la presión, Cristina se felicitó por no haber cedido: es fácil imaginar cuánto mayor sería hoy la molestia si Moyano tuviera hombres propios en la vicepresidencia y en un tercio de las bancas legislativas, como había pedido. Pensar que el incremento de la fuerza vaya a lograr un efecto distinto sobre la personalidad presidencial, es una presunción improbable, por muchas y variadas razones. Además, en aquel acto por el 1º de mayo en la Avenida 9 de Julio, hace apenas un año, Moyano pidió la reelección de Cristina porque la definió como “la garantía de profundizar este modelo económico” para “seguir recuperando la dignidad de los trabajadores”. En medio de la peor coyuntura económica mundial en tiempos de paz en un siglo y cuando la Argentina adopta todo tipo de medidas para proteger el empleo y los ingresos populares, es inverosímil afirmar que aquella persona se haya convertido en el enemigo de los trabajadores a la que hay que combatir con todos los medios y alianzas disponibles, de TN a la Sociedad Rural.
El participacionismo

Moyano parte de supuestos contradictorios. Al mismo tiempo cree que su hegemonía en la CGT obedeció a su propio mérito y fortaleza y que las candidaturas para sustituirlo sólo se sostienen por el impulso oficial, pero que aún así no serán viables porque la mayoría de los delegados al Comité Central Confederal del 12 de julio le responden. La pugna que Moyano sostuvo con los gobiernos neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 y el poder acumulado por su gremio, que creció junto con la importancia de los servicios (paradojal consecuencia del modelo que impugnaba), pesaron en el momento de la decisión. Pero Moyano no hubiera sido electo en 2004 ni, sobre todo, reelecto en 2008, si Néstor Kirchner no lo hubiera ungido como su interlocutor privilegiado en el movimiento sindical. Esto le permitió incrementar su nómina de afiliados, mordiéndoles el padrón a los otros gremios que representaban a trabajadores sobre grandes ruedas, y obtener una serie de canonjías estamentales sobre el resto de sus pares. A cambio, garantizó negociaciones paritarias tranquilas e impidió desbordes sociales, es decir aquello que hoy le reprocha a quienes aspiran a sucederlo. Este rol hoy en disputa no se explica por la biografía de los dirigentes, sino por la estructura sindical participacionista, donde el poder se dispensa desde el Estado. Así, Moyano incrementó su incidencia, pero no las simpatías de que gozaba. Su aislamiento se ha profundizado desde que se lanzó en velocidad a la colisión con el gobierno, con expresiones verbales que, es ostensible, no son su fuerte. La segunda hipótesis de Moyano no tiene más fundamentos que la primera: que el gobierno se haya cansado de sus hoscas intimaciones no equivale a decir que prefiera entronizar en la CGT a los sindicalistas empresarios que fueron el caballo de Troya del menemismo dentro del movimiento obrero. Uno de ellos, Armando Cavalieri, pidió apoyo para desbancar a Moyano, que le discute el encuadramiento sindical de 5000 trabajadores de logística. La respuesta del gobierno fue ambivalente. A través del diputado Carlos Kunkel apoyó al candidato de Moyano en Comercio, el ex asociado de Cavalieri Oscar Nieva, pero no llegó a prohibir el voto a los jubilados, entre quienes Cavalieri hizo la diferencia que le permitió retener el gremio que conduce desde hace cuatro décadas, y obtener congresales que pueden ser decisivos para la elección en la CGT. Nadie lo dirá, pero la idea no es fortalecer a dirigentes vergonzosos como Oscar Lescano o el propio Cavalieri, sino ponerle algún límite a Moyano, cuyas contribuciones a ese propósito son destacables.
Cinco por uno

¿Quiere decir esto que se partirá la CGT? La mera pregunta denota escasa percepción del cuadro sindical. De hecho, la CGT ya está tan o más fracturada que la CTA y cada una de las cinco fracciones de este calidoscopio se atraen y se repelen en un juego cuya única regla es la inestabilidad. Los denominados Gordos no asisten desde hace años a las reuniones de la Comisión Directiva, y un grupo de gremios que siguen al gastronómico Luís Barrionuevo han creado un organismo paralelo denominado “CGT Azul y Blanca”. La novedad que puede cristalizar en el Congreso del mes próximo es el regreso de Los Gordos a la central, en alianza con sectores que en los últimos años reconocieron la conducción de Moyano, como aquellos que se hacen llamar Independientes, y que incluyen a José Lingeri, Héctor Rodríguez y Gerardo Martínez, y una exteriorización más visible de la división preexistente. Ante esta perspectiva, Moyano amagó con alejarse pero sin abandonar la central, tal como lo hicieron sus rivales en estos años. Su proyecto era replegarse sobre el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), que lideró en la resistencia al neoliberalismo, y sobre la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a la que Kirchner devolvió la personería retirada por la dictadura. Pero es poco lo que le queda de ambas estructuras. Muchos de los gremios que integraron el MTA, igual que los de la CATT, le han hecho saber que no lo seguirán hasta estrellarse contra un gobierno sólido que hace tan poco consideraba el mejor para los trabajadores desde el de Juan Perón. De los dirigentes que durante años flanquearon a Moyano, sólo siguen a su lado Juan Carlos Schmidt y Omar Plaini, pero hasta ellos mantienen contacto frecuente con altos funcionarios del gobierno y sólo comparten el lado gremial de las exigencias de Moyano. La afirmación de Amado Boudou de que la presidente no necesita de la dirigencia sindical porque se comunica en forma directa con los trabajadores, es desmentida por la práctica diaria, de la que el mismo vicepresidente participa, de reuniones permanentes con secretarios generales de todos los gremios. Los taxistas, los colectiveros, los marítimos, los aeronavegantes y los conductores de locomotoras abandonaron también la CATT, con lo cual la intimidación de Moyano se reduce a poco más que su propio gremio y a una parte de los pilotos de aviones y los ferroviarios del encarcelado José Pedraza. Pasar de las palabras a la acción tiene dos riesgos simétricos: que fracase y que tenga éxito, lo cual supone que no hay opción ganadora. Cada sector lidia como puede con sus contradicciones. Moyano pasó su próxima movilización del 27 al 26 de junio, para que coincida con el décimo aniversario del asesinato de Kosteki y Santillán y al mismo tiempo recompuso su relación con Gerónimo Venegas, el dirigente de los estibadores rurales cómplice del alto índice de informalidad del trabajo rural. También ha tenido citas con las cámaras patronales agropecuarias, que tampoco quieren pagar impuestos, pero cuyo lockout por la extraterritorialidad de sus posesiones tuvo mínima inserción rural y ninguna urbana, y con la UCR, el partido cuyos últimos dos gobiernos terminaron en forma desastrosa para los trabajadores. Sólo le falta concertar alguna acción con los centenares de caceroleros que se creen poseedores de un derecho individual a atesorar dólares, pero que intentan disimular esta pretensión vergonzante con grandilocuentes consignas patrióticas y moralistas. Pensar que esta ensalada de intereses contrapuestos pueda ser una base política muestra el extravío de quien busca posicionarse como líder popular. Por su parte, los grandes gremios que quieren librarse de Moyano se ven constreñidos a buscar el apoyo de un gobierno que les repugna más que a él. Los que apoyan a ese gobierno (como la CTA que dirige Hugo Yasky) no se sentirían en buena compañía cerca de West Ocampo o Daher, y están impulsando un reagrupamiento sobre un eje muy nítido, cuyo mejor expositor fue un personaje trágico, desgarrado entre dos lealtades: “La contradicción principal es entre el proyecto financiero neoliberal y el proyecto nacional popular y latinoamericano, y eso se expresa en la antinomia política kirchnerismo-antikirchnerismo. Nosotros sabemos de qué lado estamos”, dijo en diciembre el otro hijo del camionero, Facundo Moyano. ¿Nosotros? El otro sector de la CTA, representado por Pablo Micheli, sólo puede disimular su nimia capacidad de movilización mimetizándose con agrupaciones pequeñas pero compactas que siempre lo han cuestionado por izquierda como Barrios de Pie o la Corriente Clasista y Combativa, y tendiendo puentes hacia Moyano, a quien durante años despreció, como expresión de una burocracia sindical que en los últimos años demostró ser más representativa que la conducción miniceteaísta, a la que Micheli accedió con un fraude comprobado por la justicia. Moyano no necesita de esos métodos para ganar una elección en Camioneros, pero no los desdeñaría en la CGT, aunque la ferocidad de su ruptura con el gobierno también ha abierto grietas en sus propias filas. Le pasa con Cristina lo mismo que padeció Víctor De Gennaro con Kirchner: la emergencia imprevista de un liderazgo de masas cuya mera existencia cuestionaba el rol al que se creían destinados por la historia o la providencia. Uno y otro emprendieron el difícil tránsito del sindicalismo a la política y cuando quisieron enfrentar a esos gobiernos afines, se les quebraron sus fuerzas sindicales y se despertaron compartiendo el lecho con quien nunca hubieran deseado cuando eran más libres de elegir.
La Ñata contra el vidrio

Quien aprovechó la fisura para sus propios fines fue el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, quien recibió a Moyano en su reducto de Villa la Ñata para un partido de futsal. En una impremeditada metáfora, los naranjas de Scioli vencieron a los verdes de Moyano por 15 a 8, y el gobernador superó la mejor marca de Messi, al anotar 6. Desde el kirchnerismo se considera que el anuncio de sus aspiraciones presidenciales fue un error político, motivado por la presión del vicegobernador Gabriel Mariotto y los bloques legislativos, que responden a Olivos. A tres años de la apertura de la sucesión presidencial, Scioli se habría expuesto a un prematuro desgaste, cuando su preocupación excluyente debería ser cómo llegar a fin de mes, dilema que se le repetirá treinta y seis veces. La interpretación opuesta sostiene que Scioli madrugó al gobierno nacional (y a cualquier otro competidor) al instalarse como candidato, pero con la suficiente prudencia como para subordinar esa posibilidad a la de Cristina. De ahora en adelante, no necesita hablar más del tema y puede manejarse sólo con gestos y símbolos, ese lenguaje a la vez simple y complejo, que llega al pueblo sin mediaciones y que sólo la presidente domina tan bien o mejor que él. Una vez plantada la bandera, el gobernador puede esperar que se arrimen quienes se sienten excluidos del esquema kirchnerista, que no son pocos en la clase política, porque Cristina está llevando a cabo la mutación que Kirchner no pudo. Entre ellos, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien repite la parábola de Domingo Cavallo en 2001: se presenta como el padre del modelo que supuestamente conoce el camino de salida. Las diferencias son tan obvias que ni merecen enumerarse. El Congreso de la FUA de este fin de semana indica hasta dónde está dispuesto a llegar Scioli: el jefe de la JP que responde a Alberto Pérez, el funcionario Nicolás Milazzo, se alió con la Franja Morada radical y con las diversas vertientes de la paleoizquierda para vencer al kirchnerismo, que rechazó un ofrecimiento de dibujar los resultados para aparecer perdiendo “por sólo veinte votos” y se abocará a construir una nueva entidad sobre terreno menos pantanoso.
Página 12

18/06/2012 Posted by | Economía, General, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , | Deja un comentario

Verduras a la cacerola – Por Horacio Verbitsky


Verduras a la cacerola

Por Horacio Verbitsky

10–06–2012 / En las últimas semanas, la presidente ha sincerado algunas líneas de política económica, que se aplicaban sin mayor explicación.

Lo hizo para fundamentar los obstáculos impuestos a la adquisición de dólares, que incomoda a un pequeño segmento de las clases medias y altas, convencidos de que existe un derecho individual a la compra de divisas, sin preguntarse por su origen ni aplicación y contra el que protestan golpeando sus cacerolas bien surtidas.

Las presiones de los sectores exportadores, tanto agropecuarios como industriales, por una devaluación, y de los financieros a favor de reanudar el ciclo del endeudamiento, son clásicos de la política aborigen.

La negativa del gobierno, que rechaza ambas propuestas en defensa del valor del salario, es más novedosa.

En cualquier caso, las ganancias extraordinarias para un pequeño grupo se pagarían con una nueva hecatombe para las mayorías, como ocurrió con fatídica regularidad, no menos de una vez por década, desde el Rodrigazo de 1975 hasta la devaluación de 2002.

Una de las razones expuestas para la expropiación de YPF fue la deliberada merma de la producción, sustituida con ventas de la propia Repsol desde otros países a precios más altos, lo cual convirtió en deficitaria la balanza comercial energética.

La presidente también aludió a la necesidad de sustituir importaciones e instó a las empresas extranjeras a reinvertir sus utilidades en el país.

Aunque los desembolsos por la deuda pública representan un porcentaje decreciente del PIB, este es el último año en que aún son importantes en términos absolutos.

A medida que el peso de esos pagos pierde significación, la ganan las importaciones de combustibles y la remisión de utilidades a sus casas centrales por parte de las empresas transnacionales.

En medio de una fuerte crisis global, la Argentina intenta no volver a endeudarse ni resignarse a las condiciones de política económica que siempre acompañan esos paquetes. Para ello, debe cuidar cada centavo verde.

El problema es que los decisivos cambios económico-sociales de la última década no alteraron la estructura jurídica del neoliberalismo.

Esto dificulta la adopción de las medidas de fondo aconsejables para impedir la regresión por la que pugnan quienes no toleran el proceso de cambio que se inició en 2003 y que, según la declaración de Héctor Magnetto a The Financial Times, en setiembre de 2010 estaba “entrando en una fase confiscatoria”.

El libro póstumo del economista Daniel Azpiazu Concentración y extranjerización.

La Argentina en la posconvertibilidad describe los efectos de esos dos procesos convergentes sobre la economía y la sociedad.

El trabajo, escrito en colaboración con los sociólogos Martín Schorr y Pablo Manzanelli, señala que la enorme concentración producida a partir del menemismo determinó que en 2009 las 200 firmas de mayor facturación (salvo agropecuarias y financieras) hayan tenido un saldo comercial favorable de 27 mil millones de dólares, mientras que el resto de la economía arrojó un déficit de 10 mil millones.

“A raíz de ello, este conjunto reducido de grandes agentes económicos, además de pasar a detentar porciones crecientes del ingreso nacional, afianzó aún más su control sobre un bien clave y, en muchos sentidos crítico, para una economía de las características estructurales de la Argentina (las divisas). Esto reforzó la ya de por sí considerable capacidad de veto de estas fracciones del capital concentrado interno sobre el funcionamiento del aparato estatal y, más precisamente, sobre la formulación de las políticas públicas”.

Entre 1993 y 2001 se duplicó el porcentaje de corporaciones extranjeras entre las 200 de mayor facturación, que en 2009 ya eran casi el 60 % (117 empresas) y cuya participación en las exportaciones totales del país oscila entre el 40 y el 50 %.

Con el desarrollismo a mediados del siglo XX, la inversión extranjera directa incrementó el stock de capital existente, al establecer nuevas plantas, sustituir importaciones y transferir tecnología que no estaba al alcance del país.

En cambio, a partir de la última década del siglo, esa inversión se dirigió sobre todo a la adquisición de paquetes accionarios de empresas preexistentes.

Esa transferencia de activos había sido prohibida en forma expresa por Perón en 1973, pero la permitió la ley de inversiones extranjeras decretada en 1976 por Videla y Martínez de Hoz.

Así pudieron acceder al crédito interno, los avales oficiales y los regímenes de promoción.

Menem y Cavallo la perfeccionaron en 1993 con un decreto reglamentario que permitió la inversión extranjera sin autorización previa en defensa y seguridad, servicios públicos, sanitarios, postales, de electricidad, agua, gas, transporte, telecomunicaciones, radios, televisión, prensa gráfica, energía, educación, bancos, seguros y finanzas.

También eliminaron el Registro de Inversiones Extranjeras, el impuesto a los beneficios extraordinarios y suprimieron cualquier condicionamiento a la transferencia al exterior de utilidades y hasta para repatriar la inversión original.

Incluso pasaron a considerar a las filiales como empresas independientes de sus casas matrices, legalizando así prácticas tramposas como los autopréstamos, la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones y el comercio cautivo.

Para colmo los tratados bilaterales de inversiones las sustrajeron de la jurisdicción local y sometieron al país a un órgano del Banco Mundial, los pseudotribunales del CIADI, como juez inapelable de cualquier controversia.

Las conclusiones de Azpiazu et al son contundentes: las empresas extranjeras son más importadoras que las nacionales; se apropiaron de una proporción superior del excedente generado por los trabajadores, con una baja reinversión de utilidades; registraron las tasas más altas de beneficios; fueron menos generadoras de empleo por unidad producida y practicaron una distribución funcional del ingreso regresiva; desintegraron la industria en el espacio nacional, porque la integraron entre sus filiales en distintos países, y sólo invirtieron en investigación y desarrollo en sus casas matrices, con lo cual no generaron entramados locales virtuosos.

No fueron agentes difusores de la inversión ni del cambio y/o la innovación tecnológica y, “al ser fuertes importadoras de bienes de capital, han contribuido a profundizar el deterioro de la industria local de maquinaria y equipo y al desequilibrio comercial en la materia”.

En su segundo mandato, CFK ha adoptado una serie de medidas para modificar esta situación, como la elevación de los aranceles para la importación de bienes de capital, y la expropiación de YPF como insignia. Pero la eliminación de los privilegios concedidos a los inversores extranjeros asoma en el horizonte como un paso inevitable, para seguir haciendo de la necesidad virtud.

11/06/2012 Posted by | Economía, Educación, General, Historia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , | Deja un comentario

“Hubo otros campos de concentración de la Iglesia en la Argentina” – Alejandro Horowicz (Entrevista a Horacio Verbitsky)


9.05.2012 |

Con tono monocorde y reflexivo, el más emblemático periodista de investigación y presidente del CELS cuenta cómo nació su interés por la Iglesia y cómo lo transformó en libros.

Horacio Verbitsky me recibió en su oficina de la calle Lavalle, en las proximidades del Palacio de Justicia, y charlamos a lo largo de dos horas. El más importante periodista de investigación no eludió ninguna de las preguntas. Con tono reflexivo, casi monocorde, desgranó con conocimiento riguroso algunos resultados de 15 años de trabajo sobre la Iglesia Católica argentina. Por cierto, la investigación sigue en curso, y así como el domingo 6 de mayo republicó, en Página/12, un documento exclusivo sobre la confesión de Videla (silenciado por toda la prensa “independiente”), otras novedades no menos explosivas (¿otros campos de concentración en terreno de la Iglesia?) serán oportunamente comunicadas.
Verbitsky es además presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fundara Emilio Mignone, y desde tan comprometida atalaya libra su diario combate por la vigencia de los Derechos Humanos. Con una salvedad significativa, ni Verbitsky ni yo creemos que se trata de un problema del pasado, sino del impacto de ese pasado en nuestro presente, por una parte, y la necesidad de salvaguardar para la sociedad argentina el derecho a tener derechos.

–¿De dónde viene tu interés por la Iglesia Católica?
–De la confesión del capitán Scilingo; cuando el marino me dice que el método elaborado para el asesinato de prisioneros políticos había sido aprobado por la jerarquía eclesiástica. Arrojarlos vivos al río fue considerado una forma “cristiana” de muerte. El comandante de Operaciones Navales, contralmirante Luis Mendía, reunió en su momento a los oficiales y les dijo que se había decidido el método, y que la modalidad había sido aprobada por la Iglesia Católica. Los oficiales que participaban y tenían escrúpulos eran persuadidos por los capellanes navales; justificaban los asesinatos con parábolas bíblicas, se trataba, decían, de la separación de la cizaña del grano. Eso me motivó, me hizo pensar, antes que nada, en la importancia del tema. Yo había escrito sobre el rol de los capellanes en la justificación política de la dictadura, y había publicado una nota en Página/30 sobre el funcionamiento de un campo de concentración en una propiedad eclesiástica, en el Tigre.
–¿Entonces arranca en 1995 con Scilingo?
–Sí. Impactado por los dichos de Scilingo se me ocurrió hacer un libro sobre el campo de concentración en terreno de la Iglesia Católica. Era el único caso en que había funcionado un campo en esas condiciones; descubrimos, investigación mediante, que no era el único. Hubo otros también en la Argentina. Por ahora me reservo esa información, oportunamente la voy a dar a conocer. Retomé el tema, y en 1995 publiqué El vuelo (texto donde Scilingo confiesa mortificado por la culpa y rompe por primera vez la cadena de silencio); hasta que publiqué el libro sobre el campo (se llamaba El Silencio), pasaron diez años; por ese entonces aparece la viuda del periodista Julián Delgado, y cuenta su entrevista con Pío Laghi (representante diplomático del Vaticano ante el gobierno argentino); Laghi le dice que hay un grupo de detenidos con vida. El almirante Lambruschini no quería matarlos, eran hombres y mujeres con habilidades especiales, pero temía dejarlos con vida y que contaran todo; entonces consultó con el embajador vaticano si matarlos o no. Vale la pena subrayar el poder del monseñor. Laghi le dijo a la viuda de Delgado que podía averiguar si el periodista se encontraba en ese grupo. Hace la diligencia y le dice que no. Podía averiguar con detalle, eso demuestra lo aceitada que era la relación. Primero la viuda le estuvo agradecida. Después pensó: los desaparecidos son de todos. Recién ahí comprende el papel de Laghi. El conflicto entre el cardenal Bergoglio y los sacerdotes Yorio y Jalics (que acusan a Bergoglio de poner en peligro sus vidas al no avisarles que los buscaba la Marina) también aportó lo suyo. Bergoglio me dio la información documental sobre el título de propiedad de El Silencio. Me hizo saber en qué juzgado se tramitaba la sucesión, así accedí al título. Esa información me la dio de su puño y letra; mas tarde lo negó, pero exhibí el documento y debate concluido. En el medio me di cuenta que no podía escribir un libro conociendo solamente el episodio del campo. La propiedad era el lugar de recreo del arzobispo de Buenos Aires. El cardenal Aramburu iba todos los fines de semana a comer un asado y dormir la siesta. Todos los fines de año se celebraba la fiesta de fin de curso, el egreso de los nuevos sacerdotes, los seminaristas que accedían al sacerdocio.
–Te pusiste a estudiar el tema.
–Me puse a estudiar sobre la Iglesia. Cómo puede ser que una institución que declara que su finalidad es la salvación del alma, pueda estar asociada a los crímenes más atroces. Cuando comencé no sabía siquiera quién era el Papa anterior a mi nacimiento. Conocía de Pío XII en adelante. Me atosigué de encíclicas, de historia de la Iglesia. Estuve años sumergido en un mundo completamente desconocido. Entre el ’95 y el 2005 pasó una cosa que tuvo una influencia decisiva: el Tercer Milenio, y el Vaticano decide el jubileo del Tercer Milenio, es decir, el pedido de perdón por los pecados de la Iglesia Católica; lo hace el Vaticano a escala universal y lo tienen que hacer los distintos episcopados nacionales. El francés lo hace con mayor sinceridad, pide perdón y se arrepiente por su colaboración con la deportación de judíos franceses. En la Argentina también el Episcopado se ve obligado por el Papa. En 2000 hacen una ceremonia en Córdoba, montan un gran palco en el Parque Sarmiento, muy bien iluminado, 100 obispos vestidos de blanco, a la noche, una ceremonia sumamente teatral, absolutamente hueca. Mencionan los pecados contra los Derechos Humanos. Era muy hipócrita, invitaron al general Brinzoni, jefe del Ejército, y no invitaron a nadie de los organismos de los Derechos Humanos. Yo acababa de asumir la presidencia del Cels, Angélica Sosa de Mignone, viuda de Emilio, me dijo que el nuevo presidente del Episcopado era Estanislao Karlic, y que era otra clase de persona. Había sido auxiliar del cardenal Primatesta en Córdoba, y sucedió a monseñor Tortolo en Paraná, le escribimos una carta y Chela se la entregó personalmente. Le planteamos que tras el pedido de perdón podían abrir los archivos, y facilitar la investigación. Contesta que el Episcopado no tiene archivo; supe desde el primer día que me estaba mintiendo. Si algo caracteriza a la Iglesia es el manejo de la información, es decir, de sus archivos. Está entre sus mejores tradiciones.
–Y las peores también (risas).
–Buena parte de la cultura occidental debe mucho a esa pasión por los archivos. Karlic me manda un folletito (Iglesia y derechos humanos, editado en 1982 y reeditado en el ’84), donde la Iglesia intenta lavarse la cara: un blanqueo de sepulcros. Mostrarle a la sociedad cuántas cosas dijeron en defensa de los Derechos Humanos. Me pareció una burla. Pero la curiosidad me ganó y lo miré. Una cosa me llamó la atención, no había documentos completos, sólo párrafos sueltos. Fui a los archivos de los diarios, y para mi sorpresa descubrí que habían mutilado los documentos, para embellecer y tergiversar. No es que los párrafos no existieran, pero estaban en un contexto que omitían. En mayo del ’76, un documento del Episcopado dice: “no puede pretenderse que las fuerzas de seguridad actúen con pureza química”. En ese texto declaran el apoyo al proceso que defiende los valores occidentales y cristianos. Y después en el párrafo 40 reza: “no obstante… deben respetarse los Derechos Humanos”. La tapa de los diarios, donde el respaldo es lo que cuenta, no está en el folleto, sólo el fragmentito. Eso me estimuló. Conseguí gente de la Iglesia que no estaba de acuerdo con esa mentira, que creía que era legítimo dar a conocer esa información, decir la verdad. En los años de trabajo con esos archivos descubrí que la metáfora del silencio era débil. Que hubo complicidad.
–¿Cómo se materializó esa complicidad?
–De varias maneras. Entregan la quinta del Arzobispado en el Tigre para que hagan un campo de concentración. Esas personas que el almirante Lambruschini no sabía si matar o dejar con vida, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, debían ser reubicadas; camuflan las instalaciones, donde había una escalera ponen una pared, donde había oficinas, baños. Modifican el lugar para que no encuentren lo que están buscando, para confundir; para eso tienen que sacar de ahí a los prisioneros, y los esconden en El Silencio; es en ese lugar donde aguardan su suerte. El secretario del Vicariato castrense, monseñor Emilio Grasselli, mientras tanto, le vende esa propiedad al grupo de tareas de la ESMA. Grupo con el que colabora en forma abierta. Y el grupo de tareas compra la propiedad con el documento de un detenido desaparecido, que después quedó en libertad: Marcelo Hernández. El administrador de la curia figuraba en el título como propietario, y se la lega al Arzobispado; el Arzobispado se la vende a Grasselli y dos laicos, y Grasselli finalmente al grupo de tareas.

–¿Es una venta real o una “donación” encubierta?
–Es probable que el grupo de tareas haya pagado, esa información no la tengo. Con toda esa historia publico El Silencio en 2005. Hay otra fuente que manejo; los cables desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano. A partir de un pedido que le hicimos a Madeleine Albright, el gobierno de Bill Clinton dijo que sí. Una suerte de venganza contra los republicanos por la acusación, el affaire de Mónica Lewinsky en la oficina oval, contra Clinton. En uno de los despachos desclasificados, el embajador de Washington en Buenos Aires muestra un gran conocimiento del “programa de recuperación” de prisioneros. El embajador dice a su gobierno que la fuente de su información procede de la Embajada de Francia y del nuncio apostólico del Vaticano. En 2006 publiqué Doble juego, es decir, la duplicidad de la Iglesia. De 2007 en adelante publiqué los cuatro tomos sobre la Iglesia Católica en la Argentina. Ese trabajo cubre el lapso de un siglo. El primer tomo, Cristo Vence, va desde 1884, cuando Roca expulsa al delegado apostólico, por oposición militante a la Ley 1420 (de educación laica), hasta el derrocamiento de Perón en el ’55. Derrocamiento que fue obra de la Iglesia. Fue el cerebro y el tejido conectivo de ese golpe. Suministra la justificación ideológica, organiza el terrorismo; los comandos civiles los impulsa la Iglesia, las armas se almacenan en colegios religiosos; el hombre que articula ese operativo es un marista, el hermano Septimio (primo hermano de Rodolfo Walsh). El segundo tomo, La violencia evangélica, va desde el ’55 hasta el Cordobazo (mayo del ’69). Está todo el proceso de cambio interno, influencia de los curas obreros, la experiencia de los curas franceses en Argentina, y sobre todo la autocrítica del golpe de Estado contra Perón (Mugica, De Nevares, Angelelli). Se trata de un proceso muy rico de participación en las luchas populares. La historia de la Juventud Obrera Católica (JOC), precursora de los sacerdotes del Tercer Mundo, comienza con los equipos interdiocesanos. El surgimiento en la Argentina de la Teología de la Liberación (documento de San Miguel), donde los obispos denuncian la opresión y enumeran: política, económica, social, por tanto el proceso de liberación tendrá que darse en todos los planos. En ese proceso los obispos participarán con la “violencia evangélica del amor”. Frase polisémica dicha para que el teólogo entienda una cosa y el lego otra. Una típica fórmula eclesiástica.
–¿De que se ocupa el tercer tomo de tu trabajo?
–El tercer tomo, Vigilia de armas, va desde el ’69 hasta el 23 de marzo del ’76. El documento de San Miguel es un mes anterior al Cordobazo, sin embargo cuando se produce no participan desde la “violencia evangélica”, sino que se alinean con el ultraconservador gobierno de Onganía. Ese tomo corresponde a las luchas populares que confluyen con el regreso de Perón a la Argentina en noviembre del ’72. Proceso donde el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo juega un rol muy importante en contraposición al Episcopado, que se alinea con la dictadura del general Lanusse.
–Se trata de una cúpula aislada, la mayoría de los sacerdotes no le responde.
–La cúpula lo vive muy mal, enfrenta a los sacerdotes tercermundistas, mientras el Vaticano apoya el regreso de Perón a través de la logia P2. Esto tiene una dimensión política y otra económica. La política, el Vaticano entiende que Perón es el único que puede poner límite al proceso revolucionario. Y la económica, un proyecto de desarrollo impulsado con capitales europeos, principalmente italianos, que se expresa en tres documentos fundamentales. Un libro de Giancarlo Elia Valori (camarero de capa y espada del Papa), Iglesia y FF.AA., un documento que firma Perón con Rogelio Frigerio, “La única verdad es la realidad”, y por último, la plataforma del Frente Justicialista de Liberación. Los tres plantean lo mismo, un programa de desarrollo sin presencia norteamericana, y con rol protagónico para el capital italiano. Esto es, las grandes empresas en las que tiene invertido su dinero del Vaticano. Después de todo, la P2 es parte de la estructura vaticana. Perón le cuenta a Pavón Pereyra, su biógrafo oficial, que la restitución del cadáver de Evita había sido planteada por Licio Gelli, otro conspicuo integrante de la P2. El chárter que trae a Perón a la Argentina lo paga la Fiat. A bordo de ese avión vienen Gelli y Valori, quien actúa como vocero oficial. Además vienen dos sacerdotes M terceristas, Mugica y Bernaza. Cuando Perón está instalado en Gaspar Campos, recibe a 60 sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Sacerdotes comprometidos con la lucha que implicó su regreso, y que participan activamente en el proceso de liberación. A esos sacerdotes, Perón les tira un balde de agua fría. Idéntico al que le tira a la JP. Ahora no quiere a los sacerdotes en la movilización, sino orando en los templos. Ahí se produce el fenómeno inesperado: Perón pasa a entenderse muy bien con el Episcopado, y a rechazar las prácticas revolucionarias del tercermundismo. El Episcopado entiende, con la ayuda del Vaticano, el rol de Perón. Y el 1 de julio del ’74, coincidiendo con la muerte de Perón, llega Pío Laghi a la Argentina. El Episcopado participa en el clima golpista del ’75. Y toman una preeminencia muy grande el vicario y el provicario castrense: Tortolo y Bonamín, autor de la famosa homilía donde habla del “festín de los corruptos”. Tortolo prácticamente anuncia el golpe a empresarios en la Nochebuena del ’75, participa en las gestiones para el alejamiento de Isabel. Y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Raúl Primatesta, dice que no es profeta del castigo, pero la gravedad de la situación no permite quedarse en palabras, el remedio puede ser duro, la mano de Dios es paternal pero pesada: la frase que da título al último tomo de la historia: La mano izquierda de Dios, y cubre toda la dictadura militar.

20/05/2012 Posted by | General, Historia, Justicia, Política Argentina, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , | Deja un comentario

La emperrada verdad -Por Manuel Alzina (Entrevista a Horacio Verbitsky)


La emperrada verdad.

19/04/2012 Posted by | General, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

LA SOLUCION EUROPEA DEL GRUPO AHHH….PARA LOS PROBLEMAS ARGENTINOS – Horacio Verbitsky


 

Barcelona

Por detrás de los candidatos del Grupo Ahhh… hay una trama de hombres del sector financiero, como González Fraga, Redrado, Amadeo y De Prat Gay, decididos a sustituir el populismo kirchnerista por las ortodoxas metas de inflación, con aumento de tasas de interés, reducción del gasto público y las retenciones, apreciación cambiaria y nuevo endeudamiento público. Son medidas similares a las que se están aplicando en Europa, de Grecia a Inglaterra, con resultados que la Argentina ya conoció.

 

CFK no está capacitada para gobernar, la sociedad se cansó de su autoritarismo y su soberbia, el país vive en el desorden, la inseguridad golpea a todas las clases sociales, la inflación corroe los ingresos populares, la corrupción ha llegado a niveles inauditos, pese a la favorable coyuntura internacional se está desaprovechando una ocasión única para el desarrollo, los derechos humanos son una cobertura para robar, el federalismo ha sido abolido a golpes de caja, la presidente está más atenta a los espejos que a las ventanas, los pocos colaboradores con quienes se comunica dicen que a ella no se le habla, se la escucha, los resultados de la Capital, Santa Fe y Córdoba son la primicia del derrumbe. Este es el alimento cotidiano desde hace más de tres años. Pocas veces el discurso político y mediático de oposición ha sido tan persistente y uniforme, con piezas intercambiables. Sin embargo, las únicas dudas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de hoy tal como las expresan analistas, encuestadores y políticos se reducen a determinar si Cristina obtendrá más del 40 por ciento de los votos y quién será el segundo candidato más votado detrás de ella. La incongruencia es indisimulable: o mañana de madrugada, cuando se disponga de un panorama nacional definido (ya que en Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y San Juan se eligen también candidaturas provinciales y municipales, ejecutivas y legislativas con múltiples listas y combinaciones posibles) se asistirá a una enorme sorpresa, o la vulgata del pensamiento único se revelará como una mera expresión de deseos y la sociedad dará la espalda a quienes se ofrecen como sus mejores intérpretes y desinteresados redentores.

Metas

En teoría todas las candidaturas presidenciales están en un pie de igualdad, y por primera vez hasta las fuerzas más pequeñas gozaron del mismo espacio, gratuito, en los mejores horarios de la televisión (más un plus para cada uno de acuerdo a los votos obtenidos en la elección anterior). Cada fuerza lo aprovechó como mejor pudo. Esta es una de las reformas debidas a la nueva ley de los partidos políticos y el régimen electoral, que tiende a reducir la incidencia del poder económico y de los aparatos partidarios. Pero en la práctica, las metas de cada uno son distintas. Podrían agruparse en tres franjas:

1

Cristina Fernández de Kirchner-Amado Boudou: superar el 40 por ciento de los votos válidos emitidos. Esto reforzaría su favoritismo para imponerse en las elecciones presidenciales, dentro de dos meses.

2

Ricardo Alfonsín-Javier González Fraga, Eduardo Duhalde-Mario Das Neves, Alberto Rodríguez Saá-José María Vernet y Hermes Binner-Norma Morandini: obtener el segundo lugar, con la esperanza de aglutinar todo el voto opositor en la primera vuelta presidencial.

3

Elisa Carrió-Adrián Pérez, Alcira Argumedo-Jorge Cardelli y José Saúl Wermus (Jorge Altamira)-Christian Castillo: llegar al 1,5 por ciento del padrón en la mayor cantidad posible de distritos, ya que ése es el piso que les permitiría presentarse en octubre con listas completas.

También en otras categorías, o entre una y otra, hay objetivos parciales:

Daniel Scioli aspira a mantener el record por el cual desde 1983 cada vez que la gobernación de Buenos Aires se puso en juego al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo Nacional, el candidato bonaerense obtuvo más votos que el presidente de su misma lista. Esto no tiene mayor importancia para la obtención del cargo, que se adjudica por simple mayoría en vuelta única, sino como proyección política futura: pese a que en 2007 la diferencia no llegó al 2,5 por ciento, Scioli pudo jactarse de su aporte a la elección de Cristina. Distinto sería si los términos se invirtieran, hoy y/o en octubre.

José Manuel De la Sota tiene objetivos afines a los de Scioli. Si bien ya fue electo gobernador de Córdoba, hoy presentará una lista de candidatos a diputados que competirá con la única autorizada por la presidente, con el sello del Frente para la Victoria. Cada voto menos que recaude su lista respecto de los que él obtuvo el domingo pasado, lo alejará un paso de su propósito de proyectarse a la escena nacional, en el que pocos creen fuera de Córdoba.

Payadas y payasadas

Los cierres de campaña exacerbaron algunas características de cada candidato. La diputada Elisa Carrió dijo que la familia de Dios es tan grande que caben ella misma, “el payador, el payaso y Llambías” (sic), según la transcripción del azorado cronista de este diario, a quien le impactó el estruendoso silencio que se produjo. Para Alcira Argumedo, Proyecto Sur debería tomar conciencia de su fuerza y apelar al sentido del humor. No es un caso único. El ex senador Eduardo Duhalde, quien ya intentó llegar a la presidencia por elecciones hace doce años, dijo que le asombraba la cantidad de estúpidos que había en la Argentina y, al día siguiente, que el gobierno ofendió a los porteños al considerar que votaron mal. Como si el esfuerzo de la campaña le hubiera limado el superyó, dijo que no competía con Ricardo Alfonsín, Hermes Binner y Elisa Carrió, sino sólo con la presidente. “Con todo respeto”, aclaró. Por haber tenido hace cuarenta años un fugaz cargo en el sindicato municipal de Lomas de Zamora se proclamó el primer sindicalista presidente, antes que Lula. Podrán discutirlo el mes próximo, cuando el ex mandatario brasileño llegue al país con el propósito de apoyar a Cristina y, según dijo, explicarles a algunos amigos argentinos que en la actual coyuntura global y regional, no hay mejor perspectiva para los pueblos de Sudamérica que la reelección de CFK. La Argentina fue anfitrión y parte en la primera reunión del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas, que reúne a los ministros de Hacienda y a los presidentes de los bancos centrales para coordinar medidas defensivas. En la primera reunión, además del incremento y la desdolarización del comercio intrarregional, se analizaron tres recursos, alternativos o complementarios, aún está por verse: la ampliación del Fondo Latinoamericano de Reservas (Flare) que desde hace tres décadas integran Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Costa Rica; el fortalecimiento de la Corporación Andina de Fomento, como propone desde hace años su presidente, el asombroso bailarín boliviano Enrique García; o la puesta en marcha del demorado Banco del Sur.

Un plan de negocios

Mucho antes de que se abriera el proceso electoral, Duhalde suscribió junto con el ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, Rodolfo Terragno, un Plan del Bicentenario. En medio de una tibia sopa de generalidades contiene un solo trozo de carne: el plan de incentivos para la inversión transnacional elaborado por los secretarios de Energía de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y el propio Duhalde, los de la privatización de YPF, la exportación descontrolada de un recurso estratégico agotable y la disminución del horizonte de reservas. En diciembre de 2010, Duhalde y Terragno maquillaron este programa como un “Acuerdo de Gobernabilidad y Políticas Públicas” y se lo hicieron firmar también a Maurizio Macrì, Margarita Stolbizer, Hermes Binner y Ricardo Alfonsín. Al presentar el compromiso, Terragno fue explícito: su inspirador es el ex secretario de energía Daniel Montamat, quien plantea la necesidad de ofrecer al capital extranjero condiciones para una inversión de 7000 millones de dólares anuales en petróleo y gas. Con toda coherencia, la plataforma del Peronismo opositor que presenta Duhalde reivindica las reformas neoliberales realizadas cuando fue vicepresidente de Carlos Menem y rechaza medidas centrales del actual gobierno, como la recuperación del sistema previsional, el uso de sus recursos para dinamizar la inversión productiva y el empleo de una parte de las reservas excedentes para proseguir el desendeudamiento que inició Néstor Kirchner y que, por primera vez, pone a la Argentina a salvo del torbellino financiero global.

Calma radicales

Duhalde propone aplicar, en cambio, el esquema de metas de inflación, en desacuerdo con el cual Kirchner no renovó el mandato de Alfonso de Prat Gay al frente del Banco Central y lo sustituyó con Redrado, quien hoy acompaña al pesificador asimétrico de Lomas de Zamora. Coincide en esto con Javier González Fraga, jefe de los equipos económicos del duhaldista Movimiento Productivo Argentino y candidato a la vicepresidencia del radicalismo. JFG es uno de los más íntimos amigos personales de Eduardo Amadeo, candidato duhaldista a la gobernación bonaerense, y mentor intelectual de Alfonso de Prat Gay, a quien Alfonsín dijo que le gustaría tener como ministro de Economía. Este anuncio enfureció a Elisa Carrió porque “Ricardito”, como aún lo llamaba, sólo la notificó por los diarios de esta apertura del libro de pases, y ensombreció al estructuralista cepalino Adrián Ramos, que encabezaba el equipo económico de Alfonsín y se orientaba hacia otro esquema, de reformas graduales más atentas a la producción y el empleo. El temor de Alfonsín a la inflación se comprende sin necesidad de grandes explicaciones. Pero las propuestas de González Fraga y la trama de relaciones tejidas con Amadeo, De Prat Gay y Redrado, todos ellos hombres del sector financiero, muestran que las peleas del Grupo Ahhh… en el Congreso, no se trasladarían en forma necesaria y automática a un eventual gobierno de coalición que los incluiría, de posiciones bien vistas por el establishment. A esto se refería Francisco de Narváez cuando reveló que entre el Peornismo opositor y lo que queda de la UCR hay más conversaciones de las que se conocen, con vistas al futuro. JGF insiste en la flotación pura del tipo de cambio, la independencia del Banco Central y la reducción de las retenciones a la exportación de soja e hidrocarburos, que es como exponer a un niño desnudo a la granizada del viernes. Para reemplazar los ingresos que el Estado obtiene por las retenciones, postula reiniciar el ciclo del endeudamiento, aprovechando que luego de ocho años de kirchnerismo la deuda pública en dólares con acreedores privados es la más baja de la historia en relación con el Producto y una de las menores del mundo. Abandonar el esquema actual de flotación administrada de la moneda y reducir o eliminar retenciones a las exportaciones de commodities cuyos precios siguen en alza, conduciría a una apreciación del peso capaz de liquidar a breve plazo la reconstrucción industrial de estos años. Es cierto, como repiten CFK y su ministra Débora Giorgi, que la economía argentina es la única de América que no se reprimarizó, mérito significativo pero que también se explica porque su desindustrialización fue de una profundidad excepcional en la década de MenemDuhalde, Cavallo y De la Rúa. Pero aún moderando el entusiasmo, es inocultable el contraste con Brasil, donde se aplican las políticas que ilusionan a la oposición argentina. En el “país serio” del discurso alfonsinista, el encarecimiento de la moneda nacional debido a las exportaciones, sin los tipos de cambio diferenciales que aquí generan las retenciones, tiende a producir aumentos de precios internos, que se intentan contener con aumentos de tasas de interés. Pero esto a su vez promueve el ingreso de capitales especulativos y aumenta la deuda pública, al estilo de la convertibilidad argentina. Ese perfecto círculo vicioso, en el que también crecen las importaciones deteriora la producción nacional y el empleo, como también ocurre en Chile, otro modelo admirado por el arco que va de Alfonsín a Macri. La vituperada inflación argentina, que expresa la puja distributiva y no parece en riesgo de incrementarse más allá de los (decrecientes) niveles actuales, no ha afectado la productividad del trabajo ni la competitividad de la industria, ya que el costo laboral por unidad de producto está entre un 25 y un 50 por ciento por debajo del de 2001 (según se mida contra el dólar o contra el tipo de cambio real multilateral) (1). Esta constelación garantiza niveles de actividad y de empleo que ya desearía España.

Frente Antiinflacionario Progresista

Más notable es que también Hermes Binner, que no tiene nexos conocidos con el sistema financiero ni las grandes empresas, se incline por el mismo tipo de enfoque de metas de inflación. El acuerdo con González Fraga y De Narváez lo alejó de Alfonsín por razones políticas y, si se quiere, estéticas. Pero no implicó ninguna diferencia de fondo en materia económica. Por el contrario, entre ambos frentes predominan las coincidencias. “Hay que confiar en el capitalismo”, respondió el líder socialista cuando le preguntaron por las consecuencias de la crisis global que estalla hoy en Europa y Estados Unidos. Es difícil advertir qué tendría de progresista, para no hablar ya de socialista, la intención de enfriar la demanda mediante la suba de la tasa de interés y garantizar la sustentabilidad de la deuda mediante medidas fiscales, reducir la excesiva inversión pública y generar un clima beneficioso para la inversión privada, como propone. El GEN, que forma parte del FAP, presentó además un proyecto de ley de entidades financieras que, a diferencia del que elaboró el diputado Carlos Heller, sólo agrega algunas reglas de protección al usuario a la ley neoliberal vigente. Según el director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo (CEFID-Ar), Guillermo Wierzba, de este modo el FAP replica “el programa de los abdicantes partidos socialistas europeos en el momento de su peor crisis” y tiende a producir “la chilenización de la economía argentina”. Tal vez Claudio Lozano o Humberto Tumini podrían explicar qué tiene este proyecto de progresista, pero están muy ocupados tratando de persuadir al electorado de que hoy no le renueve el voto de confianza a Cristina.

Página12

14/08/2011 Posted by | Economía, General, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , | Deja un comentario

EL ASESINATO DE BARRACAS Y SUS CONSECUENCIAS POLITICAS



Las vías del hecho

La sociedad tiene poca tolerancia hacia la muerte joven por razones políticas y por eso todos buscaron endilgarle la responsabilidad a su adversario. Pero la celeridad de la investigación judicial descolocó esas operaciones. No hay expresión de deseos capaz de resucitar los combates del pasado, en un presente muy distinto, así como no son admisibles el fraude y la prepotencia en la CTA. Pedraza y el sindicalismo empresario y su contraste con la actual conducción de la CGT.

Por Horacio Verbitsky

El asesinato de Mariano Ferreyra por matones de la Unión Ferroviaria está llamado a tener profundas consecuencias porque el umbral de tolerancia de la sociedad argentina a la muerte joven por razones políticas o gremiales es muy bajo, sin distinción de partidos o tendencias. Tal aversión obedece tanto a hechos históricos (como los enfrentamientos entre fracciones internas peronistas entre 1973 y 1975 y los crímenes del Estado Terrorista a partir de 1976) cuanto recientes (los 38 asesinatos policiales con que se despidió el último gobierno de la UCR, las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la policía bonaerense de Felipe Solá, que obligaron a que el ex senador Eduardo Duhalde acortara su interinato al frente del Poder Ejecutivo, y el disparo de una granada de gases a la cabeza del maestro Carlos Fuentealba por la policía de Jorge Sobisch en Neuquén). Atentos a esa sensibilidad colectiva, los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK adoptaron como uno de los rasgos centrales de su identidad la decisión de no reprimir la protesta en el espacio público, que los diferencia de todas las administraciones precedentes y de las ofertas electorales de quienes aspiran a sustituirlos. En 2004, incluso, Kirchner despidió al jefe de la Policía Federal, al secretario de Seguridad Interior y al ministro de Justicia y Seguridad porque resistieron la directiva de que el personal policial dejara de portar armas letales ante manifestaciones. En ese contexto era inevitable que el crimen de Barracas, en el que debe analizarse por qué las policías federal y bonaerense no impidieron la agresión, pasara a ocupar el centro de la disputa política y sindical. La tragedia sucedió apenas una semana después del imponente acto de River Plate, en el que Hugo Moyano comprometió su apoyo electoral a Néstor o Cristina y descalificó al gobernador bonaerense Daniel Scioli, y de la decisión de la Coordinadora Interpatronal de boicotear la ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución, que dispone la participación de los trabajadores “en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La fiscal Cristina Caamaño tomó declaraciones durante toda la noche del jueves y el viernes la jueza Susana López ordenó allanamientos y detenciones que esclarecerían por completo lo sucedido.

La batalla por la interpretación

Con una coherencia admirable los diarios y los políticos opositores señalaron una presunta responsabilidad del gobierno, con títulos como “cosecha de sangre desde el poder” o “Instrucciones para armar un polvorín”, y referencias a los “discursos incendiarios” de “los Kirchner” que “crisparon al país fomentando antagonismos”, a “la alianza del kirchnerismo con la CGT de Hugo Moyano” y al país que cayó “en manos de la mafia sindical”. Tan ostensible mistificación sólo se sostiene desde el prejuicio clasista contra los feos, sucios y malos. En 2003, el sindicato de camioneros tenía 65.960 afiliados, hoy son l07.6l8. Esto no refleja sólo el crecimiento de la economía y del transporte por ruta, sino también el reencuadramiento de trabajadores que estaban afiliados a otros gremios, como la Federación de Comercio y Servicios. El pase a Camioneros implicó una mejora salarial sustantiva: de 2.566 a 4.l35 pesos mensuales en el gremio de los Moyano, con jubilación a los 55 años y semana laboral de 44 horas. Todo lo contrario ocurre con los tercerizados por las empresas ferroviarias, con la complicidad abierta de José Pedraza: las cooperativas truchas que los emplean, en varias de las cuales participan familiares de dirigentes del gremio, les pagan no más de 2.500 pesos mensuales, cuando un ferroviario legal no cobra menos del doble. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Tampoco es pertinente la comparación del despeje de vías cortadas, que la Unión Ferroviaria admitió haber realizado en forma conjunta con la empresa y la policía, con las asambleas de camioneros en la puerta de los grandes diarios o siderúrgicas para reclamar que se terminara con la precarización laboral de parte de sus trabajadores. Esos conflictos concluyeron en cuanto Clarín, La Nación y Siderar legalizaron la situación de esa parte del personal. ¿Es necesario precisar la diferencia entre una medida de fuerza sindical contra grandes empresas y el asesinato alevoso de trabajadores y/o militantes políticos que los acompañan?

Antagonismo o confluencia

Algunos trabajadores tercerizados del Roca consultaron el año pasado su situación con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien presentó junto con el judicial Julio Piumato un proyecto de ley que modificaría los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo para acentuar la responsabilidad de las empresas principales, como ya declaró en varios casos la justicia. Esos proyectos tienen dictamen de comisión, por lo que podrían tratarse en la Cámara de Diputados la semana próxima. Desde la izquierda se ha insinuado alguna responsabilidad de la presidente CFK, por haber lucido durante el acto en River una camiseta de la Juventud Sindical, como si los infelices antagonismos de hace 35 años, que constituyeron el más trágico de-sencuentro en las filas populares, debieran repetirse hoy. La realidad no procede de ese modo. Militantes de la Juventud Sindical han participado en las últimas movilizaciones por los Derechos Humanos y su secretario general, Facundo Moyano, participó de una visita a la ex ESMA junto con el hijo de Enrique Juárez, ex secretario general de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), detenido-desaparecido desde diciembre de 1976. Es comprensible que los Biolcati, los Méndez y sus tribunas de doctrina prefieran la repetición de aquellos combates y no las luchas que hoy libran muchos trabajadores por mejorar sus salarios y democratizar la representación sindical, ya sea desde la CGT o desde la CTA, a las que también les gustaría ver enfrentadas. La anulación de los comicios de la CTA en diez provincias dispuesta por el tribunal arbitral que acordaron las dos listas, al constatar graves irregularidades en perjuicio del actual secretario general Hugo Yasky, muestra que la limpieza en los procedimientos y el respeto por la voluntad de los trabajadores no son un sueño imposible, que no es fatal que prevalezcan la prepotencia y el fraude, aunque se adornen con los colores ideológicos más estridentes. Falsear los resultados es repudiable, lo hagan Guillermo Moreno o Pablo Micheli. Era inverosímil que quienes apuestan a reducir la central alternativa a un micropartido de izquierda como hay tantos, marginándose del debate crucial sobre profundización del proceso de cambio iniciado en 2003 o regresión a los años del neoliberalismo, hubieran vencido en buena ley a la conducción que puso a la CTA en el mapa político y social del país, como actor valioso en la pugna con los poderes fácticos que detestan la democracia porque limita su imperio.

Una trayectoria

Pedraza era un joven delegado de los trabajadores ferroportuarios, que en 1968 se sumó a la resistencia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ese gobierno desconoció el Congreso Normalizador de la CGT pretextando que habían participado gremios sin su cuota al día, dada la intervención estatal y el alto número de trabajadores despedidos. Surgieron así la CGT Azopardo, conducida entre bastidores por el metalúrgico, Augusto T. Vandor, y la CGT de los Argentinos, cuyos principales líderes eran Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Pedraza formó parte de esta CGTA rebelde. Allí conoció al joven escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, de 41 años, convocado para dirigir el Semanario CGT. En ese periódico, Walsh publicó por entregas su investigación “¿Quién mató a Rosendo?”, donde radiografió la situación de la clase obrera: “Se echa a los más combatientes, previamente calificados de ‘comunistas’ o de peronistas revolucionarios. Se disuelven las comisiones internas, si es necesario se las compra”. Cuando los trabajadores recurren al sindicato “allí también fastidian, allí también cuestionan, allí también resultan ‘comunistas’. Patrones y dirigentes han descubierto al fin que tienen un enemigo común: esa es la verdadera esencia del acuerdo celebrado por el vandorismo con las federaciones industriales. Para llevarlo a la práctica, el gremio se convierte en aparato. Todos sus recursos, económicos y políticos, creados para enfrentar a la patronal, se vuelven contra los trabajadores. La violencia que se ejercía hacia afuera, ahora se ejerce hacia adentro. Al principio el aparato es la simple patota, formada en parte por elementos desclasados de la Resistencia, en parte por delincuentes. A medida que las alianzas se perfeccionan, a medida que el vandorismo se expande a todo el campo gremial y disputa la hegemonía política, el aparato es todo: se confunde con el régimen, es la CGT y la federación patronal, los jefes de policía y el secretario de trabajo, los jueces cómplices y el periodismo elogioso”. Walsh contabiliza el resultado: la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en apenas tres años para que las empresas metalúrgicas pudieran “producir más con menos operarios”. Lo ilustra con los índices de productividad, que crecieron 50 por ciento entre 1950 y 1961.

Cuarenta años después

Han pasado más de cuarenta años y con ellos otra dictadura y un gobierno electo por el voto popular que perfeccionó aquello que iniciaron los de facto. Pero aunque muchas otras cosas hayan cambiado, aquellas páginas no perdieron su potencia descriptiva. Pedraza llegó a la conducción de la Unión Ferroviaria durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia, dos asesores de Pedraza, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles y su tesorero, Santos Reale, quedó a cargo de los ferrocarriles metropolitanos, que fueron saqueados como paso previo a la privatización. El entonces vicepresidente Duhalde controlaba, a través de su asesor Mario Masciotra, el departamento Explotaciones e Inmuebles Colaterales de Ferrocarriles. Una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en las estaciones Federico Lacroze, Retiro, Once, Constitución, Liniers, Castelar, José C. Paz, Morón, Merlo, Moreno, Lanús, Lomas, Temperley, Monte Grande, Mar del Plata, Padua y terrenos en la calle Yerbal, en Rojas y Bacacay y en Belgrano C, por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. En los mismos meses de 1989 en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, que Menem impuso bajo la amable consigna “Ramal que para, ramal que cierra”, Pedraza se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto. Paradigma del sindicalismo empresario, también recibió los 11.000 kilómetros del Belgrano Cargas y obtuvo luz verde de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio con mandato vencido desde 1991 y sin elecciones.

Los pesados

Para ello consiguió excluir a la opositora Lista Celeste mediante un ardid estatutario. Utilizó como único medio para comunicar las condiciones del comicio un aviso en la página de Finanzas de La Nación, que como todo el mundo sabe es la lectura habitual de fin de semana en el hogar de los entonces 90.000 ferroviarios de todo el país. Ahora, sólo quedan 9000. En proporción, hubo pocos aportes tan significativos a la de-socupación. Peor fue el siguiente proceso electoral, en 1996. Uno de los líderes celestes, Jorge De Nápoli, fue despedido de su trabajo en el ferrocarril San Martín y citado en un bar por el jefe de custodia y operaciones de Pedraza, Rubén Norberto Carrizo, quien le dio a elegir entre aceptar plata para desistir o vérsela “con los pesados”. La disyuntiva fue reiterada por los propios pesados: el mayor Osvaldo Zacarías (que había participado con De Nápoli en un alzamiento carapintada) y el capitán Héctor Pedro Vergez se presentaron en el galpón de la Lista Celeste, cedido a De Nápoli por el automovilista Rubén Valentini, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios y ex copiloto en competencias de rally de Menem y de su hijo. Vergez le explicó a Nelson Castro que habían ido por encargo del jefe de seguridad de Pedraza, aunque negó haber apretado a De Nápoli. Ambos militares trabajaban entonces para la SIDE. Valentini encontró en la ventana de su casa en Pinamar un pan de una libra de trotyl cuya mecha se apagó cuando sólo faltaban dos centímetros para que llegara al detonador. El juez federal Norberto Oyarbide allanó la sede de la Unión Ferroviaria, donde personal de la Gendarmería secuestró panes de trotyl, mechas lentas, detonadores y cintas de empaque idénticos a los que se emplearon para el fallido atentado y un plano del centro de Pinamar, del cual faltaba la parte que corresponde a la casa de Valentini.

Durante el interinato presidencial de Duhalde, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedaban. Acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del periodo de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación ministerial a mantenerlo en funcionamiento, criterio que ni los gremios del transporte ni la OIT admiten. La actual viceministra de Trabajo Noemí Rial asesoraba a Pedraza en la disputa electoral. Héctor Recalde y el actual secretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, a la oposición proscripta. ¿Será por eso que Ruiz y no Rial intervino en la negociación con los trabajadores tercerizados por la UGOFE, en catorce cooperativas en las cuales tiene fuerte participación el propio Pedraza?

Morir por Pedraza

Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos, en 2006. Los aportes de los trabajadores eran derivados a una mutual supuestamente sin fines de lucro, cuyo presidente era Héctor Horacio Amigo [de Pedraza]. Gracias a ese artificio, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les salía cuatro veces más caro que a sus colegas de la Asociación de Señaleros. A medida que las privatizaciones redujeron el padrón de afiliados, los descuentos compulsivos se extendieron de los trabajadores activos a las viudas pensionadas y el valor de la cuota se incrementó. Según la fiscal Graciela Gils Carbó el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. Por la recusación de Pedraza a un juez, la causa rebotó de cámara en cámara sin ser elevada nunca a juicio oral, hasta que en mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant) dictaron la nulidad de todo lo dispuesto con la firma del juez recusado y la prescripción de la causa. Como se ve, el trayecto de la bala que mató a Mariano comenzó antes de que él naciera y contó con una extensa cadena de complicidade.

Página 12

24/10/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , | Deja un comentario