America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

EN ARGENTINA, WASHINGTON PROPICIA INTERVENCIÓN MILITAR Y LA OPOSICIÓN LO ACOMPAÑA POR HORACIO VERBITSKY


Nota3


El Comando Sur de los Estados Unidos recomendó a la Junta Interamericana de Defensa, JID, que las Fuerzas Armadas del continente participen en un plan de seguridad del medio ambiente y seguridad energética y la Argentina se opuso. El contrapunto, que se produjo el martes pasado durante una reunión informal de la JID realizada en Washington, constituye un paso más en la escalada estadounidense por borronear los límites entre las funciones de defensa y de seguridad y continuará el miércoles durante la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA. En la Argentina varios candidatos de partidos opositores, como Ricardo Alfonsín, Sergio Massa y Gabriela Michetti, propugnan la sanción de una ley de pena de muerte sin juicio previo para presuntos narcotraficantes, de cuya aplicación se encargarían las Fuerzas Armadas.

Dentro de su territorio, Estados Unidos mantiene la separación en los términos vigentes desde 1878 con la ley Posse Comitatus y en los últimos tiempos se ha inclinado por dotar a las fuerzas policiales de equipamiento bélico pesado que hasta ahora se consideraba de exclusivo uso castrense. En cambio, en América Latina propugna que las Fuerzas Armadas se aboquen a tareas de tipo policial, según la doctrina de las nuevas amenazas, que ya tiene más de una década de vigencia. El artículo 2 del Estatuto de la JID dice que el propósito del organismo es prestar a la OEA y a sus países miembros “asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de defensa en el hemisferio”, pero no menciona las cuestiones de seguridad. Lo mismo ocurre con el Plan Estratégico de la JID. Por eso, en la reunión del miércoles 16, Estados Unidos intentará redefinir el alcance de los términos “asuntos militares y de defensa” y los conceptos de Defensa y Seguridad. También es previsible que la cuestión reaparezca entre el 21 y el 25 de octubre, durante la Conferencia Inter-Americana de Logística, que financiada por empresas privadas, se realizará también en Washington.

UN PROGRAMA DE GOBIERNO

El programa de trabajo 2013-2014 de la JID, firmado por su director, el vicealmirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, constituye un capítulo de un programa de gobierno. Luego de temas militares y de defensa agrega que la JID se ocupará también “de disciplinas conexas relacionadas con el hemisferio”. También se propone incentivar la presencia en distintas actividades de la JID de la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, dos vías para eludir la separación de funciones. Otro objetivo del plan de trabajo es constituir a la JID como “organismo de asesoría técnica permanente de la Conferencia de Ministros de Defensa y establecer relaciones de cooperación con los organismos hemisféricos, regionales y subregionales de defensa y seguridad”. También se propone participar en la coordinación entre Fuerzas Armadas y de Seguridad “en el combate al narcotráfico” en Centroamérica y asistir a la Cuarta Conferencia de Ministros de Seguridad de las Américas. La JID incluso se propone instruir al Comité Interamericano contra el Terrorismo en la “protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, armonizar su plan de trabajo con el de la Comisión de Seguridad Hemisférica y convertir al Colegio Interamericano de Defensa en una institución educativa de excelencia que ofrezca cursos de posgrado no sólo en defensa sino también en seguridad. A ese plan de trabajo de la Junta Interamericana de Defensa, la delegación de Estados Unidos agregó una recomendación propia: que la JID acepte la propuesta presentada por el Comando Sur y trabaje en conjunto con sus autoridades en “el desarrollo de un Plan de Cooperación Regional sobre el Medio Ambiente y la Seguridad Energética”. La delegación argentina presentó una serie de objeciones a este plan:

– como parte del objetivo de ayuda humanitaria y auxilio en caso de desastres naturales, se invoca la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana y se propone un seguimiento de fenómenos que no se compadecen con el enunciado general, como las migraciones, el tráfico de personas y la delincuencia transnacional. Pero la Declaración de San Salvador se refiere a problemas de seguridad pública y no contempla temas de carácter militar o de defensa, los únicos que habilitan la actuación de la JID. Esa temática está excluida de las competencias de la JID, cuyo estatuto no la prevé.

– las nuevas amenazas contempladas en los enfoques multidimensionales no obligan a su neutralización por instrumentos militares. En la Argentina la respuesta sólo concierne a los ministerios de Seguridad y de Justicia.

– la propuesta coordinación de la JID con la Secretaría de Seguridad Multidimensional debe excluir el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de los estados, la lucha contra las drogas, las migraciones, la trata de personas y el terrorismo, que competen a otros organismos de la OEA, como la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Tampoco es admisible que la JID participe en foros, conferencias y organismos que tratan esos temas, que no forman parte de las facultades de la Junta Interamericana de Defensa.

– la JID tiene la misión de apoyar a la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia de Ministros de Defensa (que siempre está a cargo del país anfitrión) y de almacenar su memoria histórica, pero no está en aptitud para convertirse en su Secretaría Técnica Permanente, ya que la Conferencia es un foro de diálogo político entre los ministros y la JID un órgano de asesoramiento técnico-militar de la OEA.

– también se debe aclarar que esas funciones de apoyo sólo se desempeñarán a requerimiento de la Secretaría Pro Témpore.

– la Argentina tampoco acepta el propuesto “alineamiento de las estrategias de defensa y seguridad” que la JID debería apoyar.

– al referirse a los instrumentos que componen el Sistema Interamericano de Defensa, el plan de la JID le asigna funciones de cooperación con otros organismos interamericanos, cuando sólo fue autorizada a hacerlo en el proceso de revisión del Sistema, que impulsa la Argentina y del que la JID debería tomar nota.

– la JID se arroga como “tareas implícitas” tareas que exceden sus funciones y misión. Menciona entre ellas la solicitud a los estados de determinadas informaciones que no competen a la JID, como por ejemplo datos sobre tecnología e industrias.

– las conclusiones de la JID no mencionan el cumplimiento del mandato de la Conferencia de Ministros de Defensa y de la Asamblea General de la OEA, que dispusieron la revisión de todos los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa. Esto incluye en forma central a la propia JID.

El conflicto está definido en términos claros. Mientras la Argentina reclama que el sistema político, representado por los ministros de Defensa y la Asamblea General, conduzca la revisión de la Junta Interamericana, la JID, con sede en Wa-shington y financiamiento estadounidense, resiste la revisión de su rol y pretende avanzar con nuevas imposiciones sobre los órganos representativos de la voluntad popular.

Durante la reunión informal del miércoles pasado no sólo la Argentina impugnó la pretensión estadounidense de que el Comando Sur recomiende a la JID la forma de cooperar en la seguridad energética y del medio ambiente como nuevo tópico de relaciones entre las Fuerzas Armadas de la región, sobre los modelos que aplican las Naciones Unidas y la OTAN. Canadá sostuvo que la creación de un comando operacional requería mayor discusión y puso en duda que la JID tuviera capacidad para el tema. Estados Unidos negó que propusiera un rol operativo para la JID. Además de coincidir en estos puntos con Canadá, México recordó que cada país tiene organismos especializados en la seguridad energética y del medio ambiente, tema en que los militares tienen, en el mejor de los casos, competencia subsidiaria, y sugirió que los países que estén de acuerdo con la propuesta pueden realizarla en forma bilateral con el Comando Sur. Esta es la lógica que desde hace años encuadra los avances estadounidenses sobre la región: una propuesta general que la OEA no acepta y que se impone después en la relación bilateral con distintos países, empezando por los más débiles, ya sea ante las amenazas descriptas, o ante el Pentágono y su Comando Sur, verdadero artífice y efector de la política de su país hacia Sudamérica. La Argentina reiteró algunos planteos que había formulado en la reunión ordinaria de la JID del mes pasado. En esa ocasión, sostuvo que como otros países sudamericanos prioriza la cooperación en estas materias en el marco subregional de la UNASUR y que es inconveniente involucrar a la JID en temas ajenos a la defensa.

EL DERRIBO DE LAS FRONTERAS

La separación tajante entre Defensa Nacional y Seguridad Interior es uno de los acuerdos básicos de la democracia argentina y cristalizó en tres leyes y un decreto sancionados bajo cuatro diferentes gobiernos. La ley de defensa nacional fue promulgada en 1988 por el presidente Raúl Alfonsín, la de Seguridad Interior en 1992 por el presidente Carlos Menem, la de Inteligencia Nacional en 1991 por el presidente Fernando de la Rúa, y el decreto reglamentario de la ley de Defensa por el presidente Néstor Kirchner en 2006. El artículo 4 de la ley de Defensa estableció que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior”. Pero pasaron 18 años hasta su reglamentación. Horacio Jaunarena, quien fue ministro de los ex presidentes Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y del ex senador a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde, confesó en un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi que nunca la reglamentó porque no estaba de acuerdo con el texto y el espíritu de la ley.

Los considerandos del decreto reglamentario que la ministra Nilda Garré firmó junto a Kirchner descartan en forma expresa la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa, “usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas”. De lo contrario se pondría “en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”. Ya bajo la presidencia de CFK se presentaron tres proyectos en el Congreso desandando ese camino. El primero, de 2010, lleva la firma de Francisco De Narváez y otros diputados del Peornismo Opositor (Expediente de la Cámara de Diputados 6657-D-2010, Trámite parlamentario 130, 09/09/2010, Defensa Nacional contra amenazas aéreas). El segundo, de 2011, fue presentado por la diputada de PRO Gabriela Michetti, a quien acompañan el propio De Narváez y varios diputados de los partidos de ambos (Expediente de la Cámara de Diputados 1791-D-2011, Trámite parlamentario 0028, 13/04/2011, Creación del Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte). El tercero, de este año, pertenece al diputado radical Ricardo Alfonsín y a otros legisladores de su partido (Expediente 4817-D-2013, Trámite parlamentario 073, 18/06/2013, Ley de lucha integral contra el narcotráfico).

Todos ellos coinciden en encomendar a la Fuerza Aérea el derribo de aeronaves que no respondan a intimaciones transmitidas por radio, señales visuales y disparos de emergencia con munición trazadora (De Narváez); el derribo deberá ser autorizado por el presidente de la Nación o por la autoridad delegada por él en el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Alfonsín) y “en ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero” (Michetti). El proyecto de Michetti es el más explícito: han desaparecido las hipótesis de conflicto “en el subcontinente” (sic) y hoy los enemigos del estado “son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc.”. Estas amenazas “son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional”. A ellos se les sumó esta semana el candidato a diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, quien el viernes dijo que era urgente sancionar una ley que permitiera “voltear a los aviones de los narcos que entran al país”. El oficialismo se opone en forma explícita a semejante reforma. De hecho, en el Operativo Fortín Norte, el Ejército no recibió del ministerio de Defensa normas de empeñamiento, sólo pautas de comportamiento, que excluyen la entrada en combate, y la semana pasada en Río Gallegos, el ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó que se limitaran a ocupar la parte del terreno de propiedad de la Armada que no había sido intrusada, sin siquiera portar armas de fuego. Los proyectos de Massa, Michetti, Alfonsín y De Narváez habilitarían a las Fuerzas Armadas a aplicar la pena de muerte, sin juicio previo, basada en la mera sospecha, incluso a quienes se estuvieran alejando del territorio nacional. Por suerte es dudoso que progresen en el Congreso, dada la cómoda mayoría del oficialismo.

Página/12, Buenos Aires, 13 de octubre de 2013.

01/11/2013 Posted by | General, Medio Ambiente, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , | Deja un comentario

Reflexiones de Fidel – Es la hora del recuento y de la marcha unida


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27 Agosto 2009

Esta reflexión no va dirigida a los gobiernos sino a los pueblos hermanos de América Latina.

Mañana 28 de agosto se iniciará en Argentina la reunión Cumbre de UNASUR cuya trascendencia no puede ignorarse. En ella se debe analizar la concesión de siete bases militares en territorio de Colombia, a la superpotencia norteamericana. Las conversaciones previas de ambos gobiernos se mantenían en riguroso secreto. El acuerdo debía presentarse al mundo como hecho consumado.

En horas de la madrugada del 1º de marzo del 2008, las Fuerzas Armadas de Colombia, entrenadas y armadas por Estados Unidos, habían atacado con bombas de precisión a un grupo de guerrilleros que penetró en una apartada zona del territorio ecuatoriano. Al amanecer, hombres de las tropas élites colombianas transportados en helicópteros ocuparon el pequeño campamento, remataron a los heridos y se apoderaron del cadáver del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien al parecer sostenía en esos días un encuentro con jóvenes visitantes de otras nacionalidades, interesados en conocer las experiencias de la guerrilla que desde la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, hace más de 50 años, sostiene la lucha armada. Entre las víctimas había estudiantes universitarios de México y Ecuador que no portaban armas. El método fue brutal, al estilo yanqui. El gobierno de Ecuador no había recibido advertencia alguna antes del ataque.

El hecho constituyó una acción humillante para el pequeño y heroico país suramericano, envuelto en un proceso político democrático. Se sospechaba fuertemente que la base aérea norteamericana de Manta había ofrecido información y cooperado con los atacantes. El presidente Rafael Correa adoptó la valiente decisión de solicitar la devolución del territorio ocupado de la base militar de Manta, cumpliendo estrictamente los términos establecidos en el convenio militar con Estados Unidos, y retiró su embajador en Bogotá.

La entrega de territorio para el establecimiento de siete bases militares de Estados Unidos en Colombia, amenaza directamente la soberanía y la integridad de los demás pueblos de Sur y Centroamérica con las que nuestros próceres soñaron crear la gran patria latinoamericana.

El imperialismo yanki es cien veces más poderoso que los imperios coloniales de España y Portugal, ajeno por completo al origen, los hábitos y la cultura de nuestros pueblos.

No se trata de estrechos chovinismos. “Patria es humanidad”, como proclamó Martí, pero jamás bajo el dominio de un imperio que ha impuesto al mundo una tiranía sangrienta. En nuestro propio hemisferio los cientos de miles de compatriotas latinoamericanos asesinados, torturados y desaparecidos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países de Nuestra América, durante las últimas cinco décadas por golpes de Estado y acciones que Estados Unidos promovió y apoyó, demuestran de forma irrebatible lo que afirmo.

Cuando analizo los argumentos con que Estados Unidos pretende justificar la concesión de bases militares en territorio de Colombia, no puedo menos que calificar de cínicos tales pretextos. Afirma que necesita esas bases para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, la emigración ilegal, la posesión de armas de destrucción masiva, los desbordes nacionalistas y los desastres naturales.

Ese poderoso país es el mayor comprador y consumidor de drogas del planeta. Un análisis de los billetes que circulan en Washington, capital de Estados Unidos revela que el 95 por ciento pasaron por manos de  personas que consumen drogas; es el mayor mercado y a la vez el mayor suministrador de armas para el crimen organizado en América Latina, con ellas están muriendo decenas de miles de personas cada año al Sur de su frontera; es el mayor Estado terrorista que ha existido nunca. No solo lanzó las bombas contra ciudades civiles en Hiroshima y Nagasaki;  en sus guerras imperiales como las promovidas en Vietnam, Iraq, Afganistán, Pakistán y otros países ubicados a miles de kilómetros de distancia en las que han muerto millones de personas; es el mayor productor y poseedor de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, las químicas y las biológicas.

Los paramilitares colombianos, muchos de los cuales proceden de los desmovilizados de las Fuerzas Armadas y constituyen, en parte, sus reservas, son los mejores aliados y protectores de los narcotraficantes.

El llamado personal civil que acompañaría a los soldados en las bases de Colombia son, como norma, ex militares norteamericanos perfectamente entrenados, que son después contratados por empresas privadas como Blackwater, que se hizo famosa por los crímenes cometidos en Iraq y otras partes del mundo.

Un país que se respete a sí mismo no necesita mercenarios, ni soldados, ni bases militares norteamericanas para combatir el narcotráfico, ni proteger la población en los casos de desastres naturales, o brindar cooperación humanitaria a otros pueblos.

Cuba es un país sin problemas de drogas ni altos índices de muertes violentas, cuyo número decrece por año.

El único propósito de Estados Unidos con esas bases, es poner América Latina al alcance de sus tropas en cuestión de horas. La alta jerarquía militar de Brasil recibió con verdadero desagrado la noticia sorpresiva del acuerdo sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. La base de Palanquero está muy cerca de la frontera con Brasil. Con esas bases, unidas a las de las Islas Malvinas, Paraguay, Perú, Honduras, Aruba, Curazao y otras, no quedaría un solo punto del territorio de Brasil y del resto de América del Sur fuera del alcance del Comando Sur, donde en cuestión de horas, mediante el empleo de sus más modernos aviones de transporte, puede hacer llegar tropas y otros medios sofisticados de combate. Los mejores especialistas en la materia han suministrado los datos necesarios, para demostrar el alcance militar del acuerdo yanki-colombiano. Tal programa, que incluyó el restablecimiento de la IV Flota, fue diseñado por Bush y heredado por el actual gobierno de Estados Unidos, a quien algunos líderes suramericanos demandan el debido esclarecimiento de su política militar en América Latina. Los portaaviones nucleares no se necesitan para combatir las drogas.

El objetivo más inmediato de ese plan es liquidar el proceso revolucionario bolivariano y asegurar el control del petróleo y otros recursos naturales de Venezuela. El imperio, por otro lado, no acepta la competencia de las nuevas economías emergentes en su patio trasero, ni países verdaderamente independientes en América Latina. Cuenta con la oligarquía reaccionaria, la derecha fascista y el control de los principales medios de difusión masiva internos y externos. Nada que parezca verdadera equidad y justicia social tendrá su apoyo.

La emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos es consecuencia del subdesarrollo, y este es consecuencia del saqueo a que hemos sido sometidos por parte de ese país y del intercambio desigual con las naciones industrializadas.

México fue desgajado de América Latina por el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los 12 millones de emigrantes ilegales en el primero de esos países son mexicanos y también la mayor parte de los cientos que mueren cada año en el muro de la frontera con aquel país.

Con una población de 107 millones de habitantes, en medio de la actual crisis económica internacional, el índice de pobreza crítica en México se ha elevado al 18 por ciento y la pobreza general alcanza a más de la mitad de sus habitantes.

Nada perturbó tanto la vida de Martí, el Apóstol de nuestra independencia, como la anexión a Estados Unidos. Desde 1889 venía tomando conciencia de que ese era el mayor peligro para América Latina. Soñó siempre con la Patria Grande, desde el río Bravo hasta la Patagonia;  por ella y por Cuba dio su vida.

El 10 de enero de 1891 escribió en La Revista Ilustrada de Nueva York un ensayo titulado “Nuestra América”, en el que expresó inolvidables frases: “… ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”

Cuatro años más tarde, después de su desembarco por Playitas en la provincia oriental de Cuba, cuando ya marchaba por los campos insurrectos, sostuvo un encuentro con el periodista del Herald George E. Bryson, el 2 de mayo de 1895. Este le contó que había entrevistado en la Habana al famoso general Arsenio Martínez Campo. El jefe español le dijo que antes de conceder la independencia a Cuba prefería entregarla a Estados Unidos.

De tal forma impactó la noticia a Martí, que el 18 de mayo escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado la famosa carta póstuma en la que habla del “…camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de Nuestra América, al  Norte   revuelto y brutal que los desprecia…”

Al día siguiente, desoyendo el consejo del General Máximo Gómez, quien le indicó permanecer en la retaguardia, solicitó a su ayudante un revolver, cargó contra una tropa española bien posesionada y murió en el combate.

“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”, sentenció en su última carta.

firma fidel

Fidel Castro Ruz

agosto 27 de 2009

28/08/2009 Posted by | General, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 comentario

Colombia dolorida y amarga


18-08-2009

Rebelión


En su séptimo aniversario el gobierno de Alvaro Uribe Vélez nos deja un sabor amargo, un país bañado por la sangre y el dolor de la población civil, un estado mafioso penetrado por los narcoparamilitares y una impunidad que desdice de la existencia en Colombia de un estado social de derecho.

También durante los gobiernos de sus antecesores hubo en Colombia violaciones de los derechos humanos, pero el actual gobierno -que ha forzado dos veces la Constitución Política para hacerse reelegir- está violando de manera grave, masiva y sistemática nuestros derechos fundamentales como lo constató la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia y las misiones anuales de verificación del gobierno asturiano encabezadas por el Director de su Agencia de Cooperación al Desarrollo.

Desde nuestro refugio temporal en Asturias recordamos horrorizados que durante este gobierno se han cometido más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales de personas civiles, gentes del común que fueron retenidas, torturadas, indocumentadas, asesinadas a mansalva, disfrazadas después de muertas con prendas militares y luego fueron desaparecidas o presentadas por el ejército colombiano como “guerrilleros dados de baja en combate”.

Las tropas y sus aliados de los grupos paramilitares aplican un mismo patrón de conducta para cometer estos asesinatos a lo largo y ancho de nuestro país; por eso afirmamos -aunque nos cueste la vida o más persecuciones-, que estos delitos no son hechos aislados, son producto de un manual de terror que pretende silenciar a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, pueblos indígenas, afrocolombianos, estudiantes y personas que nos resistimos a vivir bajo el miedo y la pobreza, mientras se enriquecen los latifundistas criollos y las empresas multinacionales saquean a placer.

Por su gravedad y persistencia son delitos de lesa humanidad, crímenes de estado que tendrían a cualquier gobierno en apuros, pero Uribe parece inmune a todo: la tercera parte de sus aliados políticos en el Congreso están presos por nexos con paramilitares y narcotraficantes; el alto mando militar está sindicado -con pruebas- de cometer miles de crímenes de guerra; los servicios secretos colombianos -controlados desde el despacho del Presidente- recopilan información de los opositores con métodos ilegales y la entregan a las bandas de sicarios; los dos jóvenes hijos del presidente Uribe convertidos en menos de un año en multimillonarios por dos pelotazos urbanísticos que patentizan la corrupción desatada y mientras tanto el mundo mira para otro lado. ¿Por qué?

Estamos seguros de que el gobierno de Obama conoce las tropelías de Uribe, pero las tolera a cambio de que le permita instalar de inmediato siete bases militares del ejército de Estados Unidos en territorio de Colombia, amenazando la paz, las democracias y la estabilidad militar de una Suramérica cansada de neocolonialismo.

Pero ¿Y Europa y España? ¿Por qué guardan silencio frente a tantos crímenes? No queremos pensar que es por intereses económicos, sin embargo no encontramos otra explicación a tanto afecto, tanta colaboración política, policial y militar de España con la satrapía colombiana.

La solidaridad recibida del ayuntamiento de Gijón, de la Agencia Asturiana de Cooperación y de las organizaciones sociales asturianas, nos conmueve y la agradecemos de manera pública, pero el colaboracionismo español con un gobierno que en breve será llevado ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad nos preocupa, nos deja un sabor amargo y muchas preguntas y sombras inquietantes que flotan sobre nuestro futuro en este verano que se acaba.

Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”:

Bibian, Manuel, Nelcy, Rigoberto, Ramiro, Maria Pastora, Emiro, Luz Mery, Osvaldo, Javier O.

21/08/2009 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario