America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Argentina – Cinco meses sin una ley opositora


Más división que acuerdo

Publicado el 7 de Agosto de 2010

Por Alberto Dearriba Periodista.
En tren de sospechar libremente, uno puede suponer que, si a los que votan contra las corporaciones los estimula el gobierno, los que lo hacen a favor son beneficiados por los intereses más concentrados.

Tras cinco meses de sesiones ordinarias en el Congreso sin que el Grupo A consiga sancionar ley alguna, espadas de la oposición descubrieron con ayuda de los medios más concentrados que los integrantes de la Cámara Alta están en situación de remate y se venden al mejor postor. La primera piedra fue lanzada por el ex oficialista Felipe Solá, quien aseguró que el gobierno sale de shopping para torcer voluntades. Su humorada –que empaña al cuerpo en su conjunto sin precisar un caso concreto– es tan ofensiva como la que podrían haber proferido los legisladores oficialistas cuando el propio Solá votó contra la resolución 125 en la Cámara Baja, pese a integrar entonces la bancada oficialista.
En tren de sospechar libremente, uno puede suponer que si a los que votan contra las corporaciones los estimula el gobierno, los que lo hacen a favor son beneficiados por los intereses más concentrados. Salvo que exista un doble estándar para juzgar la moral de los legisladores: cuando votan a favor de proyectos oficialistas son corruptos y cuando lo hacen en contra, son paladines de la democracia.
Más de una docena de diputados que llegaron a sus bancas en las boletas del Frente para la Victoria votan sistemáticamente contra el gobierno en la Cámara Baja, sin que los medios echen sospechas sobre ellos. Un puñado de senadores arribados de la misma forma a la Cámara Alta apoyan los proyectos opositores. El vicepresidente de la Nación gozó durante más de un año de la categoría de principal opositor luego de aquella madrugada célebre que lo convirtió en un héroe republicano al votar contra el gobierno que todavía integra formalmente.
Pero ni Solá, ni Cobos, ni sus pares que se pasaron a la oposición son corruptos por haber votado en favor de los sojeros, sino que decidieron priorizaron sus vínculos con los intereses agroexportadores antes que continuar junto al gobierno.
No se trata aquí de ocultar ningún posible chanchullo en una casa que quedó manchada a partir de la sanción de la “Ley Banelco”, en la que la justicia detectó sobornos a los legisladores para que aprobaran una ley que flexibilizaba normas laborales, con lo cual se favorecía a las empresas. Pero no parece justo que la santafesina Roxana Latorre se convierta en la peor del colegio cuando decide no votar el proyecto opositor que impulsa el 82% móvil para las jubilaciones, porque considera que se tata de una movida demagógica. ¿A cuento de qué el senador Emilio Rached viene a contar ahora que el gobierno lo apretó cuando se votó la 125? Es poco creíble que el Senado sea una cloaca cuando la oposición no puede imponer su voluntad, y un faro institucional cuando sepulta un proyecto oficialista.
Sería más propio pensar que si bien el kirchnerismo perdió las elecciones de junio del año pasado al ver reducido su número de legisladores, las cuentas tampoco son tan favorables al conglomerado opositor, en el cual además andan a los codazos por las candidaturas presidenciales.
El heterogéneo Grupo A puede mantenerse unido cuando apunta con un proyecto a limar el poder del kirchnerismo, pero no logra coincidencias cuando debe decidir quién paga el pato de los proyectos que imagina. Están todos de acuerdo con aumentar las jubilaciones, pero sólo los diputados de centroizquierda proponen que la medida sea financiada con un aumento en los aportes patronales, que reponga el nivel que tenían antes que Domingo Cavallo los podara. Distribuir recursos es siempre popular. Cristina Fernández lo graficó al señalar que no sólo estaba de acuerdo con el 82%, sino con el 100%. Pero establecer cargas para solventar el beneficio pone de mal humor a quienes deben pagarlas. Impulsemos entonces lo que junta votos y no lo que provoca mal humor, parecen haber acordado los legisladores del centro a la derecha
Las contradicciones internas del Grupo A también aparecen claramente en el intento por rebajar las retenciones a las exportaciones de soja. La conductora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apoya férreamente la postura de la Sociedad Rural que propone mantener sólo las de la soja en un 25%. Carrió describió una parábola que la llevó desde posiciones de centroizquierda en sus comienzos, a defender a capa y espada una renta extraordinaria. Está claro el giro a la derecha de sus propuestas políticas. Pero nadie tiene derecho a echar la honra de la chaqueña a los perros por este cambio. Se trata de una opción acorde con sus reales convicciones, que evidentemente no eran aquellas de sus comienzos. Los socialistas en cambio parecen más consecuentes en este aspecto con sus planteos históricos, ya que coinciden con la Federación Agraria en segmentar las retenciones. Y también los radicales son congruentes con sus vaivenes históricos, ya que no consiguen unificar una postura en el bloque que cuenta con la mayor cantidad de agrodiputados de entidades distintas.
Peronistas de derecha, macristas, radicales y lilitos, son capaces de rendirse juntos como lo hicieron la semana pasada ante la corporación sojera en la Sociedad Rural, o esta semana en la comida con el titular del grupo mediático más concentrado. Pero no se ponen de acuerdo para sancionar una ley. Pueden encontrar una brecha ahora con el proyecto para modificar al Indec, que tal vez sea el primero que atraviese los gruesos muros del Congreso. Les resulta más fácil unirse cuando se trata de limar al gobierno, pero estallan cuando deben apostar a intereses económicos en pugna.
Ante estas dificultades, lanzaron una campaña de sospechas generalizadas sobre la Cámara Alta que los medios que expresan el poder amplificaron. Intentan encubrir la incapacidad política de la oposición, o la aritmética parlamentaria desfavorable, para señalar, en cambio, al dinero corruptor del gobierno como freno de sus aspiraciones. Desesperados por la imposibilidad de derrotar al oficialismo y así cumplir con el sector de la sociedad que siente un odio visceral hacia el kirchnerismo, escupen peligrosamente hacia arriba. Utilizan la estrategia de los directores técnicos de fútbol, que antes de los partidos siembran sospechas sobre la honra de los árbitros con el fin de condicionar sus fallos. Se suman a peligrosas posturas antipolíticas, que apuntan a explicar todo por la vía fácil del soborno, sin tener en cuenta la ideología, el alineamiento partidario y los intereses concretos de los jugadores. Carlos Reutemann no votó contra la 125 porque lo sobornaron, sino porque es un conservador convencido, con intereses personales que se ven perjudicados por las retenciones. Cobos vio la posibilidad de dejar de ser el tipo que tocaba sólo la campanita y se tiró políticamente a la pileta. A Solá no le pagó Monsanto, sino que responde al sector con el cual tejió buena parte de su carrera política durante el menemismo. Culpar de todo a la billetera gubernamental –confundiendo el juego habitual de la política con la coima que engrosa fortunas personales– no hace más que esconder las propias limitaciones y debilitar al sistema democrático en su conjunto.
Los legisladores opositores invirtieron cinco meses intentando denunciar sin éxito supuestas violaciones constitucionales, sin resultados concretos ni mejoras en las encuestas. Dijeron que usar reservas para pagar deuda desataría sobre la economía las siete plagas de Egipto. Pero se pagó prácticamente todo el Fondo de Desendeudamiento completo y la economía sigue creciendo.
A partir de septiembre –mientras continúan ingresando los dólares de la cosecha récord– se volcarán al consumo más de 1400 millones de pesos por mes, por efecto de los aumentos en las jubilaciones y en las asignaciones por hijo (universal, familiar y discapacitado). No es que los jubilados vayan a bailar en una pata por el incremento de casi el 17% que tendrán sus escasos haberes desde septiembre; ni que los padres de los chicos vayan a tirar manteca al techo por el nuevo nivel de las asignaciones. Tampoco cambiará substancialmente la vida de quienes perciben el salario mínimo que era de 1500 pesos y no podrá ser menor a 1740 desde este mes y de 1840 pesos desde enero. Pero queda en claro que fue el kirchnerismo el que sacó los haberes previsionales del congelamiento, puso a funcionar el Consejo del Salario Mínimo y convocó a las negociaciones colectivas que establecieron aumentos promedio del 25%. Frente a estas módicas mejoras, están las increíbles propuestas de alcanzar mañana mismo el anhelado objetivo del 82% móvil, sin contrapartida fiscal alguna. Lo plantean quienes congelaron, privatizaron y recortaron los haberes. Los que creyeron que la crisis se salvaba con más ajuste, en vez de apostar a un mercado interno más generoso. Los que creen que la inversión social es una dádiva propia del detestable populismo.    <

Tiempo Argentino

07/08/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina – El ataque al modelo


Realmente da verguenza esta oposición golpista… políticos de pacotilla, ineptos que nunca supieron hacer nada por el país y lo llevaron a una crisis brutal, pobreza extrema, desocupación, fábricas fantasmas, ollas populares y ahora para colmo se erigen en empleados  de esa elite que siempre recurrieron a los GOLPES DE ESTADO, para seguir robando al pueblo..como en la epoca de la PATAGONIA REBELDE., son los mismos que junto con la cúpula de la Iglesia hablan de la pobreza..pero es la pobreza que ellos mismos generaron luego de 50 años de gobiernos entreguistas y antipatrias…y disminuída hoy por el gobierno actual..NO SE PUEDE EN 7 AÑOS RECUPERAR TODO LO DESTRUIDO DURANTE TRES GENERACIONES… ESPERO QUE EL PUEBLO SEPA RECONOCERLOS Y NUNCA MAS LOS LLEVEN A GOBERNAR…

Marianike


Por Sebastián Premici

La oposición quiere eliminar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y, con ellas, las retenciones agropecuarias, entre otras normas. Piensa aplicar una interpretación extrema de la ley en el debate parlamentario. Hay muchos millones de dólares en juego

La foto era por demás elocuente. En una gran mesa dispuesta a lo largo del escenario, los referentes de la oposición nucleados en el famoso Grupo A se alistaron para ofrecer al público y a las cámaras su argumentación en contra de las retenciones y las tan mentadas facultades delegas. Allí estaban Federico Pinedo (PRO), al lado de Elisa Carrió (CC), Felipe Solá (Peronismo Federal), la correntina Josefina Meabe (Partido Liberal-Alianza Frente de Todos) y Ricardo Buryaile (UCR), hombre de Confederaciones Rurales en el Congreso. El objetivo de tal reunión era rendir examen ante la Sociedad Rural y los productores ahí concentrados. El mensaje fue casi apocalíptico: a partir del 24 de agosto caerían todas las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para dictar normas sobre el Código Aduanero, los impuestos internos, la ampliación del presupuesto, la financiación de obras, la ley de abastecimiento y la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos, sumado a los plexos normativos que regulan tales servicios. El sustento teórico de esta postura de máxima fue pergeñado por el abogado y constitucionalista Daniel Sabsay, referente en temas jurídicos de la CC. Como dato sobresaliente, la argumentación fue hilvanada por el periodista de La Nación Joaquín Morales Solá, sentado en la mesa como un opositor más. Además de incitar a la eliminación de las retenciones, el periodista se hizo eco de un conjunto de denuncias -sin pruebas- sobre corrupción en el Senado, como parte de una clara operación política mediática
El próximo 24 de agosto caducarán las facultades delegadas de aproximadamente 1.900 leyes. De ese total, el Poder Ejecutivo considera relevantes para su gestión diaria 365, mientras que la oposición sólo aceptaría, como mucho, treinta normas, a las cuáles pretende hacer modificaciones. Las leyes que están bajo estudio son de dos tipos: las delegadas en el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, ejercidas por la Presidenta y por el jefe de Gabinete, y otras, que son subdelegadas. Éstas son aplicadas por diferentes organismos públicos, como la AFIP, la Oncca, el Ministerio de Economía, etcétera. La distinción no es menor, ya que es parte del complejo entramado jurídico y político que enfrentará, a partir de la próxima semana, al oficialismo con el Grupo A. Por un lado, está la gestión diaria del Estado y, por el otro, la pulseada política en torno a las retenciones.
Fue una semana de posturas extremas, como las que se vivieron durante los momentos más álgidos del conflicto con los sectores agropecuarios. Sabsay no tuvo reparos al decir que si los legisladores no retoman el control de las facultades delegadas, estarían incumpliendo el artículo 29 de la Constitución Nacional, es decir, que les cabría una pena por “traidores a la patria”. Obviamente, una postura extrema que no les movió un pelo a los legisladores presentes. “Si la correcta interpretación constitucional significa que se quedan sin normas, el problema no es nuestro, la responsabilidad la tiene el Gobierno”, vaticinó el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Las palabras del senador describieron el actual estado de situación del Congreso. La oposición necesita torcerle el brazo al oficialismo, sea como fuere. A más de un año de haber ganado las elecciones, todavía no consiguieron capitalizar aquellos resultados. Un dato a tener en cuenta es que, ante cada iniciativa opositora, sus referentes advierten sobre la posibilidad de un veto presidencial, a modo de reprimenda. Hasta el momento, no hubo un sólo veto.

EL PRECIADO BOTÍN
El principal botín de la oposición es la eliminación de las retenciones. Si bien es lógico realizar un análisis de las 1.900 leyes que delegan facultades -la mayoría tiene su objeto cumplido o ha caducado-, la oposición tomó nota de este tema recién en 2008. “Lamentablemente, algunos descubrieron la presunta anomalía constitucional recién cuando se dictaron las Resoluciones 125/08 y 141/08 del Ministerio de Economía. Resulta inadmisible cuestionar la constitucionalidad de una ley –como el Código Aduanero- que tiene vigencia de décadas”, señaló el constitucionalista  Bernardo Licht, en su informe técnico a la Comisión Bicameral encargada de estudiar las facultades delegadas.
“Tenemos que dejar en claro que el manejo del Código Aduanero es una facultad del Ejecutivo. El Congreso no puede constituirse en una Aduana paralela ni estar abocada a todas las normas de esa ley. Hay que llegar a un acuerdo sobre este tema”, dijo a Debate una alta fuente del Frente para la Victoria.
El Ejecutivo prevé recaudar por Derechos de Exportación, entre todos los productos que se venden al exterior, once mil millones de dólares, según el Presupuesto 2010. De ese total, el trigo representa doscientos millones, el girasol trescientos millones, y la soja dos mil millones de dólares. La oposición pretende eliminar las retenciones de los dos primeros cultivos y reducir las alícuotas para la oleaginosa. La incongruencia de esta iniciativa reside en el hecho de que la oposición propone la reducción de la “caja” del Tesoro Nacional mientras que, al mismo tiempo, avanza sobre proyectos que pretenden aumentar una mayor erogación fiscal, como el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas, una iniciativa que demandaría, por lo menos, 22 mil millones de pesos (5.600 millones de dólares).
“Si se bajaran diez puntos a la soja, el Estado dejaría de percibir 2.200 millones de dólares y 1.500 millones irían a parar a sólo dos mil grandes productores, fomentando la concentración. Por eso, nuestra propuesta deja las retenciones para los grandes en niveles similares e introduce la segmentación. De ese modo, se favorecería al noventa por ciento de los productores y el Estado seguiría recaudando el ochenta por ciento de lo que le ingresa ahora”, explicó Pablo Orsolini, diputado de la UCR y representante de la Federación Agraria. Obviamente, Orsolini como Ulises Forte, el otro representante de la Federación Agraria en el Congreso, no estuvieron invitados a la gran mesa de debate en la Sociedad Rural ni a la reunión posterior que se hizo en el despacho de Oscar Aguad (UCR).
La oposición también quiere -o quiso- avanzar sobre otros proyectos con repercusión fiscal. La coparticipación del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (diez mil millones de pesos); la distribución de los ATN, que piensan utilizarse para refinanciar las deudas provinciales con el Estado nacional (9.600 millones); recuperar para las provincias el quince por ciento de la coparticipación que se destina a la Anses (14.400 millones); limitar la posibilidad de reasignar partidas y del excedente presupuestario estimado en unos cuarenta mil millones de pesos para este año. Como dijo Rodríguez Saá, “no es responsabilidad de la oposición hacerse cargo de las consecuencias”.

EL DEBATE EXTREMO
No sólo Sabsay es el artífice intelectual al decir que a partir del 24 de agosto, de no existir un proyecto que dijere lo contrario, caerían todas las leyes que delegan facultades. La oposición, en su conjunto, firmó un dictamen en la Comisión Bicameral con el siguiente texto: “A partir de esa fecha, carecerán de toda vigencia las normas preexistentes a la reforma constitucional de 1994 que conceden facultades legislativas, así como también aquellas normas dictadas sobre la base de tales autorizaciones y que no se refieran a materias determinadas de administración o emergencia pública”. De seguir la lógica opositora, no sólo caerían las leyes que delegan facultades sino también las normas -leyes, decretos, resoluciones, decisiones administrativas- dictadas sobre la  base de dichas delegaciones.
Aquí es donde entran a jugar las dos bibliotecas de los abogados. “Lo que puede caer es la facultad para delegar y nunca lo ya actuado. Tenemos la convicción de que es así. De todas maneras, la intérprete final será la Justicia”, retrucó Luis Cigogna (FpV). Incluso, el diputado Buryaile señaló que, por más que cayeran las facultades delegadas, “el Estado seguirá recaudando”. Por ese motivo, quieren impulsar al mismo tiempo un proyecto de ley para eliminar las retenciones. Sin embargo, el núcleo más duro de la oposición, liderado por Carrió, intentará hacer valer la segunda interpretación, que cae todo.
Un escenario posible, que ya es analizado por el oficialismo, es que la oposición decida someter a votación, en el pleno del recinto, la manera “correcta” de interpretar el vencimiento de las facultades delegadas. “Sería un disparate que hicieran eso. Deberemos tener bien fundamentada nuestra posición, ya que no podemos confiar en el número ni en la racionalidad de la oposición”, reconoció a esta revista una alta fuente de la conducción del bloque K.
La estrategia de la oposición es forzar la interpretación extrema de que, a partir del 24 de agosto, caerán todas las leyes con facultades delegadas y las normas dictadas en función de estas delegaciones. Si embargo, lo único que le interesa discutir son las retenciones. Por más que fuera correcto estudiar y analizar las leyes en cuestión para determinar que se adecuen a las delegaciones permitidas por la Constitución Nacional -como hizo la Bicameral-, los riesgos son importantes. Están en juego leyes tributarias, mineras, de la administración nacional, servicios públicos, de trabajo, de salud, educación, seguridad social y seguridad, entre otras. Si la oposición lograra avanzar con su apuesta de máxima, ¿por qué sólo sería responsabilidad del Gobierno que el Estado se quede sin normas, tal como sostuvo Rodríguez Saá?

DEBATE

31/07/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina – Anomalías institucionales: La tergiversación de las formas de gobierno


Por:

Eric Calcagno, senador de la Nación, y Alfredo Eric Calcagno, Dr. en Ciencias Políticas.

politica@miradasalsur.com

No debe confundirse la tarea de control que tiene toda oposición parlamentaria con la pretensión de aplicar su propia agenda política. (TELAM)

Las iniciativas de la oposición buscan acotar las facultades presidenciales e imponer un virtual sistema parlamentario que le permita imponer su propio programa político y económico.

La forma de gobierno que rige en un país consiste en el modo que el ordenamiento jurídico positivo distribuye el ejercicio del poder político y establece el procedimiento para la determinación de los sujetos que ejercen ese poder (Arturo E. Sampay, Teoría del Estado). Es decir, dispone quiénes adoptan las decisiones estatales y cómo se instrumentan dentro del marco jurídico que se fija.
En la clasificación de Aristóteles se distinguen la democracia, la aristocracia y la monarquía, que pueden degenerar en formas impuras (la demagogia, la oligarquía y la tiranía).
Con el correr de los siglos se diseñaron y practicaron muchas otras formas referidas a diferentes aspectos del gobierno de los Estados. La más difundida es la que consagra la división de poderes. Su teórico reconocido es Montesquieu, quien en su Espíritu de las Leyes (1748) fundamentó la necesidad de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean rigurosamente separados.
Este sistema fue decantando a través del tiempo y se aplicó con variantes importantes en los países. Los que sirvieron de ejemplo a los demás fueron Inglaterra y Estados Unidos; las constituciones de los países latinoamericanos recogieron las formas estadounidenses.
La esencia de la división de poderes está entonces en cómo cada Poder (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) ejerce con autonomía sus funciones; y cómo interactúan con las fuerzas políticas, en especial los partidos políticos.

Gobierno y división de poderes. Las formas de gobierno señaladas y la división de poderes funcionan en una realidad política que distribuye el poder político de diferente modo según se practique un régimen presidencialista, o parlamentario, o se aplique el gobierno de los jueces .
En los regímenes presidencialistas el jefe de Estado es a la vez jefe de Gobierno. Al presidente se lo elige por el voto popular (lo cual le otorga legitimidad), desempeña a título individual el Poder Ejecutivo, es el jefe de la Administración, representa a la Nación en el plano internacional y participa en la elaboración de las leyes mediante las facultades de proponerlas y promulgarlas.
En los sistemas parlamentarios el equipo de gobierno surge del Parlamento. El presidente o el rey designa como jefe de gobierno a quien es capaz de armar una mayoría parlamentaria; con el mismo criterio debe abandonar sus funciones si queda en minoría. El Poder Ejecutivo y el Legislativo se basan en el mismo conjunto de legisladores. La índole del gobierno depende mucho del sistema de partidos y del régimen electoral. El jefe de gobierno tiene la atribución de disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones.
El Poder Judicial tiene como función mantener el ordenamiento jurídico y resolver controversias; también interpreta la Constitución, a través del control y respeto de la idea de derecho prevaleciente.
Lo descripto es la anatomía del sistema, lo cual es fundamental en el plano jurídico; pero en el ámbito político interesa más la fisiologíadinámica suelen aparecer gruesas anomalías que no se advierten en la estática . Veamos dos de ellas.
La primera es la interferencia parlamentaria en la gestión de gobierno en un régimen presidencialista. Esto ocurre cuando el Parlamento impide al Poder Ejecutivo que cumpla con el proyecto nacional para el que fue elegido. Una cosa es que el Poder Ejecutivo deba respetar el marco legal y someter al parlamento las nuevas leyes que sean necesarias para llevar adelante su política, a lo que el parlamento puede oponerse; otra muy distinta es que la oposición proponga leyes que si se sancionaran trabarían el cumplimiento del programa básico del gobierno o que, peor aún, provocarían el desfinanciamiento del sector público, lo cual generaría una crisis fiscal, económica y social.
No debe confundirse la tarea de control que tiene toda oposición parlamentaria, con la pretensión de aplicar su propio programa económico y político, en contra del proyecto del Poder Ejecutivo en un sistema presidencialista. Es insólito e inaceptable que, basado en una mayoría circunstancial en el Parlamento, impida el cumplimiento del programa del Poder Ejecutivo; o más aún, que pretenda imponer por la vía legislativa su propuesta de gobierno, si la tuviera.
Frente a esta transgresión legislativa, la Constitución otorga al Poder Ejecutivo el derecho al veto para que pueda salvaguardar su proyecto nacional. Sin embargo se ha demonizado al veto, con ignorancia de la Constitución, cuyo Art. 99, Inc. 3 dispone que el presidente de la Nación “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”.
No puede hablarse entonces de un veto presidencial como si se tratara de un conflicto violento con el Congreso. La cuestión es más simple. No es el que Poder Ejecutivo ataque una ley aprobada por el Congreso, sino que como lo establece la Constitución Nacional, participa en la tramitación de cada proyecto, que para convertirse en ley requiere de su aprobación tanto como de la sanción por cada Cámara; la excepción se produce si cada Cámara insiste con los dos tercios de sus votos.
En síntesis, el híbrido de sistema presidencial con injertos parlamentarios tiene forma y espíritu de monstruo. La solución real es la política: si los partidos de la oposición tienen un programa alternativo podrán aplicarlo si alguna vez ganan las elecciones presidenciales; mientras tanto, en un régimen presidencialista pueden controlar pero no compartir el gobierno: el Poder Ejecutivo es unipersonal. La otra posibilidad es que promuevan una reforma constitucional para implantar un sistema parlamentario.
El segundo quebranto constitucional es el gobierno de los jueces. En el desempeño de sus funciones, los jueces no son entes abstractos, más allá del bien y del mal. No es así. En general tienen como eje teórico el derecho civil, que custodia el derecho de propiedad. Sin embargo, en la situación actual, lo decisivo no es la convicción ideológica sino la funcionalidad circunstancial de un pequeño grupo de jueces –en el pensamiento, en la acción o en ambos– a un establishment que se propone impedir la acción del gobierno y preservar sus monopolios y privilegios.
Es una táctica de retardo de corto alcance, ejecutada mediante recursos de amparo, de inconstitucionalidad y de medidas precautorias. No tiene la envergadura del gobierno de los jueces denunciada el siglo pasado en Francia, porque carece de jerarquía, de continuidad y de proyecto. Aquí no tiene destino, porque en cada caso la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Es de desear que antes de extinguirse, esta judicialización cause el menor daño posible, que la justicia recupere su verdadero lugar y la política la plenitud de sus derechos. , que se refiere al funcionamiento real del sistema.

Pasiones egoístas. Para entender lo que ocurre es útil recordar que “el hombre es un ser en distensión permanente entre los requerimientos de sus pasiones egoístas y los imperativos de la conciencia que le señalan el bien que debe perseguir con su obrar social” (Arturo E. Sampay, Las inflaciones ).
Cuando esta contradicción se plantea a la escala de un país, las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Qué ocurriría si en la mayoría del arco opositor prevalecieran las pasiones egoístas, en vez de primar el sentimiento patriótico? Entonces tratarán de generar una crisis con la esperanza de que los catapulte al poder, y cuya responsabilidad intentarán descargar sobre el actual Gobierno. ¿Acaso van a sostener entonces que los sufrimientos de la población y el deterioro social y económico que sobrevendrían, sólo son daños colaterales transitorios no queridos, que se compensarán con exceso cuando los buenos (es decir, ellos) accedan al gobierno? ¿Se pretende reeditar una nueva versión de la vieja y desprestigiada consigna “cuanto peor, mejor”? Ojalá que la sensatez prevalezca por sobre las pasiones egoístas.

Miradas al sur

12/07/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina… oposición o golpismo a la hondureña?


El desafío de la oposición automática

Sorpresa. Diferencias ideológicas pero estrategia común en un Parlamento anti K.

04-03-2010 /  Representantes de la UCR, Pro, Coalición Cívica, Gen y peronismo disidente unidos contra el Gobierno. El arco anti K debutó con un triunfo parlamentario. El pacto con Carlos Menem y la estrategia oficialista para sortear el cerco.

Por Luz Laici

Puede parecerlo algunas veces más que otras, pero la política nunca es un juego de suma cero. Tampoco de lógicas binarias, con un ring que muestra al derrotado sin poder levantarse ante la cuenta regresiva y al triunfador cargado en hombros por sus seguidores más fieles. Justamente, la precisa imagen que intentó imponerse en los últimos días tras el discurso de Cristina Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias, la embestida de una oposición que, disfrazada de selección nacional, intenta mantenerse abroquelada a pesar de los quiebres internos y su virtual conquista de espacios de poder en el Parlamento.Sin embargo, en el medio de esa pelea entre oficialistas y antikirchneristas sin distinción de ideologías, hay cuarenta millones de argentinos que se levantan cada mañana, salen a trabajar, llevan a sus chicos a la escuela, lidian con ciudades inundadas y piensan cómo estirar la plata que tienen en el bolsillo para pagar la carne, los útiles y, con suerte, algún que otro regalito para la mascota del hogar.

Un espejo que no miente: la realidad, siempre, es mucho más compleja. Pase y vea.
El lunes 1 de marzo la Presidenta volvió a pisar el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias. Dijo Cristina: “Vengo a hablar del país real, que me toca administrar todos los días, donde se baten récords de consumo (… otro país, al que denomino virtual o mediático, en el que suceden cosas horribles, donde nada está bien, todo está mal”. La división tuvo sus ejemplos concretos:

– “La Argentina virtual hablaba de que no íbamos a recaudar en nuestra balanza de comercio exterior más de 6 mil millones de dólares. Recaudamos 17 mil millones”.

– “Nos hablaban de que nuevamente se iban a disparar los índices de desocupación, que íbamos a trasponer largamente los dos dígitos. Cerramos el año en el 8,4 por ciento”.

– “En cuanto a las reservas acumuladas, el año 2009 fue de crecimiento mucho menor, 0,9 (por ciento), pero tuvimos crecimiento positivo (…) pese a la crisis superamos este año los 48 mil millones de dólares. Queremos llegar de vuelta a los 50 mil millones, tope al que habíamos llegado en marzo de 2008, batiendo récords en toda la serie histórica”.

– “Los superávit gemelos, fiscal y comercial, que fueron bandera de esta gestión y condiciones y pilares macroeconómicos del sostenimiento, fueron para el período 2003-2008, 82.966 millones de dólares (a favor). Durante el período de la convertibilidad tuvimos balanza comercial negativa”.
No fue caprichoso el contraste presidencial. Detrás de la pólvora, el discurso K reveló una estrategia que tendrá a las mejoras económicas como pilar de supervivencia. Y dio las primeras puntadas, con hilo: CFK anunció la derogación del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 –que preveía la creación del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central– y dio a conocer la firma de otros dos, con igual origen monetario pero distintas características –uno conforma el Fondo de Desendeudamiento Argentino, para cancelar deuda con acreedores privados; y otro simple, que prevé pagos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo– que contaron con ejecución inmediata por parte de la entidad monetaria del país.

El revés del Gobierno pegó en el mentón opositor, que masculló bronca y puso en marcha una revancha automática. En la mañana del martes 2, representantes de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica presentaron nuevas medidas cautelares para impedir la ejecución de la decisión presidencial. Un guión judicial que mutó de forma para presentarse en el Parlamento. Con tensión recargada y epicentro en el despacho del radical Oscar Aguad, el arco anti K decidió convocar a la Comisión de Finanzas de la Cámara baja. Y, en boca del diputado Alfonso Prat Gay, anunció: “Citamos a declarar a la presidenta del Central, Mercedes Marcó del Pont, junto al directorio de la entidad y al ministro de Economía, Amado Boudou”. Del “nosotros” del ex golden boy no participaron, claro, los legisladores oficialistas que resistieron la embestida opositora con su propia medicina: “¿Acaso eso es buscar consensos?”, repitieron.

No encontraron respuesta. Pero sí una explicación lógica: sin provincias ni municipios que gestionar –y ante los cuales rendir cuentas–, los lilitos dispusieron enfrentar a los K con artillería pesada y caiga quien caiga. ¿Para tanto? Tanto y más. “Si la Argentina tolera estas actitudes (en referencia a las decisiones presidenciales) no habrá orden institucional”, advirtió Carrió el pasado miércoles 3 y convocó a la Organización de Estados Americanos –cuestionada en los últimos meses por ratificar las elecciones en Honduras, que convalidaron el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya– a intervenir en el curso institucional de la Argentina (ver nota aparte). Una imagen que generó escozor. Aunque no fue la única: el mismo miércoles, las pantallas mediáticas mostraron a Hilda “Chiche” Duhalde junto a los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, el socialista Rubén Giustiniani, la romerista Sonia Escudero, el cómico Nito Artaza y la lilita María Eugenia Estenssoro, entre otros, alrededor de la misma mesa. El objetivo: “salvar” a la Patria. El mecanismo para el debut: rechazar el pliego de Marcó del Pont, presentado por el Ejecutivo ante el Senado para que la ratifique como presidenta del Central. Y, de cara al futuro, discutir un proyecto de ley girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados –comandada por la disidente y esposa de Luis Barrionuevo, Graciela Camaño– que pretende limitar la facultad presidencial de emitir decretos.

Lejos de la vorágine opositora, el Gobierno optó por no desesperar. “Si se están peleando todos contra todos”, justificó un funcionario cercano al matrimonio K y continuó: “(Mauricio) Macri está enfrentado a (Felipe) Solá y (Francisco) De Narváez, Lilita defenestra a (Julio) Cobos y los radicales no saben para dónde disparar. Lo mejor es que se desgasten entre ellos y se enfrenten en sus propios pagos, donde tendrán que explicarle a su gente por qué estando en las antípodas ideológicas son aliados en el Congreso. Las contradicciones van a empezar a saltar”. Y no son pocas. Por caso, el arco anti K deberá explicar:

– Su acercamiento con Carlos Menem, fuertemente cuestionado por legisladores como Carrió y convertido en pieza clave para derrotar al oficialismo. El armado opositor trocó su fidelidad a cambio de garantizarle un asiento en comisiones de gestión como Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores.

– La conformación de un espacio compartido por el socialista Giustiniani –candidato a vicepresidente por la lista de Lilita, en 2007, y defensor acérrimo de la gestión de Binner en Santa Fe– y el ex corredor de Fórmula 1 y ex gobernador provincial Carlos Reutemann.

– La unión entre el líder del Frente Cívico, Luis Juez, y sus eternos enemigos provinciales: el radicalismo.

En definitiva, la correlación de fuerzas entre los representantes de la oposición –hoy un espacio plagado de histeria, especulación, ambición y apenas alguna buena intención– definirá la sensatez (o no) de sus referentes. Carrió no tendrá gestiones a cargo pero los radicales son responsables de gobernaciones como Catamarca o Río Negro, los peronistas disidentes de San Luis o Neuquén y los socialistas del destino de Santa Fe. “Y entonces hasta los gobernadores deberán revisar su accionar”, reflexiona Matías Kulfas, director del Banco Nación y presidente de la Asociación de Economistas para el Desarrollo de Argentina (AEDA). “Las provincias mantienen un doble discurso: le reclaman fondos a la Nación pero no implementan acciones para generar recursos. Santa Fe, por ejemplo, tiene suelo fértil pero un impuesto a la tierra con una valuación del 10 por ciento sobre su valor real. ¿Por qué los dirigentes no cambian esta situación? En las provincias se muestran como víctimas pero también son responsables de que los gobiernos tengan déficit.”

Con la mira puesta en sobrevivir el 2010 –para ganar las elecciones presidenciales del 2011–, el matrimonio Kirchner ordenó actuar con celeridad para sortear los obstáculos judiciales y parlamentarios –un ámbito en el que resistirá los avances contra la gestión, como sucedió semanas atrás, cuando los senadores oficialistas se retiraron del recinto y dejaron sin quórum la sesión– y trazó dos caminos de seducción. Uno tiene como destino a los empresarios, con los que Cristina Fernández compartió una cena en Olivos semanas atrás y considera aliados imprescindibles para garantizar el desarrollo sostenido. En tren de establecer una convivencia armónica, la relación ya forjó un toma y daca primario: el Gobierno aseguró que mantendrá un dólar competitivo y fijó un techo para las negociaciones salariales –mientras la mayoría de los gremios reclama recomposiciones en torno al 25 y, en algunos casos como los frigoríficos, del 30 por ciento, el Ministerio de Trabajo deslizó como preferencia incrementos que ronden el 19 por ciento–, pero dejó en claro que no cederá espacios de intervención estatal en la economía.

El otro, en cambio, tiene como bandera de llegada al interior del país: con promesas a los gobernadores, el oficialismo pretende traccionar el apoyo político partidario necesario para romper el cerco de la oposición en el Parlamento y sancionar leyes clave para la gestión de gobierno. “Todos respetan a quien le da de comer”, chicanea un aliado K, que suma otras cartas: la posibilidad de conquistar a representantes de centroizquierda en votaciones específicas o torcer la decisión de legisladores más proclives al coqueteo entre bandas, como el caso de la santafesina Roxana Latorre, el pampeano Carlos Verna o el mismísimo Menem, que salvó al Gobierno de una derrota en el Senado –permitiendo que el cuerpo reeligiera al bonaerense K José Pampuro como presidente provisional– y luego benefició a la oposición que alcanzó la mayoría en las comisiones.
Señora y señor lector. La tira Valientes habrá terminado en TV pero no podrá decir que no tiene con qué entretenerse. Con Corte Suprema de lujo pero oposición automática, navegar el rumbo del país avizora como una historia de novela.

Veintitrés

09/03/2010 Posted by | Como Registrarse., Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario