America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Argentina – El Grupo A busca acorralar al Gobierno


LA OPOSICION LE DIO MEDIA SANCION AL PROYECTO PARA LIMITAR LA FACULTAD DE REASIGNAR PARTIDAS

Los radicales, el PJ disidente y Proyecto Sur, entre otros, consiguieron la media sanción para limitar la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas presupuestarias. El resultado final fue 136 a 90.

Por Sebastián Premici

El conglomerado opositor logró una media victoria sobre el oficialismo. El famoso Grupo A –UCR, PJ disidente, Coalición Cívica, PRO, Proyecto Sur, PS, entre otros– consiguió la media sanción para limitar la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas presupuestarias, los famosos superpoderes. El resultado fue 136 votos para la oposición contra 90 del oficialismo, que recibió el apoyo de Nuevo Encuentro, el partido liderado por Martín Sabbatella. La iniciativa que ahora deberá volver a la Cámara alta propone que toda readecuación presupuestaria pase por el Congreso. Además, todos los excedentes, ya sea por recaudación fiscal o superávit de cualquier organismo del Estado, como la Anses, el BCRA o el Banco Nación, deberán ser fijados por el Parlamento. Para el oficialismo, esto es una forma de entorpecer la gestión de gobierno.

“La movilidad de recursos hace a la gestión diaria de un gobierno. Si cada vez que tengamos que mover una partida deberemos consultar al Congreso, podremos quedar presos de un Parlamento opositor. De esto saben los legisladores que alguna vez ocuparon un cargo ejecutivo en sus provincias. El límite del 5 por ciento que proponíamos en nuestra iniciativa era una medida prudente”, afirmó Agustín Rossi durante el debate.

El año pasado, el FpV logró la media sanción en el Senado de un proyecto para limitar el uso de los superpoderes al cinco por ciento del total de recursos del Presupuesto. Fue una iniciativa presentada en medio de las negociaciones por la prórroga de las facultades delegadas –que este año deberán ser debatidas antes del próximo 24 de agosto–. Si bien el oficialismo había conseguido la media sanción –por 38 votos a favor contra 24–, todo quedó frenado en Diputados, ya que la oposición no tuvo intenciones de tratar ese proyecto.

Ayer el Grupo A pudo zanjar, momentáneamente, sus diferencias y aprobar su iniciativa. Antes de comenzar la sesión, el “lilito” Adrián Peréz negoció con Claudio Lozano algunos cambios en el dictamen de la oposición, para conseguir el voto de la centroizquierda, que había presentado un dictamen en minoría durante el debate en la Comisión de Presupuesto.

Las negociaciones duraron poco. El representante de la Coalición Cívica aceptó modificar su iniciativa e incluir además del control de los recursos excedentes por recaudación tributaria, todos los excedentes que surjan de los organismos del Estado. “Este año el Ejecutivo tendrá 40.000 millones más. Nosotros vamos a decir cómo deben utilizarse”, aseveró Pérez. De las negociaciones entre el lilito y Lozano también se eliminó un artículo relacionado con la ley de responsabilidad fiscal. “Si bien el Ejecutivo utilizó en los últimos seis años menos del 5 por ciento de readecuación presupuestaria, hubo 148.000 millones de excedentes que no tuvieron control. La expansión de los subsidios pasaron por esta vía”, argumentó Lozano, integrante de Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas.

No toda la llamada centroizquierda votó en bloque. El partido Nuevo Encuentro acompañó el proyecto que ya tenía media sanción.

“No se le puede impedir a un gobierno que fije a través de un DNU, que es una facultad constitucional, el destino de los fondos excedentes. En este sentido, sí coincidimos en controlar esos fondos a través de la ley que regula el uso de los DNU”, afirmó Sabbatella a Página/12. Por otro lado, Nuevo Encuentro propuso que no se modificaran las partidas “sociales”.

Uno de los discursos más duros fue el del radical Oscar Aguad. Según su visión, los llamados “superpoderes” son la explicación de “la falta de inversiones en el país”. “El Presupuesto es la hoja de ruta para los inversores privados. Cuando se lo falsea, se caen las reglas de juego. Esto se ve claramente en el sector energético, donde faltan inversiones, ya que el Estado decide subsidiar en vez de promover la llegada de capitales”, manifestó Aguad, casi como un adelanto de lo que será el debate de la ley de leyes.

En términos políticos, fue una derrota para el oficialismo. Ahora la pelota vuelve al Senado. “Los cambios se negociarán punto por punto. Ahora estamos en una situación de empate virtual y nadie tiene garantizada la mayoría, como ocurrió en otros proyectos”, afirmó a este diario una fuente del bloque oficialista en el Senado.

“La movilidad de partidas hace a la gestión diaria de un gobierno. El 5 por ciento de readecuación –que es el mismo límite que tiene la ciudad de Buenos Aires– es una medida prudente. Con esta herramienta, el año pasado el Gobierno pudo redistribuir 470 millones de pesos para aumentar las compensaciones a los tamberos y 2169 millones para incrementar prestaciones de la Anses. Esperemos no quedar presos de un Congreso opositor”, concluyó Rossi.

Página 12

24/06/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina: Ex-funcionarios menemistas, radicales y duhaldistas dispararon contra la política enérgetica


Duros en el presente, pero sin pasado

El documento acusa a la gestión actual de “falta de planificación” y por no atraer inversiones Los firmantes fueron funcionarios entre 1983 y 2003, pero no mencionan la responsabilidad del modelo privatizador de esos años.

Por Raúl Dellatorre

En un documento con pretensiones de ser un severo diagnóstico sobre la realidad del sector energético, fuertemente crítico del modelo actual pero sin el menor juicio o evaluación sobre el modelo privatizador anterior, ocho ex funcionarios en el área durante los últimos gobiernos jugaron sus fichas a abrir un debate sobre la política de largo plazo en la materia. El ministro de Planificación recogió el guante, descalificando el documento por “malicioso” y políticamente intencionado. El bloque duhaldista de diputados, con Felipe Solá y Jorge Sarghini como referentes, redobló la apuesta de los firmantes reclamando una audiencia pública para cuestionar la política actual. El modelo de “bancada rural”, activa militante legislativa en favor de la patronal agropecuaria, busca resucitar pero bajo la invocación de las petroleras.

El trabajo que lleva la firma de los radicales Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco y Roberto Echarte, los menemistas Julio César Aráoz y Alieto Guadagni, Emilio Apud de Recrear y el duhaldista Enrique Devoto, todos ex funcionarios del área entre 1983 y 2003, califica al sector energético de tener “un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto”, cuestionando la política actual imputándole “visión cortoplacista, no planificada a largo plazo”.

Sin hacerse cargo de las consecuencias de la gestión energética de los anteriores 20 años, el documento de los ex funcionarios advierte que las inversiones en el sector están retrasadas y que el funcionamiento del sistema es en la actualidad “técnicamente deficiente con perspectivas a agravarse”.

Agrega que “las reservas de petróleo y gas natural disminuyen y no se han descubierto nuevos yacimientos de tamaño significativo en los últimos quince años”. En la única alusión a los resultados de las políticas de gobiernos anteriores, el documento se queja de que “lamentablemente, la exploración de riesgo, el verdadero corazón de la actividad petrolera, muestra un notable retroceso en las últimas dos décadas, mostrándonos una performance decreciente que es muy urgente revertir”. Pero no llega en el análisis a señalar la responsabilidad de la política de desregulación del sector y desmantelamiento de la YPF estatal en estas consecuencias.

En otro párrafo del documento, leído por Lapeña, indica que “la producción gasífera doméstica está en decadencia desde 2004 y, con demanda interna en ascenso, se necesita recurrir a importaciones crecientes de gas natural para abastecer sus consumos futuros, sin que existan proyectos desarrollados para tal fin por falta de planificación energética”. Sugiere luego que “la Argentina se encamina hacia la pérdida del autoabastecimiento energético que exhibe desde hace casi dos décadas, hecho que de concretarse debilitará significativamente los saldos de la balanza comercial”.

Con respecto al sector eléctrico, señala “serias dificultades para ampliar la oferta en nueva generación: el sector privado no cuenta en la situación actual con las condiciones mínimas para invertir y el Estado, cuando lo hace, actúa en forma no planificada”. Vale recordar que, al menos, la gran mayoría de los ocho firmantes se desempeñan en la actividad privada como asesores de las principales empresas del sector, de cuyos intereses evidentemente no se cuidan de tomar distancia.

El documento fue presentado ayer en el Instituto Argentino de la Energía, un día después que la Facultad de Ingeniería (UBA) se negara a cederle un espacio en esa casa de estudios al considerar que la convocatoria tenía carácter político partidario. Lapeña consideró ayer que se trataba de “una interpretación errónea”, argumentando que “ninguno de nosotros es candidato a ningún cargo electivo”.

Julio De Vido, ministro de Planificación, opinó que quedaba claro que el informe “es un planteo tendenciosa y maliciosamente politizado, seguramente porque ellos, cuando estuvieron al frente de carteras en el área, tuvieron una gran suma de fracasos. Sus críticas de ninguna manera son pertinentes”. De Vido recordó aspectos de la gestión de cada uno de los firmantes, aludiendo a los “apagones en plena recesión” de la etapa que gestionó Lapeña, la corta actuación de Aráoz porque “Menem lo tuvo que sacar por haber rebajado las regalías a las provincias petroleras”; Guadagni, “tal vez uno de los peores, porque quitó a las provincias patagónicas el subsidio al consumo de gas”, y la pérdida con la que YPF fue trasladada del gobierno radical al menemismo en 1989.

Página 12

23/04/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , , , | Deja un comentario

ARGENTINA: Apuestas


LA RELACION CON LAS PATRONALES EN AÑO ELECTORAL

Hoy se cumplen los 30 días de la conciliación obligatoria en la siderúrgica italiana Siderar. Un acuerdo posible, con suspensiones rotativas y sin despidos. De otro modo, podría llegarse a la expropiación. Mientras el Gobierno atiende estos frentes, la oposición avanza hacia reagrupamientos electorales eficaces. En los dormitorios de La Reja pasan cosas más livianas que el negacionismo. Nelson Castro y la libertad de expresión.

Por Horacio Verbitsky

Las sucesivas advertencias del líder justicialista Néstor Kirchner y de la presidente CFK sobre la preservación del empleo constituyen una definición genérica dirigida al empresariado, en medio de la peor crisis global en un siglo y en el año de las decisivas elecciones de la mitad del mandato de cuatro, en las que se definirán las relaciones de fuerza para los 24 meses previos a la renovación presidencial de 2011. Cuando dijeron que no tolerarían un solo despido se dirigían en forma específica a las empresas líderes y, más en particular, a la transnacional italiana Techint, a raiz del default declarado por una de sus compañías, la Transportadora de Gas del Norte, y del anuncio de 2.400 despidos por otra, la siderúrgica Siderar. Mañana vencen los 30 días de conciliación obligatoria dispuestos por el ministerio de Trabajo y en el fin de semana seguían las negociaciones entre Techint, el gobierno nacional y los sindicatos afectados, las uniones de obreros de la construcción y metalúrgicos, ambas de la CGT. El Poder Ejecutivo está dispuesto a disciplinar a las empresas líderes y confía en que no será necesario llegar a rescindir la concesión en caso de TGN o a expropiar la planta de San Nicolás en el de Siderar, aunque está tomando las previsiones que le permitan responder de ese modo en caso de agudización de los conflictos. Ambas empresas tuvieron abultados beneficios en el último lustro, que hacen incomprensibles esas decisiones desde el punto de vista económico. En los dos casos, el grupo italiano presionó con el default y los despidos y/o suspensiones en procura de beneficios del Estado.

Nostalgia del socio bobo

En los últimos meses de 2008 TGN comunicó tres veces al gobierno nacional la posibilidad de no pagar a su vencimiento obligaciones negociables por 22 millones de dólares. En cada ocasión la respuesta fue que si elegían ese camino, que despertaría suspicacias en el país y en el mundo sobre la posibilidad de un nuevo default soberano de la Argentina, la respuesta sería la intervención de la empresa. Cada actor cumplió su parte anunciada. El interventor designado por el Enargas (en realidad un veedor, ya que el directorio y la gerencia siguen en funciones) comprobó mediante el análisis de los libros de la sociedad que según el balance 2008 existían recursos genuinos para hacer frente al compromiso y que el default se había declarado en forma irregular, ya que no consta en el libro de actas del directorio. A raíz de esto el Entre Regulador Enargas presentó una denuncia penal contra los responsables. Pese a ser el socio minoritario, Techint tiene a su cargo la operación de la transportadora. La mayoría del paquete accionario pertenece a la francesa Total y a un fondo de inversión del Bank of America. Ese fondo estadounidense, Blue Ridge, compró la parte de CMS Gas Transmission, que en realidad es un juicio en el CIADI, cuyo resultado la Argentina no reconoce. En las negociaciones posteriores a la intervención, Techint propuso que la Anses comprara la parte de Blu Riche, que es la versión fonética italiana del fondo especulativo. La respuesta fue negativa: no habrá dinero estatal para rescatar una cuarta parte del paquete de una empresa cuyos incumplimientos justifican la rescisión del contrato por el que se le concedió la prestación del servicio. La Comisión de Valores rechazó la declaración del default, pero la compañía no está pagando sus obligaciones. Si no lo hace al concluir los 120 días de la intervención, su contrato será rescindido.

Por lo más delgado

Siderar es la siderúrgica de Techint surgida de la privatización de Somisa, durante el gobierno de Carlos Menem. En su liquidación intervinieron los sucesivos ministros de Economía Erman González y Domingo Cavallo y los ejecutores María Julia Alsogaray y Jorge Triacca, quienes siguieron una hoja de ruta del Banco Mundial, que incluyó miles de despidos de trabajadores metalúrgicos. En los dos años previos a su venta a Techint, Somisa arrojó pérdidas en sus balances, que siempre habían sido superavitarios, entre otras cosas porque subsidiaba la chapa laminada en caliente que vendía a Propulsora, del grupo Techint. Esto le bajó el precio. Como estaba previsto, volvió a dar ganancias luego de su venta al holding de Milán (con sedes legales en Luxemburgo y las Antillas Holandesas). En 2008 sus beneficios llegaron a 1750 millones de pesos en los tres primeros trimestres del año, lo cual constituye un record en los 18 años posteriores a su enajenación. El saldo del año, que se conocerá dentro de un mes rondaría los 700 millones de dólares. En los nueve primeros meses de ese año, la producción superó las 200 mil toneladas mensuales de laminados, a partir de octubre cayó a 120 mil y se prevén 70 mil en febrero. La familia Rocca anunció que debido a las condiciones de mercado suspendería la construcción de un nuevo alto horno de fundición de palanquilla, en el que llevan invertidos 730 millones de dólares desde 2005. El anunciado plan de inversiones hasta 2011 era de otros 1.200 millones de dólares, de los cuales apenas 70 en este año. Techint argumenta que invirtió gran parte de sus utilidades en el nuevo horno, lo cual es verosímil si se observa que en 2008 sólo distribuyó dividendos por 157 millones de pesos. En su anuncio a la Bolsa de Comercio dijo que continuaría la ampliación cuando se recuperara la demanda, local e internacional, y que había ordenado a los subcontratistas que suprimiera los puestos de trabajo correspondientes a ese proyecto. Techint utilizó esta situación para presionar al gobierno: si intercedía ante el presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, y éste indemnizaba la expropiada participación del grupo italiano en Siderúrgica del Orinoco (Sidor), invertiría ese dinero en Siderar. El gobierno respondió que no pensaba inmiscuirse en una cuestión que no le concierne, por cuestiones que ocurren fuera del territorio nacional. En cambio anunció que aceptaría la reprogramación de la obra a más largo plazo pero no que quedara paralizada y dispuso estudiar las condiciones jurídicas para una eventual expropiación. Las voces oficiales aclaran que preferirían no llegar a ese extremo pero que es imprescindible estar preparado por si la empresa incurre en alguna provocación, sobre todo si esto ocurriera en sintonía con una nueva escalada de la agresión agromediática, anunciada para este mes, de acuerdo con el objetivo expuesto por Buzzi de desgastar al gobierno. El propio Buzzi, Mario Llambías y Luciano Miguens contemplan incluso la presentación de candidaturas legislativas por distintos partidos pero con una idea compartida, de apurar el fin del proyecto iniciado en 2003. La revista Imagen informó que cada entidad ya tiene su agencia de comunicación preparada para el próximo round: Felipe Noguera (Sociedad Rural), Silvia Mercado (CRA) y Diego Serrano & Asociados (FAA). Paolo Rocca y el CEO de Clarín, Héctor Magneto, son los hombres fuertes de la Asociación Empresaria, AEA. Los Rocca fueron reduciendo sus aspiraciones: de 2400 despidos bajaron a 1000, más adelante los plantearon como suspensiones y en los últimos días se ha estado discutiendo si esas suspensiones serían de dos semanas por mes, con la correspondiente reducción salarial, o de una, que es lo máximo que estarían dispuestos a aceptar la UOM y sobre todo la Uocra, que sería la principal afectada. La fórmula con mayor probabilidades reprogramaría la obra, de modo que el horno terminara de construirse en noviembre, sin despidos y con una rotación de suspensiones. Cada turno trabajaría dos semanas y cobraría tres, más las asignaciones familiares y los aportes por obra social, para que nadie pierda su cobertura médica. Durante el proceso de privatización, el secretario de la UOM de San Nicolás, Naldo Brunelli, resistió al apagado del alto horno y participó en marchas de trabajadores sobre Buenos Aires. También compitió con Luis Barrionuevo, y le ganó, con una empresa de San Nicolás, creada ad hoc, por la provisión del refrigerio que por estatuto se debe servir a todos los trabajadores y que por entonces implicaba 12.000 sandwiches y 12.000 coca-colas por día, medio millón de dólares al año. Ahora, Brunelli hizo saber que apoyaría la hipotética renacionalización.

Momento de decisión

En su simplicidad, Maurizio Macri describió de modo conciso el razonamiento y/o plan de la oposición: el oficialismo puede retener la primera minoría en las elecciones de este año, pero quedará debilitado con vistas a 2011, cuando cualquiera que lo represente concitaría en la segunda vuelta un 70 por ciento de los votos en contra. Es decir, aquella situación que indujo a Menem a no presentarse al ballottage de 2003. Con vistas a ese momento han comenzado los acercamientos y aproximaciones entre distintas fuerzas y postulantes. Por un lado, la diáspora justicialista junto con Macri, por otro los remanentes del naufragio radical con una fracción del socialismo. E incluso la posibilidad de un puente entre ambos hemisferios de la apopléjica constelación partidaria opositora. Los grandes efectores de esta recomposición son el ex senador Eduardo Duhalde y la ex diputada Elisa Carrió. La principal diferencia es que Duhalde ya sabe que no tiene ninguna posibilidad de obtener una victoria electoral y sólo lo impulsa el deseo de venganza, que explica el tono virulento de sus exabruptos contra Kirchner, a quien llamó burro y loco. Hace coro con él Luis Barrionuevo, quien se refirió al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con la misma metáfora siniestra del ex obispo castrense Antonio Baseotto: “se lo llevan en el avión a España. Si lo pueden tirar de arriba lo van a tirar, porque no lo quieren”. Ambos se han puesto a tono con los dicterios de la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, quien nunca economiza adjetivos cuando habla de la pareja presidencial,y con la exasperación de la dirigencia agropecuaria. Del socialismo al PRO hay un continuo en general plácido, con algunos chirridos entre ciertas partes adyacentes. El radical a secas Gerardo Morales comparte carpa con Elisa Carrió y ha firmado las paces con Julio Cobos, lo cual aun no significa que Consenso Federal vaya a coincidir con la CCL. Macri y su primo inteligente coinciden con el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y con el aspirante a ese cargo Francisco de Narváez, pero entre ellos no hay afinidades. Desde el centro del dispositivo, Carrió ofrece abrir la puerta para el ingreso de Carlos Reutemann, quien no cree necesitar tanta ayuda para llegar segundo a la meta.

Condiciones

El gobierno entiende tan bien como la oposición cuánto se juega en los comicios legislativos de este año. El kirchnerismo debe renovar las bancas obtenidas en su mejor elección, la de 2005, cuando CFK triplicó los votos justicialistas de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Esto implica tanto cantidad como calidad: en aquel año pudo colocar en las listas de distintas provincias a candidatos muy identificados con su política, como el propio Rossi o la diputada cordobesa Patricia Vaca Narvaja. Por mejor que le fuera este año, es improbable que los bloques legislativos conserven su número y que los reemplazantes tengan el mismo grado de proximidad y adhesión. Esta debilidad relativa permite, además, que los liderazgos provinciales impongan al poder central condiciones antes inimaginables. En ese nuevo contexto, una de las variables de ajuste es la política de derechos humanos, que nunca entusiasmó al aparato partidario. El resultado de octubre se definirá en la provincia de Buenos Aires, con casi el 40 por ciento del padrón nacional, y en Mendoza, donde Cobos intentará canjear por votos su popularidad obtenida con un gesto bizarro en una madrugada de invierno porteño. Conscientes de ello, los gobernadores Daniel Scioli y Celso Jaque llevan adelante políticas represivas contradictorias con las obligaciones internacionales del Estado Nacional, sin temor a represalias o presiones del poder central. Con el argumento de la inseguridad Scioli enterró la trabajosa reforma emprendida por el ex ministro Carlos Arslanian y devolvió todo su poder a la policía bonaerense, con las consecuencias conocidas: la pata policial en el secuestro de Bergara y la confraternización de su personal con los traficantes de cocaína descubiertos en San Miguel con el mayor cargamento de cocaína secuestrado. La reforma procesal aprobada a pura presión desobedece las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia sobre el uso de la prisión preventiva y el propio gobernador se permitió disentir en público con la presidente acerca de la despenalización del consumo de sustancias psicotrópicas. Jaque también reformó los códigos para dificultar las excarcelaciones, en conflicto no sólo con la Corte Suprema sino también con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y hasta creó un cuerpo policial secreto, sin uniformes ni identificación en los vehículos. La contradicción entre las audaces medidas económicas con que el gobierno de CFK se para frente a la crisis y las alianzas políticas en las que se sustenta dentro del PJ es cada día más evidente y permite sospechar que, en algún momento, uno de los dos términos excluirá al otro.

Página 12

09/02/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , , , | Deja un comentario