America Latina Unida

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Papel Prensa: Rafecas calificó de “verosímil” la prueba contra Magnetto y Mitre


Opinó que el caso papel prensa debe tramitarse como delito de lesa humanidad, dentro del “circuito camps”

Publicado el 5 de Agosto de 2011

 

Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso

En un dictamen de 66 páginas, el juez declaró nuevamente “inescindible” el despojo a los Graiver en beneficio de Clarín y La Nación de las violaciones a los Derechos Humanos. Otra vez, cedió la competencia a la Justicia Federal de la Plata.

En una resolución de 66 páginas, el juez federal Daniel Rafecas calificó de “importante” y “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario de Papel Prensa, en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, volvió a declarar “inescindible” la operatoria empresaria con aval de la dictadura de las violaciones a los Derechos Humanos que se investigan en el juzgado federal platense de Arnaldo Corazza, en el expediente conocido como “Circuito Camps”, a quien nuevamente le cedió la competencia.
Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre fueron imputados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver, quienes bajo presión y torturas fueron despojados de las acciones de Papel Prensa en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa, por orden de Videla y Martínez de Hoz.
Tal como publicó Tiempo Argentino hace un año, en la página 38 de su dictamen el juez recordó que el interrogador de los Graiver designado por la dictadura, Oscar Bartolomé Gallino, se reunió con Mitre, Patricio Peralta Ramos y Magnetto. Escribió Rafecas: “Llamativamente Gallino habría recibido ‘a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo Fundador de Papel Prensa  S.A.”
Gallino era un subordinado del comandante del 1º Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. El objetivo: los bienes de los Graiver y su relación con los fondos de la guerrilla de extracción peronista Montoneros.
En este sentido, a Rafecas le llamó la atención que pese a ese objetivo, “la única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado –nótese que todos ellos eran de la provincia de Buenos Aires– fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA, y con el motivo explícito de la adquisición de tales acciones”.   
Y no sólo eso. Existe prueba documental publicada por este diario en septiembre de 2010, en la que Gallino dejó constancia de la primera reunión –el 7 de abril de 1977– con los directivos de los tres diarios, donde se prepararon los interrogatorios del 11 de abril, y precisamente ese mismo día se presentó ante Lidia Papaleo en el campo de tortura para preguntarle sobre Papel Prensa y el resto de las empresas de Graiver.
Gallino había sido preciso: “A las 8:40 concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las 20 horas se preparan los interrogatorios a tomar el 11 de abril.” La duda sobre quiénes eran los representantes de los diarios quedó despejada por una consulta al Boletín Oficial. Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos tenían ese cargo. Los documentos secretos que Tiempo reveló después de décadas de ocultamiento lo aclaran: el represor quería interrogar a Lidia sobre los bienes que se habían declarado en la sucesión por la muerte de su marido, estaba obsesionado con el emporio económico Graiver, los encuentros que había mantenido la mujer desde su llegada a la Argentina, y a nombre de quiénes estaban las acciones de Papel Prensa.
Gallino era impiadoso. Interrogó a Lidia por dos días. La viuda de David había sido brutalmente torturada con picana eléctrica. Entre los diplomas del general de brigada se destacaban la cacería de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían intentado copar el cuartel de arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo; y su cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno, en la fábrica militar de Campo de Mayo.
Para colmo, los diarios Clarín, La Nación y La Razón reconocieron en una editorial que toda la operatoria se hizo por medio de la gestión de la Junta y que fue el propio Gallino el que señaló la forma de pago. Los abogados dirían “a confesión de parte relevo de prueba”.
El poder de facto logró cometer semejante barbarie con el argumento de que la empresa era estratégica para el Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. Por eso debía quedar, según las palabras de los represores, en manos de empresarios “argentinos, no judíos”.
Para quebrar a los Graiver decidieron demoler el poder económico del grupo acosándolo con notas negativas publicadas en la tapa de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, antes de lograr el traspaso de acciones con un primer pago irrisorio de 7200 dólares en efectivo.
En la página 35 de su dictamen, Rafecas completa lo que podría entenderse como una traducción judicial de lo publicado por este diario desde junio de 2010. “La detención de Lidia Papaleo con posterioridad a la suscripción de los convenios de transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA en poder del Grupo Graiver, adquiere significados concordantes con la plataforma acusatoria si se advierte que la nombrada –afirma Rafecas– no sólo fue una de las firmantes de aquellos contratos, sino que también era la administradora judicial de la sucesión de David Graiver (…). Recordemos que a su vez, Lidia Papaleo había iniciado el proceso sucesorio con el patrocinio letrado del Jorge Rubinstein que, como vimos, habría sido la mano derecha de Graiver, y luego también fue secuestrado y habría fallecido durante su cautiverio a causa de las torturas que le fueron infringidas.”
En los fundamentos, Rafecas insistió con que la causa debe seguir  tramitándose en el Fuero Federal de La Plata, ya que allí operaba el represor Camps bajo las órdenes de Suárez Mason. Para el magistrado hubo “aspectos de simultaneidad y estrecha vinculación entre los acontecimientos, que han sido, como se vio, invocados por los acusadores y no han sido desvirtuados, hasta el momento, a lo largo de la instrucción”.
“Nótese que en fecha 9 de marzo de 1977, Lidia Papaleo de Graiver, solicitó al juez de la sucesión de David Graiver autorización de las ventas de acciones clase ‘C’ y ‘E’ efectuada el 2 de noviembre de 1976 ad referéndum de la aprobación judicial”, afirmó Rafecas y advirtió que “en esa ocasión,  la operación pudo realizarse porque el paquete de las acciones se vendió simultáneamente con un importante paquete de acciones Clase A (cinco votos) que hicieron los mismos compradores al señor Rafael Ianover y Galería Da Vinci SA. Esta venta total representaba para los compradores (Clarín, La Nación y La Razón) prácticamente el control de la Sociedad.”
“Apenas cinco días después, Lidia Papaleo fue detenida –remarcó  Rafecas– y trasladada a Puesto Vasco, sitio en el que recordemos fue interrogada sobre la operatoria del Grupo Graiver.”
Diez días después de su detención a manos de la patota de Miguel Etchecolatz, el 24 de marzo de 1977, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pidió “recabar mayores elementos de juicio que permitan apreciar la equidad de dicha operación”. El punto es que la hija de Lidia y Graiver, María Sol, era una beba de dos meses y la viuda estaba a cargo del trámite sucesorio y los bienes de su marido muerto misteriosamente en un accidente en México.
La dictadura y sus socios civiles no pararon de acosar a sus víctimas. Había mucho dinero y poder mediático en juego. “Mientras tanto –señaló Rafecas en la página 37– conforme surge de su declaración en fecha 3 de julio de 1986 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en fecha 4 de abril de 1977, Lidia Papaleo fue trasladada desde Puesto Vasco al Pozo de Banfield donde fue interrogada por el general Gallino”.
Gallino fue el nexo uniformado de Magnetto y Mitre en el caso Papel Prensa.
El Ceo de Clarín ya no lo puede negar. No lo dicen los periodistas. Lo dice la justicia que investiga un delito cuya pena es la cárcel. <

05/08/2011 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , | Deja un comentario

Argentina: El estado chaqueño se disculpará ante una joven toba por negarle justicia en una violación


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Tras el daño, una reparación

Por Mariana Carbajal

En un hecho inédito en el país, el gobierno del Chaco pedirá disculpas públicamente a una joven toba por haberle negado justicia en esa provincia en un caso de violación. Se le pagará además una indemnización de 53 mil dólares y se le entregará una vivienda, entre otras medidas reparatorias. La muchacha es muy pobre y vive en un pueblito aislado de El Impenetrable, a unos 400 kilómetros de Resistencia. El 3 de octubre de 2003, cuando tenía 15 años, fue violada por tres jóvenes “criollos”, vecinos del lugar. A pesar de que la amenazaron para que callara, la chica -identificada como L. N. P.-, hizo la denuncia. Pero la delegación policial demoró en tomarla y la envió a un centro sanitario, donde fue maltratada. En el juicio quedó probado el acceso carnal por la fuerza pero los tres imputados fueron absueltos de culpa y cargo por un tribunal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un proceso plagado de irregularidades, prejuicios de género y discriminación racial. En el fallo, los jueces consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual” (ver aparte). Los atropellos a los derechos de L. N. P. fueron denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU -tal como reveló un año atrás Página/12-, donde la Argentina enfrenta una demanda. Antes de que llegue la probable condena, el gobierno del Chaco acordó empezar a reparar el daño provocado a L. N. P. por el papel que jugó el Estado para dejar impune la violación.

El acto simbólico de reparación se hará el mañana en la Casa de Gobierno. Ayer, el director provincial de Defensa de la Democracia y del Ciudadano, Julio García, confirmó a este diario que está previsto que lo encabece el gobernador, Jorge Capitanich. L. N. P. irá acompañada por su familia y por integrantes del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú, las dos entidades que llevaron la denuncia ante el CDH.

“Es muy positivo que antes de que salga la condena de Naciones Unidas empiecen a reparar a L. N. P.”, destacó la abogada rosarina Susana Chiarotti, miembro de Insgenar y responsable del Area de Monitoreo Internacional de Cladem. Chiarotti estará en la ceremonia junto a la titular de la oficina en Argentina de Unifem, la española Maider Orta, y a miembros de la asociación indígena Megue Xogochi. Jóvenes de esa ONG hicieron 80 kilómetros en bicicleta hasta la localidad de Castelli para denunciar el caso por teléfono ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando se enteraron de que los tres imputados de la violación de L. N. P. estaban en libertad. En el pueblo de L. N. P. -cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar a la joven- no hay teléfono público ni llegan las señales de los celulares. Ese llamado fue la puerta para que el caso llegara a un organismo internacional y derivara luego en este acuerdo emblemático.

Además estará la diputada provincial aborigen Inocencia Charole, que semanas atrás denunció en tribunales del Chaco a funcionarios del Programa Paicha, que brinda ayuda a El Impenetrable, por presunto abuso sexual de dos chicas de una comunidad wichí, a quienes les habrían exigido favores sexuales a cambio de comida.

“Para nosotros el acuerdo al que se ha llegado en el caso de L. N. P. es un antecedente muy importante. Generalmente los aborígenes no acceden a la Justicia y cuando hacen una denuncia terminan imputados ellos mismos o sus patrocinantes”, señaló García, abogado indigenista y funcionario del gobierno chaqueño.

El pedido de disculpas a la muchacha es un paso fundamental porque significa el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por haberle negado justicia tras la denuncia de violación sexual. En el petitorio elevado ante la CDH, Cladem e Insgenar pidieron además una indemnización por el daño material y moral para la muchacha, que se le ordene al Estado argentino “la inmediata capacitación de funcionarios y operadores de justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra mujeres y niñas, especialmente en casos de violencia”, y que se disponga la creación de servicios de atención a víctimas de violencia sexual, “con personal y materiales dispuestos en los idiomas de la población afectada”.

El gobierno provincial le entregará a también una vivienda en la localidad de Castelli. La joven pidió que sea en ese lugar: así podrá alejarse de su pueblo, donde el caso se ventiló. A L. N. P. le resultó dificultoso continuar con sus estudios, dado que el padre de uno de los jóvenes que estuvieron imputados está vinculado con la escuela. Chiarotti contó que están negociando que le den una beca para que pueda seguir luego una carrera universitaria: “Ella quiere estudiar medicina”, contó la abogada.

L. N. P. fabrica canastos artesanales junto con su mamá. Su papá vive de changas. El año pasado viajó a Buenos Aires para participar el 29 de agosto de una reunión en la Cancillería junto a su padre y su hermano. En su bolsito, trajo algunos canastos para vender. Era la primera vez que salía de su zona rural, la primera vez que veía edificios de departamentos.

Página 12

22/04/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 1 comentario