America Latina Unida

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El Partido Judicial entró en operaciones – Roberto Caballero


El Partido Judicial entró en operaciones

Luego de la marcha del 18F, se acelera el uso por goteo de causas judiciales para asediar al gobierno nacional y a sus funcionarios. La confesión de Laura Alonso y las comparaciones odiosas del diario La Nación.
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Si el kirchnerismo no hubiera mantenido las mayorías parlamentarias en octubre de 2013, el Parlamento Nacional estaría discutiendo hoy la manera de llevar a juicio político a Cristina Kirchner, como confesó el miércoles 18F la diputada del PRO, Laura Alonso: “Soy de las personas que creen que hay que poner en estudio el pedido de juicio político contra el canciller y hay que poner en estudio la posibilidad de un pedido de juicio político contra la presidenta”, dijo el día de la marcha de los paraguas, quizá envalentonada por la cantidad de gente convocada.

La apertura del proceso destituyente en el Congreso del que habló Alonso, referente local de Vital Voices Global Partnership, ONG financiada por la Fundación Paul Singer, titular del litigante contra Argentina NML Capital Limited en el juzgado de Thomas Griesa, tiene destino de fracaso en el recinto legislativo, pero adquiere trámite sumarísimo en la tapa de los diarios hegemónicos y en los tribunales del Partido Judicial amotinado contra el gobierno.

A nadie escapa que el turbulento escenario abierto con la denuncia de Alberto Nisman, se vio todavía más alterado tras la muerte dudosa del fiscal, el 18 de enero. Desde entonces, tanto Alonso como su socia Patricia Bullrich, trataron de involucrar al gobierno en el hecho, abonando la tesis de un crimen de Estado que, según la evidencia recogida hasta el momento, se aleja un poco más cada día.

“Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática”.
La irrupción en escena de una testigo, Natalia Fernández, que dijo en el diario del Grupo Clarín SA lo que después rectificó prolijamente en el expediente que instruye bajo múltiples presiones la fiscal Viviana Fein, no fue obra del azar.

El objetivo, precisamente, fue desautorizar la pesquisa de Fein, que aún hoy está convencida de que no intervinieron terceras personas en el departamento de Le Parc; y en lo posible arrastrar el expediente al fuero federal con otra carátula, que extienda en el tiempo la idea del asesinato y el desgaste institucional que provoca.

Pero el abogado de Fernández, Sebastián Smoler, tocó timbre cuando lo mandaron a espiar: es el apoderado, desde 2012, del partido “Unión por Todos”, el de Bullrich, socia del macrismo.

En su momento, Smoler fue el redactor de la acción de amparo que la propia Bullrich presentó contra el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para democratizar la justicia, punto de inicio de la rebelión judicial.

La mesera Fernández figura en el padrón con domicilio en Venezuela 628, en Monserrat, donde tiene sede un local del PRO
Smoler, el abogado de Bullrich y de la testigo que se desinfló (y se desinfló en serio, porque Clarín, luego de haber hecho una tapa con sus supuestas revelaciones, no publicó absolutamente nada el viernes 20, cuando se supo que ella las había rectificado, y recién lo hizo ayer en su página13), es el mismo que estampó su firma debajo de aquella presentación. Y el que, desde su Twitter, ataca seguido a la presidenta, a quien llamó “imbécil” cuando se torció el tobillo, “patética” en innumerables ocasiones y calificó de “persona con evidentes problemas psiquiátricos” cada vez que pudo.

Quizá no quiera decir nada. Tal vez, sí. Su representada, la mesera Fernández de fama fugaz en la tapa de Clarín y sus licencias no adecuadas a la ley, figura en el padrón electoral con un domicilio, Venezuela 628, que no es el suyo, el particular, sino que pertenece a un edificio, levantado justo en el cruce con la calle Perú, en el barrio de Monserrat, donde tiene su sede un local del PRO, regenteado por el senador Diego Santilli, del mismo partido que Alonso, la socia de Bullrich en la trama. ¿Causalidad o trampa del destino? Los hechos son fácticos, las interpretaciones son libres.

Bullrich y Alonso son las diputadas opositoras que venían coordinando con Nisman de manera promiscua (el cruce de llamados telefónicos ya admitido entre todos ellos es una extraña versión de la independencia de poderes de la que nadie parece tomar cuenta) la presentación en el Congreso donde se iba a utilizar el dictamen inconsistente del fiscal para lanzar la ofensiva final contra la presidenta. ¿Quizá buscando número para forzar su juicio político? La propia Alonso reconoció ante los medios, después de declarar ante la fiscal Fein: “Nos reunimos a principios del año pasado (2014). Hablamos sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y yo le dije: ‘No me des detalles de la denuncia porque no me quiero enterar.’ Le pregunté si luego de que él presentará la denuncia, yo debía pedirle el juicio político a la presidenta, y ‘Nisman me dijo que sí.'” Siempre según Alonso, Nisman estaba interesado por su rol institucional como vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político porque, como le dijo, “Cristina había ordenado todo.”

El cadáver de Nisman podrá haber sido investido de un halo heroico por la multitud antikirchnerista que se movilizó bajo la lluvia del miércoles pasado, pero en vida fue el fiscal que acudía a recibir órdenes de la Embajada de los Estados Unidos, se encontraba a coordinar acciones con Roger Noriega, el ex secretario de George Bush para la región, y proveía letra al fondo buitre de Singer en su pelea con el país para cobrar sus bonos basura.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal.
Todo esto está más acreditado que su denuncia por encubrimiento que, de tan floja en su probanza, no pudo siquiera ser suscripta en su totalidad por Gerardo Pollicita, el fiscal que tomó la posta y ahora rehuyó la invitación de tres comisiones parlamentarias para que explique dónde está el presunto delito que imputa a Cristina Kirchner. La excusación de Pollicita, de todos modos, tiene sentido: como la denuncia presupone que el Memorándum con Irán es parte constitutiva de la ilegalidad reprochada, ¿cómo les explica a los diputados y senadores que la presidenta es imputable y ellos, que lo votaron, no lo son?

Sorprende el pedido que Bullrich hizo para anular la citación de Pollicita. Sobre todo, sus argumentos: “Los jueces y fiscales deben ser libres de cualquier interferencia o apariencia de interferencia por parte de otros poderes.” Cuando ella lo citó a la comisión de Legislación Penal, ¿no interfería?

Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática.

La intención de desatar una crisis política con el dictamen, operatoria de la cual Nisman fue protagonista consciente según las charlas que mantenía con Bullrich y Alonso hasta horas antes de su muerte, es tan repudiable como el uso de su cadáver para golpear contra las instituciones de la democracia.

Los protagonistas de la maniobra están claros. Las relaciones entre sí son públicas. La finalidad, conocida ahora por boca de Alonso, era evidente: una presidenta acusada de encubrir el mayor atentado de la historia argentina era pasible de ser juzgada, si encima después se la señala como responsable del asesinato del fiscal que la acusaba, pierde las mayorías parlamentarias y, sin ellas, puede ser removida. Tanto ella como Bullrich trabajaron durante todo este mes para convertir el caso Nisman en una causal de destitución. El aval a la jugada del aparato de agitación y propaganda del Grupo Clarín SA vino por añadidura. Era obvio.

No les salió, es verdad, pero sí lograron generar el clima para una gran marcha que, en vez de ir a pedir “justicia” al Palacio de Tribunales, se plantó en la Plaza de Mayo con exigencias diversas hacia la Casa Rosada.

Encabezada por un grupo de oficiales de segunda jerarquía del Partido Judicial, en guerra solapada contra el gobierno, la movilización tuvo su primer efecto el viernes, cuando la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, confirmó el procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la causa Ciccone. El segundo en la línea de sucesión presidencial.

La legitimación callejera finalmente habilitó a los tres camaristas a ceder al pedido que Jorge Lanata les hizo el año pasado, cuando por Radio Mitre mandó a escrachar a sus hijos en la escuela si no avanzaban contra el vice.

Los mismos camaristas respaldaron al juez Claudio Bonadio por su actuación en la causa Hotesur. Se trata de la empresa familiar de la presidenta. El magistrado ya allanó la AFIP buscando las declaraciones juradas de Cristina y de sus hijos, entre ellas, la de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora; y la Inspección General de Justicia procurándose la carpeta societaria. En tribunales dicen que las indagatorias son inminentes. ¿Acaso es un reaseguro por si Daniel Rafecas, el juez que recibió la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento, decide archivarla? ¿O será para mantener un doble acoso sobre la jefa de Estado?

Durante la misma jornada, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria nada menos que a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, la abogada del Estado nacional, en el marco de un expediente que tiene como rehén a Mariano Recalde, referente de La Cámpora y titular de Aerolíneas Argentinas, acusado por el presunto delito de “administración fraudulenta”. También Rodríguez había llamado antes a indagatoria a José “Pepe” Sbattella, titular de la UIF por informar datos financieros que el Grupo Clarín SA no quería que se divulgaran.

Y el mismo día, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (más conocida como la cámara Miami, algunos de cuyos integrantes viajaban a congresos de la fundación CERTAL, de la que el fiscal Ricardo Sáenz es secretario general), confirmó el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín SA.

No había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material.
A esto se deben sumar el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, titular del Juzgado 9, que hace dos semanas le concedió al Grupo Clarín SA otra cautelar, por el mismo tema de la adecuación de oficio, en este caso a pedido de Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, bajo el argumento de que la adecuación del oligopolio, validada por la Corte Suprema en su fallo definitivo por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, constituye un riesgo para la libertad de expresión. Un contrasentido jurídico. ¿Cómo el funcionamiento de un oligopolio de la comunicación, que acalla voces por definición, va a ser la garantía de la libertad de expresión a preservar? Bueno, eso dice la cautelar.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal. Desde que el gobierno lanzó el paquete de siete leyes para democratizar el Poder Judicial, las distintas corrientes de la judicatura más conservadora se abroquelaron en un frente único cada vez más agresivo y temerario. Son los mismos que amenazan con activar 300 causas que tienen a medio centenar de funcionarios en la mira de sus procedimientos discrecionales. Lo dice Adrián Ventura, en su nota “La Justicia llevó al gobierno a un paso más hacia el abismo”, del viernes 20. ¿Cuáles fueron los factores que cambiaron el escenario? Según él, “son tres: las duras críticas de la presidenta sobre los jueces, el manoseo de los fiscales hecho por la procuradora y los cambios de operadores dentro de la SIDE, que le sacaron al gobierno eficacia en la Justicia”.

Quizá la palabra golpismo remita a otra cosa en la memoria de los argentinos. Pero desde los tiempos en que el Ejército era un “partido de gobierno” que se salteaba la más elemental voluntad popular para imponer dictaduras y mandar a la cárcel, al destierro o a la tumba a los militantes políticos, no había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material. Además, contando con el silencio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El discurso es el mismo: la República, la libertad, la justicia y el combate contra la corrupción. La defensa de valores tan sagrados siempre justifica en el imaginario la excepcionalidad o el salteo de las reglas. Por eso, aunque algunos quieran devanarse los sesos buscando una nueva palabra, destituyente sigue siendo la mejor calificación para definir el alzamiento del Partido Judicial contra el gobierno kirchnerista que se vive por estas horas. ¿Cómo no pensar que el intento fracasado en el Legislativo prosigue con esta revuelta tribunalicia?

En este contexto, la última operación de sentido que lanzó el diario La Nación mete miedo. Dos de sus columnistas, el mismo jueves 19, asociaron al kirchnerismo –mayoría política del país por voluntad popular, con dominio del Ejecutivo, robustez parlamentaria en ambas Cámaras y más del 60 por ciento de las gobernaciones provinciales–, con el MTP que copó el Regimiento de La Tablada en 1989.

La rusticidad analítica de un columnista puede llevarlo a comparar lo incomparable. Ocurre que, en este caso, los que compartían la misma alucinación eran dos y en la misma edición.

¿Por qué La Nación trató de vincular a los violentos atacantes de un cuartel con un movimiento democrático que llegó al poder por elecciones limpias? ¿En qué se basan los columnistas del diario para sostener que el kirchnerismo tomó por asalto el Estado y debe ser echado de cualquier forma?

El asalto a La Tablada dejó muertos, torturados y desaparecidos a manos del Ejército. Estos últimos, delitos que Alberto Nisman dejó impunes, cosa que se puede verificar en el archivo, obedeciendo las órdenes de los mismos sectores de Inteligencia que fueron desplazados de la SI en diciembre. Tal vez ahora no sea con artillería y fósforo, como ocurrió en 1989. ¿Quizá lo intenten usando expedientes y citaciones judiciales?

El problema lo tienen los que ven en el kirchnerismo al MTP y confunden un gobierno constitucional con un grupo armado a ser reducido por la fuerza. De miradas tan distorsionadas, al estilo fubista de Sabsay, sólo pueden surgir apreciaciones delirantes de la realidad.

Pero, no por eso, menos peligrosas.

Cuidemos a los jóvenes

Máximo Kirchner asomó con su discurso en Argentinos Juniors a la primera plana de la política. Coronó así el lento proceso de construcción de La Cámpora, una de las organizaciones kirchneristas, la de impronta más juvenil en todo el espacio del FPV. El estadio desbordaba cuando el hijo de dos presidentes constitucionales se hizo escuchar. Habló emocionado, no dijo nada violento, no hizo más que agradecer a su militancia y hasta se emocionó recordando a su padre. Fue demasiado para el país conservador. Máximo Kirchner traía una novedad irritante para la vieja política: después de Néstor y Cristina, otro Kirchner llenaba un estadio en la Capital Federal y le hablaba a toda la sociedad.

Desde entonces, el juez Claudio Bonadío, quien ya sonaba como candidato a procurador de un eventual gobierno massista, lo puso en la mira. Bonadío allanó la AFIP en busca de su declaración jurada por la causa Hotesur. Es un secreto a voces en Tribunales y sets televisivos opositores que el juez intentará citarlo a su juzgado en breve. Si así fuera, el proceso de demonización mediática de la juventud kirchnerista entrará en una nueva fase: la del ataque del Partido Judicial, que coseche lo que el oligopolio sembró con odio durante todos estos años. El problema no es el lavado, hay 4040 cuentas en Suiza, entre ellas, la de los dueños y accionistas de Cablevisión, que nadie busca. Tampoco los cargos: la causa Papel Prensa, donde se investigan delitos de lesa humanidad –los más graves que puedan cometerse– y la presunta participación de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en ellos, duerme el sueño eterno en un juzgado federal cuyo titular, Julián Ercolini, fue ubicado por el diario La Nación junto al palco el 18F, a metros de Vicente Massot, director del procesista La Nueva Provincia. La lista de la impunidad garantizada a los poderosos de verdad, los que trascienden todos los gobiernos, es interminable.

El problema es que la derecha no puede con su instinto: siempre devora a los jóvenes. Así, la democracia del futuro vive amenazada. Y la de ahora también.

INFONEWS

22/02/2015 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

El largo alcance de las alas de los buitres Por Carlos Heller


El largo alcance de las alas de los buitres
Por Carlos Heller
Diputado nacional Frente Nuevo Encuentro
Especial para “El Destape”

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En más de una ocasión la presidenta Cristina Fernández comentó que “el problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de deuda soberana de la Argentina, para que tengamos que volver a deber miles de millones de dólares”. Yo he sostenido en varias oportunidades que ese forzoso sobreendeudamiento que intentan ocasionar es la vía para llegar a controlar nuestros recursos naturales, como sucedió en los noventa y hasta la moratoria que se desencadenó con la caída de la convertibilidad. Hoy tienen en su mira telescópica los recursos de Vaca Muerta.

La saga continúa y el juez Thomas Griesa le ha encargado al mediador (special master) Daniel Pollack que se encargue de recibir los reclamos de otros buitres que desean utilizar el procedimiento de “yo también” (me too) para subirse al fallo de Griesa, como el reciente pedido del fondo EM Limited, de Kenneth Dart, que reclama unos U$S 835 millones que podrían subir a más de U$S 1.200 millones si es que se le aplican los mismos ajustes que a Singer y asociados. Si bien en cierta forma esto va en el mismo sentido de la solicitud realizada por el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, de acordar con todos los holdouts, la diferencia está en el monto que unos reclamarán y otros ofrecerán. Por si quedaran dudas, los funcionarios argentinos fueron claros. Kicillof afirmó que “a partir de enero es posible” siempre y cuando implique atenerse “a la ley, a la justicia, a la igualdad y a no darle a los bonistas más de los que se les da a otros”. Mientras que el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, expresó: “si alguien espera que el 1° de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional”.

La nota más alta de la saga la puso nuestra Presidenta cuando le envió una carta al presidente Barack Obama, pidiendo explicaciones del nombramiento de Nancy Soderberg al frente del Public Interest Declassification Board (PIDB) y su vinculación con la American Task Force Argentina (ATFA), organismo de los buitres para atacar a nuestro país.

Cristina llama la atención de Obama del hecho de que, además de su cargo público, Soderberg es copresidenta de la ATFA, situación que, en palabras de nuestra jefa de Estado, “de confirmarse sería grave en las relaciones entre nuestros países”.

Entre los interesantes datos de la carta, se destaca la alusión al discurso antievasión del presidente estadounidense, cuando habló de “la indignación de que en un solo edificio de las Islas Cayman más de 12 mil empresas tengan sus oficinas principales”. “Como ya he dicho –sostuvo Obama- o es el edificio más grande del mundo, o es la estafa impositiva más grande del mundo”. En su misiva, Cristina le menciona que en ese edificio tiene su sede el fondo Elliott International, que financia las actividades de Soderberg en la ATFA, y que sería una gran contradicción, en la lucha contra la evasión planteada por Obama, la designación de Soderberg en un cargo público “clave”. De esa forma Cristina pone en evidencia, con este ejemplo y con otros, el doble discurso del gobierno estadounidense.

En resumen, la carta al presidente de la principal potencia mundial da muestras de una decisión firme y valiente de nuestra Presidenta en la defensa de la soberanía argentina.

Desde la oficina del presidente Obama, se respondió que las responsabilidades oficiales de la señora Soderberg como directora del PIDB (“un comité asesor establecido por el Congreso en el año 2000 para promover el acceso público a los informes del gobierno relacionados con las actividades de seguridad nacional”), no están vinculadas con ninguna actividad que pueda tener como una ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas.

Al echar un vistazo a los comentarios de Soderberg acerca del contexto político argentino de la última década, podríamos concluir que no es casualidad que copresida la ATFA. En un artículo escrito en el año 2009, sugiere que la Security Exchange Commission (la Bolsa de Valores) debería insistir en que los títulos argentinos llevaran un aviso similar al de los paquetes de cigarrillos que alertara: “el emisor tiene un historial de tergiversación de la información, defaults y rechazo de deudas y por lo tanto, podría ser perjudicial para su salud financiera”. En otro artículo de 2007, reflexiona sobre la existencia de “un quiebre entre los gobiernos de América Latina con el ala izquierda volviendo a tener participación, llevando a cabo un contraataque en contra de las reformas en pos del libre mercado y las políticas de los Estados Unidos”, a lo cual agrega que dentro del “bando irresponsable” se encuentran los gobiernos venezolano y argentino con políticas populistas y nacionalistas.

Finalmente, vale la pena resaltar que detrás de la ATFA no sólo está Soderberg, sino que sus tareas son financiadas por ciertos sectores norteamericanos que denotan un perfil profundamente conservador. Entre ellos se destaca la National Grange, una especie de Sociedad Rural del país del norte que, con motivo de su convención anual en el año 2007, explicitó que Argentina es el mayor competidor de productos agrícolas de los Estados Unidos en el mercado global y que los recursos ahorrados con el no pago de la deuda pueden ser reorientados a inversiones en infraestructura agropecuaria que generarían una competencia desleal para los granjeros estadounidenses.

No caben dudas del poder que estas organizaciones y sus representantes intentan conservar en la política de su gobierno y los organismos financieros controlados por el mismo. Poder que se ve desafiado, entre otros, por los gobiernos latinoamericanos que priorizan el bienestar de la población por sobre los intereses corporativos nacionales y extranjeros y conciben al Estado desarrollando un rol activo en pos de la regulación del mercado y la redistribución de ingresos.

Parece que las largas alas de los buitres llegan a Argentina. Varios medios difundieron extensamente las opiniones de la ATFA sobre la carta, incluyendo frases ofensivas hacia el gobierno y la Presidenta, como lo vienen haciendo a menudo, desconociendo además que Soderberg fue propuesta como directora del PIDB por el propio presidente Obama.

Ésta es una breve semblanza de aquellos con quienes estamos lidiando. Gestionar las implicancias del fallo de Griesa es una tarea difícil, pero tengo la seguridad que el gobierno la seguirá encarando con la misma actitud soberana indeclinable que demostró hasta ahora.

17/12/2014 Posted by | Economía, General, Justicia, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , | Deja un comentario

Los “Salieris” locales de Griesa juegan con fuego – Roberto Caballero


Los “Salieris” locales de Griesa juegan con fuego
Nunca aciertan, pero siempre presagian lo peor. El acoso de Bonelli a Kicillof. El juez irritado que dobló la apuesta y la violación al derecho de los bonistas. ¿Qué pasará mañana?

Buitres-carroñeros
Algunos creen haber encontrado en Thomas Griesa al padre colérico que finalmente viene a ponerle límites a las insolencias del kirchnerismo. Es asombroso, pero la figura del juez estadounidense, que se irrita porque debe suspender sus vacaciones ante cada audiencia en la que Argentina defiende su soberanía financiera, adquiere estatura de monumento en vida para los analistas que derraman sus fantasías en los diarios opositores. Todo lo que dice y hace Griesa parece salido de La Biblia. Cuanto peor sea para la Argentina, más acertada y providencial sería su decisión. El anciano magistrado, de 84 años, ocupa en los artículos de Marcelo Bonelli, por ejemplo, el mismo lugar de relevancia que Baltazar Garzón se ganó en la historia de la justicia penal universal. Claro que el andaluz ganó prestigio persiguiendo a dictadores, genocidas y violadores de los Derechos Humanos por todos los rincones del planeta. El neoyorquino próximo a jubilarse no: anda en menesteres menos altruistas. Sería como el negativo con toga de Theodore Kaczynski, el “Unabomber”: a su modo, Griesa también puede hacer estallar el sistema, en su caso, el de reestructuración de deudas soberanas a escala global, usando a la Argentina como víctima propicia. Con países en el mundo cuya relación deuda PBI ronda el 200%, a punto caramelo para la quiebra, ¿cómo se llama eso de exigir, tal como lo hace el magistrado estrella de Bonelli en su fallo y en la interpretación del pari passu decretado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que los bonos buitres se paguen al 100%, sin quita y sin plazos de gracia, en alineamiento automático con las exigencias de esos mismos especuladores financieros? Jugar con fuego, de mínima.

En realidad, hay otra pregunta más acuciante. ¿Los fondos buitre, marginales dentro del sistema financiero, quieren en verdad su dinero multiplicado? ¿Esto es un problema de avivada y simple usura de tipos audaces? ¿O lo que buscan es quedarse directamente con los países, sus activos y riquezas naturales complicándoles la vida con ayuda de jueces indolentes, cuando no cómplices? Desde su poltrona imperial, Griesa juega el TEG con Paul Singer, desconociendo la última e inestable racionalidad sistémica defendida por el FMI, el gobierno de los Estados Unidos, el de Francia, el de Brasil, el de China, el de Rusia y otros 130 países que se pronunciaron en este pleito a favor de la posición de la República Argentina. “Es plata manchada con sangre”, alertó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a la vez que denunció que nuestro país “es obligado a pagar una deuda inmoral e ilegítima”. Para ser más precisos, aunque queda claro que Pérez Esquivel habla de la avaricia de los cobradores y del origen espurio de las acreencias, hoy por hoy, de no haber éxito en la negociación, a nuestro país se lo está obligando a que incumpla los pagos. Porque si Argentina paga a todos a la vez como quiere Griesa, reabre la deuda al infinito y defaultea. Si no paga, ocurre lo mismo. Y si paga, y Griesa boicotea el cobro de los bonistas como lo hizo el viernes, nuestro país corre igual peligro de default.

El gobierno tiene 30 días para negociar un acuerdo con Pollack que contemple el bolsillo de los “demandantes” buitre de Griesa.
Ante este escenario minado, cabe interrogarse qué tiene el juez en la cabeza que en las audiencias se queja porque toda esta discusión le interrumpe las vacaciones. ¿Quiere que todos los acreedores cobren? ¿Busca que lo hagan sólo los buitres? ¿O en verdad pretende llevarse puesto todo el proceso de reestructuración argentino que es mirado en el mundo como un ejemplo posible de salida al problema de la deuda? Esto último suena dramático. Lo es. Pero es lo que va a ocurrir fácticamente si Griesa no se replantea la situación. Nuestro país depositó en fecha en el Banco de Nueva York los casi 1000 millones de dólares destinados a los bonistas que entraron en los canjes. Jorge Lanata vaticinó: “Mi interpretación judicial estricta es que Griesa va a embargar los fondos” para pagarle a los houldouts. Muchos pensaron lo mismo, no sólo él. Griesa se había negado a reponer el stay. La realidad desmintió a todos, incluido a Lanata: el juez imprevistamente ordenó al banco que se abstenga de pagar a los bonistas su dinero y la devuelva al tesoro argentino. “Cualquier intento de pagarles a los bonistas reestructurados sin pagarles a los demandantes es ilegal”, sentenció Griesa. En su jerga, “demandantes” es igual a “fondos buitre”.

¿Puede el juez castigar al 92,4% de los bonistas en su derecho a cobrar en tiempo y forma para beneficiar al 1% que ganó el juicio en Nueva York? Pareciera que sí. ¿Puede el Banco de Nueva York (BONY) retornar el dinero que es de los bonistas, no de la Argentina y tampoco de los buitres? “Simplemente tienen que devolvérsela”, respondió el juez neoyorquino ante la consulta del abogado del BONY. Igualmente, sus abogados estudiaron el caso durante todo el fin de semana. Mañana se sabrá qué concluyeron. Están entre cumplir con el juez o con sus clientes. Vaya dilema. Lo concreto, hasta ahora, es que el Tesoro Nacional ya dio por pagada su obligación, en las cuentas convenidas de aquella plaza, por lo tanto, Argentina no entró en default real. Y tampoco desacató la orden de Griesa, pese a lo que diga Bonelli: hay una negociación abierta con los holdouts, y con un mediador, Daniel Pollack, designado por el propio juez. Argentina honró su compromiso, como había anunciado. Pagó, pero Griesa obstruyó el cobro legal de los bonistas. Decidió poner en duda el derecho de propiedad de unos para garantizar el de los otros. El juez les está escamoteando la plata de los bonistas restructurados en sus propias narices. Los fondos están hoy, domingo, en una suerte de limbo. La de Griesa es una resolución inédita.

Salvo que, aunque el juez jure y perjure que su intención no es que Argentina entre en default, la jugada sea otra y de una envergadura monumental: que nuestro país pague primero a Singer –”los demandantes”– 1350 millones de dólares, después 15 mil millones al resto de los holdouts y, finalmente, por añadidura, producto del antecedente judicial creado, otros 120 mil millones a los holdin que reclamen idéntico tratamiento. En este escenario, todos ganarían, claro, menos la Argentina, que retrocedería al 2001 en materia de deuda. La exitosa quita de dos tercios que el país obtuvo en los dos canjes que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner se esfumaría definitivamente si Griesa se sale con la suya.

En resumidas cuentas: si los bonistas no reclaman mañana al banco su plata disponible en las cuentas previstas, si el banco no defiende el derecho de sus clientes a cobrar (“el pago es una disrupción de la orden”, advirtió el juez en la audiencia del viernes), si las negociaciones se estancan y no llevan a ningún lado, y Griesa impone finalmente su capricho con la excusa del pari passu en beneficio de los “demandantes”, es casi una obviedad que nuestro país enfrenta una estrategia coordinada para sepultar su política soberana de desendeudamiento.

“Es lindo pelearse con los holdouts”, sentenció en cámara un irónico Marcelo Bonelli, mientras elevaba a Griesa a la categoría de prócer y al gobierno que evitó 900 embargos de los buitres lo hundía en el descrédito. “Cristina intenta ubicarse como víctima política de un complot internacional y ocultar la responsabilidad de la Casa Rosada por la sucesión de errores estratégicos, displicencia y ausencia de profesionalismo en la negociación que lleva a la Argentina a una nueva crisis externa”, escribió el viernes 27, en el “Panorama Empresario” de Clarín, bajo el título “El Gobierno juega con fuego en el borde de otro default”. Se trata del mismo Bonelli que en 2001 elogió el “blindaje”, el “megacanje” y el “corralito”, y que pocas horas antes del diciembre negro donde murieron 37 personas por la represión aseguró que estaba “todo bajo control”. Todavía puede verse en Youtube el reportaje en el que Fernando De la Rúa justificó sus medidas económicas porque Bonelli, en tiempo real, desde Clarín y Telenoche, las catalogaba de “sensatas”.

¿Será que Bonelli responde hoy a los mismos intereses que defendió hace 13 años? Convendría entonces ser cautelosos con la verdadera intención oculta de sus profecías. El “megacanje” aumentó de un día para otro la deuda en 50 mil millones de dólares y produjo casi 60 millones en pagos a comisionistas. Algunos fueron bancos, y los bancos suelen ser generosos con ciertos consultores y ciertos periodistas. Es difícil escapar a esas generosidades.

¿Los ataques a Axel Kicillof, que está a la cabeza de la estrategia defensiva de la Argentina en todo este litigio, son gratuitos? Escribió Bonelli, el viernes, mientras los abogados del país litigaban en los tribunales neoyorquinos: “Entre los banqueros se sostiene que la información confidencial sobre los abruptos giros de Kicillof fue utilizada por inversores para hacer suculentas utilidades financieras en estas acaloradas jornadas. Las decisiones generan subas y bajas en los títulos que fueron aprovechados por fondos de inversión con fluidos contactos con el Palacio de Hacienda.” Nadie en el mercado, ni siquiera los banqueros y empresarios que están en la antípoda ideológica del ministro de Economía a quien el diario La Nación recibió el día de su designación reprochándole su condición de marxista y nieto de rabino, llegó tan lejos como Bonelli en la búsqueda alucinada de asociarlo con algún manejo turbio. Además de instalar escenarios de cataclismos permanentes, Bonelli hace rato que está empeñado en meter cizaña entre el ministro y Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, el otro jugador del dispositivo económico general que conduce la presidenta. Pero en su artículo del viernes da un salto en calidad e introduce una serie de presuntos detalles improbables cuya finalidad se descuenta, por repetida: que Elisa Carrió o Patricia Bullrich se presenten en la justicia para iniciar alguna causa mediática que distraiga al ministro de los asuntos trascendentes que lo ocupan. El affaire Boudou coopera bastante (ver recuadro). ¿Acaso el manto de sospecha es parte de una operación para neutralizarlo? ¿Buscarán ponerlo nervioso en esta encrucijada clave para el país? ¿Qué tan lejos puede llegar Clarín en su meticuloso trabajo de demolición de la postura nacional? Si esto surgiera de alguna usina de inteligencia privada que procura aislar a los funcionarios de la expectativa social podría llevar como título “Operación Buquebús, parte dos”. Por traslúcida, es torpe. Sirve, de todos modos, advertir el juego en que anda el adversario. Griesa está en Nueva York, pero los fondos buitre no tienen fronteras. Ni diarios, ni periodistas, ni políticos, ni operadores que resistan su fenomenal capacidad de persuasión.

A propósito de esto, el psicoanalista Jorge Alemán escribió en Página/12, el mismo día que Bonelli, el luminoso párrafo que sigue: “A pesar del escepticismo que este panorama infunde, todavía se puede pensar que el presente es injusto, pero la historia es el lugar donde la verdad retorna. Por ello, aquellos sermoneadores de la ética en medios hegemónicos salpicados de sangre, aquellos expertos en economía cómplices de lo peor, que recuerdan siempre las ‘reformas estructurales inevitables’, aquellos custodios de la ‘racionalidad’ que advierten día tras día sobre el demonio populista, aquellas izquierdas pseudo republicanas, pseudo socialistas de las ‘bellas almas’ reunidas que gustan denunciar el carácter prosaico del mundo, que no piensen que la cosa va a ser tan fácil para ellos, porque son muchos los que han tejido una memoria común, que los recordarán en su traición.”

Es poco lo que puede agregarse a una descripción tan acertada. El gobierno tiene 30 días para negociar un acuerdo con Pollack que contemple el bolsillo de los “demandantes” buitre de Griesa. Quizá sea poco tiempo. Pero analistas serios del mercado financiero estadounidense admiten que Argentina estaba 5 a 0 en el resultado, hasta que el país recogió adhesiones internacionales y ordenó el pago a los holdin en el BONY. En concreto, Griesa lo obstruye, aunque tampoco embargó los fondos e insiste con el papel del negociador. ¿Se puede hablar de un empate sobre la hora? Es prematuro, está por verse. Hay que observar un dato positivo: Griesa no embargó la plata como se suponía, Argentina todavía no defaulteó y los buitres no cobraron. Sobre la hora, casi, con una jugada de alto riesgo –el pago según prospecto–, la Argentina consiguió un tiempo de descuento y, tal vez, hasta penales. No hay que tener miedo a negociar y hay que negociar sin miedo, aconseja Aldo Ferrer. A veces, lo impensado puede suceder.

¿Un procesamiento oportuno?

Ariel Lijo es como un Griesa de cabotaje. Cuanto más complica al vicepresidente, más elogios cosecha en la prensa opositora. El procesamiento de Amado Boudou era esperado. Independientemente de su suerte judicial en el caso Ciccone, vale detenerse en la oportunidad que encontró el juez para dictar la medida. Argentina enfrenta un litigio internacional por la deuda donde no hay buenos. El éxito del gobierno es el éxito del país y lo mismo ocurre con su derrota. En medio de la tormenta, acorralar penalmente al segundo en la sucesión presidencial no parece inocuo.

Lijo es el juez que dejó impune las responsabilidades políticas en los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán. Esos crímenes cerraron un ciclo abierto con el neoliberalismo en la Argentina. La Masacre del Puente Pueyrredón fue el epílogo trágico de políticas neoliberales que llevaron a la desocupación, la pobreza y al hiper-endeudamiento del país, con “blindaje”, “megacanje” y “corralito” incluidos, brutal paisaje social y económico cuyas secuelas intentaron ser reparadas desde el 2003 por el kirchnerismo en el gobierno.

En 2001 ese sistema injusto y excluyente estalló. Son varios los analistas que aseguran que la derrota contra los buitres en Nueva York haría retornar al país a aquel tiempo. No resulta extraño que en la previa de una resolución tan importante, el magistrado que concedió el beneficio del archivo de la causa a los responsables del asesinato de los dos militantes sociales se apure para procesar al vice de un gobierno que objetivamente trató, por todos los medios a su alcance, que el reloj de la historia avance y no retroceda. Cuando se analiza la situación en su debido contexto, no se puede ser otra cosa que suspicaz con la decisión de Lijo. Eso no hace más o menos culpable a Boudou en el caso de la imprenta. Simplemente nos hace a todos menos inocentes.
Infonews

30/06/2014 Posted by | Economía, General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Contra el nuevo saqueo de la Argentina – Hernan Brienza


Contra el nuevo saqueo de la Argentina
La pendular historia de la deuda argentina y las presiones para llevar al país a una nueva crisis.
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Nota de Tiempo Argentino

Con el paso del tiempo, las cuestiones verdaderamente importantes van tomando su real proporción. Hace poco menos de un año, en la primera entrevista que ofreció la presidenta de la Nación en el ciclo Desde otro lugar, emitido por la TV Pública, Cristina Fernández de Kirchner fue tajante: “Se intenta disciplinar (a los países) no solamente a través de la deuda, sino a través de cómo se quiere administrar el comercio internacional… La deuda externa fue el mayor nido de corrupción desde Bernardino Rivadavia a la década del ’90. Cuando se produjo el golpe de 1976 la deuda argentina era de 6000 millones de dólares, con indicadores económicos muy buenos. Éramos un país industrial y de una economía con una sola moneda… El negocio del mundo financiero internacional es que vos te sigas endeudando, que al banco le pagues más intereses. A partir de la transformación de bancos comerciales en bancos de inversión: el circuito del dinero deja de pasar por la producción para reproducirse, y comienza el negocio de los derivados financieros.”

Hoy, estas palabras, tras el escandaloso comportamiento de la “Injusticia” estadounidense, con el inefable juez de primera instancia Thomas “Buzzard” Griesa, toman una actualidad patente. Sin dudas, la verdadera corrupción en la Argentina es el multimillonario robo de la deuda externa, no sólo por el saqueo que se produce del Estado, sino también de las riquezas y el ahorro de todos los argentinos.

Piense por un momento con qué fortaleza épica negociaría un Mauricio Macri como presidente si hoy dice “hay que ir a sentarse con Griesa y pagar lo que él diga”.
Y no hay que evitar ser ingenuos o malintencionados: no se trata de una cuestión meramente judicial ni de la decisión trastornada de un juez de primera instancia de Estados Unidos, son las cuevas más implacables del orden financiero internacional los que hacen el trabajo sucio para que después recojan los frutos otros sectores económicos.

Con una sola variable, la de la deuda externa, se puede comprender la historia argentina y hacer una división –obviamente esquemática y binaria pero que es útil para mapear política e ideológicamente estos más de 200 años que nos preceden– entre presidencias nacionales y populares y las liberal-conservadoras.

Y la primera conclusión que se podrá establecer es la siguiente: estos últimos –desde Bernardino Rivadavia hasta Fernando de la Rúa endeudaron desvergonzadamente al Estado con organismos financieros de distintas formas–; los primeros, en cambio –desde Manuel Dorrego a Kirchner– comprendieron que no hay posibilidad de llevar adelante un proyecto económico autónomo y sustentable si ese Estado no se libera de las ataduras financieras, verdaderos cepos para el crecimiento de una Nación, impuestas por la toma de deudas realizadas en formas absolutamente irresponsables, cuando no criminales para el futuro de las mayorías argentinas.

Lo interesante de la historia es que detrás de Rivadavia llegaron primero Manuel Dorrego y luego Juan Manuel de Rosas. El primero intentó tomar deuda pública en pesos mediante colectas semiforzosas a los estancieros bonaerenses para cancelar la deuda externa, y el segundo, un poco más radical, decidió directamente desconocer la deuda con la Baring Brothers y no pagarla durante décadas.

El modelo agroexportador –el proceso que comienza con Mitre y concluye con la Década Infame– también es un modelo tomador de deuda permanente y por necesidades estructurales como lo fue el menemismo.

Los desbalances comerciales con Gran Bretaña, producto de las diferencias en los términos de intercambio (exportación de materias primas-importación de productos con valor agregado) y la toma de deudas para saldar esos desequilibrios fueron las principales causas –como bien explica Mario Rapoport en su Historia social, económica y política de la Argentina– de la crisis de 1890, por ejemplo, con síntomas muy similares a los de la crisis de 2001.

El siglo XX también se divide entre desendeudadores como Juan Domingo Perón, quien en 1948 canceló el último pago de deuda estableciendo su celebrada Independencia Económica en la provincia de Tucumán, y los endeudadores, como la dictadura de Pedro Aramburu, que en 1957 logró que Argentina ingresara al circuito de los organismos multilaterales de créditos y tomara la primera deuda con el inefable Fondo Monetario Internacional.

La historia que sigue es bastante conocida: la dictadura militar de Martínez de Hoz –quizás él sea el verdadero cerebro de la dictadura– aumentó la deuda de 7600 millones de dólares a 45 mil millones de dólares, con el agregado de la nacionalización de la deuda privada que realizó el miserable vendepatria –el término apropiado no es reproducible en un diario– de Domingo Cavallo.

Armas, corrupción y negocios privados de las principales empresas fueron los rubros que todos los argentinos debimos pagar con nuestros bolsillos gracias la acción de la dictadura militar.

No es casual entonces que bajo la dirección de Cavallo durante el menemismo y el delarruismo, la deuda externa trepara de 65 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares en apenas una década. Sorprendente.

Y todo para subsidiar las empresas que vaciaban al país aprovechando el retraso cambiario del uno a uno, entre ellas, muchísimas trasnacionales que se llevaban millones de dólares a sus casas matrices. ¿Cómo se logró esto? Sencillo. En la primera etapa, bajo el terrorismo de Estado, la segunda, bajo el terrorismo económico que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín.

Vale la pena recordar qué obtuvo el terrorismo económico a principios de los años noventa. Entre la hiperinflación y las políticas de endeudamiento y sumisión absoluta al FMI, lograron un negocio millonario no sólo para los comisionistas argentinos e internacionales de las constantes renegociaciones sino, sobre todo, poner de rodillas al Estado nacional y por lo tanto a todos los argentinos. ¿Para qué? Fácil. Para quedarse con todas las empresas del Estado. De esa manera los argentinos regalamos a precio vil Entel, Segba, ferrocarriles, Obras Sanitarias, las cajas de jubilación, YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera.

¿De verdad alguien cree que el inefable Griesa toma la decisión que toma porque no le gustó la palabra “extorsión”? Solamente, los muy ignorantes o los muy malintencionados que van en el negocio pueden pensarlo –o algún estúpido periodista que le escribe cartitas genuflexas y sobadoras al juez norteamericano–. Se trata, claro, de acorralar a la Argentina.

¿Por qué es necesario poner al Estado argentino nuevamente de rodillas? Para que negocie, desde un lugar de debilidad como en los años noventa, el tesoro de Vaca Muerta, la fabulosa riqueza minera y la siempre eficiente producción de cereales.

Y como si esto fuera poco para extraer o sustraer las reservas del Banco Central –en el 2002 rondaban los 6000 millones y hoy los 30 mil millones– y sobre todo la capacidad de producción y de consumo que hoy tenemos los argentinos.

¿Le suena muy paranoico? Sepa que 100 mil millones de dólares no es una caja despreciable para ninguna potencia del mundo. Y se sabe, los países desarrollados siempre hacen pagar sus crisis a los países que intentan desarrollarse.

Un párrafo aparte se merece la clase política argentina. ¿Se imagina usted qué podrían hacer con este tema un Sergio Massa, por ejemplo, que fue corriendo siendo jefe de Gabinete a “buchonearle” al embajador de Estados Unidos lo que hacía su propio gobierno?

Piense por un momento con qué fortaleza épica negociaría un Mauricio Macri como presidente si hoy dice “hay que ir a sentarse con Griesa y pagar lo que él diga”. O Jorge Remes Lenicov, que ahora habla de las bondades de la justicia norteamericana olvidándose de la devaluación y la pesificación asimétrica que realizó a favor de las empresas de capital concentrado y monopólicas como Clarín, por ejemplo, robándoles sus ahorros a la mayoría de los argentinos.

¿Se imagina al dubitativo Hermes Binner llevando adelante la negociación? ¿Y Elisa Carrió consultando a las voces que dice escuchar en su cabeza? Ante este panorama, la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner toma su verdadera dimensión.

Por último, el gobierno, sus funcionarios, sus legisladores, sus cuadros, sus militantes tienen un deber irrenunciable: deben salir a explicar a la población con absoluta franqueza la situación económica y política. Argentina y los argentinos no nos merecemos –creo, porque escuchando a algunos comunicadores, políticos y ciudadanos de a pie me hacen dudar– un nuevo saqueo.

Nos costó mucho esfuerzo salir del 2001. Y muchos no queremos volver a no tener Patria.
INFONEWS

29/06/2014 Posted by | Economía, General, Historia, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios