America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Chile: el trágico fin de un mito



10 Mar 2010

MARIO AMORÓS

Han transcurrido ya casi dos semanas desde el cataclismo que resquebrajó una extensa franja del sur de Chile, arrebató la vida a cerca de 500 personas, destruyó más de un millón de viviendas, arrasó numerosas localidades costeras y ciudades tan importantes como Concepción, Talcahuano o Constitución y arruinó un sinfín de infraestructuras, incluso en Santiago. El seísmo y el posterior tsunami, seguidos por sus incesantes réplicas, devastaron las regiones del Maule y el Biobío, pero también han dejado al descubierto la falacia del mito chileno, proyectado por el poder político, mediático y económico, alimentado por los medios de comunicación y los gobiernos de Occidente, jaleado recientemente con su ingreso en el exclusivo club de la OCDE o con sus relaciones comerciales privilegiadas con Estados Unidos y la Unión Europea.
Como en tantas otras ocasiones a lo largo de su historia republicana, las élites chilenas intentan presentarse como la excepción en una América Latina supuestamente atrapada hoy entre el autoritarismo y el neopopulismo. Se trataría de un país con un sólido desarrollo democrático, confirmado aparentemente por la victoria de la derecha en las elecciones presidenciales de enero. Y de una nación que se habría anticipado, debido a la mano dura de la dictadura militar, en la aplicación de las recetas que conducirían al éxito: la privatización de la sanidad, las pensiones, la educación y los principales servicios (electricidad, agua, transportes, carreteras…), la laminación de los derechos de los trabajadores y los sindicatos y la sacralización del poder económico y financiero.
El terremoto tuvo su epicentro también en las entrañas de este mito. En los últimos días hemos podido contemplar el hiriente desamparo de centenares de miles de ciudadanos de un país que carece de una red pública eficaz de asistencia, a pesar de la persistente amenaza de estas catástrofes naturales, y cuyo Gobierno decretó tempranamente el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y el toque de queda para restaurar el orden y proteger la propiedad privada.
En cambio, el Ejecutivo que preside Michelle Bachelet tardó unas interminables 72 horas en lograr repartir alimentos en Concepción (la segunda ciudad más populosa del país), por lo que muchas personas no tuvieron más remedio que recurrir al pillaje para sobrevivir, en un escenario dramático en el que, a la ausencia durante días de luz eléctrica y agua potable (servicios en manos de compañías privadas), se sumaba la carencia de equipos humanos suficientes para rescatar a las personas atrapadas por los derrumbamientos o atender a los heridos. Estos sucesos han sido utilizados para sustituir el debate sobre el modelo de sociedad que se derrumbó el 27 de febrero por los retóricos llamamientos en pro de la unidad nacional para la reconstrucción del hermoso sur del país, simbolizados en el “Fuerza Chile” de la presidenta y en el larguísimo telemaratón conducido por el inefable Don Francisco entre el viernes y el sábado.
José Luis Ugarte, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, reflexionaba estos días: “¿Por qué en Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de atemorizar– los sectores más pobres se sienten con el legítimo derecho de saquear y tomar aquello que de otro modo –legalmente– no alcanzan? Porque la sensación de injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres hace que nuestra sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy se derrumban. El terremoto ha desnudado al capitalismo chileno, mostrando vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos nuestros beneficios nos parecemos más a los países africanos que a los del Primer Mundo, con los que nos gustaría compararnos”.
La historia de Chile está marcada también por los terremotos. El 24 de enero de 1939, un seísmo de 8,3 grados en la escala de Richter con epicentro en Chillán (a 112 kilómetros de Concepción) destruyó prácticamente la misma región ahora devastada y segó la vida de casi 6.000 personas. Eran las primeras semanas de Gobierno del Frente Popular y el presidente Pedro Aguirre Cerda impulsó la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para coordinar los trabajos de reconstrucción.
En muy poco tiempo, la CORFO se convirtió en uno de los ejes del desarrollo económico y social al promover el crecimiento de la industria y las infraestructuras públicas. Mascarones de proa como la Empresa Nacional de Electricidad, la Compañía de Aceros del Pacífico, la Industria Azucarera Nacional o la Empresa Nacional de Telecomunicaciones nacieron bajo su alero y nos remiten a un tiempo histórico en el que el Estado, legitimado por la sociedad democrática, ejercía un papel preponderante del que le despojaron, para reemplazarlo por el dios Mercado, la dictadura de Pinochet y sus políticas neoliberales, cuyas directrices principales han mantenido los cuatro presidentes de la Concertación a lo largo de estos últimos 20 años.
Mañana, la socialista Michelle Bachelet traspasará la banda presidencial al derechista Sebastián Piñera, cuyo consejo de ministros estará integrado por un elenco de empresarios, economistas adscritos a la ortodoxia monetarista y políticos conservadores afines al Opus Dei y otros grupos integristas. Ante esta perspectiva, el presidente del Partido Comunista y diputado electo, Guillermo Teillier, ha llamado a la constitución de un gran frente político y social por “la reconstrucción de Chile”, pero no sólo por la reparación de los daños causados por el terremoto y el tsunami, sino también por la “reconstrucción democrática de Chile”.

Mario Amorós es doctor en Historia y periodista. Autor de ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’

Ilustración de Mikel Casal

Fuente – PUBLICO.ES

11/03/2010 Posted by | General, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , | Deja un comentario

El gran negocio transnacional de los medicamentos


12-02-2010

Pedro Rivera Ramos

Argenpress

La producción de medicamentos constituye uno de los componentes más importantes, más sólidos y más poderosos, conque cuentan en la actualidad las gigantescas corporaciones transnacionales, que luego de la reestructuración que hiciesen de su producción de plaguicidas, se autocalificarán como “industrias de las ciencias de la vida”, al pasar a controlar virtualmente todas las actividades esenciales para los seres humanos en todo nuestro planeta.

Así, Syngenta, Monsanto, Bayer y otras, poseen una concentración de intereses y un poder casi absoluto de áreas tan vitales, además del lucrativo mercado farmacéutico, que comprende a las semillas agrícolas, los productos veterinarios, los plaguicidas, la biotecnología y el transporte y distribución de alimentos. Esto explica en gran medida, muchas de las particularidades que hoy rodean y definen a una industria farmacéutica, mucho más identificada con conceptos como rentabilidad económica, acumulación de capital y beneficios, que en curar y salvar vidas humanas.
En un mundo donde un niño menor de diez años muere cada cinco segundos por hambre; más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica; 2,400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios básicos; una tercera parte del planeta, según la OMS, no tienen acceso a los medicamentos esenciales y más de 10 millones de niños mueren anualmente por enfermedades para las que existen tratamientos; la poderosa industria farmacéutica, concentrada en un puñado de empresas de países altamente desarrollados y que monopolizan más del 85% del valor de la producción mundial de fármacos, en buena parte protegidos por un sistema de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, genera utilidades superiores a los 446 mil millones de dólares anuales.

Su poder es tal magnitud que imponen sus precios, discriminan en sus ventas, aplastan las producciones locales, sobornan políticos, médicos y autoridades de salud pública, en un negocio donde prevalece cada vez menos la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. De ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica, no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara el premio Nóbel de medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en mayo del 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de éstas empresas por los fármacos es “sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre”. Más concretamente: clientes, pacientes y usuarios; pero nunca, ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente sanos.

Esta pronunciada y cínica orientación del negocio farmacéutico transnacional, se descubre en toda su amplitud cuando advertimos que la venta de drogas para mejoramiento estético, reducir peso corporal, dominar el stress o superar la impotencia, es decir, para gente esencialmente sana, representa una de sus principales preocupaciones investigativas y es la que les genera sus mayores ingresos.

Esto demuestra que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, cuyo más alto volumen de producción y consumo se realiza en los países altamente industrializados, además de estar adaptada a sus condiciones socioeconómicas con niveles de prevención, higiene y alimentación diferentes a los que tienen los habitantes de los países del llamado Tercer Mundo, está dirigida hacia los sectores de la población mundial que disfrutan de ingresos sustanciales o cuentan con dolencias o padecimientos altamente lucrativos.

Por ello no resulta exagerado conocer, que casi el 90% del presupuesto que estas poderosas industrias destinan a la investigación y desarrollo de nuevas drogas, persigue el interés de atender los problemas de salud de sólo el 10% de la población mundial. A esto se añade que otro elemento que exhibe el verdadero móvil del multimillonario negocio farmacéutico, lo encontramos en el impresionante gasto que realizan en sus renglones de comercialización y publicidad.

Sólo en el área de comercialización admiten sin mucha reserva, que invierten más de tres veces lo que gastan en investigación y desarrollo y que el monto de su publicidad para los países capitalistas desarrollados, ronda el 30% del valor total de sus ventas. Precisamente en el campo de la publicidad emplean “todas las tácticas conocidas en el mundo capitalista: folletería de lujo, publicidad por saturación, muestra gratis, viajes, obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más importante, visitas reiteradas de vendedores especializados (“representantes” o “visitadores” médicos)”¹

La salud, que junto a la educación y a la alimentación, constituyen derechos básicos de cualquier ser humano con total independencia de su nivel de ingreso, aparece, para felicidad y complacencia de la industria farmacéutica transnacional, considerada como una mercancía más en los tratados de libre comercio y en la OMC. Allí se discuten e imponen normativas sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos, que tienen un efecto dramático y devastador sobre la salud de millones de personas en el mundo y, principalmente sobre pacientes de países pobres con SIDA, Alzheimer, afecciones cardíacas, hipertensión y otras.

Las patentes sobre medicamentos, basados muchos de ellos en compuestos bioquímicos y conocimientos tradicionales recogidos o robados en las regiones tropicales y subtropicales, niegan toda la teoría económica liberal fundada en el libre comercio, al sustentarse irónicamente en el proteccionismo y los derechos monopólicos. Este privilegio que limita sensiblemente la competencia entre las empresas, ejerce una fuerte restricción sobre la fabricación y distribución de fármacos genéricos que son producidos por países como India, Brasil y Tailandia y que pueden costar hasta un 50 por ciento menos que los medicamentos patentados.

Los genéricos no solamente han demostrado ser más baratos y muy exitosos como equivalentes terapéuticos de los productos de marca, –la experiencia brasileña en el tratamiento del SIDA así lo confirma– sino que representan un ahorro considerable de divisas para los países pobres. Esto explica las razones que llevaron a los 146 países miembros de la OMC a fines de agosto del 2003, a poner en práctica parcialmente el punto # 17 de la Declaración ministerial de Doha, que recalca que el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, “se interprete y aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”. Con dos años de retraso y luego de ocho meses de bloqueo por Estados Unidos, el acuerdo alcanzado permite que los países pobres, puedan tener acceso a fármacos de bajo precio para luchar contra las enfermedades únicamente infecciosas.

Pero esta decisión, que distó mucho de poner en peligro a las principales patentes farmacéuticas y sus jugosos beneficios, no fue bien recibida por las poderosas empresas que hay detrás. Nada tardaron en la Unión Europea para manipular la normativa aduanera y bajo el supuesto de sospechas de falsificaciones médicas protegidas por propiedad intelectual, obstaculizar hasta por seis meses en aeropuertos de Holanda y Alemania principalmente, el comercio de fármacos genéricos legítimos. De todos modos, incautar o retener remesas médicas legales por presiones de empresas farmacéuticas multimillonarias, es un acto no sólo criminal, sino absolutamente inmoral, y pone de manifiesto la estrecha colusión existente entre estos Estados y sus omnipotentes industrias farmacológicas.

Precisamente es este vínculo el que sirve para explicarnos las exageradas exigencias que aparecen en los capítulos de propiedad intelectual de los TLC y que en la mayoría de las ocasiones, rebasan todo lo previsto hasta ahora en las normativas y discusiones en la OMC. En esas tratativas y aprovechándose de la debilidad de los países con los que negocian, terminan por imponerles períodos superiores a los 20 años de vigencia para sus patentes; protección para sus datos de prueba de 5 a 10 años; descartar hasta el uso de la salvaguardia más importante que permite la OMC: las licencias obligatorias.

Naturalmente que nadie puede objetar la lucha necesaria contra las falsificaciones o adulteraciones de productos farmacéuticos y todos los países deben adoptar las medidas que consideren indispensables. Con esto se frenaría ampliamente un negocio que logra falsificar el 10% de los medicamentos disponibles en el mercado mundial, generando más de 40 mil millones de dólares al año. Actividad que no sólo representa la distribución y consumo de fármacos ineficaces, sino que además, puede causar víctimas fatales como las casi doscientas personas que en el 2006, fueron envenenadas con dietileneglycol en Panamá o el tráfico de efedrina y medicamentos adulterados descubierto en Argentina en agosto del 2008 y que terminó con un triple homicidio.

No obstante, también es preciso exigir responsabilidades a los laboratorios farmacéuticos transnacionales, cuando prefieren escoger las ganancias y el lucro, en lugar de salvaguardar la salud y la vida de los seres humanos. No es necesario explicar mucho esto para saber de lo que hablamos. Allí están los ejemplos con el antiinflamatorio Vioxx (rofexocib) de la empresa Merck, misma que según Peter Gillespie, tenía en Estados Unidos a principios del 2007, “2,300 millones de dólares por conceptos de impuestos no pagados por transferir sus patentes de medicamentos a una compañía fantasma en Bermuda y luego deducir de sus impuestos las regalías que se pagó a sí misma”.²

Del mismo modo, encontramos el antibiótico Baytril de los laboratorios Bayer, que hace algunos años atrás fue prohibido parcialmente por la FDA (Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos), ya que pese a estar recomendado para uso veterinario, se descubrió que “afectaba sensiblemente la acción de algunos productos con destino similar en los humanos”. También de la Bayer, empresa responsable de varios tóxicos agrícolas, hubo que retirar el Lipobay (Cerivastatina), recomendado para combatir el colesterol, cuando se demostró ser el causante de miles de muertes por infartos. Pfizer, otro poderoso laboratorio farmacéutico, tuvo problemas similares en el 2004 con dos de sus medicamentos estrellas: Celebrex y Bextra (valdecoxib).

Estas pocas muestras del comportamiento de la industria farmacéutica, ponen de manifiesto que la lógica mercantil que impera en sus actividades, carece por completo de ética. En ella es muy común la demora en reconocer los efectos secundarios de sus productos y retirarlos del mercado,aún a costa de la vida de las personas; abultar sus costos de investigación y desarrollo para justificar el precio de sus sustancias patentadas; lanzar versiones modificadas de productos existentes, sin que representen ningún adelanto químico significativo; y aprovecharse con mucha efectividad del considerable apoyo económico que les brindan generosamente los Estados altamente desarrollados. En resumen, las transnacionales de los medicamentos están más ligadas a los intereses de Wall Street, que son a su vez los del avasallador mercado, que a las necesidades más apremiantes de toda la Humanidad.

Notas:

1) Sanjaya Lall. Los efectos de la tecnología avanzada en los países en desarrollo: el caso de la industria farmacéutica. Revista Comercio Exterior de México. Noviembre de 1976.

2) Peter Gillespie. El negocio offshore. Servicio de Noticias de la Red del Tercer Mundo. 30 de julio de 2007.

12/02/2010 Posted by | General, Politica Internacional, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , | Deja un comentario

Carmen Aristegui con Eduardo Galeano


31/12/2009 Posted by | General, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , | Deja un comentario

Dos hombres marcados por el libre mercado.


Del delta del Níger a la Amazonia

Alberto Pizango

Ken Saro-Wiwa y Alberto Pizango nunca llegaron a conocerse, pero los une la pasión por la preservación de su pueblo y su tierra, y el fervor con el que fueron perseguidos por sus respectivos gobiernos. Saro-Wiwa fue ejecutado por el gobierno nigeriano el 10 de noviembre de 1995. Pizango fue acusado esta semana por el gobierno peruano de sedición y rebelión y evitó la captura por poco, al refugiarse en la Embajada de Nicaragua en Lima. Nicaragua acaba de otorgarle asilo político.

Dos líderes indígenas [uno vivo, el otro muerto] Pizango y Saro-Wiwa, demuestran que la efectiva oposición popular al poder de las corporaciones puede tener costos personales. Las familias de Saro-Wiwa y de otras víctimas acaban de lograr un acuerdo judicial sin precedentes en un tribunal federal de Estados Unidos, que pone fin a una batalla de 13 años contra Shell Oil. La odisea de Pizango recién comienza.

Perú y Nigeria están muy lejos en el mapa, pero ambos tienen abundantes recursos naturales, de los que Estados Unidos y otras naciones industrializadas están sedientos. El delta del Níger es uno de los yacimientos petrolíferos más productivos del mundo. Shell Oil comenzó a extraer petróleo allí en 1958. Al poco tiempo, los pueblos indígenas del delta del Níger comenzaron a sufrir la contaminación de su medioambiente, la destrucción de los bosques de manglares y el agotamiento de la población de peces que era su sustento. Las llamaradas producidas por la quema de gas iluminaban constantemente su cielo, contaminando el aire y negando a generaciones la posibilidad de ver una noche oscura. El saqueo al que estaba siendo sometida la tierra tradicional de los Ogoni en el delta del Níger inspiró a Saro-Wiwa a liderar una campaña internacional no violenta contra Shell. Por su compromiso, Saro-Wiwa fue arrestado por la dictadura nigeriana, sometido a un juicio simulado y colgado con otros ocho activistas Ogoni.

Estuve en el delta del Níger y Ogonilandia en 1998, donde conocí a la familia de Ken. Su padre, Jim Wiwa, no tenía pelos en la lengua: “Shell fue la primera persona que el gobierno nigeriano utilizó para saquear nuestra propiedad, para quemar nuestras casas (…) Shell tiene las manos manchadas de sangre en el asesinato de mi hijo”.

Los familiares demandaron a Shell Oil, acusándolo de ser cómplice de las ejecuciones. Les otorgaron una audiencia en un tribunal estadounidense en virtud de la ley sobre Responsabilidad Civil por Hecho Ilícito Reclamada por Extranjero [Alien Torts Claim Act], que permite que extranjeros presenten cargos contra un delincuente en tribunales estadounidenses cuando las acusaciones son por crímenes de guerra, genocidio, tortura o, como en el caso de los Nueve de Ogoni, ejecución sumaria extrajudicial. A pesar de los esfuerzos de Shell para que se desestimara el caso [Wiwa contra Shell], el juicio fue programado en un tribunal federal de Nueva York hace dos semanas. Tras varias demoras, Shell llegó a un acuerdo para pagar 15 millones y medio de dólares.

El hijo de Saro-Wiwa, Ken Wiwa, dijo: “Ahora tenemos la oportunidad de ponerle un punto final al triste pasado y enfrentar el futuro con algo de esperanza, con la esperanza de que lo que hicimos aquí habrá ayudado a cambiar la forma en que las empresas ven sus actividades en el exterior. Y esperamos que se forje la confianza. Nuevamente nos dirán que necesitamos centrarnos en las necesidades de desarrollo de la gente. Creo, y ojalá sea así, que hemos dado muestras, hemos dado el ejemplo de que con suficiente compromiso con la no violencia y el diálogo, es posible comenzar a construir algún tipo de justicia creativa. Y esperamos que la gente tome estas señales y presione para que se den ejemplos similares de justicia, para que las comunidades y todas las partes involucradas en los lugares donde hay producción petrolera puedan beneficiarse mutuamente de la producción petrolera, en lugar de generar la explotación y degradación del medio ambiente”.

Las poblaciones indígenas peruanas han protestado en forma pacífica desde abril, con bloqueos de carreteras, una táctica popular. El llamado Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos-Perú es el tema en disputa, ya que anularía las protecciones a la tierra indígena y les otorgaría acceso a las empresas extranjeras para la extracción de recursos.

Esta semana testigos afirman que las fuerzas especiales de la policía peruana llevaron a cabo una masacre en uno de los bloqueos. Alberto Pizango, el líder de la organización nacional indígena, la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana, acusó al gobierno del Presidente Alan García de ordenar el ataque: “Nuestros hermanos están acorralados ahí. Yo quiero responsabilizar al gobierno. Vamos a responsabilizar al gobierno de Alan García por ordenar el genocidio. (…) A los pueblos indígenas nos han dicho que somos antisistema. Pero no; nosotros queremos el desarrollo pero desde nuestras perspectivas, que se cumpla el convenio OIT 169 donde dice que a nosotros nos tienen que consultar, y estas consultas no se han hecho en el Perú. Yo me siento ahorita no solamente perseguido, sino que mi vida está en peligro, porque defiendo el derecho de los pueblos. Y solamente por defender mi derecho legítimo, que tienen los pueblos, yo ahora me siento que estoy perseguido.”

Ken Saro-Wiwa me dijo en 1994, justo antes de regresar a Nigeria: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”. Alberto Pizango se enfrentó al poderoso gobierno peruano y a los intereses empresariales que este gobierno representa. Pizango es ahora un hombre marcado, pero sigue con vida. ¿La comunidad internacional va a permitir que él y el pueblo indígena que representa, sufran el mismo destino que Ken Saro-Wiwa y el pueblo Ogoni?

Amy Goodman

Democracy Now

11/Junio/2009

www.democracynow.org

13/06/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , | Deja un comentario

Perú: Indígenas latinoamericanos impulsan juicio internacional contra Alan García


07-06-2009

Alan_Garcia_habla_de_Fujimori

Tras las violentas acciones policiales regristradas el viernes en la Amazonia peruana, en la que murieron al menos 40 nativos, la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI) impulsa la realización de un juicio internacional contra el mandatario peruano Alan García por genocidio.

“Impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por su entreguismo y la represión”, es la demanda que anunció llevar a cabo la CAOI.

En un contacto telefónico, colaborador de teleSUR en la localidad de Baguas (norte), Jeinner Cubas, informó el fallecimiento de 40 nativos. Por su parte, el Gobierno peruano no ha ofrecido en ningún momento cifras de la muerte de los indígenas, pero si ha reportado la defunción de una decena de funcionarios policiales.

“El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy”, expresa la CAOI, en referencia a los hechos violentos contra indígenas que se iniciaron a primeras horas del viernes, cuando una concentración de los aborígenes fue atacada por aire y tierra en la zona de la Curva del Diablo, de la Amazonia Peruana, según reportes.

El colaborador de teleSUR, Jeinner Cubas, denunció el viernes que las autoridades peruanas no permiten el acceso de los representantes de los medios de comunicación a esta zona, lo que dificulta tener acceso a la información y obtener detalles sobre los hechos que se desarrollan en este lugar.

Las acciones contra los indígenas peruanos fueron consideradas por la CAOI como “la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión”.

La CAOI representa a los nativos pertenecientes a Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina.

Desde el pasado nueve de abril, los nativos se mantienen en protesta para luchar no sólo por la derogación de unos decretos, sino “para defender un modelo de vida”, según ha manifestado el líder indígena, Alberto Pizango.

Entre los reglamentos que rechazan cerca de 60 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.

Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.

La Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI), convocó a todas las organizaciones y pueblos del mundo a solidarizarse con los pueblos amazónicos peruanos, con la realización de “plantones ante las embajadas del Perú en todos los países, todos los días, hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.

De igual manera la CAOI hizo un llamdo a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas.

“Cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas”.”Hay que detener la masacre”, afirma la Coordinadora

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/51497-NN/indigenas-latinoamericanos-impulsan-juicio-internacional-contra-alan-garcia/

07/06/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , | 3 comentarios

Colombia: Conspiraciones contra la paz


7 de abril de 2009

uribe

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

El conflicto colombiano oscila entre momentos de enorme esperanza y largos períodos de frustración generalizada. El país ha vivido en guerra permanente desde su independencia formal de España y los momentos de paz resultan excepciones en medio de las confrontaciones bélicas entre liberales y conservadores o en guerras abiertamente revolucionarias.

¿Qué obstáculos hacen tan difícil un arreglo pacífico del conflicto? Probablemente el primero tiene una relación profunda con la cuestión agraria, con la expropiación generalizada de tierras, una práctica muy tradicional en Colombia mediante la cual y al calor de las guerras, la gran propiedad rural ha crecido de forma desmesurada a costa de pequeños y medianos propietarios, colonos y comunidades indígenas y negras. Podría afirmarse que cada guerra ha sido una contrarreforma agraria encubierta. El latifundio colombiano (el viejo y el nuevo) creció notablemente durante la llamada Violencia (1948-1953) favoreciendo al estamento terrateniente tradicional; la actual (1964-¿¿??) ha concentrando más de seis millones de hectáreas en manos de paramilitares-narcotraficantes, empresas trasnacionales y otros grupos, además de propiciar el cambio de manos de no se sabe cuántos millones más por la vía de la compra “legal” a propietarios desesperados que malvenden sus pertenencias huyendo del acoso y la amenaza.

Afectar el actual sistema de tenencia de tierras en Colombia mediante una verdadera reforma agraria choca entonces con la gran propiedad y al parecer constituye un punto innegociable por parte tanto del gobierno (el presidente Uribe es, él mismo, un gran latifundista) como de la guerrilla izquierdista (obviamente por razones opuestas).

Tampoco parece existir un terreno abonado para una reforma política profunda. La clase dominante se siente muy cómoda con un sistema electoral que la favorece ostensiblemente y deja a la oposición apenas resquicios menores. A esta rigidez institucional se agrega el papel de la violencia de extrema derecha que impide el normal desarrollo de la actividad proselitista y asegura a los sectores afines al régimen una representación decisiva en las instancias legislativas. ¿El 35% de los parlamentarios como declaraba ufano el máximo jefe del paramilitarismo?. Un sistema entonces caracterizado por el clientelismo y la violencia no es precisamente un atractivo para quienes se han alzado en armas.

El cambio radical del sistema electoral es un segundo obstáculo que conspira contra el proceso de negociación. En realidad, una reforma profunda en este campo es una exigencia no solo de la insurgencia sino de la oposición en general y hasta de sectores sensatos de la misma clase dominante. Pero ésta se siente cómoda con un instrumento de dominación tan refinado y que, además, vende a la opinión internacional como un modelo de democracia. Para la oposición armada no parece posible pasar a la legalidad sin garantías de unas reglas de juego equilibradas y transparentes. Por su parte la oposición legal denuncia de forma reiterada todas las limitaciones y trabas que le impiden salir del estrecho espacio que se le permite ocupar. La imagen de Colombia como un país que vota mayoritariamente a la derecha más dura no corresponde tanto al éxito de sus partidos como al complejo sistema de limitaciones, trampas y violencia que tiene a su favor. El escándalo de la llamada “parapolítica” (vínculos de los políticos del gobierno con el paramilitarismo) pone de manifiesto, entre otras, que en las dos ocasiones en que Uribe gana la presidencia, un buen par de millones de sus votos son el resultado de la acción violenta de la derecha armada.

También conspiran contra un proceso de paz otros privilegios de la clase dominante y a los que parece no estar dispuesta a renunciar. Y uno se destaca en particular: el modelo económico neoliberal que le reporta enormes beneficios mediante una legislación laboral muy restrictiva, un sistema impositivo demasiado complaciente y todo tipo de ayudas. En efecto, apenas pagan impuestos, favorecidos por un entramado muy amplio de estímulos y deducciones fiscales y una legislación laboral que parece sacada del siglo XIX. Y como ocurre con la tierra, a las ventajas institucionales se agrega la acción de la violencia contra los dirigentes sindicales que arroja un balance macabro: de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo, tres son colombianos (según la oficina de la OIT) al punto que los sindicatos estadounidenses tienen un argumento muy sólido a la hora de pedir que no se apruebe el TLC con Colombia en tanto no cesen estos asesinatos y se castigue a los responsables. Por supuesto, los obreros no se benefician de un sindicalismo diezmado y sometido al terror cotidiano; los patronos, si.

La insurgencia también exige reformar la estructura del estado no solo en términos de su modernización sino sobre todo de su democratización, y en particular en los ámbitos de la justicia y las fuerzas armadas. El estado colombiano es ciertamente un raquítico instrumento, pasto de clientelismos y corrupción con el cual es muy difícil que un gobierno cualquiera pueda seriamente emprender reforma alguna y concitar a la comunidad nacional a un proyecto de desarrollo y democracia. Y por lo que hace a las fuerzas llamadas “del orden” el problema se agrava porque se han adiestrado bajo la influencia nefasta de la teoría de la “seguridad nacional” de los Estados Unidos, convirtiendo al oponente en el “enemigo interno” a eliminar, en una atmósfera de guerra fría extemporánea pero muy útil para criminalizar la protesta y convertir también a la oposición legal en “enemigos de la patria”.

Los vínculos estrechos entre las fuerzas del orden y la extrema derecha armada son ya innegables y el argumento de las autoridades según el cual se trata de actos aislados y no de un sistema ordenado y fomentado desde arriba ya no se sostiene. Hasta la Alta Representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo reconoce ante el cúmulo de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, violaciones graves del debido proceso, intimidación, persecución y desplazamientos (prácticas que en su conjunto no podrían calificarse más que de terrorismo de estado).

También hay temor y mucho recelo de parte de los guerrilleros por la experiencia amarga de procesos de paz anteriores. De hecho, ha sido relativamente fácil que éstos abandonen las armas, se disuelvan y participen en la contienda política. Pero la experiencia muestra también que muchos de sus líderes han pagado con sus vidas tal decisión. Fue así con las guerrillas campesinas del liberalismo en los años 50; lo mismo ocurre con destacadas figuras del M-19 y otros grupos menores; no se salvaron de la mano misteriosa que asesinaba al guerrillero acogido a la legalidad. Pero el caso más sangrante es sin duda el de la Unión Patriótica- un intento de participación política de las FARC, acordado con el gobierno- que es sistemáticamente masacrada (se cuentan casi cinco mil cuadros asesinados hasta hoy) y por cuyos crímenes instancias internacionales han condenado al estado colombiano por acción u omisión en reiteradas ocasiones.

Para que haya paz tiene que ser del pasado afirmar que “en Colombia es más fácil organizar una guerrilla que un sindicato”; debe ser del pasado igualmente la expresión impotente del presidente Belisario Betancourt cuando en pleno proceso de paz con las FARC y el M-19 denunciaba a “los enemigos de la paz agazapados dentro de las instituciones”; debe ser del pasado el asesinato de los líderes que dejan las armas y se acogen confiados a la legalidad.

En contraste, no sería obstáculo para la paz el programa político de los grupos insurgentes. De hecho, sus propuestas pueden ser suscritas por cualquier liberal o conservador progresista aunque obviamente admitiendo todo tipo de discrepancias por su pertinencia o realismo pero no porque constituyan un proyecto socialista o comunista que atente contra la propiedad privada, la libertad individual, la religión o cualquiera otro de los principios de la democracia burguesa.

La estrategia actual de la llamada “seguridad democrática” que en esencia significa la guerra como única respuesta, la criminalización sistemática de los insurgentes y el vínculo con las estrategias “antiterroristas” de los Estados Unidos y sus socios, materializa todos estos obstáculos que conspiran contra la paz. Seguramente el abandono de esta estrategia bélica sea el primer paso para comenzar a desmontar pacientemente los demás problemas que impiden a los colombianos y a las colombianas vivir en paz y resolver sus conflictos de manera civilizada.

La reciente propuesta de paz de las FARC ¿tendrá la misma suerte que las anteriores? Este será una de los retos más importantes para quienes aspiran ya a dirigir los destinos de Colombia a partir de 2010 (las próximas elecciones presidenciales) pues Uribe se declara cerrado a cualquier alternativa que no sea intensificar la guerra. Sería al menos prudente asumir el fracaso real de la estrategia de la “seguridad democrática” así como el cambio de los tiempos. Sería sensato atender la propuesta de la senadora Piedad Córdoba y de Colombianos y colombianas por la paz. Por desgracia, la prudencia y la sensatez no son precisamente virtudes que Uribe practique con demasiada frecuencia.

ARGENPRESS

08/04/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

La IV Flota operará en Perú


3 de Febrero de 2009

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ALAN GARCIA PERMITIRA EL INGRESO DE MILITARES DE ESTADOS UNIDOS

Durante este año, los buques norteamericanos podrán ingresar a los puertos peruanos para reabastecerse durante su misión de patrullaje en la región. Fue una de las exigencias de Washington para aprobar el Tratado de Libre Comercio.

Por Carlos Noriega

Desde Lima

Mientras diversos gobiernos de la región cuestionan la decisión de Washington de resucitar, después de 58 años, la Cuarta Flota de la Marina de Estados Unidos para patrullar los mares de América latina, el gobierno peruano ha dictado una ley para facilitar sus operaciones, permitiendo que los buques de guerra norteamericanos utilicen los puertos peruanos. Esta ley fue aprobada por el Congreso, casi sin debate y con el apoyo del oficialismo, el fujimorismo y la derechista Unidad Nacional, durante una sesión nocturna en la que también se aprobaron otras dos normas exigidas por Washington para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que entró en vigencia el 1º de febrero.

Según esta norma, durante todo el año 2009 la Cuarta Flota norteamericana podrá utilizar los puertos peruanos de El Callao, en Lima, y Salaverry, 550 kilómetros al norte de la capital peruana. Son catorce buques de guerra, trece fragatas misileras y un crucero de la marina norteamericana, los que podrán ingresar a los puertos peruanos para reabastecerse durante su misión de patrullaje en la región. El primer buque norteamericano en llegar a puertos peruanos será la fragata misilera “Rodney M. Davis”, que arribará el 11 de febrero y permanecerá durante diez días en el Perú antes de continuar su tarea de patrullaje por las aguas de América del Sur.

Simultáneamente a esta decisión de facilitar las operaciones en la región de la Cuarta Flota, el gobierno de García también ha dispuesto el ingreso a territorio peruano de militares norteamericanos armados para misiones de “entrenamiento táctico en el campo” y de “apoyo informativo”. Los soldados estadounidenses operarán, principalmente, en las zonas más conflictivas del país, donde hay fuerte presencia del narcotráfico y de las últimas columnas armadas que quedan del grupo maoísta Sendero Luminoso. En 2008, el presidente García autorizó la entrada al Perú de más de mil soldados norteamericanos. Estados Unidos tiene una importante presencia en seis bases peruanas, ubicadas en las zonas donde hay narcotráfico y guerrilla, y cerca de la frontera con Colombia. Junto a estas normas que permiten la presencia militar de Estados Unidos en el país y facilitan sus operaciones navales en la región, el gobierno de García también ha ordenado la realización de operaciones militares junto con Colombia en julio de este año.

“Para las operaciones de la Cuarta Flota era clave para Estados Unidos tener una base en el Pacífico sur, y ya lo han logrado gracias a la decisión del gobierno peruano. El Perú se convierte en un apostadero de la Cuarta Flota norteamericana para sus operaciones en América del Sur. Estados Unidos tiene el apoyo irrestricto del Perú para realizar operaciones militares en la región. Esto es preocupante”, señaló a Página/12 el experto en temas militares Ricardo Soberón. Acerca de las operaciones militares junto con Colombia, Soberón opina que “eso involucra peligrosamente al Perú con el Plan Colombia”.

Cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que no renovaría el convenio para el funcionamiento de la base militar norteamericana en Manta, el cual vence este año, la administración Bush inició tratos con el gobierno de García para mudar esa base al Perú. Esas gestiones avanzaron paralelamente a las negociaciones por el TLC. El gobierno del Perú ya había aceptado que se instale en el país una base militar norteamericana pero, ante las protestas que surgieron cuando esto trascendió, dio marcha atrás. Ahora les han dado a los norteamericanos los puertos peruanos para que su flota opere desde ellos. Los buques de guerra norteamericanos que patrullarán permanentemente en la región se convertirán en bases móviles, desde las cuales podrán monitorear con sus equipos de comunicaciones toda la región, que es lo que se hacía desde Manta, y también podrán intervenir militarmente cuando lo consideren necesario. Esos buques tienen un gran poder combativo. “Estados Unidos ya no necesita una base militar en el Perú, porque la presencia permanente de la Cuarta Flota en la región es el reemplazo a la base de Manta”, afirmó Soberón.

Aunque Washington asegura que la Cuarta Flota tiene como misión central la lucha contra el narcotráfico, su presencia en la región es vista como una amenaza y un factor de presión contra los países críticos de Washington. “Un objetivo central de esa presión norteamericana es Venezuela. Desplegando a la Cuarta Flota, Estados Unidos busca recuperar presencia política y militar en la región, defender sus intereses estratégicos y mostrar que las aguas de América del Sur forman parte de esos intereses. La intención de Estados Unidos es tener una fuerza operativa en América latina que responda ante cualquier eventualidad. Eso no va cambiar con el gobierno de Obama”, dijo el experto Soberón.

Página 12

10/02/2009 Posted by | Politica Latinoamerica, Uncategorized | , , , , , , , , | Deja un comentario