America Latina Unida

Mi selecciòn de temas vinculados a Argentina y a la Patria Grande.

Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad


EXCELENTE FORO INTERNACIONAL QUE REÙNE A LOS PRINCIPALES INTELECTUALES DEL MUNDO PARA ENTENDER LA CONYUNTURA POLÌTICA INTERNACIONAL, CELEBRADO EN EL TEATRO CERVANTES, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÒN.
MARIANIKE

Foro Internacional Por la Emancipación y la Igualdad – Acto de apertura

Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad – Jornada 1

Foro Internacional Por la Emancipación y la Igualdad – Desafíos y Encrucijadas en América Latina

Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad – Jornada 2

Foro “Emancipación e Igualdad” – Nuevas Izquierdas y Tradiciones Populares en Europa

Foro Internacional Por la Emancipación y la Igualdad – América Latina y Europa en espejo

Foro Internacional Emancipación e Igualdad – Actualidad de las Tradiciones Emancipatorias

Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad – Jornada 3

14/03/2015 Posted by | General, Historia, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized, Videos | | Deja un comentario

Intentona golpista contra Venezuela por Ignacio Ramonet


Intentona golpista contra Venezuela por Ignacio Ramonet

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Simpática ave de la fauna amazónica, el tucano es bien conocido por su espectacular pico de vistoso color. Pero también es el nombre de un agresivo “pájaro de acero” fabricado por el constructor brasileño Embraer, cuya denominación militar es EMB 312, y cuyos dos modelos más vendidos son: el T-27 en su versión de entrenamiento, y el AT-27 armado para ataques a tierra. Es una de las aeronaves de entrenamiento más vendidas en el mundo. La aviación militar de Venezuela, por ejemplo, posee una treintena de Tucanos.

Y precisamente uno de esos Tucanos militares, artillado para atacar, debía bombardear el Palacio de Miraflores, en Caracas, el pasado 12 de febrero. Y matar al Presidente Nicolás Maduro. Tenía asimismo por misión atacar el Ministerio de Defensa, destruir el edificio que alberga los estudios del canal de televisión internacional TeleSUR para sembrar el caos y la confusión.

Según reveló el propio presidente Maduro, la intentona de golpe fue desarticulada gracias a la habilidad de los organismos de inteligencia bolivarianos. Ello permitió el arresto de un grupo de oficiales de la aviación y de civiles uniformados. “Se trata –declaró el mandatario venezolano– de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación para provocar un ataque y un atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra patria; es un coletazo del llamado ‘Golpe azul’ (1) de hace un año, en febrero-marzo de 2014”.

Nicolás Maduro contó que uno de los oficiales involucrados estaba “comprometido”, desde el año pasado, con grupos de la ultraderecha venezolana que buscaban generar de nuevo disturbios violentos en el país. El presidente reveló que, después de una serie de investigaciones, las autoridades militares exigieron que ese oficial fuera cesado de las Fuerzas Armadas. “Pero hace unas semanas –explicó el mandatario– varios opositores lo contactaron de nuevo, le pagaron una suma importante en dólares y le confiaron varias misiones. Al mismo tiempo, la Embajada de Estados Unidos le concedía un visado con fecha del 3 de febrero, y le garantizaba que, ‘si eso falla, ya sabes, tienes el visado para entrar en EE.UU. por cualquiera de nuestras fronteras’”.

A partir de ese momento –siguió relatando Nicolás Maduro– ese oficial contactó con cuatro compañeros más para ejecutar las misiones “trazadas desde Washington”. Una de ellas consistía en grabar en vídeo unas declaraciones del general de aviación Oswaldo Hernández Sánchez en la cárcel en la que se halla detenido por haber intentado ya dar un golpe de Estado en 2014.

“La orden era grabar un vídeo de este general a quien apodan ‘El Oso’ y, el 12 de febrero, en los actos de conmemoración (2) hacer despegar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores, y otros ‘objetivos tácticos’ como el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la sede del canal TeleSUR. La orden de iniciar la acción putschista se disparaba en el momento en que un diario de la oposición publicase lo que ellos llamaban el ‘programa de gobierno de transición’” (3).

Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, y Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de la capital, aportaron en Caracas, el 13 de febrero pasado, más detalles de la intentona golpista. Ambos dirigentes chavistas confirmaron que los oficiales detenidos habían admitido que la publicación de un “Manifiesto” en la prensa era una de las señales para lanzar la tentativa, cuyo nombre de código era: “Operación Jericó” (4).

Ambos revelaron que, según las declaraciones de los detenidos, los golpistas tenían la intención de “liquidar” desde el primer instante, además de al presidente Nicolás Maduro, a los propios Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, y a dos personalidades bolivarianas: Tibisay Lucena, presidenta del CNE, y Tareck El Aissami, ex ministro del Interior y actual gobernador del Estado Aragua.

Por otra parte, identificaron, además de al general Oswaldo Hernández, alias ‘El Oso’, a los otros presuntos cabecillas de la conspiración, a saber: el capitán Héctor José Noguera Figueroa; el coronel José Suárez Rómulo; el primer teniente Ricardo Antich Zapata (presuntamente encargado de los contactos con la Embajada de Estados Unidos), y el primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón (5). También mostraron parte del arsenal incautado, en particular armas de alto calibre como fusiles semi-automáticos AR-15, ametralladoras y granadas. Asimismo revelaron que se habían descubierto mapas de la ciudad de Caracas con varios “objetivos tácticos” marcados: el Palacio de Miraflores, los Ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia y Paz; el Consejo Nacional Electoral, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el canal TeleSUR.

Cabello y Rodríguez designaron como “autores intelectuales” de la intentona golpista y del proyecto de magnicidio a dos personalidades de la oposición: Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas (detenido el pasado 19 de febrero), y Julio Borges, diputado opositor. También afirmaron tener pruebas de la participación de personal de la embajada estadounidense: “Una funcionaria de la embajada llamaba a las esposas de los generales venezolanos y les decía que el nombre de su esposo estaba en la lista de personas sancionadas por el Congreso de los EE. UU. Y que el visado de toda su familia para ingresar en territorio estadounidense había sido invalidado. Buscando crear zozobra en las familias de los oficiales”, explicó Jorge Rodríguez.

El presidente Maduro dijo, por su parte, tener en su posesión el “plan de gobierno” redactado por los golpistas, en el que se eliminaban los poderes públicos y se amenazaba a los cubanos de las misiones de servicio social (salud, educación, deporte). “También hablan –dijo Maduro– de privatizar PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), de disolver todos los poderes públicos, de suspender las garantías democráticas, de liberalizar el sistema de cambio y de regalar los dólares otra vez a la oligarquía”. El Presidente añadió que, en ese “Plan de gobierno”, los golpistas “lanzan una amenaza contra lo que ellos llaman ‘los colectivos’ –que nosotros sabemos que es el pueblo venezolano–, anunciando que, cuando lleguen al poder, actuarán contra ellos con toda la fuerza militar. Y a los cubanos de las misiones en Venezuela, les dan veinticuatro horas para presentarse ante las oficinas del nuevo gobierno de facto o ‘se enfrentarán a las consecuencias’(…)”

A pesar de todos estos detalles y pruebas aportados por las máximas autoridades venezolanas, los medios de comunicación internacionales (incluso en América Latina) han dado poco crédito a este anuncio de intento de golpe de Estado. Esta ‘incredulidad’ forma parte –desde hace quince años– de la estrategia de los grandes medios de comunicación dominantes en guerra contra la revolución bolivariana, para desacreditar a las autoridades bolivarianas. Indiferente a esa hostil actitud, el presidente Nicolás Maduro ha seguido explicando, con perseverancia pedagógica y con toda clase de pruebas, cómo, desde el fallecimiento de Hugo Chávez (hace exactamente dos años), y desde su elección (el 14 de abril de 2014), un “golpe lento” está en marcha para intentar derrocarlo.

Esta vez, el golpe se iba a ejecutar en cuatro fases (6). La primera comenzó a principios del mes de enero de 2015, cuando el presidente Maduro realizaba una larga gira por el extranjero (China, Irán, Qatar, Arabia Saudí, Argelia y Rusia). Esta fase se realizó con el apoyo de sectores del empresariado que impulsaron campañas de acaparamiento de alimentos básicos y productos de primera necesidad, con el fin de crear escasez y malestar, preparando las condiciones para que los ciudadanos salieran a las calles a protestar y a saquear supermercados. Lo cual no se produjo.

En la segunda fase, los grandes medios de comunicación internacionales intensificaron la difusión de reportajes, noticias y artículos que daban una imagen distorsionada de la realidad venezolana. Haciendo creer que, en el país del “socialismo del siglo XXI”, se estaba produciendo una auténtica “crisis humanitaria”. El presidente Maduro denunció, en esta ocasión, el detestable papel desempeñado, en esa fase de la “operación Jericó”, por varios periódicos españoles (El País, ABC).

La tercera etapa debía estar protagonizada por un “traidor”, que, en la televisión y en los grandes medios de comunicación, haría un llamamiento solemne a la rebelión. Aunque el presidente no aclaró quién sería ese “traidor”, alertó a los ciudadanos: “No quiero alarmar a nadie pero estoy obligado a decir la verdad (…) Están buscando a un traidor y pido al pueblo que esté alerta”.

La cuarta fase del golpe es la que se desveló el 12 de febrero, con la participación de un grupo de oficiales putchistas de la aviación militar, financiados desde el extranjero. Entonces se anunciaría el “Programa de gobierno de transición”. Y se enterraría la revolución de Chávez.

Pero incluso en cuatro fases, el golpe fracasó. Y la revolución bolivariana sigue viva.

(1) El ala más derechista de la oposición venezolana –liderada por personalidades ultraconservadoras como Leopoldo López (detenido el 20 de febrero de 2014), Antonio Ledesma (detenido el 19 de febrero de 2015) y María Corina Machado (ex diputada)– lanzó un movimiento llamado “la Salida” que fomentó una suerte de “golpe blando” o “golpe azul” con la intención de derrocar al Presidente Nicolás Maduro mediante la financiación de violentas protestas callejeras (las “guarimbas”) que causaron 43 muertos, 878 heridos e incontables daños.
(2) El 12 de febrero, en Venezuela, es el Día de la Juventud; se conmemora la batalla de la Victoria, durante la guerra de Independencia, en la que unos mil estudiantes de Caracas hicieron frente a las tropas españolas y las derrotaron.
(3) El manifiesto se publicó el 11 de febrero pasado en el diario opositor caraqueño El Nacional, en página 5, con el titulo: “Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición”. Léase: http://www.voluntadpopular.com/index.php/ver-noticia/8-noticias/2330-llamado-a-los-venezolanos-a-un-acuerdo-nacional-para-la-transicion
(4) En alusión a la Biblia, y más precisamente al Libro de Josué, donde se cuenta que, cuando Josué, a la cabeza de los israelitas, llegó ante las murallas imponentes de la ciudad de Jericó, Dios le dijo que ordenara a los sacerdotes tocar las trompetas: Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de Jericó se derrumbarán, y cada uno entrará sin impedimento.
(5) Los demás oficiales golpistas serían : la capitana Laided Salazar De Zerpa, alias “Manuelita”; los capitanes Andrés Ramón Thompson Martínez, Nerio Alfonso Cordova Moreno; Carlos Manuel Osuna Saraco alias “Guillermo”; el mayor Cesar Pérez Carrero; el primer teniente Wilfredo Amado Castillo Colmenares; el primer teniente Javier Salazar Moncada; el primer teniente Miguel Ángel Salazar Molina; el primer teniente Carlos Esqueda Martínez; y el primer teniente Jofre de Jesús Pineda Trejo.
(6) Léase, sitio web de TeleSUR, Caracas, 12 de febrero de 2014.http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-venezolano-desmantela-atentado-golpista-20150212-0053.html

CubaDebate / La Radio del Sur

04/03/2015 Posted by | Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , | Deja un comentario

Argentina y Brasil: derechas gemelas – Emir Sader


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Emir Sader
ALAI AMLATINA, 26/02/2015.- La derecha latinoamericana nunca estuvo tan débil. Pierde sucesivamente elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador. Nunca estuvo tanto tiempo desalojada del gobierno en esos países como ha estado en este siglo.

Las trasformaciones sociales llevadas a cabo por los gobiernos de esos países, los avances en los procesos de integración independientes respecto a los Estados Unidos de América (EUA), la recuperación del rol activo del Estado, han llevado al aislamiento de la derecha en la región. El fracaso de los gobiernos neoliberales y su incapacidad de formular otra alternativa, hacen con que paguen el precio de los daños causados por ese modelo y voten en contra de los que lo representan.

Los EUA siempre han jugado con la división y la competencia entre gobiernos de la región para mantener su poder. Fue así, por ejemplo, a lo largo de todo el proceso de renegociación de las deudas de los países, que nunca han logrado hacerla colectivamente.

Golpe durísimo en ese jugo fue la sólida alianza establecida entre los gobiernos de Argentina y Brasil, con la elección de Lula y de Néstor Kirchner para presidir dos de los tres más grandes países de la región. Esa alianza, que nunca fue tan sólida entre Argentina y Brasil, es el eje a partir de la cual los procesos de integración regional se consolidan y se expanden, factor del más grande aislamiento de EUA en América Latina.

Las derechas argentina y brasileña tienen enormes similitudes, porque ambas se han reorganizado alrededor de los dos más importantes gobiernos populares que han tenido esos países en el siglo XX: los de Perón y de Getulio Vargas. Por ello son derechas elitistas, oligárquicas, racistas, antinacionales.

Es la derecha la que intentó tumbar a Vargas en 1954 y lo llevó al suicidio. Es la que tumbó a Perón en 1955 y llevó Argentina a iniciar el ciclo de las acciones militares gorilas en la región. Es la derecha la que dio finalmente el golpe en Brasil en 1964 e instauró la más larga dictadura militar en la región. Es la misma derecha que intentó hacer lo mismo en 1966 en Argentina, pero vio frustrado su golpe. Tuvo que volver a la carga en 1976, para cerrar el círculo de terror de las dictaduras en el Cono Sur.

Es la misma derecha que no se resigna a que sean gobiernos populares – que no por acaso se identifican con los gobiernos de Perón y de Vargas – los que rescaten a Argentina y Brasil de los desastres producidos por la derecha durante las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales. De nuevo sienten que la promoción de los derechos de las grandes mayorías populares dan la base de sostén a esos gobiernos y profundizan su odio a esos gobiernos y a sus bases populares.

Los pretextos son similares: la situación económica seria caótica, como si la que han dejado como herencia a estos gobiernos no fuera catastrófica. La corrupción, como si no fueran sus gobiernos militares y neoliberales los que han protagonizado los casos de corrupción más grandes de la historia de esos países, especialmente en los procesos de privatización de los bienes públicos.

Amenazan con nuevos golpes, con impeachment –procesos en los que solo ellos creen -, porque no tienen confianza en obtener mayoría para triunfar en las elecciones, a pesar de contar con el monopolio de los medios de comunicación como su gran triunfo. Lo hacen como forma de intentar desgastar a los gobiernos de Cristina y de Dilma. No tienen formas democráticas, transparentes, de oponerse a los gobiernos de esas dos grande mujeres latinoamericanas, mujeres de trayectoria, de coraje, de compromiso con la defensa de los intereses populares, de sus países y de América Latina.

Ni tienen razones, ni apoyo para cualquier intento de derrumbar a esos gobiernos. De lo que tratan es de poner obstáculos a que los programas sociales de esos gobiernos sigan adelante, superando las terribles herencias que han recibido de la derecha y consolidando cada vez más el apoyo popular a sus gobiernos.

Los medios de comunicación internacionales suelen reflejar lo que la prensa de derecha de esos países publica diariamente, contribuyendo a difundir una versión falsa de lo que realmente pasa. Son estos poderosos grupos monopolistas de los medios internacionales – que tienen en el Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, El País algunos de sus órganos más conocidos- los que se hacen eco de la guerra que las derechas latinoamericanas hacen diariamente, buscando crear imágenes internacionales negativas de esos gobiernos. Felizmente ya hay órganos alternativos, que permiten que la verdadera cara no solo de Argentina y de Brasil, sino también de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, puedan llegar a sectores cada vez más amplios de la opinión pública mundial.

– Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

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04/03/2015 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Apertura de Sesiones Ordinarias 2015 – Magistral discurso de Cristina Fernàndez


01 de MAR. [Transmisión completa] Apertura de Sesiones Ordinarias 2015. Cristina Fernández.

02/03/2015 Posted by | Agricultura yGanadería, Ciencia y Tecnología, Economía, Educación, General, Industrias, Justicia, Medio Ambiente, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized, Videos | , , | Deja un comentario

El Partido Judicial entró en operaciones – Roberto Caballero


El Partido Judicial entró en operaciones

Luego de la marcha del 18F, se acelera el uso por goteo de causas judiciales para asediar al gobierno nacional y a sus funcionarios. La confesión de Laura Alonso y las comparaciones odiosas del diario La Nación.
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Si el kirchnerismo no hubiera mantenido las mayorías parlamentarias en octubre de 2013, el Parlamento Nacional estaría discutiendo hoy la manera de llevar a juicio político a Cristina Kirchner, como confesó el miércoles 18F la diputada del PRO, Laura Alonso: “Soy de las personas que creen que hay que poner en estudio el pedido de juicio político contra el canciller y hay que poner en estudio la posibilidad de un pedido de juicio político contra la presidenta”, dijo el día de la marcha de los paraguas, quizá envalentonada por la cantidad de gente convocada.

La apertura del proceso destituyente en el Congreso del que habló Alonso, referente local de Vital Voices Global Partnership, ONG financiada por la Fundación Paul Singer, titular del litigante contra Argentina NML Capital Limited en el juzgado de Thomas Griesa, tiene destino de fracaso en el recinto legislativo, pero adquiere trámite sumarísimo en la tapa de los diarios hegemónicos y en los tribunales del Partido Judicial amotinado contra el gobierno.

A nadie escapa que el turbulento escenario abierto con la denuncia de Alberto Nisman, se vio todavía más alterado tras la muerte dudosa del fiscal, el 18 de enero. Desde entonces, tanto Alonso como su socia Patricia Bullrich, trataron de involucrar al gobierno en el hecho, abonando la tesis de un crimen de Estado que, según la evidencia recogida hasta el momento, se aleja un poco más cada día.

“Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática”.
La irrupción en escena de una testigo, Natalia Fernández, que dijo en el diario del Grupo Clarín SA lo que después rectificó prolijamente en el expediente que instruye bajo múltiples presiones la fiscal Viviana Fein, no fue obra del azar.

El objetivo, precisamente, fue desautorizar la pesquisa de Fein, que aún hoy está convencida de que no intervinieron terceras personas en el departamento de Le Parc; y en lo posible arrastrar el expediente al fuero federal con otra carátula, que extienda en el tiempo la idea del asesinato y el desgaste institucional que provoca.

Pero el abogado de Fernández, Sebastián Smoler, tocó timbre cuando lo mandaron a espiar: es el apoderado, desde 2012, del partido “Unión por Todos”, el de Bullrich, socia del macrismo.

En su momento, Smoler fue el redactor de la acción de amparo que la propia Bullrich presentó contra el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para democratizar la justicia, punto de inicio de la rebelión judicial.

La mesera Fernández figura en el padrón con domicilio en Venezuela 628, en Monserrat, donde tiene sede un local del PRO
Smoler, el abogado de Bullrich y de la testigo que se desinfló (y se desinfló en serio, porque Clarín, luego de haber hecho una tapa con sus supuestas revelaciones, no publicó absolutamente nada el viernes 20, cuando se supo que ella las había rectificado, y recién lo hizo ayer en su página13), es el mismo que estampó su firma debajo de aquella presentación. Y el que, desde su Twitter, ataca seguido a la presidenta, a quien llamó “imbécil” cuando se torció el tobillo, “patética” en innumerables ocasiones y calificó de “persona con evidentes problemas psiquiátricos” cada vez que pudo.

Quizá no quiera decir nada. Tal vez, sí. Su representada, la mesera Fernández de fama fugaz en la tapa de Clarín y sus licencias no adecuadas a la ley, figura en el padrón electoral con un domicilio, Venezuela 628, que no es el suyo, el particular, sino que pertenece a un edificio, levantado justo en el cruce con la calle Perú, en el barrio de Monserrat, donde tiene su sede un local del PRO, regenteado por el senador Diego Santilli, del mismo partido que Alonso, la socia de Bullrich en la trama. ¿Causalidad o trampa del destino? Los hechos son fácticos, las interpretaciones son libres.

Bullrich y Alonso son las diputadas opositoras que venían coordinando con Nisman de manera promiscua (el cruce de llamados telefónicos ya admitido entre todos ellos es una extraña versión de la independencia de poderes de la que nadie parece tomar cuenta) la presentación en el Congreso donde se iba a utilizar el dictamen inconsistente del fiscal para lanzar la ofensiva final contra la presidenta. ¿Quizá buscando número para forzar su juicio político? La propia Alonso reconoció ante los medios, después de declarar ante la fiscal Fein: “Nos reunimos a principios del año pasado (2014). Hablamos sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y yo le dije: ‘No me des detalles de la denuncia porque no me quiero enterar.’ Le pregunté si luego de que él presentará la denuncia, yo debía pedirle el juicio político a la presidenta, y ‘Nisman me dijo que sí.'” Siempre según Alonso, Nisman estaba interesado por su rol institucional como vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político porque, como le dijo, “Cristina había ordenado todo.”

El cadáver de Nisman podrá haber sido investido de un halo heroico por la multitud antikirchnerista que se movilizó bajo la lluvia del miércoles pasado, pero en vida fue el fiscal que acudía a recibir órdenes de la Embajada de los Estados Unidos, se encontraba a coordinar acciones con Roger Noriega, el ex secretario de George Bush para la región, y proveía letra al fondo buitre de Singer en su pelea con el país para cobrar sus bonos basura.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal.
Todo esto está más acreditado que su denuncia por encubrimiento que, de tan floja en su probanza, no pudo siquiera ser suscripta en su totalidad por Gerardo Pollicita, el fiscal que tomó la posta y ahora rehuyó la invitación de tres comisiones parlamentarias para que explique dónde está el presunto delito que imputa a Cristina Kirchner. La excusación de Pollicita, de todos modos, tiene sentido: como la denuncia presupone que el Memorándum con Irán es parte constitutiva de la ilegalidad reprochada, ¿cómo les explica a los diputados y senadores que la presidenta es imputable y ellos, que lo votaron, no lo son?

Sorprende el pedido que Bullrich hizo para anular la citación de Pollicita. Sobre todo, sus argumentos: “Los jueces y fiscales deben ser libres de cualquier interferencia o apariencia de interferencia por parte de otros poderes.” Cuando ella lo citó a la comisión de Legislación Penal, ¿no interfería?

Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática.

La intención de desatar una crisis política con el dictamen, operatoria de la cual Nisman fue protagonista consciente según las charlas que mantenía con Bullrich y Alonso hasta horas antes de su muerte, es tan repudiable como el uso de su cadáver para golpear contra las instituciones de la democracia.

Los protagonistas de la maniobra están claros. Las relaciones entre sí son públicas. La finalidad, conocida ahora por boca de Alonso, era evidente: una presidenta acusada de encubrir el mayor atentado de la historia argentina era pasible de ser juzgada, si encima después se la señala como responsable del asesinato del fiscal que la acusaba, pierde las mayorías parlamentarias y, sin ellas, puede ser removida. Tanto ella como Bullrich trabajaron durante todo este mes para convertir el caso Nisman en una causal de destitución. El aval a la jugada del aparato de agitación y propaganda del Grupo Clarín SA vino por añadidura. Era obvio.

No les salió, es verdad, pero sí lograron generar el clima para una gran marcha que, en vez de ir a pedir “justicia” al Palacio de Tribunales, se plantó en la Plaza de Mayo con exigencias diversas hacia la Casa Rosada.

Encabezada por un grupo de oficiales de segunda jerarquía del Partido Judicial, en guerra solapada contra el gobierno, la movilización tuvo su primer efecto el viernes, cuando la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, confirmó el procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la causa Ciccone. El segundo en la línea de sucesión presidencial.

La legitimación callejera finalmente habilitó a los tres camaristas a ceder al pedido que Jorge Lanata les hizo el año pasado, cuando por Radio Mitre mandó a escrachar a sus hijos en la escuela si no avanzaban contra el vice.

Los mismos camaristas respaldaron al juez Claudio Bonadio por su actuación en la causa Hotesur. Se trata de la empresa familiar de la presidenta. El magistrado ya allanó la AFIP buscando las declaraciones juradas de Cristina y de sus hijos, entre ellas, la de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora; y la Inspección General de Justicia procurándose la carpeta societaria. En tribunales dicen que las indagatorias son inminentes. ¿Acaso es un reaseguro por si Daniel Rafecas, el juez que recibió la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento, decide archivarla? ¿O será para mantener un doble acoso sobre la jefa de Estado?

Durante la misma jornada, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria nada menos que a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, la abogada del Estado nacional, en el marco de un expediente que tiene como rehén a Mariano Recalde, referente de La Cámpora y titular de Aerolíneas Argentinas, acusado por el presunto delito de “administración fraudulenta”. También Rodríguez había llamado antes a indagatoria a José “Pepe” Sbattella, titular de la UIF por informar datos financieros que el Grupo Clarín SA no quería que se divulgaran.

Y el mismo día, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (más conocida como la cámara Miami, algunos de cuyos integrantes viajaban a congresos de la fundación CERTAL, de la que el fiscal Ricardo Sáenz es secretario general), confirmó el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín SA.

No había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material.
A esto se deben sumar el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, titular del Juzgado 9, que hace dos semanas le concedió al Grupo Clarín SA otra cautelar, por el mismo tema de la adecuación de oficio, en este caso a pedido de Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, bajo el argumento de que la adecuación del oligopolio, validada por la Corte Suprema en su fallo definitivo por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, constituye un riesgo para la libertad de expresión. Un contrasentido jurídico. ¿Cómo el funcionamiento de un oligopolio de la comunicación, que acalla voces por definición, va a ser la garantía de la libertad de expresión a preservar? Bueno, eso dice la cautelar.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal. Desde que el gobierno lanzó el paquete de siete leyes para democratizar el Poder Judicial, las distintas corrientes de la judicatura más conservadora se abroquelaron en un frente único cada vez más agresivo y temerario. Son los mismos que amenazan con activar 300 causas que tienen a medio centenar de funcionarios en la mira de sus procedimientos discrecionales. Lo dice Adrián Ventura, en su nota “La Justicia llevó al gobierno a un paso más hacia el abismo”, del viernes 20. ¿Cuáles fueron los factores que cambiaron el escenario? Según él, “son tres: las duras críticas de la presidenta sobre los jueces, el manoseo de los fiscales hecho por la procuradora y los cambios de operadores dentro de la SIDE, que le sacaron al gobierno eficacia en la Justicia”.

Quizá la palabra golpismo remita a otra cosa en la memoria de los argentinos. Pero desde los tiempos en que el Ejército era un “partido de gobierno” que se salteaba la más elemental voluntad popular para imponer dictaduras y mandar a la cárcel, al destierro o a la tumba a los militantes políticos, no había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material. Además, contando con el silencio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El discurso es el mismo: la República, la libertad, la justicia y el combate contra la corrupción. La defensa de valores tan sagrados siempre justifica en el imaginario la excepcionalidad o el salteo de las reglas. Por eso, aunque algunos quieran devanarse los sesos buscando una nueva palabra, destituyente sigue siendo la mejor calificación para definir el alzamiento del Partido Judicial contra el gobierno kirchnerista que se vive por estas horas. ¿Cómo no pensar que el intento fracasado en el Legislativo prosigue con esta revuelta tribunalicia?

En este contexto, la última operación de sentido que lanzó el diario La Nación mete miedo. Dos de sus columnistas, el mismo jueves 19, asociaron al kirchnerismo –mayoría política del país por voluntad popular, con dominio del Ejecutivo, robustez parlamentaria en ambas Cámaras y más del 60 por ciento de las gobernaciones provinciales–, con el MTP que copó el Regimiento de La Tablada en 1989.

La rusticidad analítica de un columnista puede llevarlo a comparar lo incomparable. Ocurre que, en este caso, los que compartían la misma alucinación eran dos y en la misma edición.

¿Por qué La Nación trató de vincular a los violentos atacantes de un cuartel con un movimiento democrático que llegó al poder por elecciones limpias? ¿En qué se basan los columnistas del diario para sostener que el kirchnerismo tomó por asalto el Estado y debe ser echado de cualquier forma?

El asalto a La Tablada dejó muertos, torturados y desaparecidos a manos del Ejército. Estos últimos, delitos que Alberto Nisman dejó impunes, cosa que se puede verificar en el archivo, obedeciendo las órdenes de los mismos sectores de Inteligencia que fueron desplazados de la SI en diciembre. Tal vez ahora no sea con artillería y fósforo, como ocurrió en 1989. ¿Quizá lo intenten usando expedientes y citaciones judiciales?

El problema lo tienen los que ven en el kirchnerismo al MTP y confunden un gobierno constitucional con un grupo armado a ser reducido por la fuerza. De miradas tan distorsionadas, al estilo fubista de Sabsay, sólo pueden surgir apreciaciones delirantes de la realidad.

Pero, no por eso, menos peligrosas.

Cuidemos a los jóvenes

Máximo Kirchner asomó con su discurso en Argentinos Juniors a la primera plana de la política. Coronó así el lento proceso de construcción de La Cámpora, una de las organizaciones kirchneristas, la de impronta más juvenil en todo el espacio del FPV. El estadio desbordaba cuando el hijo de dos presidentes constitucionales se hizo escuchar. Habló emocionado, no dijo nada violento, no hizo más que agradecer a su militancia y hasta se emocionó recordando a su padre. Fue demasiado para el país conservador. Máximo Kirchner traía una novedad irritante para la vieja política: después de Néstor y Cristina, otro Kirchner llenaba un estadio en la Capital Federal y le hablaba a toda la sociedad.

Desde entonces, el juez Claudio Bonadío, quien ya sonaba como candidato a procurador de un eventual gobierno massista, lo puso en la mira. Bonadío allanó la AFIP en busca de su declaración jurada por la causa Hotesur. Es un secreto a voces en Tribunales y sets televisivos opositores que el juez intentará citarlo a su juzgado en breve. Si así fuera, el proceso de demonización mediática de la juventud kirchnerista entrará en una nueva fase: la del ataque del Partido Judicial, que coseche lo que el oligopolio sembró con odio durante todos estos años. El problema no es el lavado, hay 4040 cuentas en Suiza, entre ellas, la de los dueños y accionistas de Cablevisión, que nadie busca. Tampoco los cargos: la causa Papel Prensa, donde se investigan delitos de lesa humanidad –los más graves que puedan cometerse– y la presunta participación de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en ellos, duerme el sueño eterno en un juzgado federal cuyo titular, Julián Ercolini, fue ubicado por el diario La Nación junto al palco el 18F, a metros de Vicente Massot, director del procesista La Nueva Provincia. La lista de la impunidad garantizada a los poderosos de verdad, los que trascienden todos los gobiernos, es interminable.

El problema es que la derecha no puede con su instinto: siempre devora a los jóvenes. Así, la democracia del futuro vive amenazada. Y la de ahora también.

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22/02/2015 Posted by | General, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

PARADOJAS DE LA MARCHA 18 F – CASO NISMAN – 19-02-15


20/02/2015 Posted by | General, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized, Videos | , , | Deja un comentario

¿Una aberración argentina? – Atilio Boron


¿Una aberración argentina?

A propósito de un editorial de The New York Times sobre los suicidios sospechosos de la Argentina, Atilio Boron recuerda célebres crímenes nunca esclarecidos de los Estados Unidos. Mario Rapoport, por su parte, describe diferentes casos históricos de enfrentamientos de gobiernos con el
Poder Judicial.

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Por Atilio A. Boron *
Se ha convertido un lugar común decir, a propósito de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “cosas como éstas sólo ocurren en la Argentina”. Una nota aparecida en la página de opinión de The New York Times del martes 10 de febrero abona la supuesta verdad contenida en esa afirmación que, como era de esperar, fue reproducida y agigantada hasta extremos indecibles por la prensa hegemónica y los intereses del bloque oligárquicoimperialista empeñado en acelerar, también en la Argentina, un “cambio de régimen” sin tener que atenerse a los plazos y nimiedades establecidas por la Constitución y la legislación electoral. Y decimos supuesta porque si hay algo que enseña la historia comparada contemporánea es que casos como el de Nisman: muertes sospechosas, imposibles de certificar si fueron suicidios o asesinatos, no son infrecuentes en las principales democracias del mundo. Casos que, casi invariablemente, se archivaron rápidamente señalando causas y culpables de menos que improbable verosimilitud.

En lugar de sermonear a los argentinos por el caso Nisman, The New York Times podría hacerle un servicio a su país si investigase seriamente el asesinato de John F. Kennedy o el de otros connotados personajes de la política norteamericana que murieron bajo asombrosas circunstancias, para decirlo con benevolencia. La forma en que se investigó y se cerró el caso de JFK con el Informe Warren que dictaminó que Lee H. Oswald actuó en solitario para matar a JFK y herir al gobernador Connally, y que Jacob Rubenstein (a) Jack Ruby, un conocido hampón y narcotraficante de Dallas, hizo lo mismo al matar a Oswald dos días después en la propia comisaría. Pocas cosas contribuyeron tanto al descrédito del sistema judicial de Estados Unidos como ese informe refrendado por la Corte Suprema de ese país. El NYT, que con tanto entusiasmo adhirió a la absurda teoría de que había armas de destrucción masiva en Irak, haría bien en tratar de develar las razones y consecuencias de una mentira que costó millones de vidas, heridos y gentes desplazadas; o de ilustrar a sus lectores qué ocurrió con Osama bin Laden, cuya supuesta muerte en mayo del 2011 quedó sellada en las profundidades del océano Indico mientras un espectro de sospechas corroe hasta el tuétano la credibilidad de la Justicia y el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que los macabros misterios –cada vez menos herméticos y más cuestionados– que rodean los sospechosos atentados del 11S.

La lista sería tan extensa que necesitaríamos una página simplemente para enumerar las principales muertes de altos funcionarios o personas muy allegadas al poder político en Estados Unidos. Tomemos el caso de dos ex directores de la CIA. William Colby lo fue entre 1973 y 1976, falleció en 1996 mientras hacía una solitaria excursión en canoa en un río cercano a su domicilio en Maryland. Colby duró poco en su cargo; no era muy bien visto por sus colegas en la Agencia porque sentía que algunos de sus “agentes operativos” (vulgo: killers) gozaban de demasiadas prerrogativas y desconfiaba de los verdaderos propósitos de algunas de sus operaciones secretas. Otro ex director de la CIA, William J. Casey, dirigió la agencia entre 1981 y el año de su muerte, 1987, sirviendo en tal calidad durante casi todo el período presidencial de Ronald Reagan. Casey, un fundamentalista católico, carecía de los escrúpulos que llevaron a su predecesor a sufrir un fatal accidente náutico. Pero tuvo mala suerte también él, porque falleció pocas horas antes de testificar en el Congreso sobre la criminal operación IránContra y también sobre la intervención de la CIA en el reclutamiento y organización de los mujaidines afganos bajo el liderazgo de Osama bin Laden. La versión oficial, apta sólo para ingenuos incurables, es que Casey padecía de un extraño tumor cerebral que de la noche a la mañana se agravó hasta privarlo del habla y, un par de días después, despacharlo al otro mundo. Otro caso interesante es el del senador republicano John Tower, que a mediados de los setenta presidió junto con el demócrata Frank Church un comité que examinó el papel de la CIA en el golpe de Estado de Chile de 1973. En el curso de la investigación se descubrió que la CIA estaba desarrollando una pistola altamente sofisticada que podía eliminar enemigos políticos inoculándoles bacterias o gérmenes letales mediante el disparo de un rayo ultracongelado que penetraba en el organismo de la víctima sin que ésta fuera consciente de ello. Tower murió en un accidente de un pequeño avión de línea regional. Otro desafortunado fue Vincent Foster, un amigo y consejero del presidente Clinton, que supuestamente se suicidó en 1993. La investigación estuvo plagada de irregularidades, incomprensibles en el caso de un sujeto tan cercano a la familia presidencial, nacido y criado en el mismo pueblo en Arkansas. Un informe señala que llamó al celular de Hillary Clinton unas pocas horas antes de su muerte. El caso se catalogó como suicidio y asunto concluido.

Como vemos, el NYT tiene una lista de temas bastante extensa para preocuparse, además del caso Nisman. Si cruzamos el Atlántico las cosas no mejoran. Uno de los incidentes más resonantes de los últimos tiempos es el del notable científico británico y autoridad reconocida en el tema de la guerra bacteriológica: David Christopher Kelly. Había sido inspector de la ONU en Irak en aquella búsqueda absurda de las supuestas armas de destrucción masiva y que todos sabían que no estaban allí. Kelly fue llamado a testimoniar ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico y se produjo un áspero debate en donde refutó inapelablemente la postura de los secuaces parlamentarios del primer ministro Tony Blair, íntimo aliado de las mentiras y crímenes de George W. Bush. Dos días después, y en medio de la conmoción que habían producido sus declaraciones, Kelly apareció muerto. La información oficial dijo que se había suicidado, y a diferencia de lo ocurrido hasta ahora con Nisman, la comisión parlamentaria dirigida por Lord Hutton resolvió, luego de una pericia más que superficial, archivar todos los elementos probatorios del caso (incluyendo la autopsia y las fotografías del cadáver) y resguardarlos como material clasificado por un plazo de 70 años. Este sí es un caso de “encubrimiento” que debería despertar las iras de tantos políticos argentinos que con total irresponsabilidad apelan a esa figura jurídica, aunque demuestran su incoherencia, o mala fe, cuando se cuidan de aplicarla a quienes conspiraron para encubrir “la pista siria” y la “conexión local”, también involucrados en el criminal atentado de la AMIA y, no olvidemos, de la Embajada de Israel, de la cual sorprende lo poco que se habla.

Podríamos seguir con este listado: mencionemos sólo otros dos en suelo europeo. El del papa Juan Pablo I, que entra en esa misma categoría de crímenes irresueltos, aunque un pesado manto de silencio impidió que se investigara tan exhaustivamente como ocurriera con JFK. Otro: Olof Palme, asesinado en las escalinatas de una calle céntrica de una ciudad segura y tranquila como Estocolmo, sin haberse jamás hallado al magnicida cuando en Suecia hasta el ratero más insignificante es aprehendido por las fuerzas policiales en menos que canta un gallo.

De lo anterior se desprende que el discurso que proclama una suerte de aberrante “excepcionalismo” argentino carece de fundamento. Por supuesto, esto no equivale a minimizar la gravedad de la muerte del ex fiscal o a cerrar los ojos ante la impericia con que actualmente se está investigando el caso Nisman; o no investigando la muerte de los 10 bomberos en el harto sospechoso incendio de Iron Mountain en Barracas, entre tantas otras causas que merecerían la minuciosa investigación de nuestros fiscales. Pero, por favor, terminemos con eso de que estas cosas sólo pueden ocurrir en la Argentina.

* Investigador Superior del Conicet y director del PLED.

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17/02/2015 Posted by | Historia, Justicia, Medios de Comunicaciòn, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Sociedad y Cultura, Uncategorized | , , , , , , , | Deja un comentario

El lado útil de la marcha – José Massoni


El lado útil de la marcha

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Por José Massoni *
Como el próximo miércoles no estamos ante un homenaje a un funcionario judicial muerto –hasta ahora por desconocidas razones– sino ante un acto político, me permito examinarlo desde uno de los ángulos de su beneficio. Mi perspectiva es la de cuarenta años de trabajo en el Poder Judicial de la Nación, como empleado, secretario de juzgado y de cámara, fiscal, juez y juez de cámara, enriquecida con la que tuviera desde afuera de aquél, al pasar al rol de litigante como abogado del Poder Ejecutivo en mi carácter de titular de la Oficina Anticorrupción desde que se creó, en 1999, hasta 2003. El 23/9/07, una nota de La Nación calificaba como un “diagnóstico extremadamente crítico” el realizado en mi libro La Justicia y sus secretos (Del Puerto, 2007), en el que básicamente postulaba que, mediante el mantenimiento de las formas coloniales, el colectivo judicial había conformando una corporación privilegiada, de cuño ideológico y moral conservador, al servicio de la matriz oligárquica del país y a sus manifestaciones de poder real.

Era una visión fortalecida por la práctica como abogado ante la corrompida, arbitraria, menos que mediocre actividad de jueces federales. En rigor, apuntaba desde varios años antes. En 1997, siendo juez de cámara en un tribunal oral, el cronista de La Nación Revista recogía “…el juez Massoni representa, cabalmente, a decenas de jueces que trabajan en silencio; que han hecho de la honestidad y la austeridad una especie de culto. El, como tantísimos otros hombres de la Justicia, es la imagen de lo que bien podría llamarse los jueces del hartazgo”. Era verdad, una treintena, hastiados de vernos injustamente involucrados en el descrédito social, un día decidimos actuar en defensa propia, y así surgió Encuentro de Jueces, un movimiento de jueces dispuestos revertir esa sensación, o que los hiciera sentir que estábamos haciendo algo para modificarla. Entonces, en 1994, comenzamos a hacer una especie de centro de reflexión, encuentros, por así decir, semanales o quincenales. Hicimos pública nuestra opinión acerca de que era vergonzoso que los jueces no pagaran el Impuesto a las Ganancias, redactamos el primer anteproyecto de ley del Consejo de la Magistratura y nos propusimos modificar las estructuras judiciales. Es patente que no lo logramos y demasiados años han pasado.

Sin embargo, llegaron los tiempos mejores. El sostenido avance de la institucionalización democrática ocurrido en la última década, que en el campo judicial ha tenido como última manifestación el nuevo Código Procesal Penal Nacional y la ley de Inteligencia en camino de sanción, tiene una potencia democratizadora que la corporación judicial no puede tolerar. El avance de la democracia ha demostrado que la corporación no era sólo un quiste de la República, sino un absceso. En estos días reventó y el miércoles 18 derramará su pus, con sustancia de elementos ponzoñosos pero también células muertas y fluido inerte.

No es malo para el campo popular que se muestren tal como son, acompañados no sólo por políticos oportunistas, sino también por las peores escorias de nuestra sociedad.

* Ex juez. Ex titular de la Oficina Anticorrupción.

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17/02/2015 Posted by | General, Historia, Justicia, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Reflexiones, Uncategorized | , , | Deja un comentario

Las falacias de la violencia – Hernan Brienza



Las falacias de la violencia
El caso Nisman, la marcha opositora y un plan de maniobras desestabilizadoras que se multiplica en toda la región.

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En periodismo hay una máxima para saber cuándo algo es noticia, que dice lo siguiente: “Un caso es excepción; dos, casualidad; tres es tendencia.” En política latinoamericana podría reformularse el axioma de la siguiente manera: “Un golpe de Estado en la región responde a política interna de ese país; dos, a la casualidad política; tres, al accionar de las embajadas de Estados Unidos.” En los últimos días, si uno lee las noticias internacionales de los diarios, puede enterarse de que el gobierno de Nicolás Maduro desactivó una intentona golpista planeada por la Marina, que la presidenta de Brasil Dilma Rousseff enfrenta la posibilidad de ser sometida a un juicio político por parte de la oposición –la llaman anglosajonamente “impeachment”– y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo acosada por una banda de fiscales opositores, que amenazan con hacer trastabillar al gobierno nacional.

Ya nada es casualidad, obviamente. Sin embargo, lejos está de ser probada la maniobra de alguna terminal política de la diplomacia estadounidense. Pero hay indicios: la habitualidad con la que el fiscal Alberto Nisman concurría a la “Embajada” a contarles lo bien que estaba haciendo los deberes y a pedir instrucciones –según lo relatado por Santiago O’Donnell, un periodista al que nadie puede reprocharle un supuesto kirchnerismo, en su libro sobre los WikiLeaks de Julian Assange– para continuar imputando a Irán en el atentado a la AMIA; la fiereza con que los fondos buitre, sobre todo el grupo que responde a Paul Singer, un confeso republicano y un militante de cuanta empresa bélica se lleve adelante en Oriente contra el mundo islámico, y el refuerzo de la agenda de Washington respecto de la fantasiosa profecía autocumplidora de la Guerra de Civilizaciones obligan a pensar que Estados Unidos –o al menos un sector importante de su establishment– está intentando recuperar el dominio en Latinoamérica y los gobiernos de la región que pretenden mantener cierta autonomía deben ser borrados del continente o al menos cercenados en su libertad de acción.

Quizás estos dos primeros párrafos resulten demasiado conspirativos, pero como decía Raymond Chandler, “hasta los paranoicos tienen alguien que los persigue”.

De lo que ya no hay dudas es de que la convocatoria para el 18 de febrero se trata no sólo de una marcha opositora sino de un escalón más en la maniobra de desestabilización del gobierno nacional. Miles de personas en las calles legitimarían supuestamente en las portadas de los diarios nacionales e internacionales la intentona judicial desestabilizadora. Y no se descarta tampoco que en esa marcha se generen actos de “autoagresión”, de “autoviolencia” y de “autoinfitramientos” para generar una mayor desestabilización con imágenes de caos que recorran el mundo y que “pongan en alerta a la inocente y bien intencionada comunidad internacional” sobre las consecuencias que tiene mantener políticas contrahegemónicas como las del kirchnerismo. El mensaje es claro: “Cuidado, Grecia y España, con sacar los pies del plato neoliberal y desafiar al capitalismo financiero.”

Las razones de la convocatoria a la marcha son verdaderamente irrisorias más allá de la gravedad institucional que significa la muerte de Nisman. Algunos de ellos aseguran que no se trata de un “asesinato”, pero hablan todo el tiempo de “crimen político”, “ahora matan” y “magnicidio”. En qué quedamos, ¿es o no es un asesinato? Los principales referentes de la intentona desestabilizadora incurren en contradicciones permanentemente: si marchan en reclamo de “justicia” y/o “esclarecimiento”, es porque consideran que se trató de un homicidio, aun cuando la mayoría de los indicios sugiere que se trató de un suicidio. Pero, claro, no pueden afirmar que se trate de un homicidio porque eso sería utilizar políticamente la muerte del fiscal. Pero supongamos que se trató de un suicidio: ¿qué sentido tiene marchar a la Plaza del Congreso para esclarecer un suicidio? ¿No sería más correcto manifestarse contra alguna facultad de Psicología, por ejemplo, que nos permita saber cuáles son las razones que llevan a una persona a quitarse la vida? Perdón por la oscura ironía pero es necesaria para demostrar el absurdo de la convocatoria. Los más inteligentes ya ni siquiera dicen que la convocatoria es por el reclamo de “justicia” sino de homenaje a la figura del fiscal malogrado.

Un párrafo aparte merecen los autores de la convocatoria: los fiscales que han entorpecido durante dos décadas la investigación del atentado a la AMIA son los que llaman a marchar para impedir la impunidad en la causa. Y hombres y mujeres ligados al macrismo: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Laura Alonso, el grupo político acusado de espiar a familiares de la AMIA y de poner como jefe de la Policía Metropolitana a uno de los principales artífices de la impunidad en la causa –el comisario Jorge “Fino” Palacios–. Muchos de los convocados irán inocentes a la manifestación, o lo harán simplemente por su oposición al gobierno. Como fuera, es como si el Lobo llamara a manifestarse por el derecho a la vida de Caperucita Roja; y la niña marchara de la mano de su victimario.

Graves resultaron las palabras del titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, por ejemplo. No contento con decir que “vivimos en un país como el del ’73”, se despachó con un “ahí se instaló el asesinato político”. Muy grave. Que un ex diputado con menos representatividad que Rodolfo Arruabarrena en una filial de River haga estropicios discursivos y pase vergüenza haciendo comparaciones entre “peras y automóviles” se entiende. Que lo haga un funcionario de la talla del auditor general de la nación y que acuse al gobierno de “instalar el asesinato político” es de una irresponsabilidad institucional profundísima. ¿Qué relación hay entre una muerte dudosa, posiblemente un suicidio, de un fiscal y el mapa político de un peronismo enfrentado en el ’73, luego de haber sido víctima de 18 años de proscripción y represión por parte de la alianza entre militares golpistas y radicales que se conoció como Revolución Libertadora?

Es verdaderamente ridícula la comparación. Típica de la intelectualidad berreta de la derecha argentina como la que integra el flamante titular del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quien ha aportado a la cultura argentina –además de la publicidad de la comida japonesa en el marco de un gobierno que asesinó a 40 personas, compró senadores con dinero de la SIDE y condenó a la miseria a la mitad de los argentinos– la genialidad de que “populismo y cultura son contradictorios”, una frase que atrasa aproximadamente medio siglo y que no aporta absolutamente nada a un debate profundo sobre el estado del arte y la cultura en nuestro país. O como Luis Alberto Romero, quien no se ruboriza en seguir utilizando herramientas teóricas de las primeras décadas del siglo XX para analizar el presente y se empeña en hacer el papelón de comparar al kirchnerismo con el fascismo italiano, superando incluso al propio Lopérfido en su nadería.

Pido perdón al lector por el arrebato de estos últimos párrafos. Pero es empujado por la preocupación que me provoca ver cómo se instalan mediáticamente las falacias necesarias para ejercer violencia en la Argentina. Inventando fantasmas discursivos, creando climas políticos ficticios, generando violencia verbal para justificar lo injustificable. Ofusca un poco ver a los “demócratas de siempre” afilando sus armas para hacer daño una vez más a la democracia. ¿Se trata de un golpe? Posiblemente no. Y ni siquiera tengan el poder para generar una crisis institucional. Pero pueden desestabilizar al actual gobierno, para condicionar al próximo.

La sociedad argentina no necesita ni quiere más violencia. El gobierno, sus voceros, sus militantes, no deben caer en ningún tipo de provocación ni contestar a la violencia discursiva con una violencia mayor. Ya lo dijo Perón alguna vez: la fuerza es el derecho de las bestias. Que Dios quiera que los trabajadores, la gente común, las mayorías, los que queremos una vida sencilla y buena no seamos víctimas, una vez más, de una nueva violencia en la Argentina. Ni la queremos ni la merecemos.
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17/02/2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Deja un comentario

Los miércoles, catarsis – Horacio Verbitsky


LOS MIERCOLES CATARSIS –

La marcha del miércoles 18 repetirá algunos episodios históricos de las últimas siete décadas, representativos de un clivaje profundo de la sociedad argentina, de ninguna manera exclusivo de estos tiempos. Que todas las fuerzas de la oposición, política, económica, cultural, profesional, interna e internacional se manifiesten en las calles con absoluta libertad es una forma de sinceramiento de profundo valor catártico, un clímax del que habrá que prever el descenso.

Por Horacio Verbitsky
Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.

Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo. La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o desesperada por comprar dólares.

Un gigantesco oximoron

La convocatoria de esta semana no es menos policroma y escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity. Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las fuerzas de oposición para construir tal alternativa.

Fiscales y jueces

Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad, justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas. Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.

Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172 del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto, participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina. Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.

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15/02/2015 Posted by | General, Historia, Medios de Comunicaciòn, Política Argentina, Politica Internacional, Politica Latinoamerica, Salud, Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios

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