Stella Caloni opina sobre polìtica actual argentina

 

En Argentina, Stella Calloni denuncia los vínculos de la NED y de la Usaid con organizaciones como el Cadal (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), la Fundación Libertad, Crecer y Crecer (antecesora de la Fundación Pensar, usina de cuadros del PRO), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el partido Unión por Todos de Patricia Bullrich (vinculado al grupo UnoAmérica) y la fundación Voces Vitales, de Laura Alonso (que recibía financiación del fondo buitre de Paul Singer). UnoAmérica (Unión de Organizaciones Democráticas de América), dirigida por el venezolano golpista Alejandro Peña Esclusa, presentó en la CIDH de la OEA una “denuncia” contra el gobierno de Evo Morales, por “delitos de lesa humanidad”. El esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, preside el Instituto de Estudios Argentinos (Idear), miembro de la Red de Partidos Políticos, que tuvo activa participación en los intentos desestabilizadores de Argentina, Bolivia y Venezuela. En la Fundación del PRO, Pensar, participa también Julio Cirino, quien fue procesado por la Sala II de la Cámara Federal acusado de haber sido integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, bajo el alias de “Jorge Contreras”, estando involucrado en la desaparición de militantes de Montoneros. Cirino dirigió el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del Batallón 601, teniendo estrechos vínculos con la embajada norteamericana.
Hoy varios de los personajes mencionados se encuentran en el gabinete macrista. Patricia Bullrich es la flamante ministra de Seguridad, y Laura Alonso es la jefa de la Oficina Anticorrupción. Otros son la inteligencia tras los bastidores.

(Parte de un artìculo publicado rebelion.org  : Maduro vs. Macri: Un duelo continental)

No sean brutos – Roberto Caballero

Censuran a VHM, a 678, a Nacional Rock, a Nacional AM870, a Tiempo Argentino,a Página 12.

Durante el último fin de semana, Raúl Zaffaroni le dejó un mensaje explícito y sintético al gobierno de Mauricio Macri: «Van a matar a alguien, no sean brutos.» Queda claro que el balance de Zaffaroni, que está a horas de asumir como integrante de la Corte Interamericana de DD HH dependiente de la OEA, sobre los primeros 30 días de la administración de Cambiemos implica una lectura refinada de algo o de alguien que no lo es. Porque Macri no es aburrido como dice Beatriz Sarlo. Es brutal, como afirma Zaffaroni, tal vez el jurista más prestigioso y reconocido que tiene la Argentina en el mundo, que comparó la saga de decretos macristas con el decreto 4161 de la dictadura que nació con el Golpe del ’55 para dejar sin derechos a la mitad de la sociedad.

Por eso lo brutal del macrismo no está en la banalidad de la política grosera que produciría abulia estival en ciertos círculos intelectuales. Lo realmente repudiable es la racionalidad del plan político, económico y cultural que aplica, llevándose puestas nociones elementales de la convivencia social amasada en 33 años de democracia.

Pedir una cautelar para asumir un día antes de lo previsto, desconocer al Parlamento no llamando a sesiones extraordinarias porque su composición surgida del voto popular no le da mayorías legislativas, gobernar por decretos de necesidad y urgencia sin que haya ninguna necesidad y urgencia a la vista, iniciar una caza de brujas ideológica entre los empleados públicos, nombrar jueces de facto en la Corte Suprema, nombrar embajadores de facto sin acuerdo, desintegrar por decreto una ley de la democracia como la 26.522 favoreciendo al Grupo Clarín sin sonrojarse siquiera, copar el sistema de medios públicos acallando voces disidentes para convertirlo en su propio aparato de propaganda, suspender la pauta publicitaria oficial a los medios críticos con la anuencia y servidumbre de las mismas patronales periodísticas, todo esto es de una brutal racionalidad.

La quita de retenciones y la devaluación de diciembre produjeron de manera instantánea una transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos de la sociedad. Los bienes y servicios disponibles para el conjunto hoy tienen menos compradores de un lado, el de los más vulnerables, y una capacidad de mayor acaparamiento del otro, el de los favorecidos.

Esa revolución a la inversa, con un Estado Hood Robin que actúa de manera profundamente racional favoreciendo a unos y perjudicando a los otros, sólo puede hacerse con brutalidad. En los cuatro meses que duró el lock out agropatronal de 2008 con cortes de ruta y piquetes en todo el país no hubo represión policial y sólo un ruralista recibió una trompada de Luis D’Elía y después se hizo amigo de él. En apenas 30 días de mandato macrista, sin embargo, se cuentan por decenas los trabajadores heridos con posta de goma policial, con una mayor injerencia en los conflictos laborales del Ministerio de Seguridad que el de Trabajo.

Lo que viene también es brutal. La inflación anualizada cuando se discutan paritarias en este 2016 será del orden del 50 o 60 por ciento. No se sabe todavía porque, también de modo barbárico, Macri decretó la intervención del Indec y el nuevo gerente a cargo que antes daba por Clarín el IPC-Congreso con los precios de dos supermercados, tuvo un súbito ataque de responsabilidad y admitió que no está en condiciones de hacerlo público, pese a contar con una estructura nacional vigente y activa que reúne personal altamente capacitado. En verdad, lo que quieren es negociar el índice con los sindicatos. Pautar un techo, después de que la Superintendencia de Salud volvió a manos de los gremialistas burocráticos que son oficialistas de todos los gobiernos, incluido el de Macri.

Para los gremios más rebeldes, Macri prepara el rebenque de la desocupación. Ya lo avisó Alfonso Prat-Gay: tendrán que elegir entre los aumentos y el nivel de empleo en cada rubro. No es una extorsión, es lisa y llanamente una descripción del futuro inminente. Es brutal, pero es así: el modelo que Macri lleva adelante con sus CEO cierra con salarios bajos, y la garantía de que eso ocurra es una desocupación fabricada de dos dígitos desde el propio Estado, porque si el Estado despide, también lo pueden hacer los privados que entienden la señal y siempre creen que tienen planteles sobredimensionados.

¿Y por qué se necesitan salarios bajos? Para producir más barato, podría ser una explicación. No es eso, solamente. Con menos salarios se consume menos en el mercado interno y quedan más productos liberados para exportar, además producidos con menor costo salarial.

Todo este panorama brutal, para ser implementado y que perdure en el tiempo lo necesario para cristalizar la regresión distributiva que buscan las cámaras empresarias alineadas con el gobierno, necesita de un mecanismo del que pocos –obviamente– hablan: el cepo informativo. La derecha política y económica necesita desconectar las causas de las consecuencias e instalar un relato ante la sociedad que produzca miedo y parálisis y, sobre todo, desorientación social, donde cada uno ande por su lado, sin relacionar lo que sufre con las decisiones políticas y económicas que hacen posible el dolor.

El chivo expiatorio que promueven es el kirchnerismo, un sujeto social que sería fanáticamente hostil al nuevo modelo de acumulación económica de los dueños del poder y del dinero. Desde los nuevos medios oficialistas se trabaja en esta operación a destajo y sin el mínimo disimulo. Podemos decirlo, también: brutalmente. El kirchnerismo sería, en el relato macrista validado por los columnistas de los diarios Clarín y La Nación, una especie extirpable del conjunto ciudadano, como lo proponía aquel decreto 4161 del siglo pasado. Prometen que es con ellos, con los kirchneristas, con los peronistas, solamente la cosa. Hay algo también del discurso de la última dictadura cívico-militar retornado de prepo a la mesa de todos los días. Peligroso, persecutorio y antidemocrático. Es con el de al lado, no conmigo. Así la derecha videlista, con métodos idénticos a los del macrismo, hizo desaparecer a 30 mil argentinos. Antes eran los «extremistas», ahora los «fanáticos». O peor aún, porque en esto Videla, Macri y

Hernán Lombardi, sin ser lo mismo, dicen cosas parecidas -lo que debería avergonzar a los dos últimos, al menos-, los «militantes». Son brutales, ya lo dijo Zaffaroni. Van a matar a alguien. Y van a ser responsables por eso. Deberían revisar –sobre todo Lombardi– las cosas que dijo en estos últimos meses. Están en Internet. Allí quedan. La Historia los está mirando. Ahora y en el futuro.

Pero los casi 6000 caracteres que lleva hasta ahora esta columna tienen un solo propósito. Repudiar desde lo más profundo de la dignidad profesional el violento despido del maestro Víctor Hugo Morales, pero tratando de esclarecer que no lo echan por cuestiones contractuales o por las difusas libertades que tienen los concesionarios privados de la comunicación para remover a un empleado, en este caso, un periodista con mayúscula y décadas de trayectoria intachable que ayudó a hacer rica a Radio Continental y sus dueños.

Es más grave que eso, y eso que esto ya es suficientemente grave. A VHM lo sacan del aire porque en términos individuales le sobra coraje para enfrentar a las corporaciones mafiosas y es el exponente más escuchado y respetado de un bloque informativo contra hegemónico capaz de relatar lo que sucede, relacionando las consecuencias con las causas, que es lo que no quieren que pase Macri y sus funcionarios gerentes.

La reformulación del país de todos a uno que deja afuera de los derechos a un tercio de la población necesita el silenciamiento de profesionales como VHM, porque lo que él y otros tienen para decir resulta inaguantable a los oídos de los dueños del poder y del dinero, y porque esa prédica actúa como despertador de las conciencias ciudadanas y les explican los hechos.

La operación para hacer de la Argentina un país cuya desigualdad vaya en alza y se asemeje a otros de la región donde se produce barato y se vende caro al exterior para beneficio de unos pocos y perjuicio para los muchos que no pueden consumir esos mismos bienes que el país produce, demanda que haya un empobrecimiento también de las voces críticas a ese modelo de exclusión social y, en lo posible, que no las haya o sean marginales.

Censuran a VHM, a 678, a la Nacional Rock, a la Nacional AM870, a Tiempo Argentino, a Página 12 y a todos los medios antimonopólicos porque contradicen –cada uno a su modo, con distintas improntas, no todos son iguales–, el modelo de país corporativo que Macri aplica y se diseña entre los accionistas de un puñado de empresas cuya única bandera es la de rentabilidad o muerte. Y esto no es una exageración. Ya lo dijo Zaffaroni, próximo a integrarse a la CIDH: «Van a matar a alguien, no sean brutos.»

Y al día siguiente lo sacaron del aire a VHM con excusas vergonzosas.

Aunque sutil, la censura también es una forma del crimen.

No sean brutos.

Infonews

Zoom a los globos amarillos – José Natanson

Zoom a los globos amarillos

Por José Natanson< *
El modo que ha elegido el PRO para festejar sus triunfos genera en el progresismo una sensación equivalente a la de arañar un pizarrón, tocar gomaespuma con la yema de los dedos o respirar el polen que despiden los bananos en las noches de primavera. Sin embargo, superar este rechazo epidérmico es esencial para entender un fenómeno más complejo de lo que habitualmente se piensa.

Comencemos por el principio. Igual que el kirchnerismo, el PRO es un hijo de diciembre, del sacudón que produjo la crisis del 2001 en amplios sectores de la sociedad, y cuyos antecedentes, también como el kirchnerismo, pueden rastrearse a los ’90, al lento proceso de degradación de los años finales de la convertibilidad, cuando no sólo surgieron las agrupaciones de izquierda independiente en las universidades, los nuevos movimientos sociales y la renovación de los organismos de derechos humanos a través de HIJOS, de donde luego provendría buena parte de la militancia K, sino también una serie de ONG de filo tecnocrático que están en el seno del fenómeno PRO.

Formadas al estilo de los think tanks estadounidenses, que funcionan a la vez como centros de elaboración de programas de gobierno llave en mano, espacios de socialización profesional y núcleos de lobby, este tipo de organizaciones desarrollaron un conjunto de propuestas que giran alrededor de las nociones de modernización, transparencia y eficacia, detrás de las cuales no es difícil imaginar clivajes como eficiencia/ineficiencia, nueva/vieja política o improvisación/equipos, luego transformados en los ejes propositivos de la renovación programática del PRO.

Financiadas por organismos internacionales y grupos empresarios y adoptadas con entusiasmo por los medios de comunicación, las ONG de los ’90, como Poder Ciudadano, Cippec, Grupo Sophia y Creer y Crecer, marcaron el inicio de las trayectorias de buena parte de la cúpula del PRO, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, Laura Alonso, Miguel Braun y Nicolás Ducoté. Por supuesto, el PRO absorbió también los fragmentos supervivientes de los partidos neoliberales, como la UCeDé y Acción por la República, a las fuerzas conservadoras tradicionales, como el Partido Federal y el Demócrata, a sectores del peronismo y, en menor medida, del radicalismo porteño. Pero lo que sin dudas lo distingue de otras experiencias es la capacidad de incorporar dirigentes –casi diríamos cuadros– sin contacto previo con la política, provenientes del mundo empresarial, del voluntariado católico y, sobre todo, del equívoco campo de la “sociedad civil”. Esa es la gran novedad, el aporte verdaderamente original del PRO a la política argentina.

Este rasgo le confiere a la militancia del PRO un aire especial, agudamente destacado por Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti en Mundo Pro (Editorial Planeta): una dimensión moralizante que enfatiza valores como la entrega y la generosidad para “donar” tiempo y esfuerzo a pesar de las dificultades que impone la política cotidiana. Esta imagen de “autoconstrucción moral” resume el núcleo implícitamente sacrificial de la militancia estilo PRO: la idea de que el funcionario o militante, ubicado por el azar de su nacimiento en los pisos más altos de la pirámide social, podría estar triunfando en su mundo privado, profesional, deportivo o empresarial y que, en cambio, se involucra en los asuntos públicos por el bien del país.

Pero no se trata sólo del origen. Si el PRO nació al mismo tiempo que el kirchnerismo y ha sabido atraer a la política a dirigentes y militantes que antes la miraban con recelo, su crecimiento se inscribe, como el del oficialismo, en una tendencia regional que lo excede. Me refiero al ascenso de una nueva derecha, que demostró su potencia en las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Aécio Neves quedó a sólo tres puntos de Dilma Rousseff, y en las de Venezuela, en las que Henrique Capriles estuvo cerca de derrotar a Nicolás Maduro, a lo que podríamos sumar el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones chilenas de 2010.

La nueva derecha es nueva porque es democrática y posneoliberal. Por una simple cuestión etaria, los dirigentes que la lideran no tuvieron participación en las dictaduras de los ’70 y ’80, sus partidos surgieron una vez que éstas finalizaron e, incluso, como en el caso del PSDB brasileño y el célebre voto de Piñera por el No a Pinochet en el plebiscito de 1988, se opusieron a ellas. Y es posneoliberal porque se trata de una derecha que reivindica un rol activo del Estado en la economía, destaca la importancia de la educación y la salud pública y promete mantener las políticas sociales en caso de llegar al poder (en este sentido, resulta notable que, así como Hugo Chávez fue el primer líder de la nueva izquierda en llegar a la Presidencia, Capriles fue el primer candidato de la nueva derecha en comprometerse a no desactivar las misiones sociales si ganaba las elecciones: por eso Mariano Fraschini habla de la caprilización de la derecha latinoamericana).

Pero maticemos antes de continuar. Que la nueva derecha sea esencialmente democrática no quiere decir que sus sectores más recalcitrantes no participen de los intentos de “golpe suave” registrados en los últimos tiempos, aunque es difícil estimar hasta dónde y aunque el tema exija una mirada más fina. Del mismo modo, que combine una defensa de lo público con promesas sociales no implica que llevará a cabo una gestión socialmente inclusiva. Pero tampoco significa que gobernará del mismo modo que la derecha de los ’90, por una razón tan sencilla que a veces se pasa por alto: las reformas del Consenso de Washington, corazón del programa de la vieja derecha, ya fueron implementadas, y en muchos aspectos siguen vigentes a pesar los esfuerzos contrarreformistas de los últimos años. En otras palabras, la nueva derecha no incluye menciones explícitas al neoliberalismo porque el neoliberalismo es antipático, pero sobre todo porque el neoliberalismo ya ocurrió.

¿Cómo definirla entonces, y por qué seguimos hablando de derecha? Probablemente se trate de una ecuación más compleja, como la de Mauricio Macri en la Ciudad: no privatizó las escuelas, pero disminuyó el presupuesto para la educación pública como porcentaje del PBI, no aranceló los hospitales (ni prohíbe que se atiendan los no porteños o los no argentinos), pero tampoco invirtió en nuevos centros de salud; no mandó las topadoras a las villas, pero tampoco destinó un peso extra a vivienda social. Imposible de definir sin zoom, la fórmula quizá podría resumirse de esta manera: todo el gasto social que haga falta para garantizar la estabilidad política y la prosperidad de los negocios, pero ni un peso más del que sea necesario. Una estrategia que, dicho sea de paso, puede funcionar en buena medida gracias a un Estado central hiperactivo que compensa en materia social la desatención de los niveles subnacionales, porque siempre es más fácil gobernar un distrito con planes como la Asignación Universal y el Procrear que sin ellos, pero que difícilmente alcance para llevar adelante una gestión nacional, aunque eso está por verse.

Rebobinemos antes de concluir. El origen del PRO en la crisis del 2001, su capacidad de sumar dirigentes y la astucia para incorporar algunas marcas programáticas del mundo posneoliberal ayudan a explicar su ascenso, más que las miradas sociológicas centradas en el derechismo intrínseco de los sectores medios, que en algunos análisis aparecen inmutablemente cosificados en una posición conservadora contra la que ni siquiera vale la pena luchar, una especie de resignación que implica desconocer la capacidad de la política para transformar realidades sociales, tal como demuestran los dos triunfos kirchneristas en la misma ciudad conservadora que el domingo se inclinó por el macrismo, con Aníbal Ibarra en 2003 y con Cristina en 2011.

Por eso, antes de estornudar tratemos de entender una escena que hemos visto mil veces: los dirigentes del PRO, de traje pero sin corbata, las mujeres casual, elegantes sin exagerar, salen a bailar, revoleando los pañuelos, haciendo pogo, incluso el trencito, con Antonia a babucha y los globos multicolores volando por todos lados. El DJ mezcla cumbia y rock y guarda para el momento clave “Ciudad mágica”, el hit de Tan Biónica, la banda que por aptitud estética y origen (su salto a la fama se debió en buena medida a su brillante presentación en el festival Ciudad Emergente) se ha convertido en la banda PRO. El baile, decíamos, tiene su lógica: el PRO, a diferencia de otras fuerzas, no es resultado de una historia densa que imponga un folklore determinado. ¿Qué hacen los peronistas cuando festejan? Cantan la marchita. ¿Y los radicales? También tienen la suya, menos inspirada pero existe, y las boinas blancas, aunque ya casi nadie las usa. Sin una tradición política a la que recurrir, los dirigentes del PRO, como señaló el periodista Nicolás Cassese, apelan, igual que todo ser humano en momentos de angustia o euforia, a lo que tienen más a mano, al universo cultural de su memoria emotiva, que los reenvía a los casamientos, los Bar Mitzvah o los tercer tiempo de la adolescencia. Su patria también es la infancia.

* Director de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur.
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El Partido Judicial entró en operaciones – Roberto Caballero

El Partido Judicial entró en operaciones

Luego de la marcha del 18F, se acelera el uso por goteo de causas judiciales para asediar al gobierno nacional y a sus funcionarios. La confesión de Laura Alonso y las comparaciones odiosas del diario La Nación.

Si el kirchnerismo no hubiera mantenido las mayorías parlamentarias en octubre de 2013, el Parlamento Nacional estaría discutiendo hoy la manera de llevar a juicio político a Cristina Kirchner, como confesó el miércoles 18F la diputada del PRO, Laura Alonso: «Soy de las personas que creen que hay que poner en estudio el pedido de juicio político contra el canciller y hay que poner en estudio la posibilidad de un pedido de juicio político contra la presidenta», dijo el día de la marcha de los paraguas, quizá envalentonada por la cantidad de gente convocada.

La apertura del proceso destituyente en el Congreso del que habló Alonso, referente local de Vital Voices Global Partnership, ONG financiada por la Fundación Paul Singer, titular del litigante contra Argentina NML Capital Limited en el juzgado de Thomas Griesa, tiene destino de fracaso en el recinto legislativo, pero adquiere trámite sumarísimo en la tapa de los diarios hegemónicos y en los tribunales del Partido Judicial amotinado contra el gobierno.

A nadie escapa que el turbulento escenario abierto con la denuncia de Alberto Nisman, se vio todavía más alterado tras la muerte dudosa del fiscal, el 18 de enero. Desde entonces, tanto Alonso como su socia Patricia Bullrich, trataron de involucrar al gobierno en el hecho, abonando la tesis de un crimen de Estado que, según la evidencia recogida hasta el momento, se aleja un poco más cada día.

«Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática».
La irrupción en escena de una testigo, Natalia Fernández, que dijo en el diario del Grupo Clarín SA lo que después rectificó prolijamente en el expediente que instruye bajo múltiples presiones la fiscal Viviana Fein, no fue obra del azar.

El objetivo, precisamente, fue desautorizar la pesquisa de Fein, que aún hoy está convencida de que no intervinieron terceras personas en el departamento de Le Parc; y en lo posible arrastrar el expediente al fuero federal con otra carátula, que extienda en el tiempo la idea del asesinato y el desgaste institucional que provoca.

Pero el abogado de Fernández, Sebastián Smoler, tocó timbre cuando lo mandaron a espiar: es el apoderado, desde 2012, del partido «Unión por Todos», el de Bullrich, socia del macrismo.

En su momento, Smoler fue el redactor de la acción de amparo que la propia Bullrich presentó contra el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para democratizar la justicia, punto de inicio de la rebelión judicial.

La mesera Fernández figura en el padrón con domicilio en Venezuela 628, en Monserrat, donde tiene sede un local del PRO
Smoler, el abogado de Bullrich y de la testigo que se desinfló (y se desinfló en serio, porque Clarín, luego de haber hecho una tapa con sus supuestas revelaciones, no publicó absolutamente nada el viernes 20, cuando se supo que ella las había rectificado, y recién lo hizo ayer en su página13), es el mismo que estampó su firma debajo de aquella presentación. Y el que, desde su Twitter, ataca seguido a la presidenta, a quien llamó «imbécil» cuando se torció el tobillo, «patética» en innumerables ocasiones y calificó de «persona con evidentes problemas psiquiátricos» cada vez que pudo.

Quizá no quiera decir nada. Tal vez, sí. Su representada, la mesera Fernández de fama fugaz en la tapa de Clarín y sus licencias no adecuadas a la ley, figura en el padrón electoral con un domicilio, Venezuela 628, que no es el suyo, el particular, sino que pertenece a un edificio, levantado justo en el cruce con la calle Perú, en el barrio de Monserrat, donde tiene su sede un local del PRO, regenteado por el senador Diego Santilli, del mismo partido que Alonso, la socia de Bullrich en la trama. ¿Causalidad o trampa del destino? Los hechos son fácticos, las interpretaciones son libres.

Bullrich y Alonso son las diputadas opositoras que venían coordinando con Nisman de manera promiscua (el cruce de llamados telefónicos ya admitido entre todos ellos es una extraña versión de la independencia de poderes de la que nadie parece tomar cuenta) la presentación en el Congreso donde se iba a utilizar el dictamen inconsistente del fiscal para lanzar la ofensiva final contra la presidenta. ¿Quizá buscando número para forzar su juicio político? La propia Alonso reconoció ante los medios, después de declarar ante la fiscal Fein: «Nos reunimos a principios del año pasado (2014). Hablamos sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y yo le dije: ‘No me des detalles de la denuncia porque no me quiero enterar.’ Le pregunté si luego de que él presentará la denuncia, yo debía pedirle el juicio político a la presidenta, y ‘Nisman me dijo que sí.'» Siempre según Alonso, Nisman estaba interesado por su rol institucional como vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político porque, como le dijo, «Cristina había ordenado todo.»

El cadáver de Nisman podrá haber sido investido de un halo heroico por la multitud antikirchnerista que se movilizó bajo la lluvia del miércoles pasado, pero en vida fue el fiscal que acudía a recibir órdenes de la Embajada de los Estados Unidos, se encontraba a coordinar acciones con Roger Noriega, el ex secretario de George Bush para la región, y proveía letra al fondo buitre de Singer en su pelea con el país para cobrar sus bonos basura.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal.
Todo esto está más acreditado que su denuncia por encubrimiento que, de tan floja en su probanza, no pudo siquiera ser suscripta en su totalidad por Gerardo Pollicita, el fiscal que tomó la posta y ahora rehuyó la invitación de tres comisiones parlamentarias para que explique dónde está el presunto delito que imputa a Cristina Kirchner. La excusación de Pollicita, de todos modos, tiene sentido: como la denuncia presupone que el Memorándum con Irán es parte constitutiva de la ilegalidad reprochada, ¿cómo les explica a los diputados y senadores que la presidenta es imputable y ellos, que lo votaron, no lo son?

Sorprende el pedido que Bullrich hizo para anular la citación de Pollicita. Sobre todo, sus argumentos: «Los jueces y fiscales deben ser libres de cualquier interferencia o apariencia de interferencia por parte de otros poderes.» Cuando ella lo citó a la comisión de Legislación Penal, ¿no interfería?

Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática.

La intención de desatar una crisis política con el dictamen, operatoria de la cual Nisman fue protagonista consciente según las charlas que mantenía con Bullrich y Alonso hasta horas antes de su muerte, es tan repudiable como el uso de su cadáver para golpear contra las instituciones de la democracia.

Los protagonistas de la maniobra están claros. Las relaciones entre sí son públicas. La finalidad, conocida ahora por boca de Alonso, era evidente: una presidenta acusada de encubrir el mayor atentado de la historia argentina era pasible de ser juzgada, si encima después se la señala como responsable del asesinato del fiscal que la acusaba, pierde las mayorías parlamentarias y, sin ellas, puede ser removida. Tanto ella como Bullrich trabajaron durante todo este mes para convertir el caso Nisman en una causal de destitución. El aval a la jugada del aparato de agitación y propaganda del Grupo Clarín SA vino por añadidura. Era obvio.

No les salió, es verdad, pero sí lograron generar el clima para una gran marcha que, en vez de ir a pedir «justicia» al Palacio de Tribunales, se plantó en la Plaza de Mayo con exigencias diversas hacia la Casa Rosada.

Encabezada por un grupo de oficiales de segunda jerarquía del Partido Judicial, en guerra solapada contra el gobierno, la movilización tuvo su primer efecto el viernes, cuando la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, confirmó el procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la causa Ciccone. El segundo en la línea de sucesión presidencial.

La legitimación callejera finalmente habilitó a los tres camaristas a ceder al pedido que Jorge Lanata les hizo el año pasado, cuando por Radio Mitre mandó a escrachar a sus hijos en la escuela si no avanzaban contra el vice.

Los mismos camaristas respaldaron al juez Claudio Bonadio por su actuación en la causa Hotesur. Se trata de la empresa familiar de la presidenta. El magistrado ya allanó la AFIP buscando las declaraciones juradas de Cristina y de sus hijos, entre ellas, la de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora; y la Inspección General de Justicia procurándose la carpeta societaria. En tribunales dicen que las indagatorias son inminentes. ¿Acaso es un reaseguro por si Daniel Rafecas, el juez que recibió la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento, decide archivarla? ¿O será para mantener un doble acoso sobre la jefa de Estado?

Durante la misma jornada, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria nada menos que a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, la abogada del Estado nacional, en el marco de un expediente que tiene como rehén a Mariano Recalde, referente de La Cámpora y titular de Aerolíneas Argentinas, acusado por el presunto delito de «administración fraudulenta». También Rodríguez había llamado antes a indagatoria a José «Pepe» Sbattella, titular de la UIF por informar datos financieros que el Grupo Clarín SA no quería que se divulgaran.

Y el mismo día, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (más conocida como la cámara Miami, algunos de cuyos integrantes viajaban a congresos de la fundación CERTAL, de la que el fiscal Ricardo Sáenz es secretario general), confirmó el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín SA.

No había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material.
A esto se deben sumar el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, titular del Juzgado 9, que hace dos semanas le concedió al Grupo Clarín SA otra cautelar, por el mismo tema de la adecuación de oficio, en este caso a pedido de Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, bajo el argumento de que la adecuación del oligopolio, validada por la Corte Suprema en su fallo definitivo por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, constituye un riesgo para la libertad de expresión. Un contrasentido jurídico. ¿Cómo el funcionamiento de un oligopolio de la comunicación, que acalla voces por definición, va a ser la garantía de la libertad de expresión a preservar? Bueno, eso dice la cautelar.

La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal. Desde que el gobierno lanzó el paquete de siete leyes para democratizar el Poder Judicial, las distintas corrientes de la judicatura más conservadora se abroquelaron en un frente único cada vez más agresivo y temerario. Son los mismos que amenazan con activar 300 causas que tienen a medio centenar de funcionarios en la mira de sus procedimientos discrecionales. Lo dice Adrián Ventura, en su nota «La Justicia llevó al gobierno a un paso más hacia el abismo», del viernes 20. ¿Cuáles fueron los factores que cambiaron el escenario? Según él, «son tres: las duras críticas de la presidenta sobre los jueces, el manoseo de los fiscales hecho por la procuradora y los cambios de operadores dentro de la SIDE, que le sacaron al gobierno eficacia en la Justicia».

Quizá la palabra golpismo remita a otra cosa en la memoria de los argentinos. Pero desde los tiempos en que el Ejército era un «partido de gobierno» que se salteaba la más elemental voluntad popular para imponer dictaduras y mandar a la cárcel, al destierro o a la tumba a los militantes políticos, no había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material. Además, contando con el silencio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El discurso es el mismo: la República, la libertad, la justicia y el combate contra la corrupción. La defensa de valores tan sagrados siempre justifica en el imaginario la excepcionalidad o el salteo de las reglas. Por eso, aunque algunos quieran devanarse los sesos buscando una nueva palabra, destituyente sigue siendo la mejor calificación para definir el alzamiento del Partido Judicial contra el gobierno kirchnerista que se vive por estas horas. ¿Cómo no pensar que el intento fracasado en el Legislativo prosigue con esta revuelta tribunalicia?

En este contexto, la última operación de sentido que lanzó el diario La Nación mete miedo. Dos de sus columnistas, el mismo jueves 19, asociaron al kirchnerismo –mayoría política del país por voluntad popular, con dominio del Ejecutivo, robustez parlamentaria en ambas Cámaras y más del 60 por ciento de las gobernaciones provinciales–, con el MTP que copó el Regimiento de La Tablada en 1989.

La rusticidad analítica de un columnista puede llevarlo a comparar lo incomparable. Ocurre que, en este caso, los que compartían la misma alucinación eran dos y en la misma edición.

¿Por qué La Nación trató de vincular a los violentos atacantes de un cuartel con un movimiento democrático que llegó al poder por elecciones limpias? ¿En qué se basan los columnistas del diario para sostener que el kirchnerismo tomó por asalto el Estado y debe ser echado de cualquier forma?

El asalto a La Tablada dejó muertos, torturados y desaparecidos a manos del Ejército. Estos últimos, delitos que Alberto Nisman dejó impunes, cosa que se puede verificar en el archivo, obedeciendo las órdenes de los mismos sectores de Inteligencia que fueron desplazados de la SI en diciembre. Tal vez ahora no sea con artillería y fósforo, como ocurrió en 1989. ¿Quizá lo intenten usando expedientes y citaciones judiciales?

El problema lo tienen los que ven en el kirchnerismo al MTP y confunden un gobierno constitucional con un grupo armado a ser reducido por la fuerza. De miradas tan distorsionadas, al estilo fubista de Sabsay, sólo pueden surgir apreciaciones delirantes de la realidad.

Pero, no por eso, menos peligrosas.

Cuidemos a los jóvenes

Máximo Kirchner asomó con su discurso en Argentinos Juniors a la primera plana de la política. Coronó así el lento proceso de construcción de La Cámpora, una de las organizaciones kirchneristas, la de impronta más juvenil en todo el espacio del FPV. El estadio desbordaba cuando el hijo de dos presidentes constitucionales se hizo escuchar. Habló emocionado, no dijo nada violento, no hizo más que agradecer a su militancia y hasta se emocionó recordando a su padre. Fue demasiado para el país conservador. Máximo Kirchner traía una novedad irritante para la vieja política: después de Néstor y Cristina, otro Kirchner llenaba un estadio en la Capital Federal y le hablaba a toda la sociedad.

Desde entonces, el juez Claudio Bonadío, quien ya sonaba como candidato a procurador de un eventual gobierno massista, lo puso en la mira. Bonadío allanó la AFIP en busca de su declaración jurada por la causa Hotesur. Es un secreto a voces en Tribunales y sets televisivos opositores que el juez intentará citarlo a su juzgado en breve. Si así fuera, el proceso de demonización mediática de la juventud kirchnerista entrará en una nueva fase: la del ataque del Partido Judicial, que coseche lo que el oligopolio sembró con odio durante todos estos años. El problema no es el lavado, hay 4040 cuentas en Suiza, entre ellas, la de los dueños y accionistas de Cablevisión, que nadie busca. Tampoco los cargos: la causa Papel Prensa, donde se investigan delitos de lesa humanidad –los más graves que puedan cometerse– y la presunta participación de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en ellos, duerme el sueño eterno en un juzgado federal cuyo titular, Julián Ercolini, fue ubicado por el diario La Nación junto al palco el 18F, a metros de Vicente Massot, director del procesista La Nueva Provincia. La lista de la impunidad garantizada a los poderosos de verdad, los que trascienden todos los gobiernos, es interminable.

El problema es que la derecha no puede con su instinto: siempre devora a los jóvenes. Así, la democracia del futuro vive amenazada. Y la de ahora también.

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ELECCIONES 2015 – A un año de los comicios, el FPV encabeza la intención de voto a nivel nacional

ELECCIONES 2015
A un año de los comicios, el FPV encabeza la intención de voto a nivel nacional

El Frente para la Victoria es la fuerza política que encabeza la intención de voto a nivel nacional con cerca del 30% de las adhesiones, a un año de las elecciones presidenciales, mientras que la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner supera el 40% de los encuestados, según los estudios de tres consultoras publicados en los matutinos de hoy.
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A un año de las elecciones generales que definirán al próximo presidente, dos encuestas de opinión publicadas hoy anticipan que, pese a no haber definido su candidato, el Frente para la Victoria encabeza la intención de voto en todo el país.

El diario La Nación publicó hoy un trabajo realizado por Poliarquía, mediante una consulta telefónica de 1.300 personas de 40 localidades del país, en la que el FPV sumando las adhesiones a sus distintos precandidatos alcanzaría el 31% de los votos, seguido por el Frente Renovador que postula al diputado Sergio Massa con 22% y por el PRO de Mauricio Macri con 18%.

El trabajo destaca también que «la mitad de los votantes demanda un cambio moderado al próximo gobierno».

En el mismo sentido, los resultados de la encuesta realizada por los consultores Federico González y Cecilia Valladares para el diario Perfil también coinciden en que el oficialismo nacional encabeza la opción de voto con el 28,5%, seguido por el Frente Renovador con el 27,6 % y luego el PRO, con el 21,1%.

Por su parte, el diario Crónica publicó hoy un relevamiento de la Consultora Aresco, sobre la intención de voto de 4.000 personas de todo el país, en la que refleja que el 47,5% de los encuestados tiene una imagen positiva de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en función de que un 24,6% la consideró «muy buena» y un 21,6% la evaluó como «buena».

A la vez, Poliarquía, que también consultó sobre la aceptación popular de la imagen de la actual mandataria, recogió que Cristina mantiene una aprobación de un 40%, cifra que se eleva al 64% si se considera a quienes no tienen una valoración negativa de la Jefa de Estado.

Para Fabián Perechodnik, director de Poliarquía, «Cristina Fernández de Kirchner se constituye en el primer Jefe de Estado que transita su último año de mandato con tan marcado de aceptación», según informó el diario la Nación.

Los tres relevamientos indagaron también acerca de las preferencias de los consultados sobre los pre candidatos presidenciales de las diferentes fuerzas políticas.

Según el sondeo de Aresco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, encabeza las preferencias con un 26,1% de los votos, seguido por Mauricio Macri, de PRO, con el 24,4%, y en tercer lugar el diputado del Frente Renovador, Sergio Massa con el 22,9%.

Por su parte, el estudio de Poliarquía muestra también a Scioli por un estrecho margen delante de Massa, en todos los escenarios planteados con cuatro candidatos diferentes de UNEN, siempre con Macri en tercer lugar.

El sondeo que publica el diario Perfil, coloca al líder del Frente Renovador delante del gobernador bonaerense con algo más de tres puntos de diferencia, 29,9% contra 26,1%.

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La movida electoral

La movida electoral
Faltan 365 días para que la Argentina tenga un nuevo presidente. Los candidatos mueven los trebejos según conveniencias y oportunidades. Cuál es la realidad, hoy, de las fuerzas con chances de entrar en el ballottage.

El fetichismo de las cifras redondas, si es que una cifra puede ser redonda, obliga a hacer una pausa. Es una convención, como tantas otras. Por eso, a un año exacto de las elecciones presidenciales vale la pena hacer un balance de cómo están plantadas en el tablero las principales fuerzas políticas que competirán el 25 de octubre de 2015 por el premio mayor, en este caso, el Sillón de Rivadavia. Todo indica que en cuestiones electorales un año es mucho tiempo, tanto que los cuatro grandes grupos en los que se puede agrupar a los contendientes –Frente para la Victoria, Frente Amplio Unen, Frente Renovador, Pro– todavía están armando el equipo, sumando y descartando nombres. Y en más de un caso, esa incertidumbre en torno a la pertenencia tiene su correlato a la hora de concretar una propuesta ideológica. Por momentos, el libro de pases y las eventuales alianzas por conveniencia tensan al máximo la cuerda del sentido común. ¿Pueden convivir en un mismo espacio Pino Solanas y Mauricio Macri? ¿Hay margen para que Ernesto Sanz se vaya con Sergio Massa? ¿Scioli puede ser el candidato del kirchnerismo de paladar negro? ¿Carrió y Michetti pueden ser socias?, indica revista Veintitrés.

A un año de las elecciones generales, las preguntas se acumulan como trabajo pendiente. Algunas se pueden responder desde el sentido común pero, ante un escenario tan volátil y con políticos que arman y desarman su agenda al calor de los sondeos de opinión y de intención de voto que les acercan sus asesores, todo es posible y un poco más. En ese marco, el Frente para la Victoria y el Pro aventajan al resto porque no tienen que discutir su plataforma electoral. El oficialismo avanza hacia el 2015 encolumnado, con matices, detrás del proyecto que lidera la presidenta Cristina Fernández. Un liderazgo que mantiene en vilo a los precandidatos, ya que todavía no está claro si CFK será la gran electora antes de las PASO del candidato a sucederla el año que viene o si se mostrará prescindente y permitirá que las diferencias se resuelvan en las primarias. Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Sergio Urribarri, Agustín Rossi, Julián Domínguez y Jorge Taiana están anotados para competir por la sucesión, pero un gesto de Cristina no sólo puede interrumpir esa carrera sino impactar de lleno en el armado opositor. Por ahora, el FPV mueve lento. La estrategia que baja de la Casa Rosada es no apurarse con las definiciones para evitar el desgaste de los candidatos. Entienden que una decisión apresurada podría costarles caro a los candidatos porque serían blanco inmediato de la prensa opositora. Varios dirigentes y precandidatos del FPV blanquearon este razonamiento al ser consultados sobre la sucesión. Aunque dentro del pelotón oficialista, el gobernador bonaerense Daniel Scioli encabeza las preferencias y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, marca una curva ascendente, no está todo dicho. Nadie sabe qué decisión tomará Cristina. Por ahora todos los precandidatos mantienen su postulación. Scioli se muestra, como nunca, alineado con la Casa Rosada. Un sector de La Cámpora, liderado por Eduardo “Wado” De Pedro, acompaña hace unos meses al gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras algunos comenzaron a deslizar que Randazzo podría bajar a la provincia. Sin embargo, en declaraciones a Radio America, el ministro desmintió rotundamente esa posibilidad: “Voy a competir con Scioli en las PASO”, afirmó.

Un párrafo aparte merece la interna por la sucesión de Scioli en la provincia de Buenos Aires. La ambigüedad de Martín Insaurralde, que no bien se contaron los votos de las elecciones legislativas de 2013 salió corriendo a sacarse una foto con Massa, mantiene en vilo al resto de los aspirantes a gobernar el distrito electoral más importante del país. Lo cierto es que la dualidad parece rendir frutos, porque el ex intendente de Lomas de Zamora es uno de los precandidatos a gobernador bonaerense con más intención de voto. No es un dato menor porque, según las estadísticas electorales, para entrar en la segunda vuelta es necesario reunir alrededor de un 30% de los votos bonaerenses. Por eso Insaurralde puede, por ahora, jugar a dos puntas. Mientras unos lo dan por perdido y otros por ganado, y viceversa, el diputado del FPV continúa votando con el bloque oficialista en el Congreso nacional al tiempo que coquetea con la pantalla grande en la pista de Bailando por un sueño y organiza un casamiento que acapara la atención de los políticos y de la farándula local. En la lista de postulantes se anotan para la contienda oficialista bonaerense el vicegobernador Gabriel Mariotto; el jefe del PJ provincial Fernando Espinoza y el titular de ANSeS Diego Bossio. Las PASO son el horizonte obligado de todos los candidatos K. Resta saber cuántos competirán y cómo se integrarán los binomios y las listas.

El Pro tiene en común con el FPV un marcado liderazgo y, aunque en las antípodas, un ideario claro. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, es quien marca los tiempos y quien baja agenda. Eso no significa que hacia adentro del partido amarillo no arrecien las internas. Que las hay, las hay. La más visible es la que protagonizan la senadora Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los últimos movimientos en el tablero acercaron a dos jugadores importantes, Michetti y Cristian Ritondo. Pero el problema del Pro no es la Capital Federal, a pesar de que el macrismo pone en juego el único distrito de peso que gobierna. En la ciudad el Pro tiene candidatos. El problema es la provincia de Buenos Aires. Los nombres propios que barajan son el del intendente de Vicente López, Jorge Macri; el de la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y el del economista ex menemista Carlos Melconian. Ninguno se acerca al porcentaje que es necesario reunir en la provincia para aspirar a un ballottage. Tampoco le sobran jugadores con chances en el resto del país. Por eso Macri salió a buscar aliados que tengan lo que no tiene el Pro: poder territorial. El radicalismo lo tiene, pero le falta una figura que arrastre votos a nivel nacional. Ni Julio Cobos ni Ernesto Sanz se proyectan competitivos frente a Macri y a Massa, los dos dirigentes opositores con más chances en 2015, según todos los sondeos de intención de voto difundidos hasta ahora.

Según varias encuestas, el ex intendente de Tigre Sergio Massa encabeza las preferencias a nivel nacional, pero no logra crecer en intención de voto desde hace rato. Un diagnóstico que preocupa al Frente Renovador, que si bien tiene chances de sumar en la provincia de Buenos Aires no consigue traccionar en el resto del país. La foto de Massa con Gerardo Morales, que irritó tanto a Cobos, no sólo reveló que un sector del radicalismo está dispuesto a todo con tal de sumar de gobernadores para abajo, sino que sinceró que la contienda opositora hoy la libran Macri y Massa. Ambos aglutinan el voto anti-K, pero el que logre entrar al ballottage arrastrará al otro en la ola. El radicalismo, que se apuró a cerrar una alianza electoral con el Partido Socialista, Libres del Sur, GEN, Coalición Cívica, Proyecto Sur y el Frente Cívico, busca la manera de subirse a la ola. Tanto el FR como el Pro intentarán cerrar acuerdos provinciales con los radicales. La diferencia es que el massismo no ata esos acuerdos a la elección presidencial y el macrismo sí. En otras palabras, Massa no les pide a los radicales que apoyen su candidatura presidencial, mientras que Macri aspira a que el radicalismo acompañe su postulación a la Casa Rosada.

En las idas y vueltas de la interna radical quedó atrapado FAUNEN, una coalición que no logra consolidar un liderazgo y que no consigue comunicar coherencia hacia el electorado. Desde que fue presentada en sociedad, el 22 de abril de este año, su supervivencia se vio amenazada. Elisa Carrió fue la primera en arrojar la piedra de la discordia al reconocer en voz alta que no descartaba un acuerdo electoral con Macri de cara a 2015. Los meses pasaron y las ideas de Lilita cambiaron muy poco. Al cierre de esta edición, Carrió se mostró con Michetti en la presentación de su libro y ratificó por Twitter: “Yo quiero una alianza con el Pro para ganar la interna, no para perder”.

Mientras Macri suma candidatos deportistas –esta semana se lo vio con el ex futbolista Julio Cruz recorriendo Lomas de Zamora–, Massa se saca fotos con radicales y FAUNEN sobrevive a una inminente ruptura, todo el arco opositor se alineó detrás de una idea en común: la de derogar las leyes aprobadas durante la administración K. La Ley de Abastecimiento encabeza el top ten de la ofensiva junto con la de Emergencia Económica, la Antiterrorista y la de blanqueo de capitales. El nuevo Código Civil y Comercial, las reformas al Consejo de la Magistratura, la Carta Orgánica del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores también integran el combo del que ni siquiera se salvó la Ley de Medios de la democracia. El Frente Renovador es la fuerza más activa en este asunto. El equipo económico de Massa y Graciela Camaño confeccionaron una lista con las 150 leyes, decretos y resoluciones para revisar. El Pro también tiene un equipo que trabaja con la misma agenda y desde FAUNEN, el que se mostró más proclive a derogar fue Hermes Binner. “Hay que desarmar el tejido de chavismo normativo que construyeron. Es importante verlo desde ahora para no andar deambulando en el momento que se llegue al gobierno”, afirmó Massa, que también prometió derogar las retenciones, eliminar el Impuesto a las Ganancias y levantar el cepo al dólar en 100 días.

El oficialismo se defendió con un solo argumento, le recriminó al arco opositor la falta de propuestas. “Quieren volver a los ’90”; “Sueñan con un país para pocos”; “La actitud de la oposición denota impotencia”, fueron algunas de los diagnósticos que salieron del FPV. Lo cierto es que a un año de las elecciones, el oficialismo, liderado por CFK, continúa marcando la agenda y es la única fuerza del tablero electoral que suma militantes y logra movilizarlos masivamente. La oposición se enfrenta a ese adversario.

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CABA – La autopista de la corrupción

La autopista de la corrupción
Los peajes aumentaron hasta 2.000 por ciento durante la gestión macrista. Sin embargo, la deuda actual de la empresa supera siete veces su patrimonio. Las artimañas del Pro para evadir controles estrictos y pagar sobreprecios.

El endeudamiento es una política del Estado macrista. La deuda pública de la ciudad de Buenos Aires se incrementó alrededor de un 300 por ciento desde que Mauricio Macri asumió al frente de la comuna. La deuda pasó de 574 millones a 1.794 millones de dólares con intereses sujetos a las variables de la divisa estadounidense. Ese modelo de gestión que milita el Pro tiene su correlato en Autopistas Urbanas, la sociedad anónima estatal que administra las autovías de la ciudad. La deuda que acumuló la empresa supera unas siete veces su patrimonio neto y amenaza con incrementarse al ritmo de las obras que le encomienda realizar el Ejecutivo porteño.

A pesar del incremento constante de los peajes, entre un 1.000 y un 2.000 por ciento, desde que el macrismo administra la ciudad de Buenos Aires, el nivel de endeudamiento no para de crecer. Los datos duros, los de la deuda pública y los de la deuda de AUSA, surgen de sendos informes realizados por la Auditoría porteña, a los que accedió revista Veintitrés. Los balances reflejan deudas por doquier.

Según fuentes porteñas del Frente para la Victoria, parte del descalabro financiero de AUSA deriva de la realización de obras viales como pasos bajo nivel o puentes ferroviarios que, aunque podrían estar a cargo de otras áreas del gobierno local, la administración Pro se las encomienda a esa empresa estatal para evadir controles más estrictos. Para dejar esas obras en manos de AUSA hizo falta aprobar en la Legislatura local una norma que autorizara la maniobra. En 2009, Macri logró aprobar una ley en ese sentido y desde entonces, la oposición porteña acusa al Pro de estar endeudando a AUSA por la realización de obras con denuncias de sobreprecios y flojitas de controles.

La deuda pública de la ciudad de Buenos Aires se incrementó alrededor de un 300 por ciento desde que Mauricio Macri asumió al frente de la comuna.

Mediante la ley 3060 “AUSA-Concesión de obra pública”, la ciudad le traspasó a Autopistas Urbanas “la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la red de autopistas capitalinas”. Como contrapartida, la empresa debe ocuparse de “la ejecución de las obras públicas viales y no viales” que le solicite el Ejecutivo porteño. En lo que respecta a la ejecución de las obras públicas viales la aprobación es competencia de la autoridad de aplicación, es decir, del Ministerio de Desarrollo Urbano; en cambio para las segundas se establece el requisito de la previa autorización de la Legislatura de la ciudad. Según consta en el informe de la Auditoría porteña sobre el estado contable de la empresa al que accedió Veintitrés, “la concesionaria queda facultada a ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la normativa vigente en materia ambiental”. Aunque “para la ejecución de las obras viales o no viales se ha previsto como fuente de financiamiento los ingresos netos percibidos por AUSA derivados de la concesión”, la realidad es que los ingresos por peajes no son suficientes para afrontar las obras proyectadas.

Las fuentes consultadas por esta revista explicaron que con esta modalidad el gobierno porteño consigue “flexibilizar” el modo de contratación de obras, para evitar controles sobre los precios, tiempos y modalidad de trabajo. Hasta ahora, AUSA intervino en la ejecución de varios pasos bajo nivel. Entre otros, el de la calle Soler, el de avenida Mosconi y el de Monroe. Y, también en ese marco, fue adjudicada la última obra pública, vinculada al Metrobús, que se comprometió a realizar el Pro para mejorar ese servicio en dirección al sur de la Capital Federal: dos túneles exclusivos para que los colectivos pasen debajo de la avenida 9 de Julio. El objetivo es descongestionar el tránsito que complica la circulación en la zona donde confluyen las bajadas de las autopistas 25 de Mayo y 9 de Julio Sur. La construcción de los túneles, que sólo podrán ser utilizados por colectivos y tendrán unos 400 metros de extensión, demorará alrededor de 20 meses y costará unos 127 millones de pesos. La obra está a cargo de Construcciones Civiles S.A., de José Cartellone. Desde que fue preadjudicada, hace un año, la elección de Cartellone Construcciones generó controversia, ya que el presidente de AUSA en ese momento, Gustavo Matta y Trejo, es el yerno del hombre que está al frente de la constructora beneficiada: Tito Bigiani. Se trata de un antiguo conocido de la familia Macri y un nombre histórico en la gerencia de Cartellone. Aunque en los ’70 Macri y Cartellone se disputaron contratos en obra pública, desde hace una década comparten sociedades y negocios comunes. Entonces, desde el gobierno porteño explicaron que Cartellone resultó elegida “porque cumplió con los requisitos técnicos, legales y económicos y ofreció el precio más bajo”. Poco después, Matta y Trejo fue reemplazado por Daniel Capdevila, hoy director ejecutivo de AUSA.

Lo cierto es que las obras públicas que el gobierno porteño desvía hacia AUSA impactan de manera negativa en las finanzas de la empresa estatal. Según el detalle de obras realizadas que figura en la página web de AUSA, la empresa realizó en cinco años 16 obras. Un número importante. También figura que esa empresa no puede erogar más de un 40% de sus ingresos para afrontar los gastos de operación y mantenimiento ordinario de las autopistas. El 5% de los ingresos debe destinarse al fondo permanente para la ampliación de la red de subtes, mientras que al menos el 55% de los ingresos se utiliza para ejecutar las obras públicas que le encomienda la ciudad”. El auditor porteño, Eduardo Epszteyn, advirtió que “como la cantidad de obras a cargo de AUSA no se corresponde con los fondos que recaudan por el servicio, la empresa tuvo que recurrir a recursos externos que derivaron en un alto endeudamiento que hoy pone en peligro su sustentabilidad”.

Este desequilibrio derivó en un alto endeudamiento, que a esta altura no es una novedad. La primera vez que las cuentas no cerraron en AUSA fue en 2010, cuando la ciudad sólo utilizó el 10% de un crédito de 500 millones de dólares para la ampliación de los subtes y el resto fue a parar a un plazo fijo de bajo rendimiento. Para subsanar el error, a través del SBASE, el Ejecutivo local le prestó dinero a AUSA, 100 millones de dólares para que emprenda las obras postergadas. Luego, en 2012, el gobierno porteño le prestó otros 20 millones de dólares y en 2013 otros 130 millones de dólares más. Con este modelo de negocios, “el Pro está endeudando a AUSA por encima de sus activos, lo que pone en peligro la autonomía de la empresa”, subrayó Epszteyn.

Aunque los peajes vienen en aumento desde 2008, “los recursos propios de la empresa resultan insuficientes para afrontar el total de gastos que se ven incrementados por orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para afrontar diversas obras”, expresó Epszteyn junto a los auditores Cecilia Segura Rattagan y Adriano Jaichenco al manifestar su voto en disidencia tras la confección del informe final “AUSA-Estados Contables 2012” en el que se basa esta nota.

Tal vez la necesidad de AUSA de aumentar su recaudación explica los aumentos desmedidos de los peajes. Por ejemplo, el peaje de la Autopista 25 de Mayo pasó de costar 2 pesos a 20 en hora pico. Un incremento del 1.000%. Lo mismo ocurrió en la Perito Moreno, mientras que el incremento en el Peaje Alberti fue de 1.250%, ya que de 40 centavos pasó a 5 pesos. En sintonía, la Autopista Illia, con tan sólo 3,5 kilómetros de recorrido, registró una suba del 2.000%, de 50 centavos a 10 pesos. En esa línea, Macri vetó este año una ley que estableció un máximo de espera en los peajes de las autopistas porteñas. La norma les concedía a los automovilistas poder pasar gratis si el tiempo de espera en el peaje superaba los 3 minutos o si la fila superaba los 15 autos o los 120 metros. El objetivo era solucionar los embotellamientos en horas pico. Sin embargo, la ley nunca se aplicó, ya que el jefe de gobierno privilegió conservar la recaudación en vez de facilitarles el regreso a casa a millones de personas.

El salto patrimonial de sturzenegger

El diputado nacional por el Pro Federico Sturzenegger declaró un crecimiento patrimonial del 54,6% entre 2012 y 2013. A pesar de haber presidido un banco público, el Ciudad, el legislador tiene depósitos por el equivalente a $ 3,6 millones en el Gran Ducado de Luxemburgo, un país que hasta principios de 2011 era considerado un paraíso fiscal por el GAFI, según informó en su edición del miércoles 1 de octubre el diario Tiempo Argentino.

Antes de asumir al frente del Banco Ciudad, la entidad registraba pérdidas anuales por más 160 millones de pesos. En tanto, cuando el procesado por el megacanje (luego sobreseído) dejó su puesto para desembarcar en el Parlamento, las ganancias rondaron los $ 1.300 millones.
Ese superávit desató de inmediato una discusión sobre el rol que el macrismo le asignó al banco público. Según un informe de La Fábrica Porteña, el Ciudad había otorgado el 39,3% de sus créditos a grandes empresas, mientras que las pymes habían recibido tan sólo el 7,7 por ciento.

La fortuna personal de Sturzenegger creció también a pasos agigantados. En 2012, uno de los economistas preferidos del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri había declarado bienes por $ 6,685 millones. Un número que –un año después– se elevó a $ 10,342 millones, un salto del 54,6 por ciento. El legislador adjudicó en su declaración jurada el aumento a una “diferencia de valuación entre los mismos bienes a principios y final del año”, que situó en $ 2,930 millones.

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CONDENARON A INTEGRANTE DEL PRO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Julio Cirino, miembro de la Fundación Pensar, integrada por todos los referentes del Partido Propuesta Republicana (PRO), fue condenado a 6 años de prisión en una causa por delitos de lesa humanidad.

El integrante de la Fundación Pensar recibió sentencia por la causa de la contraofensiva de Montoneros, en un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Horario Rolando Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Cirino fue condenado a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial por el término de 10 años “por ser integrante de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, integrada por más de diez individuos, con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad”.

La actuación del represor Julio Cirino durante la última dictadura cívico-militar se hizo pública por la desclasificación de archivos que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los que Cirino se ufanaba ante diplomáticos de ese país de haber visitado por los menos tres Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y les advertía que los desaparecidos “no van a aparecer”.

El integrante de la Fundación Pensar fue agente civil de las Fuerzas Armadas y operó bajo el pseudónimo de “Jorge Contreras”. Ingresó en 1977 a las Fuerzas Armadas para desempeñarse en el Batallón 601 de Inteligencia. Desde allí, fue el enlace con la Embajada de Estados Unidos durante la dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó en la causa que “Jorge Contreras” era en realidad el “Gordo” Cirino, quien dirigió durante la dictadura el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del 601.

El represor cesó sus actividades en el Ejército en 1986, pero en 1993, en su condición de agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue designado con rango de Secretario en la Embajada argentina en Washington, para luego ser dado de baja del servicio exterior en 1998.

Hasta hace pocos años fue uno de los referentes de la Fundación Pensar en materia de “Seguridad y Terrorismo”. Como integrante de esa Fundación, participó en un seminario sobre «Delincuencia, minoridad y violencia en Mar del Plata», en un panel de «Seguridad» junto a Eugenio Burzaco y Juan Carlos Blumberg, y en otro sobre «Áreas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro», junto a Germán Garavano, Fiscal General porteño. Además, desde esa institución recibió al embajador de Colombia.

La Fundación Pensar es un brazo político del partido PRO y tiene como presidente honorario al Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. Además, está integrada por Esteban Bullrich, Sergio Bergman, Gabriela Michetti, Luciano Miguens, Horacio Rodríguez Larreta, Pablo Walter y Federico Pinedo, entre otros. Ya pasaron 5 años desde que se conoció la noticia de Cirino. Sin embargo, ni la Fundación ni ninguno de sus integrantes se refirió al tema.

El de Cirino no es el único caso. El PRO tiene más funcionarios denunciados por delitos de lesa humanidad. De manera consecuente, ese Partido hace silencio sobre cada una de las acusaciones, sin aportar a la justicia ni solidarizarse con las víctimas.

H.I.J.O.S. Capital

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Comunicado de prensa (21/2/2013).

Las grandes adaptaciones a los vagones chinos, que llevarán dos meses!

Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar, (Macri de esto no, nos olvidamos)

Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar
Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño, forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.

Por:
Manuel Alfieri

Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio.» Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.
Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.
Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa (ver aparte). Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.
El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.
«Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias», aseguró a Tiempo Argentino uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. «Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia», explicó Olmos Gaona.
Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
«El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal», sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.
La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. «Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio», afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.
Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, «con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas». Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo «iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas».
El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri.
También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, «sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.»
Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación, no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.
En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: «Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada.» Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia. «

Al pueblo
Estafa
«Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino», dijo el ex diputado Mario Cafiero.

La cifra
23
mil millones de dólares es el perjuicio que, según se calculó en 1983, las empresas asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado Nacional.

Principales beneficiados
01 – Cogasco SA 1.348.000.000
02 – Autopistas Urbanas SA 951.000.000
03 – Celulosa Argentina SA 836.000.000
04 – Acindar SA 649.000.000
05 – Banco Río 520.000.000
06 – Alto Parana SA 425.000.000
07 – Banco de Italia 388.000.000
08 – Banco de Galicia 293.000.000
09 – Bridas SA 238.000.000
10 – Alpargatas SA 228.000.000
11 – CitiBank 213.000.000
12 – Cía. Naviera Perez Companc 211.000.000
13 – Dalmine Siderca 186.000.000
14 – Banco Francés 184.000.000
15 – Papel De Tucumán 176.000.000
16 – Juan Minetti SA 173.000.000
17 – Banco Mercantil 167.000.000
18 – Aluar SA 163.000.000
19 – Banco Ganadero 157.000.000
20 – Celulosa Puerto Piray 156.000.000
21 – Banco Crédito Argentino 153.000.000
22 – Banco Comercial del Norte 137.000.000
23 – Banco de Londres 135.000.000
24 – Banco Tornquist 134.000.000
25 – Banco Español 134.000.000
26 – Sade 125.000.000
27 – Sevel 124.000.000
28 – Banco de Quilmes 123.000.000
29 – Parques Interama 119.000.000
30 – Cía. De Perforaciones Río Colorado 119.000.000
31 – Swift Armour 115.000.000
32 – IBM 109.000.000
33 – Banco Sudameris 107.000.000
34 – First National Bank Of Boston 103.000.000
35 – Astra A Evangelista SA 103.000.000
36 – Mercedes Benz 92.000.000
37 – Banco De Crédito Rural 92.000.000
38 – Deutsche Bank 90.000.000
39 – Industrias Metalúrgicas Pescarmona 89.000.000
40 – Banco Roberts 89.000.000
41 – Banco General de Negocios 87.000.000
42 – Alianza Naviera Argentina 82.000.000
43 – Propulsora Siderúrgica 81.000.000
44 – Ford 80.000.000
45 – Astilleros Alianza SA de Construc. 80.000.000
46 – Masuh SA 80.000.000
47 – Continental Illinois National Bank 76.000.000
48 – Banco Shaw 73.000.000
49 – Pirelli 70.000.000
50 – Deere and Company 69.000.000
51 – Cemento Noa 67.000.000
52 – Banco Supervielle 65.000.000
53 – Alimentaria San Luis 65.000.000
54 – Loma Negra 62 .000.000
55 – Selva Oil Incorporated 61.000.000
56 – Macrosa 61.000.000
57 – Sideco Argentina 61.000.000
58 – Chase Manhattan Bank 61.000.000
59 – Bank Of America 59.000.000
60 – Astra Cía. Argentina de Petroleo 59.000.000
61 – Deminex Argentina 57.000.000
62 – Industrias Pirelli 56.000.000
63 – Esso 55 La Penice S A 53.000.000
64 – Manufactures Hanover Trust 53.000.000
65 – Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000
66 – Cia General Fabril Financiera 52.000.000
67 – Panedile Argentina 51.000.000
68 – Fiat 51.000.000
69 – Banco Pcia. de Buenos Aires 50.000.000
Otros 11.116.000.000
TOTAL: u$s 23.000.000.000

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